C-279 de 1996

Demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 1016 de 1991, “por el cual se establece la Prima Técnica para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y los Magistrados del Tribunal Disciplinario”; apartes del inciso segundo del artículo 1 del decreto 1016 de 1991, de los artículos 2, numeral 3, de la ley 60 de 1990 y 15 de la ley 4 de 1992; y apartes del artículo 14 de la ley 4 de 199.

Los accionantes señalaron que las disposiciones demandadas contrarían en los arts. 25, 53, 58; 150, literal e), numeral 19; 158 y 169 de la Constitución Política.

La Sala Plena señaló que (i) no se pronunciaba frente a los cargos contra el Decreto 1016 de 1991 por estar derogado por la Ley 4 de 1992; (ii) de otra parte, considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo; (iii) no se vulnera el derecho a la igualdad en el trabajo debido a que existe razones objetivas para establecer regímenes salariales diferentes entre los sujetos; y (iv) la Ley 60 de 1990 no es una ley marco y no desconoció el principio de unidad material.

Por lo anterior, la Corte se inhibe de pronunciarse sobre el Decreto 1016 de 1991; y declaró exequible las demás expresiones demandadas.