T-710 de 2013

El accionante invoca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la participación política, así como de los principios constitucionales de favorabilidad, confianza legítima y buena fe que estima vulnerados por el Tribunal accionado, al anular su elección como alcalde del municipio de Puerto Gaitán (Meta), bajo el argumento de no haber renunciado al cargo de personero, un año antes de la inscripción de su nueva aspiración.

Se alega aduce, que la autoridad judicial desatendió el principio de interpretación taxativa y restrictiva en lo que a inhabilidades e incompatibilidades, ignoró precedentes judiciales no solo de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sino del propio Tribunal, e incurrió en defectos fácticos y sustantivos, al concluir que se configuraba la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2004.

Como quiera que en el trámite de la acción de tutela se plantearon innumerables observaciones relativas a las reglas de competencia y de reparto, la Sala reiteró jurisprudencia relacionada con el marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela, las reglas de reparto y los conflictos que suscitan su desatención.

Luego de lo anterior, consideró que existió una distribución caprichosa de la acción de tutela, fruto de una manipulación grosera de las aludidas reglas, pues se realizó un reparto equivocado del mecanismo de amparo, toda vez que el mismo se promovió en contra de una providencia judicial y por tanto, no debió ser repartido a un despacho diferente al superior funcional del que dictó el proveído.

Al concluir que se trata de una nulidad insaneable advertida en sede de revisión, se deja sin efectos las sentencias proferidas por los jueces de instancia y se ordena remitir el expediente al Consejo de Estado, para que la tramite y resuelva lo concerniente a la solicitud de amparo constitucional.