A- de 2020

En el asunto de la referencia la demanda de tutela fue rechazada con fundamento en la presunta falta de claridad e insuficiencia probatoria.

No obstante lo anterior, consideró la Corte que el juez de instancia trasgredió el derecho fundamental de acceso a la justicia y la protección de otras garantías constitucionales, toda vez que la solicitud señalaba de forma razonable los hechos vulneradores y los derechos comprometidos.

Concluyó la Sala que, ante eventuales falencias del escrito de demanda es imperativo que el juez de tutela recurra a sus poderes oficiosos, sobre todo cuando se trata de población vulnerable.

Con base en lo anterior, se ordenó devolver el expediente y ordenar a la autoridad judicial resolver de fondo la acción de tutela, haciendo uso de las atribuciones que tiene como juez constitucional, con miras a obtener los documentos y pruebas que estime necesarios, y, de ser el caso, aplicar los demás principios procesales y probatorios que consagra el Decreto 2591 de 1991.

Se hizo una advertencia a este operador jurídico para que en lo sucesivo se abstenga de aplicar indebidamente el artículo 17 de la precitada norma, en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia.

De igual manera se solicitó a la Defensoría del Pueblo que, dentro de las acciones compatibles con las condiciones de aislamiento y bioseguridad vigentes, acompañe a la actora y la asesore en lo que sea necesario, para que el proceso se desarrolle con sujeción a la jurisprudencia constitucional sobre la materia.