Sentencia — Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Notas al pie · 3

1. 025.De la naturaleza de la acción de tutela se ha ocupado además de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado (M.P. María Elizabeth García González, 31 de julio de 2012, rad. 110010315000200901328 01; M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, 27 de septiembre de 2018, rad. 110010315000 20180258000; M.P. Gabriel Valbuena Hernández, 20 de febrero de 2020, rad. 11001031500020190477001; M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 5 de marzo de 2020, rad. 11001031500020190400501; y M.P. María Adriana Marín, 2 de julio de 2021, rad. 1100103150002021 0045701, entre otras).
2. 5.Caso concreto 5.1. Se trata de establecer si la sentencia del Juzgado, que amparó los derechos de Juan de Dios Rambal Torres, debe ser revocada como se plantea en el recurso. 5.2. El derecho fundamental que se considera vulnerado o amenazado: Respecto del derecho de petición, está incluido en la Constitución Política, cuando el artículo 23 prescribe que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. La norma constitucional ha sido concretada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en los artículos 13 a 33 –Sustituidos por la Ley 1755 de 2015-, que regula entre otros aspectos su objeto, modalidades, trámite y establece plazos para responder: 15 días ante los derechos de petición de carácter general y particular, 10 para peticiones de documentos y de información y 30 para absolver consultas. 4 Proceso: 11001 3341 070 2026 00085 01 Demandante: Juan de Dios Rambal Torres La Corte Constitucional (Sentencia T-332 de 2015) ha estructurado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho: el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición, el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta; citó las sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994 y añadió dos reglas adicionales: (i) que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no exonera a la entidad del deber de responder; y (ii) que la respuesta que se profiera debe ser notificada al interesado. 5.3. El objeto de inconformidad. El impugnante plantea que mediante Resolución 010744 del 23 de abril de 2026, resolvió de fondo la petición presentada por el demandante y que la notificó debidamente a su correo. 5.4. Del expediente, se demuestra que la respuesta y el trámite dado a la solicitud del tutelante por el Ministerio de Educación, no se ajustaron al ordenamiento constitucional, ni legal, ni a las reglas jurisprudenciales en materia del derecho de petición. En efecto, a la fecha de radicación de la acción de tutela (17 de abril de 2026) y de la sentencia de primera instancia (29 de abril de 2026), el Ministerio de Educación Nacional no había resuelto la solicitud de convalidación de título presentada por hoy tutelante el 13 de febrero de 2026, o por lo menos no fue probado lo contrario, en el momento procesal oportuno. 5.5. El Ministerio de Educación Nacional en su impugnación, plantea que en el caso se presentó la carencia de objeto por hecho superado, porque mediante Resolución 010744 del 23 de abril de 2026 resolvió de fondo la petición presentada por el tutelante. Conforme lo anterior, se establece: 5.5.1. La Corte Constitucional ha estructurado la figura jurídica de la “carencia actual de objeto” de la acción de tutela, que se aplica cuando la orden de protección constitucional que se pidió no surtiría efecto jurídico alguno, y señaló (Sentencia T-200 de 2013) que “Ahora bien, advierte la Sala que es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío”. Negrilla es de la Corte En esa misma sentencia se precisó que el “hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”, pero “se debe demostrar que en realidad se ha satisfecho por 5 Proceso: 11001 3341 070 2026 00085 01 Demandante: Juan de Dios Rambal Torres completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”. Respecto del daño consumado, consagró que “se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental” y señaló dos eventos: a). Cuando al momento de la demanda el daño ya está consumado; b). Cuando el daño se consuma en el transcurso del trámite de la acción de tutela. Sobre la tercera circunstancia de carencia actual de objeto, expresó que se puede presentar por varias causas, como la pérdida de interés, imposibilidad de llevar a cabo lo pedido, hecho ejecutado, pérdida de vigencia del acto, entre otras opciones. De las tres causales para la carencia actual de objeto, aparece que se daría la primera de ellas, la de hecho superado. 5.5.2. Hecho superado. La Corte Constitucional en la sentencia T-940 de 2014 expresó: “3.5.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”. Para su debida aplicación, en esa misma sentencia la Corte Constitucional reiteró los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se presenta la figura jurídica de un hecho superado: (i). Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental. (ii). Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya 6 Proceso: 11001 3341 070 2026 00085 01 Demandante: Juan de Dios Rambal Torres cesado. (iii). Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado. 5.5.3. Verificación en este proceso de los requisitos para la aplicación de la figura jurídica del hecho superado. En el expediente se demostró: (i) Que con anterioridad a la interposición de la acción existía un presunto hecho que violaba el derecho fundamental del demandante: Se demostró que al momento de radicarse la demanda de tutela el 17 de abril de 2026, la demandada no le había resuelto la solicitud de convalidación de título profesional presentada por Juan de Dios Rambal Torres ni le había respondido en ninguna forma; lo que prueba que la vulneración que se le endilgó tenía razón fáctica y jurídica. (ii) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado: Este elemento se desvirtúa, al comprobar que la respuesta que según el Ministerio expidió mediante Resolución 010744 del 23 de abril de 2026, solo fuer puesta en conocimiento del Juzgado, el 8 de mayo de 2026, fecha posterior a la sentencia de primera instancia, la que fue proferida el 29 de abril de 2026; con lo cual el Juzgado no tuvo oportunidad de verificar su contenido, ni su trámite, es decir, no se demostró que la entidad haya cumplido las exigencia legales del derecho de petición y del debido proceso. Significa que en el expediente, no se probó que la violación de los derechos de Juan de Dios Rambal Torres, hayan cesado durante el trámite del proceso de tutela en el Juzgado. (iii) Si se pretende el suministro de una prestación. Este numeral no aplica, por cuanto en el proceso se cuestiona es el derecho de petición. En consecuencia, se establece que en el expediente se acreditó que ha continuado la violación del derecho de petición y del debido proceso del hoy demandante durante el trámite del proceso en el Juzgado, y también se desvirtuó que haya ocurrido la figura jurídica del hecho superado, pues se acreditó que la demandada aduce que resolvió la petición del demandante, pero solo la informó al Juzgado cuando ya había terminado la primera instancia y existía sentencia en su contra. Y de conformidad con lo que se expuso y demostró, no prospera el recurso que se radicó. No obstante y ante la manifestación del Ministerio de Educación Nacional, se establece que las actuaciones administrativas que ha realizado para cumplir la providencia de primera instancia, las debe mantener vigentes; y como quiera que se confirmará aquí la sentencia impugnada con orden y decisión en su contra, podría la entidad alegar dichos trámites (Resolución y comunicación de entrega), en caso de algún incidente de desacato que se pueda interponer en su contra, análisis que le correspondería dilucidar al Juzgado que profirió la providencia en primera instancia. 7 Proceso: 11001 3341 070 2026 00085 01 Demandante: Juan de Dios Rambal Torres 5.6. Por lo tanto, y ante el problema jurídico que se planteó, se responde que no procede revocar la sentencia impugnada ni declarar el hecho superado. En su lugar, se confirmará.
3. 6.Otras decisiones La sentencia se notificará con inmediatez y por el medio más expedito a las partes y a sus apoderados (Artículo 16, Decreto 2591 de 1991). También por Secretaría, se le remitirá copia al Juzgado de origen para su información. Y se ordenará que una vez quede ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría se remita de inmediato el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por el Juzgado Setenta (70) Administrativo de Bogotá. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a sus apoderados. TERCERO. REMITIR copia de la sentencia al Juzgado de origen, para su debida información. CUARTO. ORDENAR que ejecutoriada la sentencia, por Secretaría y con inmediatez, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta sentencia fue aprobada por la Sala en sesión de la fecha. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE Firma electrónica LUIS NORBERTO CERMEÑO Magistrado Firma electrónica FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA Magistrado Firma electrónica ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES Magistrada CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.