1 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO Villavicencio, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025) SALA DE DECISIÓN ORAL No. 2 ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: LUIS EDUARDO JURADO NARVAEZ DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 500013333004-2023-00176-01 I. SENTENCIA Encontrándose el asunto al Despacho para proferir sentencia, y advirtiéndose la posibilidad de la alteración del turno1, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
II.
ANTECEDENTES El ciudadano LUIS EDUARDO JURADO NARVAEZ, mediante apoderado judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho2 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A.3., contra la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que estimen las siguientes: 1 “En relación con el derecho de turno es necesario tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, entre otras causales, en atención a su especial trascendencia social y por carecer de antecedentes jurisprudenciales, cuando su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 3 de julio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000- 2012-00227-01(50949), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2 «12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm(.pdf) NroActua 1 (fls 1-40) -SAMAI índice 1 Juzgado» 3 “Artículo 138 C.P.A.C.A. Nulidad y restablecimiento del derecho: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.
(…) 2 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA 1. Pretensiones. Solicita el apoderado del actor que previa inaplicación por inconstitucional de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, se declare la nulidad i) del acto administrativo contenido en el Oficio 30900-460 del 3 de noviembre de 2021, suscrito por SURY ANDREA SERRATO LAVAO, Subdirectora Regional de Apoyo Orinoquía, de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual niega las pretensiones de la reclamación administrativa, que fue notificado mediante correo electrónico el día 3 de noviembre de 2021.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Fiscalía General de la Nación reconocer que la bonificación judicial que percibe el señor LUIS EDUARDO JURADO NARVAEZ la cual es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro, y en consecuencia, se le pague el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas, a partir del 1 de enero de 2013 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago.
Finalmente, pretende que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y que la demandada se condene al pago de costas y agencias en derecho. 2. Hechos. Se indica en la demanda que el demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde la anualidad de 1992, en la actualidad ejerce el cargo de Técnico Investigador (IV) y en virtud de la expedición del Decreto 0382 de 2013, y la no inclusión de la bonificación judicial en la liquidación de sus prestaciones sociales, elevó solicitud en tal sentido, ante su empleador, mediante escrito radicado el 11 de Octubre de 2021.
Con la finalidad de lograr la nivelación salarial ordenada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional suscribió con las agremiaciones sindicales el acuerdo del 6 de noviembre de 2012, reconociendo el derecho a la nivelación, sin determinar ningún tipo de excepción. En consecuencia, se expidió el Decreto 0382 de 2013 y los demás que lo modifican en su artículo primero, determinando que dicha bonificación judicial “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud”, dejando por fuera su aplicación como factor salarial en la liquidación y cancelación de otras prestaciones. 3 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Mediante sentencia de fecha 06 de abril de 2022 dentro del radicado nro. 76001-23- 33-000-2018-00414-01, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró que la Bonificación Judicial creada por medio del Decreto 382 de 2013, es factor de salario para liquidar las prestaciones sociales de los servidores de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, siendo este fallo aplicable a todos los servidores del régimen de ACOGIDOS como a los NO ACOGIDOS.
El 11 de octubre de 2021 el demandante solicitó a la entidad demandada que le reconociera la bonificación judicial contemplada en el Decreto 382 de 2013, así como en los demás decretos modificatorios, como factor salarial para la liquidación de todas sus prestaciones devengadas y, en consecuencia, se ordenara la liquidación y pago debidamente indexado.
A través de Oficio Nro. 30900-460 del 3 de noviembre de 2021, suscrito por la Subdirectora Regional de Apoyo – Orinoquía de la Fiscalía General de la Nación, fue negada la anterior solicitud, concediendo solamente el recurso de reposición; el mencionado acto administrativo fue notificado mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2021. 3.
Normas violadas y concepto de violación. Se señalan como fundamentos normativos: - Constitución Política: artículos artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 209 y 228. - Leyes: 21 de 1982, 50 de 1990, 4 de 1992, 270 de 1996, 411 de 1997, 1496 de 2011, 54 de 1962, 16 de 1972 y 319 de 1996. - Decretos: 1042 de 1978 y 1092 de 2012. - Tratados Internacionales: Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios 95, 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica.
Afirma que la negativa de la bonificación judicial como factor salarial, para liquidar y cancelar todas las prestaciones sociales niega el carácter retributivo del trabajo, impidiendo el mejoramiento de las condiciones económicas, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pues esa fue la razón de la suscripción del Acuerdo del 6 de noviembre de 2012, que buscó a través de la nivelación en la remuneración, compensar la pérdida económica de los servidores de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. Expone acerca de la excepción de inconstitucionalidad y considera que el Decreto 382 de 2013, a través del cual se crea la bonificación judicial, resulta inconstitucional y lesivo al señalar que la bonificación judicial constituye factor salarial para efectuar 4 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, y no para liquidar las prestaciones sociales.
Asegura que la entidad demandada desnaturaliza los fines del Estado, por cuanto no garantiza los derechos adquiridos, la buena fe y favorabilidad laboral, desconociendo además que lo percibido como contraprestación directa y habitual del trabajo, debe integrar la base para liquidar las prestaciones sociales. 4. Contestación de la demanda.
La apoderada de la demandada se opone a cada una de las pretensiones planteadas en la demanda, teniendo en cuenta que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, por cuanto los actos acusados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013.
Refiere que si bien la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para la nivelación y ajuste de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que el Gobierno Nacional, al dictar en el año 1993 los decretos que desarrollaron dicha disposición, otorgó incrementos que superaron en muchos casos el 100% del salario que devengaban tales servidores en el año inmediatamente anterior (régimen ordinario), y en otros casos los incrementos alcanzaron cifras iguales o superiores (régimen optativo).
Aduce que, el aludido decreto, tuvo su origen no en una iniciativa del gobierno nacional sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas, por las partes, quienes estuvieron de acuerdo con la naturaleza de factor salarialmente únicamente para la “base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” Explica que la bonificación judicial prevista es el producto de un acuerdo que desarrolla los Convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional que reconoce la posibilidad de que los servidores públicos intervengan en la definición de sus “condiciones de empleo”, el cual a su vez se realizó sobre la base de unos recursos y cálculos “tope” establecidos para esa negociación y en conjunto con sus propios representantes sindicales quienes negociaron, concertaron y aprobaron la fórmula salarial finalmente plasmada en el Decreto 382 de 2013, así como al establecimiento de la bonificación judicial como factor salarial únicamente para la “base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”.
En ese orden de ideas, se impone concluir que el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, 5 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA lejos de vulnerar los derechos de los funcionarios, se ajustan con rigor al bloque de constitucionalidad y legalidad, así como al acuerdo realizado con los representantes de las organizaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
Considera que el reconocimiento de la bonificación judicial, como factor salarial solo para unos efectos determinados, encuadra dentro de la libertad de configuración de que gozan las autoridades legislativas y excepcionalmente las autoridades administrativas, cuando están revestidas de facultades especiales. Aunado a lo anterior, no es posible otorgarle un alcance superior al Decreto 0382 de 2013 del que fue dispuesto por el Gobierno Nacional, pues ello provocaría que se ordenara la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional, lo que fracturaría el mandato de la sostenibilidad fiscal. 5.
Sentencia apelada. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Villavicencio, en sentencia proferida el 27 de mayo de 2024,4 accedió a las pretensiones de la demanda: i) declarando la excepción de inconstitucionalidad, y por ende, inaplicando la expresión «se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, así como en los demás decretos que se expidieron reproduciendo tal disposición, y en su lugar se acudirá al principio constitucional de equidad para revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados y a los principios de protección al salario consignados en el artículo 53 de la CP.; ii) declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio N°. 30900-460 del 3 de noviembre de 2021, expedido por la Subdirectora Regional de Apoyo – Orinoquía (E) de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia; iii) declarando probada la excepción de prescripción trienal contemplada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, respecto de los derechos que correspondieran por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 10 de octubre de 2018, y iv) ordenando el reconocimiento a favor del actor de la bonificación judicial creada a través del Decreto 382 de 2013 como factor salarial, desde el 1 de enero de 2013 en adelante por el tiempo efectivamente laborado en la Fiscalía General de la Nación y hasta la terminación de su vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por el demandante, con la actualización de las sumas resultantes, con el pago de las diferencias a partir del 11 de octubre de 2018 en virtud de la prescripción trienal ya indicada.
Sostiene el a quo que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ordenó revisar la remuneración 4 Archivo « 13Sentencia antic_004202300176SENTBoni(.pdf) NroActua 20 -SAMAI índice 20 Juzgado» 6 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, buscando iniciar y conseguir un proceso de nivelación salarial.
Lo que comenzó a cristalizarse veinte años después con la expedición del Decreto 382, 383 y 384 de 2013 que crearon la bonificación judicial que se reconocerá mensualmente y solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Luego hace referencia al concepto de salario, trajo a colación el concepto de salario contenido en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT ratificado por la Ley 52 de 1962 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, constituye salario todo lo que percibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, independientemente de la forma o denominación que adopte; citando para ello pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Colige que es posible afirmar que la Bonificación Judicial constituye salario en contravía de lo establecido en el Decreto 382 de 2013, toda vez que se trata de una retribución habitual, periódica, como contraprestación directa de sus servicios; de manera que, la negativa de la administración para tenerla en cuenta como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales del demandante, desconoce el derecho convencional, constitucional y legal que rige la materia.
Concluye que al haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, se debe declarar su nulidad y ordenar el restablecimiento de los derechos del demandante en los términos ya referidos. 6. Recurso de apelación. Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación5, indicando que se desconoce que el Decreto 382 de 2013 está vigente en el ordenamiento jurídico, gozando de plena validez al encontrarse amparado del principio de legalidad, pues las disposiciones allí contenidas son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política, regidas por los criterios de la Ley 4 de 1992 para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que a dicha entidad no le es posible modificar la norma, su interpretación o aplicación. La apoderada fundamenta su apelación en varios argumentos de carácter constitucional, legal y jurisprudencial.
En primer lugar, insiste en que la bonificación judicial fue creada exclusivamente para los servidores activos de la Fiscalía General de la Nación que estuvieran bajo el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 y que se regían por el Decreto 875 de 2012 o sus modificaciones. Según la parte apelante, el actor cesó su vínculo laboral con la entidad el 1º de enero de 2012, es decir, antes de la entrada en vigor del Decreto 382 de 2013, razón por la cual no 5 Archivo«14_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 22 -SAMAI índice 22 Juzgado» 7 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA puede ser beneficiario de dicha bonificación. Aclara que, según el artículo primero del citado decreto, esta bonificación no tiene efectos retroactivos, ni puede ser aplicada a personas retiradas del servicio.
Se hace una revisión detallada de las normas constitucionales que atribuyen al Gobierno Nacional, y no a los jueces, la competencia exclusiva para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Se citan varias sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional (incluidas la C-279 de 1996 y la C- 681 de 2003) que ratifican esta competencia como exclusiva e indelegable del Ejecutivo, desarrollada en el marco de las leyes marco, en este caso, la Ley 4ª de 1992.
A partir de esto, se sostiene que ninguna autoridad judicial puede ordenar el reconocimiento de factores salariales o prestacionales no previstos expresamente por el legislador o el Ejecutivo mediante norma válida. La Fiscalía destaca que la bonificación judicial fue producto de una negociación colectiva con las agremiaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Estos acuerdos, suscritos en noviembre de 2012 y enero de 2013, dieron lugar a la expedición del Decreto 382.
Como tales, estos acuerdos no han sido demandados ni anulados, por lo que se encuentran plenamente vigentes y gozan de presunción de legalidad. En consecuencia, cualquier pretensión que ignore sus disposiciones estaría desconociendo este marco normativo y convencional. Otro de los argumentos centrales del recurso radica en que la bonificación judicial, según el decreto, constituye únicamente un factor salarial para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y no debe ser entendida como base para el cálculo de otras prestaciones sociales, como primas, cesantías o vacaciones.
En este punto, la apoderada subraya que la pretensión del actor de que la bonificación tenga efecto integral en todas las prestaciones va en contra del principio de legalidad presupuestal y del régimen jurídico vigente, además de contradecir expresamente lo señalado en el Decreto 382 y sus decretos modificatorios (022 de 2014 y 1270 de 2015).
Como conclusión, el recurso hace un llamado al respeto de los límites del control judicial en materia de regímenes salariales, reafirmando que no es competencia del juez de lo contencioso administrativo modificar el contenido de los actos administrativos que desarrollan tales regímenes, y menos aun cuando estos están amparados en acuerdos sindicales y normas de naturaleza general, impersonal y abstracta.
Por tanto, solicita al magistrado de segunda instancia que modifique la decisión del Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Villavicencio y niegue las pretensiones del demandante, ya que, a juicio de la Fiscalía, no existen fundamentos jurídicos válidos para desconocer la legalidad y aplicabilidad del Decreto 382 de 2013 y demás normas concordantes. 8 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA 7.
Trámite procesal. Mediante proveído del 22 de agosto de 2024,6 la Sala Plena de este Tribunal se declaró impedida para asumir el conocimiento del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del C.G.P; y de acuerdo con el trámite previsto en artículo 131 del C.P.A.C.A, el expediente se remitió al Consejo de Estado, y dicha Corporación en auto del 23 de octubre de 20247 declaró fundado el impedimento ordenando la devolución del expediente.
Con ocasión de lo anterior, a través de auto del 12 de diciembre de 20248, se dispone el obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto por el superior, y en el mismo proveído se admite el recurso de apelación, y se indica a las partes y al Ministerio Público que conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían «pronunciarse en relación con el recurso de apelación» hasta la ejecutoria del auto.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no emitió concepto. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia. La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 4040 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior funcional.
Así mismo, se advierte que se revisará el fallo del a quo únicamente en relación con los aspectos que fueron objeto de apelación, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso. 2. Oportunidad para promover el medio de control. Teniendo en cuenta que en el presente asunto se demanda la nulidad del acto administrativo que resolvió negativamente la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, y que de acuerdo con el contexto fáctico descrito en la demanda y sus anexos, para el momento de presentación de la misma, el actor se encontraba en servicio9, al tenerse como vigente el vínculo laboral, es posible concluir que el derecho reclamado se cataloga como una prestación periódica, por lo que en virtud del literal «C» del numeral primero del artículo 164 6 Archivo «2Manifiestaimpe_50001333300420230017(.pdf) NroActua 4-SAMAI índice 4 TAM» 7 Archivo «6Reactivaproces_RegresoExpediente500(.pdf) NroActua 11TAM -SAMAI índice 11 CE» 8 Archivo «7Autoadmiterec_ADMITE_50001333300420230017(.pdf) NroActua 13-SAMAI índice 13 TAM» 9 Folio 59 archivo «12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm(.pdf) - SAMAI índice 1 Juzgado» 9 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA C.P.A.C.A., no es procedente el análisis de caducidad, pues cuando la demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas, esta puede presentarse en cualquier tiempo. 3.
Problema Jurídico. Se contrae a determinar si es procedente inaplicar parcialmente el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y demás decretos que lo modifiquen y sustituyan, bajo la premisa de que la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos el señor EDUARDO JURADO NARVAEZ, debe constituirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, como lo dispuso el a quo; o si, por el contrario, no opera la excepción de inconstitucionalidad y la referida bonificación judicial no tiene la connotación de factor salarial, y en consecuencia deben negarse las pretensiones, conforme lo solicita la recurrente.
Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente: 4. Excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4 de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de nivel constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales.
El referido artículo 4 preceptúa que la Constitución «es norma de normas», y para garantizar su prevalencia frente a otras normas, el ordenamiento jurídico ha previsto controles por vía de acción y de excepción; mediante el último, el funcionario público o judicial está facultado para inaplicar de oficio la disposición -excepción de inconstitucionalidad- o el acto administrativo -excepción de ilegalidad-, lo que solo resulta procedente para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente asunto, siendo así de naturaleza subjetiva o inter partes.
Es importante distinguir que el control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado, asumiendo el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 237, numeral 2, y 241 de la Constitución Política; mientras que, el control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto. 10 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Al respecto, el artículo 148 del C.P.A.C.A establece que «en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos Interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en aplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte». Para concluir, debe indicarse para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea, como lo ha señalado la jurisprudencia10. 5.
Bonificación judicial para servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación. La Constitución Política le atribuyó al Congreso de la República la función de «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública», en el artículo 150, literal e) del numeral 19.
Con ocasión de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 4 de 199211, mediante la cual le asignó al Gobierno Nacional el deber de i) fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, entre otros (artículo 1 literal b); y ii) revisar sus sistemas de remuneración bajo criterios de equidad, y sobre la base de la nivelación o reclasificación (parágrafo del artículo 14).
La Corte Constitucional, en sentencia C – 244 de 2013, se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley, y frente al objetivo de la misma, indicó que consistía en lograr una nivelación salarial adecuada en los salarios del sector judicial, explicando que «en términos de coherencia externa con las otras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama, había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, a fortiori, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país». 10 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de noviembre de 2010, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 66001-23-31-000-2007-00070-01. 11 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. 11 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Con el fin de obtener la materialización de la nivelación salarial ordenada por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tras el cese de actividades promovido por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el 6 de noviembre de 2012 se suscribió el Acta de Acuerdo, conforme a la cual el Gobierno Nacional y los representantes del sector judicial concertaron el siguiente compromiso: “Artículo 1.
Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y quienes vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“1.- Reconocer el Derecho a los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad. 2.- Para los efectos a que se refiere el numeral anterior, el Gobierno Nacional dispondrá de la suma de UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL MILLONES ($1.220.000.000.000) DE PESOS Mcte, cifra que se distribuirá en los presupuestos anuales, iniciando en la vigencia fiscal de 2013, y culminando en la vigencia Fiscal de 2018 (…) El proceso de ajustes en los sistemas de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, iniciará igualmente en la vigencia fiscal del 2013 y se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera…”.
(Negrita fuera del texto) Posteriormente, el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 382 de 2013 creó la bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pagadera de forma permanente y mensual a partir del 1 de enero de 2013; erigida como factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de seguridad social en salud y pensión en los siguientes términos: “Artículo 1.
Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y quienes vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…) Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en 12 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.
A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para tos mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.
Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE”. En el artículo 3 del citado Decreto, se advierte que «ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4a de 1992.
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos». Luego la bonificación judicial fue ajustada a través de los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 299 de 2024, que reiteran que constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Así se colige que la bonificación judicial fue excluida de la base para la liquidación de las prestaciones sociales que perciben los servidores judiciales -Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación-; surgiendo así la necesidad de determinar si en la creación de dicho emolumento, el Gobierno Nacional tuvo en cuenta las disposiciones constitucionales, convencionales y legales, para excluir dicho emolumento de la connotación salarial. 5.1.
Postura del Consejo de Estado frente al concepto de salario y su alcance en la bonificación judicial. De inicio, es importante tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha sido uniforme en concluir que salario es todo emolumento que de manera habitual y periódica percibe el trabajador como retribución por su servicio, independientemente de la denominación que se le asigne.
En este sentido, se extrae lo que ha definido el Consejo de Estado12: 12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2016. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad. 25000- 23-37-000-2012-00091-01. 13 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA “(…) para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes.
Así, no sólo se hace referencia a la cifra quinquenal o mensual percibida por el empleado -sentido restringido y común del vocablo-, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras – entre otras denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.
Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho.
A partir de la Constitución de 1991, es evidente la relevancia del derecho laboral dentro de la configuración de un orden social y económico justo y más cercano a la realidad, en cuyo desarrollo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha debido intervenir,7 en buena parte por la falta del estatuto del trabajo al que se refiere el artículo 53 Superior ( )”13.
“(…) Desde la perspectiva del artículo 127 del CST, el salario mensual corresponde a todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la forma o denominación que adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, trabajo suplementario, trabajo en días de descanso obligatorio o porcentajes sobres ventas y comisiones), incluyendo los salarios pagados en moneda extranjera (…)”.
Concretamente, frente al carácter salarial de la bonificación judicial, el Consejo de Estado14 confirmó la decisión de «inaplicar por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, contenida en el artículo primero del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modificaron”, y en su lugar, aplicar el artículo 53 de la Carta y el principio constitucional de equidad», ordenando además la inclusión de la bonificación salarial en la base de liquidación como factor salarial, que se había definido en la sentencia recurrida.
De lo definido por el órgano de cierre de esta jurisdicción se extrae lo siguiente: “Además de las anteriores consideraciones, la Sala recuerda que existe una sólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera 13 SU-995 de 1999. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de noviembre de 2022.
Conjuez Ponente: Sol Marina de la Rosa. Rad. 76001233300020160133201 (66117) (AG). 14 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA liberalidad del empleador. Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, pues constituye una retribución directa por sus servicios, incluidas las bonificaciones habituales, conforme se demostró en los documentos obrantes en el expediente.
Por ello en aplicación del artículo 4º de la Constitución Política y la jurisprudencia de las Altas Cortes, es válida la inaplicación en el caso concreto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud” para, en su lugar, aplicar los principios y mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Nacional, como lo dispuso el juzgador de primera instancia”.
En una oportunidad anterior, la misma Corporación15 sostuvo en torno a la naturaleza salarial de la bonificación judicial contenida en el Decreto 382 de 2013 que: i) al haber señalado el Legislador que la revisión del sistema de remuneración se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos, el Gobierno Nacional debió sujetarse a ese marco, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo a crear una bonificación ajena, según el Decreto 382 de 2013, por cuanto el mismo indica que dicha bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”, y que ii) la bonificación judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales, concluyendo lo siguiente: En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política”.
Así, se colige que la postura actual del Consejo de Estado consiste en que la bonificación judicial constituye factor salarial al corresponder a una suma que habitual y periódicamente percibe el servidor, y por ende avala la inaplicación de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo primero de los Decretos 382 de 2013 y/o 383 de 2013, según corresponda, y demás normas que lo modificaron, y la consecuente inclusión del mismo para la reliquidación de las prestaciones sociales. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de abril de 2022.
Conjuez Ponente: Carmen Anaya de Castellanos. Rad. 76001233300020180041401 (0470-2020). 15 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Bajo las anteriores consideraciones se impone a la Sala resolver el asunto que es objeto de análisis. 6.
Caso Concreto. Se encuentra demostrado que el señor LUIS EDUARDO JURADO NARVAEZ, ingresó a laboral a la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de julio de 1992, desempeñándose para el momento de la presentación de la demanda como Técnico Investigador IV, como se observa en la constancia de servicios prestados16. El 11 de octubre de 202117 el demandante, actuando mediante apoderado, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y la consecuente reliquidación y pago indexado de todas las primas y prestaciones causadas y que se causen a futuro.
A través del Oficio No. 30900-460 del 3 de noviembre de 202118, la Subdirectora Regional de Apoyo – Orinoquía de la Fiscalía General de la Nación, negó la solicitud del demandante, refiriendo para el pago y liquidación de la bonificación judicial, la entidad se ha ajustado a los lineamientos trazados por la normatividad. Contra el anterior Acto Administrativo no concedió el recurso de apelación, y solo concedió el Recurso de Reposición, el cual no es obligatorio ejercer para acudir a la Jurisdicción de la Contencioso Administrativo, quedando de esta forma agotada la actuación administrativa.
Así, se deduce que al encontrarse vinculado el señor EDUARDO JURADO NARVAEZ a la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992, con ocasión de la expedición del Decreto 382 de 2013, percibe la bonificación judicial a partir del 1 de enero de 2013, en la forma y términos contemplados en el artículo 1 de ese compendio normativo.
En este sentido, se observa lo devengado por concepto de bonificación judicial en la constancia de servicios prestados y en los comprobantes de nómina19 aportados con la demanda. Conforme se analizó en precedencia, la bonificación judicial fue excluida de la base de liquidación de las prestaciones sociales que perciben los servidores judiciales, habida cuenta que fue creada como factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión. Sin embargo, en el plenario quedó plenamente demostrado que el demandante la ha devengado de manera habitual y periódica; lo que quiere decir que su naturaleza es salarial porque constituye un ingreso personal recibido como retribución directa del servicio prestado. 16 ««12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm(.pdf) NroActua 1 (fl 59 ) -SAMAI índice 1 Juzgado»». 17 ««12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm(.pdf) NroActua 1 (fls 49-52) -SAMAI índice 1 Juzgado». 18 ««12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm (pdf) NroActua 1 (fls 53-57) -SAMAI índice 1 Juzgado». 19 ««12Radicacion Y Re_1_Correo_Juzgado404Adm (pdf) NroActua 1 (fls 62-64) -SAMAI índice 1 Juzgado». 16 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Para efectos estrictamente conceptuales, es necesario recordar que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra que «constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones», y en concordancia, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, concerniente a las relaciones laborales del sector público, establece que «además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios».
En este sentido, se recuerda que el Consejo de Estado ha señalado que «para que una erogación se califique como salario debe: (i) ser una suma que habitual y periódicamente recibe el empleado; (ii) remunerar de forma directa y onerosa la prestación de un servicio; (iii) constituir un ingreso personal del trabajador en su patrimonio, y (iv) ser de carácter retributivo por la labor desarrollada; es decir, que se originen en el marco de una relación laboral» exigencias que se reúnen en el sub judice, en el entendido que la bonificación judicial corresponde a un pago constante, que de manera mensual perciben los servidores judiciales.
