T-110 de 2021

El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al declarar, frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, su falta de competencia para tramitar la misma, pues con ello desconoció de manera unilateral y sin contar con su consentimiento previo, expreso y preciso, el acto administrativo expedido diez años atrás, para conceder su traslado desde Porvenir.

La entidad adujo que, como consecuencia del cambio en la fecha de nacimiento del peticionario, el traslado mencionado tuvo lugar cuando le faltaban menos de diez años para cumplir con la edad de pensión, con lo cual se incumplió con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

La Corte revisó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutelo y pudo establecer que los mismos no se cumplieron.

Ello, teniendo en cuenta que el presupuesto de subsidiariedad no fue superado en tanto la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en la cual se adelanta un proceso, es la encargada de decidir si el peticionario tiene derecho o no a continuar en Colpensiones y, en consecuencia, reconocerle la pensión de vejez o, si por el contrario, Porvenir es la que debe cumplir con esta obligación.

Así mismo, porque el accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto administrativo de Colpensiones que considera violatorio de sus garantías constitucionales.

Igualmente, porque analizados las condiciones socioeconómicas, personales y particulares del tutelante, la Sala encontró que todas estas no solo fueron cuestionadas, sino que fueron debatidas, e incluso denunciadas ante las autoridades competentes, por parte de la accionada, pues ésta considera que se puede estar ante un proceso fraudulento que pretende defraudar el sistema de seguridad social; situación que deberá ser dilucidada en las instancias judiciales correspondientes.

Con base en lo anterior la acción de tutela deprecada se declaró IMPROCEDENTE.