REPUBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA SALA CUARTA DE DECISIÓN MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR Florencia-Caquetá, primero (01) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA RADICACIÓN: 18001-33-33-004-2023-00464-01 ACCIONANTE: ALEXANDER TOVAR PLAZA ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV ACTA: 006 DE LA FECHA SENTENCIA 1.
ASUNTO Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte accionada, en contra del fallo de tutela de fecha 12 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante el cual resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor ALEXANDER TOVAR PLAZA. 2.
ANTECEDENTES 2.1 POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA ALEXANDER TOVAR PLAZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7643005, promovió acción de tutela en contra de UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV, por considerar que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales de petición, principio de buena fe, mínimo vital, debido proceso, a la reparación, dignidad humana e igualdad.
Manifiesta que es víctima del conflicto armado que vive en el país y se encuentra incluida en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento, que el 04 de septiembre de 2023 elevó petición ante la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV, a través del cual solicita información sobre las personas relacionadas en su escrito, a quienes les cancelaron la indemnización en vigencia de la Resolución 01049 del 15 de marzo del 2019, informándole si contaban con alguna condición, de ser así, cuál, o si contaban con orden judicial, también se le indicara si ha tenido turno GAC en algún momento y de ser así enviarle copia clara y legible; igualmente se sirvan entregarle por este medio todas las contestaciones que a la fecha ellos han emitido para él, llámense fallos de tutelas contestaciones de derechos de peticiones, oficios entre otros, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta de fondo.
Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia Solicita el amparo de sus derechos, ordenando a la entidad accionada que en un plazo máximo de 48 horas le haga entrega de la indemnización administrativa, así mismo, le informe si ha tenido en algún momento turno GAC y le haga entrega de todas las contestaciones que la unidad a emitido en su momento llámense, fallos de tutelas y oficios varios.
2.2. POSICIÓN DE LA ACCIONADA - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV Al rendir el informe solicitado, manifiesta que ALEXANDER TOVAR PLAZA se encuentra incluido en el RUV por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, según el radicado 317504, en marco de la Ley 387 de 1997. Refiere que a través de comunicación No. 20232047728-1 de fecha 04 de diciembre de 2023, dio respuesta a la petición del señor ALEXANDER TOVAR PLAZA, la cual fue enviada a la dirección de notificaciones suministrada por el accionante para esos afectos, informándole que no cuenta con ninguna de las situaciones descritas como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para priorizar la entrega de la indemnización administrativa reconocida mediante Resolución No. 04102019-669059 del 20 de mayo de 2020.
Aduce que de acuerdo con la Resolución 1049 de 2019 y luego de todas las gestiones técnicas y operativas que se realizaron con el apoyo de la Red Nacional de Información, el 25 de agosto de 2023, procedió a dar aplicación al Método Técnico de Priorización a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior contaban con decisión de reconocimiento del derecho a la medida de indemnización, así como también a aquellas personas que no obtuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en las vigencias 2020, 2021 y 2022 y que dicho resultado, será comunicado antes de finalizar la presente anualidad, por lo que es imposible dar fecha cierta y/o pagar la indemnización administrativa.
Solicita que se nieguen las pretensiones de la acción constitucional por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado Con el informe allegan los siguientes documentos: 1. Derecho de Petición de 04 de diciembre de 2023_codlex 7755478 2. Comprobante de envío 3. Resolución Nº 04102019-669059 del 20 de mayo de 2020 4.