De otra parte, debe indicarse que la Ley 4 de 1992, que le otorgó facultades al Gobierno Nacional para expedir el Decreto 382 de 2013, no contempla ningún límite o exclusión prestacional en la nivelación que ordenó revisar20, de lo que puede colegirse que el Ejecutivo Nacional excedió el ejercicio de las atribuciones reglamentarias21 al no otorgarse el carácter y la naturaleza salarial a la bonificación judicial.
Ahora, en cuanto al argumento referente a que el Decreto 382 de 2013 fue expedido en virtud de un acuerdo suscrito entre agremiaciones sindicales y el Gobierno Nacional, debe indicarse que dichas negociaciones debían observar las garantías fundamentales, los derechos laborales, y los principios de salario vital y móvil, irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad, entre otros; con mayor razón, teniendo de presente que el objeto de la bonificación judicial consistía en aumentar, como nivelación, el valor del monto reconocido como contraprestación directa de los servicios prestados por los servidores judiciales.
En este punto, se recuerda que el Consejo de Estado ha concluido que la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de 20 Parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. 21 La actividad reglamentaria se encuentra limitada y encausada por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su espíritu.
Dicho en otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma suprior de derecho, el presidente de la República no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se dispone. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00. 17 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», es incompatible con el ordenamiento constitucional, en el entendido que, al concurrir en la bonificación laboral todos los elementos que la legislación laboral establece sobre la noción de salario, necesariamente debe considerarse dentro de la liquidación de las prestaciones sociales, en aras de no quebrantar el derecho al trabajo y a su remuneración en condiciones dignas y justas, al igual que los principios de progresividad, primacía de la realidad sobre las formas y equidad, y no desconocer los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política.
Finalmente, en cuanto al argumento esgrimido por la recurrente, relacionado con que el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial se contrapone a la sostenibilidad fiscal, debe indicarse que no es procedente acoger el mismo, pues el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política prevé que «bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva», de tal manera que no es posible contrariar los derechos fundamentales, bajo el pretexto de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera acertada la decisión del a quo en el sentido de i) inaplicar por inconstitucional la expresión «se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» referida en el artículo 1 de los decretos 382 de 2013 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan, al acudirse control de constitucionalidad por vía de excepción, con la única finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte demandante vulnerados con la exclusión de la bonificación judicial como factor salarial, sin que resulte necesaria la comprobación de la existencia de un perjuicio irremediable o afectación de su derecho a un mínimo vital, recordándose que para la aplicación de esta figura es suficiente con que la norma objeto de inaplicación -artículo 1 del Decreto 382 de 2013- contraríe de manera ostensible las garantías constitucionales, como ocurre en el sub judice.
También se estima bien adoptada la decisión de ii) declarar la nulidad del acto administrativo acusado; y iii) ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante para que se incluya como factor salarial la bonificación judicial a partir del 11 de octubre de 2018 y mientras perdure la vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación. Por último, se considera acertado el análisis realizado por el a quo frente a la prescripción, toda vez que pese a devengar la prestación desde el mes de enero de 2013, se realizó la petición de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial el 11 de octubre de 2021, encontrándose así prescritos los ajustes prestacionales causados con entre el 1 de enero de 2013 y el 10 de octubre de 2018.
En ese orden de ideas, se desestiman los argumentos de apelación, y en su lugar, la Sala deberá confirmar la sentencia recurrida. 18 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2023-00176-01 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA 7. Condena en costas. En esta instancia no se condenará en costas a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 365 del C.G.P -aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A, pues aunque el numeral primero menciona que «se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación», en concordancia con el numeral octavo según el cual «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación», al no evidenciarse actuación alguna en sede de apelación por la parte actora, no se tendrán por causadas.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Meta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de mayo de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio Del Circuito Judicial de Villavicencio, por cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. - Ejecutoria la presente providencia, por Secretaría, envíese el expediente al Juzgado de origen. Esta providencia fue discutida y aprobada en Sala de Decisión de fecha 03 de abril de 2025, según consta en el Acta No. 019 de la misma fecha, y se firma electrónicamente22 por quienes la integran.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, (Firma electrónica) NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA Magistrada (Firma electrónica) JUAN DARÍO CONTRERAS BAUTISTA Magistrado (Firma electrónica) CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO Magistrado. 22 A través del aplicativo SAMAI para lo cual podrá validarse en el siguiente enlace: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx