A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal.

La controversia que se presenta entre los Despachos, se origina por una demanda ejecutiva singular de mínima cuantía instaurada por el Instituto Financiero de Casanare, en contra de unos ciudadanos, con el objetivo de que se libre mandamiento ejecutivo de pago en contra de los demandados por las sumas de dinero adeudadas como consecuencia del crédito educativo que adquirieron y que dio origen al pagaré que se presenta para el cobro.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que, el Instituto Financiero de Casanare, esta entidad es una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado.

En el caso en concreto se observa que el IFC indicó, en el memorial de subsanación de la demanda ejecutiva, que en el proceso de la referencia se está ante un contrato de mutuo o préstamo, el cual está garantizado por un título valor, pagaré, que los demandados aceptaron y suscribieron a su favor en calidad de administrador y operador del Fondo de Educación Superior del Departamento del Casanare.

Sin embargo, no se tiene certeza sobre la existencia de dicho contrato pues no fue aportado un documento con dichas características como anexo del memorial referenciado.

De esta manera, no se cuenta con elementos suficientes para verificar la existencia o inexistencia de un contrato estatal entre las partes.

Conforme a la postura adoptada en los Autos 554 y 618 de 2023 y 1209 de 2024, se concluye que el IFC es una entidad pública que no goza de la calidad de entidad financiera y que no se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por ello, sus actos o contratos no se encontrarían incursos dentro de la excepción dispuesta en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA.

Esto debe tenerse en cuenta incluso en el escenario en el cual se tuviera certeza de la existencia de un contrato estatal entre las partes.

Por consiguiente, la Sala resuelve con la regla de decisión según la cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas, en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar.

La Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal y a los interesados en el proceso ordinario correspondiente.