Sentencia — Tribunal Administrativo de Cundinamarca

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SALA TRANSITORIA Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026) MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE BERROCAL MORA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EXPEDIENTE: 11001333503020230030701 DEMANDANTE: IRENE RIVERA CORREDOR DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ASUNTO SUBSECCIÓN: DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA C Este Tribunal asumió competencia para conocer de este proceso en virtud del Acuerdo PCSJA25-12377 del 30 de diciembre de 2025 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, procede la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá el 27 de junio de 2024 por la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Irena Rivera Corredor a través de apoderado judicial contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. I.

ANTECEDENTES. 1.1. LA DEMANDA. 1.1.1. DECLARACIONES Y CONDENAS: La parte demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: “DECLARATIVAS: PRETENSIONES 1. Que se inaplique la frase del art 1 del decreto 0382 de 2013 en consecuencia se inaplique este texto del artículo 1 en concordancia con el artículo 4 de la constitución Política.

“constituirá solamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de seguridad social en salud.” 2. Que se declare la nulidad del siguiente oficio: Derecho de Petición Fecha Respuesta derecho de petición FECHA 20221190040942 26-09-2022 20225920018221 12-10-2022 Que se declare la nulidad del acto administrativo resolución No. 1452 del 13 de diciembre de 2022, donde se niega la solicitud en el sentido de que la bonificación salarial sea tenida en cuenta como parte integral del salario, dicha resolución firmada por Dra. ASTRID ZAMORA CASTRO. 4.

Que como consecuencia de la inaplicación del art 1 del decreto 0382 de 2013 y de la declaración de nulidad a la resolución No. 1452 del 13 de diciembre de 2022, se ordene a la Fiscalía general de la Nación reconocer que la bonificación judicial que percibe mi mandante es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones salariales que ella devenga y las que se causen hacia el futuro, en consecuencia deberá la Fiscalía General pagar a mi representada el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas a partir del 15-06-2016 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago así como intereses moratorios y sanciones por la mora en el pago, del reajuste de la asignación mensual y de todas las prestaciones sociales recibidas desde el 15-06-2016 hasta que se haga Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación el reajuste y en adelante en virtud de la bonificación judicial mensual reconocida mediante el decreto 0382 como remuneración con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales incluidas cesantías e intereses. 5.

Que la demandada actualice cada uno de esos valores tal como lo dispone el artículo 187 del C.P.A.C.A. CONDENATORIAS: 1. Se condene a la fiscalía general de la Nación a reconocer y pagar las primas, cesantías, vacaciones, interés a las cesantías e indemnizaciones moratorias desde 15-06-2016 como consecuencia del acuerdo firmado. 2.

Condenar a la fiscalía general de la Nación a indexar las sumas establecida en el decreto 0382 de 2013. 3. Se condene a fiscalía general Nación a pagar las sumas antes indicadas desde 15-06-2016 hasta la fecha en que haga efectivo el pago. 4. Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho del proceso.” 1.1.2.

HECHOS: Se resumen de la siguiente manera, intentando ser fiel a la intención del libelista:  Indicó que se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 15-06-2016, por lo que ha venido devengando la bonificación salarial consagrada en el Decreto 382 de 2013.  Resaltó que la bonificación judicial tiene connotación salarial y prestacional, razón por la cual, solicitó el reconocimiento y pago de la mencionada bonificación como factor salarial, con las consecuencias prestacionales que esto implica.  La petición fue negada a través de los actos administrativos que se demandan.

1.1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Citó como normas violadas tratados internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, Convenios OIT 95, 100, 151) y varios artículos de la Constitución Política de Colombia (1, 4, 13, 25, 29, 53, 93, 150, 209, 228). Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que reconocen que las bonificaciones habituales deben ser consideradas como salario Como concepto de violación argumentó en síntesis que, el Código Laboral (artículos 127 y 128) define salario como todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, incluyendo bonificaciones habituales.

Sostuvo que la bonificación judicial cumple con los requisitos para ser considerada salario y, por tanto, debe incluirse en la liquidación de prestaciones sociales Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. En la oportunidad legal la entidad accionada allegó escrito oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En este sentido indicó que la Constitución Política y la Ley 4 de 1992 otorgan la potestad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos exclusivamente al Gobierno Nacional y al Congreso.

Por lo que, resaltó que la Fiscalía no puede abrogarse funciones constitucionales que no le corresponden, como reconocer o modificar emolumentos salariales. Enfatizó que la Bonificación Judicial fue creada mediante el Decreto 0382 de 2013 (modificado por el Decreto 022 de 2014) y allí se estipuló de forma clara y taxativa que dicha bonificación constituirá factor salarial únicamente para liquidar la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al de Seguridad Social en Salud.

Adicionalmente, expuso que el decreto es tan claro y expreso que no requiere de ningún tipo de interpretación ni le permite a la administración inaplicarlo para favorecer a los funcionarios. Argumentó que las sentencias de la Corte Constitucional (C-279 y C-081 de 1996) y del Consejo de Estado, la Fiscalía sostiene que el legislador conserva libertad para definir qué componentes constituyen salario y cuáles no. Por tanto, para que un beneficio económico sea considerado factor salarial en la liquidación de prestaciones, la norma que lo crea debe indicarlo de manera expresa.

Finalmente formuló como medios exceptivos: i) Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, ii) cumplimiento de un deber legal, iii) cobro de lo no debido, iv) prescripción de los derechos laborales, v) Buena fe II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, profirió fallo de primera instancia el 27 de junio de 2024, donde resolvió negar las pretensiones de la demanda.

En dicha sentencia se estableció que el Gobierno Nacional, en ejercicio de su potestad reglamentaria y siguiendo el espíritu de los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, podía restringir la bonificación judicial con efectos salariales, limitándola al pago de cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por lo tanto, se considera que la parte final del artículo 1 del Decreto 382 de 2013 es legal. El juzgado expresó su desacuerdo con decisiones previas tomadas por el mismo ponente y la misma Sala Transitoria, donde se revocaron sentencias de primera instancia en casos similares. Sin embargo, no se desvirtuaron los fundamentos legales de dichas providencias.

Por último, se concluyó que los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad en relación con la Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación bonificación judicial, por lo que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN Dentro de la oportunidad legal la entidad accionada – Nación – Fiscalía General de la Nación sustentó el recurso de apelación, solicitando revocar la decisión de primera instancia. Sostuvo que la decisión Ad quo fue incorrecta, dado que la "bonificación judicial" se estableció legalmente como una bonificación y no como un componente salarial, y que en todo caso aplicó correctamente el marco legal existente.

IV. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE - El Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., profirió fallo de primera instancia el 27 de junio de 2024. - La parte demandada presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, el cual se concedió mediante auto- - En auto de este Despacho, se admitió el recurso de apelación formulado contra el proveído de primera instancia. - El expediente ingresó a despacho para sentencia. V. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN 5.1.

Parte demandante: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 5.2. Parte demandada – Fiscalía General de la Nación: Guardó silencio. 5.3. Concepto del Ministerio Público: No emitió concepto. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Verificado el agotamiento de las etapas procesales no se observan causales o vicios de nulidad que invaliden la actuación procesal adelantada.

Por tanto, se procede a resolver el conflicto jurídico planteado en el recurso de alzada. 6.1. Problema jurídico De acuerdo con las inconformidades expresadas por la entidad demandada contra la decisión de primera instancia, se deberá determinar la naturaleza jurídica de la Bonificación Judicial consagrada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013.

En consecuencia, establecer si la señora Irena Rivera Corredor tiene derecho a reliquidar y pagar todas sus prestaciones sociales, incluidas las cesantías. Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación 6.2.

Fundamento normativo y jurisprudencial. 6.2.1. De la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional La potestad reglamentaria del Presidente de la República, aunque generalmente reconocida constitucionalmente, está sujeta a las restricciones establecidas por el legislador. En este caso, la nivelación de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, siguiendo criterios de equidad.

Aunque el artículo 14 de dicha ley no especifica detalladamente el proceso de nivelación, no otorga al ejecutivo la autoridad para suprimir o modificar la naturaleza salarial de la remuneración de los empleados, a diferencia de lo hecho con los funcionarios en relación con las prestaciones establecidas por el legislador. El análisis se centrará en determinar si el Presidente excedió su potestad reglamentaria al emitir los artículos 1 de los Decretos No. 382, No. 383 y No. 384 de 2013, y si corresponde aplicar el control de constitucionalidad de manera excepcional según el artículo 4° de la Constitución Política.

Respecto a la Bonificación Judicial establecida en los mencionados decretos, es relevante considerar las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la facultad del Legislador para delimitar el régimen salarial, como se analizó en la Prima Especial de Servicios según el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En la sentencia C-279 de 1996, la Corte Constitucional declaró como constitucionales las disposiciones que excluían el carácter salarial de dicha bonificación. El Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B a través de sentencia del 3 de septiembre de 20181, precisó la facultad del Gobierno denominada potestad reglamentaria, así: “(…) En este orden de ideas, la regla general en materia reglamentaria la tiene el Presidente de la República por dos vías: por una parte, a través de la reglamentación directa de la ley cuando sea indispensable para hacer posible su cumplimiento (Constitución, artículo 189. 11), pues en su condición de Suprema Autoridad Administrativa le corresponde “ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes”;

(…) la potestad normativa de la administración o de hacer normas rectoras de la actividad estatal, en cuanto privilegio funcional, es de naturaleza subordinada y dependiente de las normas de carácter superior. Sería absurdo pensar en la posibilidad de una potestad normativa de la administración ausente o inmune al principio de la legalidad.

“(…) el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria no puede dictar disposición alguna que viole una ley cualquiera, no sólo la que dice desarrollar o ejecutar sino todas las normas que tengan carácter legislativo (…)”6 y que so pretexto de reglamentar una norma, el decreto reglamentario no puede, en ejercicio de la facultad mencionada, modificar, 1 Reiteró lo considerado por la Sección Tercera, Subsección C, en Sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 55813, cuyo Consejero Ponente fue el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa y lo dicho por la Sección Segunda, Subsección B, en Sentencia del 11 de mayo de 2017, radicado interno 0548-2014, con ponencia del doctor César Palomino Cortés. Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación ampliar o restringir el sentido de la ley dictando nuevas disposiciones o suprimiendo las contenidas en las mismas, porque ello no sería reglamentar sino legislar7.2 (Subraya la Sala). 6.2.3.

Del control de constitucionalidad por vía de excepción La figura jurídica del control de constitucionalidad por excepción establecida en el artículo 4 de la Constitución política impone la obligación de dar prevalencia a las normas constitucionales sobre cualquier contrario. En este sentido el Consejo de Estado3 al analizar la sentencia C-122 de 2011, sostuvo sobre el particular que: “(…) el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto1.

Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución.” 6.2.2.

Naturaleza Jurídica de la Bonificación Judicial consagrada en el artículo 1 de los Decretos No. 382 No. 383 y No. 384 de 2013 Inicialmente, es relevante considerar las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la facultad constitucional del Legislador para delimitar el régimen salarial, particularmente en relación con la Prima Especial de Servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 1996, declaró como constitucionales las disposiciones que excluían el carácter salarial de dicha prima, presentes en el artículo décimo cuarto y décimo quinto de la misma ley. Posteriormente, en la Sentencia C-244 de 2013, emitida en el expediente D-8121 y con ponencia del Conjuez Ponente Dr. Diego Eduardo López Medina, la misma Corporación reafirmó su postura respecto a este tema.

“La Corte Constitucional decidió en esa ocasión que la negación del carácter salarial a la prima especial allí concedida no violaba la Constitución Política. Que el legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario. (…)" 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2018.

M.P. Dr. César Palomino Cortés. Radicado No. 11001-03-25-000-2013-00543-00. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de febrero de 2017. M.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicado No. 68001-23-31-000-2006-02724-01(0296-13) Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Para esta Sala, resulta indudable la competencia constitucional del Legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores del Estado, en consonancia con el principio democrático.

Ello, siempre y cuando dicha regulación se ajuste a las competencias específicas de cada una de las ramas del poder público. En este sentido, es relevante señalar que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han consolidado jurisprudencia en relación con la naturaleza jurídica de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación. No obstante, es preciso aclarar que la mencionada jurisprudencia no comprende la bonificación judicial devengada por los servidores de las entidades judiciales referidas, toda vez que el Legislador no la previó en la Ley Marco.

Por consiguiente, resultaría improcedente que este Tribunal extienda los efectos de pronunciamientos previos a esta materia. En concordancia con lo expuesto, el Honorable Consejo de Estado ha enfatizado la carencia de facultad del Gobierno Nacional para disminuir los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado. Esta postura se evidenció al resolver sobre la nulidad de una disposición que excluía una prima de factor salarial, creada por el Gobierno Nacional en virtud de la Ley 4ª de 1992, en beneficio de los servidores de la DIAN, en los siguientes términos: “(…) Teniendo en cuenta entonces que la naturaleza del “incentivo” en estudio es netamente salarial y que la misma la recibe el empleado público de la planta de personal de la DIAN de manera habitual, periódica y como contraprestación directa de su despliegue laboral, para la Sala resulta claro que el Ejecutivo al expedir el decreto demandado desbordó su poder, por cuanto bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.

(…) No sobra recordar que la Ley 4ª de 1992 materializó el literal e.) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, que contiene criterios para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y la Fuerza Pública, disponiendo en su artículo 2o. una prohibición al Gobierno Nacional a desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado.

(…) A la luz del Convenio 095 de la OIT, el término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación (…) Como viene de exponerse, constituye un criterio de esta Sección, que la naturaleza salarial de un pago se deriva de la retribución directa por los servicios del trabajador que no sea ocasional ”4 En este contexto, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 establece criterios y elementos mínimos que las autoridades deben considerar al revisar el sistema remunerativo de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, siendo la equidad un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Una interpretación teleológica y sistemática de esta norma sugiere que su objetivo es mejorar el régimen salarial y prestacional de todos los servidores públicos al servicio de la Administración de Justicia, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar. Por lo tanto, los criterios enunciados evidencian que al suprimir el carácter salarial de la bonificación judicial consagrada en el artículo 1 de los Decretos No. 382, No. 383 y No. 384 de 2013, el Presidente de la República excede su potestad reglamentaria al imponer una limitación sin que el legislador lo haya establecido previamente.

Se reconoce que el Gobierno Nacional tiene la obligación expresa de nivelar a los servidores públicos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar, según lo dispuesto en el parágrafo introducido en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1994. En este sentido, si bien el Legislador autorizó el reconocimiento de remuneraciones sin carácter salarial, como la bonificación por compensación o la prima especial de servicios para los funcionarios de dichas entidades, esto no implica que deba extenderse a otras prestaciones no expresamente enunciadas.

Es pertinente recordar que, según la Corte Constitucional, en materia de nivelación salarial, el Legislador colombiano ha tenido la competencia de establecer que algunos pagos de nómina no formen parte del factor salarial, o incluso que, para ciertos rangos de ingresos, el salario no genere prestaciones sociales. Sin embargo, también se ha enfatizado en la orientación política y constitucional hacia la igualdad redistributiva, especialmente en favor de los menores ingresos y las personas económicamente más vulnerables.

Motivo por el cual, al estudiar casos similares, esta Sala de Decisión ha mantenido una línea jurisprudencial coherente, como se evidencia, por ejemplo, en la sentencia del 16 de marzo de 2020. “( ) si bien el Congreso de la República, tiene libertad de configuración legislativa en este tema, quedando claro que esa competencia no puede ser arbitraria y absolutamente discrecional para hacer la referida definición de lo que constituye o no salario, el Gobierno Nacional, al solo tener competencia constitucional para reglamentar la norma legal, no podía tampoco extralimitarse en esa función, como lo hizo, quitándole el carácter salarial a 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de febrero de 2018.

M.P. Dr. César Palomino Cortés. Radicado No. 11001-03-25-000-2011-00167-00 Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación lo que materialmente lo es, actuando arbitrariamente, pasando por alto los límites establecidos por el derecho internacional que Colombia está obligado a aplicar y respetar de conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política y principio del pacta sunt servanda, estando obligado por el Convenio 95 de la OIT a definir o precisar que salario es lo que materialmente es, y no otra cosa, "para no mudar arbitrariamente la naturaleza de las cosas, como sería quitarle la naturaleza de salario a lo que realmente tiene este carácter", tal como ocurrió con la frase "y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud" contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, que por tanto deviene en inconstitucional como acertadamente aplicando el artículo 4 de la Constitución Política, lo consideró el Juzgado, según se ha visto5.” En el mismo sentido, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en reciente pronunciamiento reconoció la naturaleza salarial de la bonificación judicial.

Es así como en sentencia del 06 de abril de 2022 el Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Conjuez Ponente, Carmen Anaya De Castellanos, indicó que la bonificación en estudio fue creada para materializar la nivelación salarial dispuesta en la Ley 4 de 1992 siendo una prestación recibida de manera habitual y periódica como contraprestación directa a los servicios de sus beneficiarios.

De la providencia en mención se resaltan los siguientes apartes: “(…) el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al crear una Bonificación sin carácter salarial, pues la misma sólo constituye factor salarial, según la norma que la crea, para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones.

(…) debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.

(…) Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales5. En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la 5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, radicado 11001-33-35-011-2017-00093- 01, Sentencia del 16 de marzo de 2020, M. P. Luis Eduardo Pineda Palomino. Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política.6” (Resalta la Sala).

De lo desarrollado se itera que, el Gobierno Nacional no podía imponer una limitación que el legislador no consagró, máxime si se trata de una bonificación que por su naturaleza evidentemente es salarial. De ahí entonces que, no podía el presidente de la República suprimir el carácter de tal a la bonificación judicial en la manera en que lo estableció en los Decretos 382,383 y 384 de 2013.

De este modo se evidencia que esta Corporación cumple con los parámetros legales y jurisprudenciales del Consejo de Estado para establecer que factores ostentan la naturaleza de salarial. Lineamientos reiterados por la Sección Tercera con radicación No 76001233300020160133201 (66117) (AG) del 21 de noviembre de 2022, Conjuez ponente Sol Marina De La Rosa, a través de la sentencia de acción de grupo proferida en cumplimiento de la tutela resuelta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, el 27 de octubre de 2022 en el proceso radicado 11001-03-15-000-2022-05113- 00.

Decisión de la cual se extraen los siguientes apartes: “al apartarse el Decreto 0383 de 2013 del marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.

Además de las anteriores consideraciones, la Sala recuerda que existe una sólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador.

Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, pues constituye una retribución directa por sus 6 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Conjuez Ponente: Carmen Anaya De Castellanos Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020) Demandante: María Elide Acosta Henao Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación. Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación servicios, incluidas las bonificaciones habituales, conforme se demostró en los documentos obrantes en el expediente.” 6.3.2.1.

Beneficiario del Decreto 382 de 2013. La bonificación judicial creada para los servidores de la Fiscalía General de la Nación en el Decreto 382 de 2013, indicó en su artículo primero algunos beneficiarios, entre estos, los de Secretario Administrativo II así: Secretario II 134.340 263.550 392.761 521.972 651.182 780.393 6.2.

CASO CONCRETO. Con las pruebas obrantes en el expediente y las afirmaciones de las partes que no fueron objeto de controversia la Sala desarrollará el problema jurídico. Se acreditó que la señora Irena Rivera Corredor trabaja en la Fiscalía General de la Nación desde el 16 de junio de 2016 hasta la fecha. Siendo su último cargo el de Secretario Administrativo II, tal y como se desprende del oficio demandado y la certificación aportada por la entidad demanda.

Por lo tanto, es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 382 de 2013. Teniendo en cuenta que la postura adoptada de la entidad demandada en el Oficio Radicado No. 20225920018221 Oficio No. GSA-30860 - 12/10/2022 y en la Resolución No. 1452 de diciembre 13 de 2022, desconoce el carácter salarial de la bonificación judicial devengada por el demandante, esta Corporación basándose en el análisis realizado en el marco normativo y jurisprudencial, precisa que es errónea.

Esto por cuanto, vulnera los principios de equidad, igualdad redistributiva, favorabilidad y progresividad, además de alejarse del cumplimiento de los principios materiales o de contenido establecidos en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, corresponde a esta Sala de decisión aplicar la excepción de inconstitucionalidad con respecto a las expresiones "únicamente" consignadas en los artículos primero de los Decretos 382 de 2013 y 022 de 2014.

Lo resuelto en esta providencia tendrá efectos interpartes y las órdenes impartidas tendrán plena e inmediata aplicación, sin perjuicio de lo que resuelva el Consejo de Estado frente a las solicitudes de nulidad parcial de los Decretos 0382, 0383 y 0384 de 2013, sentencia que producirá los efectos que le otorga la ley. Por tanto, se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados proferidos por la Nación – Fiscalía General de la Nación que negaron al demandante el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.

Con relación a la prescripción sobre los reajustes prestacionales que se derivan del reconocimiento del derecho ordenado, se atenderán a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. De este modo como el Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación demandante causó el derecho desde el 15 de junio de 2016 pero solicitó su reconocimiento y pago con el carácter de factor salarial el 26 de septiembre 2022, operó el fenómeno de la prescripción trienal de las sumas causadas antes del 26 de septiembre de 2019.

Por lo aquí desarrollado, es procedente el reconocimiento del reajuste y pago de las prestaciones sociales de las demandantes sobre la base del 100% lo cual incluirá la bonificación judicial desde el 12 de octubre de 2019 y hasta tanto trabajen en la Fiscalía General de la Nación en alguno de los cargos enunciados en el Decreto 382 de 2013 o en el Decreto 022 de 2014.

En conclusión, esta Corporación revocará la sentencia de primera instancia pues el A-quo en su negativa de reconocer el factor salarial de la bonificación judicial se separó de las normas y la línea jurisprudencial aplicable, forjada tanto por los diferentes tribunales administrativos del país como por el Consejo de Estado. Las diferencias mensuales reconocidas, serán indexadas tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor certificada por el DANE, por resultar viable, en asuntos de naturaleza jurídica similar, para lo cual se tomará la fórmula adoptada por esta jurisdicción7.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sala Transitoria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera proferida por el Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá el el 27 de junio de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional con efecto inter-partes la expresión consagrada en los artículos 1 del Decreto 382 de 2013 y del Decreto 022 de 2014 “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la prescripción de las sumas causadas con antelación al 26 de septiembre de 2019 por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el Oficio No 20225920018221 del 03 de octubre de 2022 así como la resolución No. 1452 del 13 de diciembre de 2022, ambos atribuidos a la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales 7 INDICE FINAL FÓRMULA: R = R.H. X INDICE INICIAL Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Expediente N 1001333503020230030701 Demandante: IRENE RIVERA CORREDOR Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento de la Bonificación Judicial como factor salarial y su reliquidación, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación al reconocimiento y pago en favor de la señora IRENE RIVERA CORREDOR, la reliquidación de todas las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario, esto es incluyendo la bonificación judicial por los periodos efectivamente laborados a partir del el 26 de septiembre de 2019 y hasta tanto ejerza en la Fiscalía General de la Nación, alguno de los cargos enlistados en el Decreto 382 de 2013 o el Decreto 022 de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: La Nación- Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento al presente fallo en el término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEPTIMO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.

OCTAVO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen.

NOVENO: El presente expediente puede ser consultado en el siguiente link: 11001333503020230030701 Irene Rivera Corredor Vs Fiscalia

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la sentencia fue discutida y aprobada por la sala de decisión celebrada el 27 de marzo de 2026. Acta. No. 02 FIRMADO ELECTRONICAMENTE CARLOS ENRIQUE BERROCAL MORA Magistrado Ponente FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE JAVIER ALFONSO ARGOTE ROYERO LUIS EDUARDO PINEDA PALOMINO Magistrado Magistrado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, según el artículo 186 del CPACA.