Notificación Resolución Nº 04102019-669059 del 20 de mayo de 2020 5. Oficio Resultado método técnico de priorización Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia
3. SENTENCIA IMPUGNADA El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante providencia de fecha 12 de diciembre de 2023, en lo pertinente resolvió: “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de ALEXANDER TOVAR PLAZA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta decisión, proceda a remitir vía electrónica, la totalidad de las contestaciones que la unidad ha emitido en su caso, fallos de tutelas y oficios varios, al señor ALEXANDER TOVAR PLAZA con la cédula de ciudadanía No. 17.643.005 de Florencia, debiendo aportar al expediente memorial acreditando el cumplimiento de la orden impartida al proceso de la referencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción, por las razones antes expuestas (…)” Sostiene la a quo: “(…) Por lo anterior, la comunicación dada no puede ser considerada como de fondo o completa, pues la entidad debió remitirle al accionante la totalidad de los documentos que reposan en los archivos de la entidad, por lo que a juicio de este Despacho, dicha omisión constituye una flagrante vulneración al derecho fundamental de petición, pues para alcanzar su protección efectiva, requiere que se cumplan con todos los requisitos que establece la jurisprudencia constitucional de ser una respuesta de fondo, clara, completa, precisa, congruente con lo solicitado y notificada personalmente.
(…)”. 4. IMPUGNACIÓN Mediante correo electrónico, enviado el 14 de diciembre de 2023, la accionada impugno la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, solicitando revoque el fallo y en su lugar niegue las peticiones de la acción constitucional, al considerar que la Unidad para las víctimas se pronunció frente a cada Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia uno de los requerimientos elevados por el señor ALEXANDER TOVAR PLAZA, por lo tanto, conforme a las pruebas obrantes en el proceso se configura el hecho superado. 5.
CONSIDERACIONES 5.1. COMPETENCIA Es competente la Sala para conocer de la presente Acción de Tutela de conformidad a lo establecido por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 del 2000. 5.2.- PROBLEMA JURÍDICO ¿Al actor se le han vulnerado los derechos fundamentales invocados ante la no respuesta al derecho de petición elevado a la UARIV en el que solicita hacer efectivo el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado? Precisa la Sala que la impugnación formulada contra el fallo de primer grado se resolverá aplicando en concreto las normas que regulan el asunto, así como la jurisprudencia constitucional, no sin antes examinar los presupuestos procesales de la acción de tutela.
5.3. EL ASUNTO EXAMINADO SUPERA LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Con la finalidad de resolver el amparo solicitado, deberá la Sala primero verificar si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional, y, de superar dichos presupuestos, examinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante al no haber realizado el pago de la indemnización administrativa y que a otros grupos familiares que no cumplen criterios de priorización les ha sido cancelados dichos recursos.
De conformidad con lo establecido por la Corte en Sentencia T-230/20, en el presente caso vemos como se cumplen los presupuestos de: (i) Legitimación por activa: La jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación en la causa, por activa, cuando la tutela es ejercida por la persona afectada en sus derechos; situación que se cumple en la acción de tutela objeto de estudio frente al actor señor ALEXANDER TOVAR PLAZA, quien solicitó el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados.
Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia (ii) Legitimación por pasiva La entidad demandada es la que presuntamente ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante señor ALEXANDER TOVAR PLAZA. (iii) Subsidiariedad Sobre la subsidiariedad, la cual exige “que no exista otro medio de defensa que sea idóneo, o cuando existiendo no sea expedito u oportuno o sea necesario el amparo para evitar un perjuicio irremediable”,1 igualmente se encuentra acreditado en razón a que, el titular de los derechos no tiene a su alcance un medio eficaz para la entrega de la indemnización administrativa a la que tiene derecho.
En el presente caso la Sala encuentra acreditado que el asunto, tiene relevancia constitucional al tratarse de la presunta vulneración de derechos fundamentales de personas de especial protección constitucional, como son las víctimas del conflicto armado. Al encontrar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela se acreditaron de forma concurrente, la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal tiene competencia para revisar el fondo del asunto
5.4. LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Así mismo, la Honorable Corte Constitucional, tiene consolidada una importante línea jurisprudencial entorno al derecho fundamental de petición. En distintas providencias se ha determinado el alcance de ese derecho y se ha manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna;
(ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos aspectos conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia implicaría una infracción seria al principio democrático.
Del mismo modo, la Sentencia T-377 de 2000 también señala: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. 1 Sentencia T-571 de 2015, M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.
Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2.
Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad.
Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. ( ) g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” En este orden de ideas, dado el carácter y la connotación constitucional del derecho de petición dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar el cumplimiento del mencionado derecho.
En este sentido, la Corte Constitucional sostiene: Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia “Así pues, el artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridad públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En la misma línea, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.
Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.” Del mismo modo, la Honorable Corte Constitucional se ha encargado de establecer cuáles son los componentes elementales del núcleo conceptual del derecho de petición. Esto con el fin de determinar sí la petición fue resuelta a cabalidad dentro de los parámetros legales que se exigen para la expedición de esta respuesta.
Literalmente señaló: De esta forma, la voluntad del Constituyente de incluir el derecho de petición dentro del capítulo de la Carta Política conocido como “de los derechos fundamentales” no fue otra que garantizar, de manera expresa, a los gobernados la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
Así, pueden identificarse los componentes elementales del núcleo conceptual del derecho de petición que protege la Carta Fundamental de 1991, consistentes en la pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda que ha resuelto de fondo y satisfecho la solicitud del peticionario.
Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.
(negrilla fuera de texto) Ahora bien, sobre la finalidad que cumple el derecho de petición, especialmente ante autoridades públicas, la Honorable Corte Constitucional, estableció: (…) La Corte Constitucional precisó los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, destacando que “tiene una doble finalidad. De un lado, permite a los interesados elevar peticiones respetuosas ante las autoridades.
De otro lado, garantiza que la respuesta a la solicitud sea oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado, imponiendo una obligación a cargo de la administración”. En cuanto al núcleo esencial del derecho fundamental de petición, esto es, aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, que además no pueden ser intervenidos sin que se afecte su garantía, estableció que se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión. No obstante, a lo anterior, la importancia legal y constitucional de la que está revestido el derecho fundamental de petición no permite concluir que las todas las peticiones – necesariamente- deban ser despachadas favorablemente.
Al respecto la Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar: Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.
Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(…) producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que, si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.” 5.4.1.
Términos para resolver las peticiones –ley 1755 de 2015- Tenemos que el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece que el término para contestar una petición de información, es de 15 días, contados a partir del día siguiente de su recepción. El tenor literal es el siguiente: Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia “Artículo 14.
Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.” En el caso particular de la población desplazada en nuestro país, el derecho fundamental de petición adquiere aún más importancia, dada la utilidad y eficiencia que este instrumento constituye para este sector de la población tan vulnerable; pues a través del mismo, pueden no sólo acceder a la información que requieren, sino también alcanzar los programas y ayudas que el Estado Colombiano ha implementado para mitigar este fenómeno. Es por esto que la jurisprudencia2 ha señalado: (…) Este instrumento constitucional da la posibilidad a los ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales, con el fin de lograr una resolución pronta a sus requerimientos, como en el caso específico de los desplazados por la violencia, quienes tienen derecho a recibir beneficios de atención y de reparación a través de diferentes mecanismos, entre ellos el otorgamiento de las ayudas humanitarias y de otras ayudas para lograr superar sus condiciones de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta.
Por tal motivo, recaba la Sala en que el derecho fundamental de petición se convierte en un derecho fundamental y determinante para hacer efectivo los mecanismos de la democracia participativa. A través de éste se garantizan los derechos protegidos en la Constitución Política como el de información, participación política y la libertad de expresión, entre otros, y especialmente los derechos fundamentales de la población más vulnerable, tales como las víctimas de desplazamiento forzado por cuanto en estas últimas son 2 Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia T-831A de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C. Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia más notorias y dramáticas sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y ven vulnerado todos sus derechos fundamentales, incluyendo su derecho al mínimo vital. (…) 3.1.2 De otra parte, este Tribunal ha prestado especial atención a desarrollar el alcance normativo de la manera en que deben ser contestadas y se debe dar respuesta a las peticiones de la población desplazada, por parte de las entidades responsables de su atención y reparación, hoy en cabeza de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Victimas: "Así, cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente.
