Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Plena Magistrada: Edith Alarcón Bernal 1 de 3 Florencia, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: EVILSON SALAZAR CAMACHO Demandado: NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Expediente: 180013333004-2019-00890-021 Tema: DECLARA IMPEDIMENTO CONJUNTO Acta No. 80 de la fecha I. ASUNTO Encontrándose el proceso para resolver sobre admisión del recurso de apelación, se advierte que en el presente asunto se configura una de las causales de impedimento contenidas en el artículo 141 del CGP, en cabeza de los magistrados de esta Corporación. II.
ANTECEDENTES Evilson Salazar Camacho, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.886.280, formulo demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 31500-20350-3127 del 22 de diciembre de 2017 y el acto ficto generado por el silencio administrativo frente al recurso de apelación de fecha 25 de enero de 2018, por medio de los cuales se negó a “reliquidar las prestaciones sociales devengadas en su condición de servidora judicial, desde el año 2013”, como consecuencia de la inaplicación por inconstitucionalidad del apartado contenido en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y los que año a año lo modifican, por haberse incurrido en violación a las normas en que debió fundarse y falsa motivación en su expedición por parte de La Nación – Fiscalía General de la Nación. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la demandada i) el reconocimiento del carácter de factor salarial de la bonificación judicial que percibe el accionante desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha en que permanezca vinculado a la Fiscalía General de la Nación; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales pagadas al accionante desde el 1 de enero de 2013, en adelante y por el tiempo que permanezca vinculado a la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la bonificación judicial reclamada; iii) el pago de las diferencias causadas entre lo efectivamente pagado por concepto de prestaciones sociales y lo reliquidado incluyendo para tal efecto la bonificación judicial de que tratan los Decretos No. 382 de 2013, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018.
Aunado a lo anterior, pidió que las sumas reconocidas sean indexadas conforme al IPC, a su vez, en caso de no efectuar el pago de manera oportuna, la entidad liquidara los intereses comerciales y moratorios. 1 Link Samai: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=180013333004201900890001800133 Referencia: Declara impedimento conjunto Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho Radicación: 180013333004-2019-00890-02 2 de 3 El proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, el cual se declaró impedido para conocer del caso.
El Juez 403 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio accedió a las pretensiones de la demanda el 30 de junio de 20232, frente a lo cual, la entidad interpuso recurso de apelación, que fue concedido mediante auto de 31 de julio de 20233. III. CONSIDERACIONES En relación con los impedimentos, el Consejo de Estado ha precisado que estos: “(…) están instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, por ello, la Ley procesal estableció, de manera taxativa, unas causales de impedimento y recusación, cuya configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, determina la separación de su conocimiento (…) en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia.4” El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en concordancia con el Código General del Proceso6, establece que los magistrados y jueces en quienes concurra causal de recusación deben declararse impedidos tan pronto como lo adviertan su existencia, expresando los hechos que fundamentan la declaratoria.7 El CGP en su artículo 141, establece: Causales de Recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1.
Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. (…) El Consejo de Estado ha precisado que para que se estructure este impedimento “es menester que se trate de un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento, de manera que impida una decisión imparcial”8.
En ese marco considerativo, se tiene que lo que se demanda es la nulidad de actos administrativos que denegaron la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial de un empleado de la Fiscalía General de la Nación, es decir, que,\ se trata de juzgar la legalidad de normas que guardan estrecha similitud con el régimen salarial y prestacional aplicable a jueces y magistrados; en esas condiciones, es evidente que el interés que afecta a los suscritos está dado al encontrarnos en condiciones laborales análogas a las del actor, por lo que el eventual fallo a proferirse genera expectativas en cuanto al régimen salarial a nosotros aplicable. 2 Índice 36 del aplicativo web de SAMAI –Gestión en otras Corporaciones. 3 Índice 39 del aplicativo web de SAMAI –Gestión en otras Corporaciones. 4Sentencia del Consejo de Estado, Subsección A, del siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. 5 En adelante CPACA, corresponde a la ley 1437 de 2011. 6 En adelante CGP, corresponde a la ley 1564 de 2012. 7 Lo anterior previsto en los artículos 130 y 140 del CPACA y CGP respectivamente. 8 Consejo de Estado-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 12 de febrero de 2002. Radicado: 11001-03-15-000-2001-0312-01 Referencia: Declara impedimento conjunto Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho Radicación: 180013333004-2019-00890-02 3 de 3 En consecuencia, y en aras de garantizar el principio de imparcialidad consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, y 5º de la Ley 270 de 1996, se declarará el impedimento que comprende a todos los Magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, razón por la cual se procederá a remitir el expediente al Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 131 del CPACA, modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021.
En mérito de lo expuesto, la SALA PLENA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR el impedimento de los Magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Caquetá, para conocer del presente asunto.
SEGUNDO: REMITIR el presente proceso al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 131 del CPACA, modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021.
TERCERO: Por Secretaría procédase de conformidad previo registro de las correspondientes anotaciones. Notifíquese y cúmplase Los magistrados, EDITH ALARCÓN BERNAL ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ YANNETH REYES VILLAMIZAR PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE