A- de 2017

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad.

Considera la Corte que en el presente caso no se presentó un conflicto negativo de competencias en tanto el precitado Tribunal tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 para declararse incompetente y no realizar un pronunciamiento de fondo, haciendo un juicio a priori de que la vinculación de la autoridad demandada era aparente, porque la que presuntamente vulneró derechos fundamentales en realidad era otra.

Con dicha actuación, aplicó una regla de reparto que no desplazaba su competencia y con ello afectó los derechos constitucionales de la peticionaria.

Se reitera que la jurisdicción constitucional está conformada por todos los jueces de tutela y que salvo una distribución caprichosa del expediente o una aplicación grosera o arbitraria de las reglas establecidas, la acción de tutela debe ser conocida por el juez a prevención, es decir, aquel al que se le repartió en primer lugar.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, para que de manera inmediata y sin dilaciones profiera la decisión de fondo a que haya lugar.