En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. "3 En el mismo sentido, también se expuso4: Unido a lo anterior, es necesario resaltar que no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario.
Igualmente, el derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de las personas en situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a 3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C. 4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-192 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo. Bogotá D.C. Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia la información, a la participación política y a la libertad de expresión", entre otros; o incluso los derechos fundamentales de la población desplazada.
Sobre el particular, esta Corporación ha manifestado: "(…) el funcionario público debe ser formado en una cultura que marque un énfasis en la necesidad de servir diligentemente a los ciudadanos y en especial a aquellos que se encuentren marginados por la pobreza, por la indefensión, por la ignorancia, por las necesidades de toda índole, tanto más cuanto como bien lo señala la sentencia de la Corte Constitucional T-307 de 1999, ‘esas condiciones de pobreza y vulnerabilidad pueden llegar a producir una cierta 'invisibilidad' de esos grupos sociales.(…) La Corte se ha pronunciado, además, a favor de una modalidad reforzada del derecho de petición que exige a los funcionarios y servidores públicos atender de modo especialmente cuidadoso ‘las solicitudes de aquellas personas que, por sus condiciones críticas de pobreza y vulnerabilidad social, acuden al Estado en busca de que las necesidades más determinantes de su mínimo vital sean atendidas." (…)” 5.6 EL CASO CONCRETO Pretende el accionante se le amparen sus derechos fundamentales de petición, principio de buena fe, mínimo vital, debido proceso, a la reparación, dignidad humana e igualdad, por cuanto elevó derecho de petición el 04 de septiembre de 2023 ante la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV, solicitando información sobre las personas relacionadas en su escrito, a quienes según expone, les cancelaron la indemnización en vigencia de la Resolución 01049 del 15 de marzo del 2019, informándole si contaban con alguna condición, de ser así, cuál, o si contaban con orden judicial y de no contar con alguna de las condiciones u orden judicial, también se le indicara, así mismo si ha tenido turno GAC, y le haga entrega de todas las contestaciones que la unidad a emitido en su momento llámense fallos de tutelas y oficios varios.
Por su parte la Juez de primera instancia ampara el derecho fundamental de petición del accionante por cuanto analizado el contenido de la respuesta otorgada por la UARIV, la entidad debió remitirle al accionante la totalidad de los documentos que reposan en los archivos de la entidad, y es que al exigirle presentarse a un punto físico para la entrega de las mismos, impone una carga injustificada al actor, toda vez, que los documentos solicitados podían ser remitidos al correo electrónico autorizado por el señor ALEXANDER TOVAR PLAZA; omisión que constituye una flagrante vulneración al derecho fundamental de petición, pues para alcanzar su protección efectiva, requiere que se cumplan con todos los requisitos que establece la jurisprudencia constitucional de ser una respuesta de fondo, clara, completa, precisa, congruente con lo solicitado y notificada personalmente.
Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia La parte accionada impugno la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, solicitando revoque el fallo y en su lugar niegue las peticiones de la acción constitucional por configurarse el hecho superado. En el presente asunto deberá la Sala, establecer si la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, le ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, principio de buena fe, mínimo vital, debido proceso, a la reparación, dignidad humana e igualdad del accionante ALEXANDER TOVAR PLAZA como consecuencia del no pago de la indemnización administrativa a la que tiene derecho por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
EN CUANTO AL HECHO DE SI SE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN POR PARTE DE LA UARIV A LA ACCIONANTE Una vez revisado el material probatorio recaudado, se puede verificar que la accionada con oficio No. 20232047728-1 de fecha 04 de diciembre de 2023, dio respuesta a la petición del señor ALEXANDER TOVAR PLAZA, la cual fue enviada al correo suministrado por el peticionario: notificacionesjudicialescecompe@hotmail.com, en la que le informan al accionante que a la solicitud de indemnización con número de radicado 317504-1430825, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, se dio una respuesta de fondo a través de la Resolución Nº 04102019-669059 del 20 de mayo de 2020, la cual fue notificada por aviso el 14 de agosto del mismo año, al no haberse acreditado ninguna de las situaciones descritas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y 1 de la Resolución 582 de 2021 como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, se debió dar aplicación al Método Técnico de Priorización para determinar el orden de entrega de la indemnización, por lo que no es posible que se expida fecha cierta de pago de la indemnización y carta cheque ya que deberá estar sujeto al resultado del Método Técnico de Priorización. Por lo que la Unidad para las Víctimas, el 25 de agosto de 2023, procedió a dar aplicación al Método Técnico de Priorización a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior contaban con decisión de reconocimiento del derecho a la medida de indemnización, así como también a aquellas personas que no obtuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en las vigencias 2020, 2021 y 2022, de acuerdo con el resultado obtenido, hasta antes de finalizar la presente anualidad, la Unidad le informará si es posible o no materializar la entrega de la indemnización administrativa en el presente caso.
Respecto de que se le informe si las personas relacionadas en el escrito, contaban con algún tipo de prioridad o como se llevó a cabo el pago de la medida de reparación, no se le puede suministrar la información solicitada, por tener reserva constitucional. Referente a los Turno GAC, adujo que eran entregados con anterioridad y respecto a la solicitud de las copias de las contestaciones emitidas por la Entidad a los escritos de petición y escritos de tutelas, en aras de salvaguardar la información que reposa en la Entidad, dichos documentos le serán entregados en el punto de atención más cercano al lugar de residencia. Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia Encuentra la Sala que, de las pruebas allegadas se tiene que la UARIV dio respuesta al derecho de petición elevado por el accionante el 04 de septiembre del 2023, pero esta no fue clara y de fondo, pues no le indico el resultado del método de priorización practicado en la vigencia 2023; igualmente no le envío los documentos solicitados, máxime cuando suministro un correo para el efecto, por lo tanto le asiste razón a la a- quo al amparar el derecho fundamental de petición del señor ALEXANDER TOVAR PLAZA, pero esta decisión será modificada, en el sentido de que se ordenara a la accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, informe el resultado del método técnico de priorización aplicado en la vigencia fiscal – 25 de agosto de 2023 y proceda a remitirle al actor la totalidad de los documentos que reposen en los archivos de la entidad y que se relacionen con él y con su núcleo familiar, en aras de atender la petición de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado, además de proceder a notificar y remitir de acuerdo a las direcciones electrónicas aportadas.
DECISIÓN En virtud de lo anterior, la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Caquetá, administrando Justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, Caquetá, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el punto segundo, el cual quedara así: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a informar el resultado del método técnico de priorización aplicado en la vigencia fiscal – 25 de agosto de 2023 y remitirle al señor ALEXANDER TOVAR PLAZA la totalidad de los documentos que reposen en los archivos de la entidad y que se relacionen con él y con su núcleo familiar, en aras de atender la petición de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado, además de proceder a notificar y remitir de acuerdo a las direcciones electrónicas aportadas.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y al Ministerio Público en forma personal, o por cualquier medio que resulte expedito, así mismo remitir comunicación de la presente decisión al Juzgado de origen.
CUARTO: Para su eventual revisión, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional. Acción de Tutela 18001-33-33-004-2023-00464-01 Sentencia Segunda Instancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. YANNETH REYES VILLAMIZAR EDITH ALARCÓN BERNAL Magistrada Magistrada PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE Magistrado Ausencia Legal CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Caquetá en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Puede validar la autenticidad del documento ingresando en el siguiente link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx