C-039 de 2025

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 117, 124 y 140 (parcial) del Código Civil; y del artículo 53 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces mancipados.

Los demandantes alegaron que las normas acusadas, en tanto conceden plena validez y efectos jurídicos al matrimonio civil con o entre personas menores de 18 años, vulneran el bloque de constitucionalidad y más específicamente del artículo 16.2 de la Convencio´n sobre la Eliminacio´n de todas las Formas de Discriminacio´n contra la Mujer, interpretado a la luz de lo previsto en el artículo 1º de la Convencio´n sobre los Derechos del Niño y desde la o´ptica de otros criterios hermenéuticos que, sin ser directamente vinculantes, son relevantes para fijar los alcances de la norma en términos del mayor estándar posible de proteccio´n de la niñez.

Luego de verificar la aptitud de la demanda, la Corte considero´ necesario integrar normativamente el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.

Esto, por cuanto dicha norma regula los efectos civiles de las uniones maritales de hecho y es una cuestio´n de estrecha y necesaria conexidad con el contenido normativo de las disposiciones demandadas.

La Corte decidió: (i) Declarar INEXEQUIBLES los artículos 117 y 124 del Código Civil.

(ii) Declarar CONDICIONALMENTE INEXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 140 del Código Civil, en el entendido de que es nulo el matrimonio contraído entre o con personas menores de 18 años; (iii) Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el inciso 2 del parágrafo del artículo 53 de la Ley 1306 del 2009, en el entendido de que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y (iv) Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, en el entendido de que la edad mínima para conformar una unión marital de hecho es de 18 años.

Se exhortó a las autoridades administrativas del orden nacional y territorial para que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, legales como reglamentarias, diseñen políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar el flagelo de las uniones y matrimonios precoces de modo que se brinde a las niñas y adolescentes alternativas pedagógicas para formarse un juicio ilustrado y poder decidir de manera libre y autónoma, así como herramientas para fortalecer sus derechos y su participación activa en la sociedad, la economía y el deporte, así como a superar los estereotipos y supuestos en que se fundamenta la aceptación social del matrimonio infantil.