REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Magistrado Ponente: DILAM ANDRÉS GÁMEZ QUIJADA Riohacha Distrito Especial, Turístico y Cultural, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del C.P.A.C.A.1, procede el Tribunal Administrativo de La Guajira2 a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada [departamento de La Guajira] contra la sentencia de 27 de marzo de 2025 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO La sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda consistentes en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía parcial solicitada por el accionante. El Tribunal confirma la sentencia apelada, habida cuenta que la solicitud de reconocimiento de cesantías de la accionante debe tenerse por radicada en la fecha en la que el usuario aportó la información completa, esto es, el 22 de septiembre de 2022, y no al momento de la validación por parte de la entidad, pues la referida actuación ocurrió por fuera del plazo legal previsto para tal efecto.
En consecuencia, el reconocimiento de la cesantía requerida se realizó de forma extemporánea por parte del departamento de La Guajira, motivo por el cual dicha entidad es responsable del pago de la sanción por mora causada.
ANTECEDENTES I. La demanda3 1. Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Yair Enrique Mendoza Castro pidió la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 30 de junio de 2023, mediante el cual, las entidades demandadas negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019. 1 […]Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos […]. 2 El proceso ingresó al despacho para fallo el 23 de octubre de 2025, mediante informe secretarial visible a folio 692 contenido en el expediente indexado. 3 Visible a folios 1 a 16 del expediente indexado.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro Demandadas: Nación – Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [FOMAG]– Fiduprevisora S.A. – departamento de La Guajira – secretaría de educación Consecutivo: 177 Temas: Sanción moratoria en el régimen docente. // entidad responsable del pago de la sanción por mora en vigencia de la Ley 1955 de 2019. // Medida de administración temporal del sector educativo. 2 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro 2.
Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a las demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, así: i) a la secretaría de educación departamental de La Guajira, desde los 15 días siguientes a la radicación de la solicitud y ii) a la Nación- Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A., desde los 45 días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que le reconoció la cesantía solicitada.
Además, pidió: a) dar cumplimiento a la eventual sentencia favorable según lo previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.; b) ajustar el valor de la sanción moratoria según lo dispuesto en el artículo 187 ibidem; y c) pagar los intereses moratorios y las costas procesales4. 3. Como fundamentos fácticos de la demanda5, indicó que, el señor Yair Enrique Mendoza Castro [en calidad de docente oficial] presentó solicitud el 22 de septiembre de 2022 ante la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [FOMAG], para requerir el reconocimiento y pago de su cesantía parcial, que le fue concedida mediante Resolución GUAJIRAC2023000001 de 27 de diciembre de 20226, expedida por la secretaría de educación del ente territorial, cuyo pago se realizó ante la correspondiente entidad bancaria el 25 de enero de 2023. 4.
Señaló que las entidades accionadas incurrieron en 89 días de mora en el pago de la cesantía del accionante; por tal motivo, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria mediante petición el 30 de marzo de 2023, según los parámetros fijados en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, la cual no fue decidida dentro de los 3 meses siguientes a la radicación de la solicitud, circunstancia dio lugar al silencio administrativo negativo.
II. Sentencia de primera instancia7 5. Mediante sentencia de 27 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha declaró la nulidad del acto administrativo demandado, que negó el reconocimiento y pago de una sanción moratoria al accionante por el pago tardío de sus cesantías parciales y, en consecuencia, se condenó al departamento de La Guajira a reconocer y pagar dicha penalidad en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, desde el 5 de enero de 2023 hasta el 24 de enero del mismo año. Como fundamento de su decisión sostuvo que: 6.
En este caso, la solicitud completa de reconocimiento de cesantías parciales fue presentada el 22 de septiembre de 2022, por lo que la entidad debía realizar el pago a más tardar el 4 de enero de 2023; sin embargo, puso a disposición los recursos respectivos de manera extemporánea el 25 de enero de 2023, motivo por el cual incurrió en mora en el pago de la prestación solicitada por la accionante en el período comprendido entre el 5 de enero de 2023 [día siguiente a la fecha en que debió cancelarse la prestación] hasta el 24 de enero de 2023 [día anterior al pago efectivo del auxilio] 7.
Indicó que, el departamento de La Guajira remitió para pago el acto administrativo definitivo, notificado y ejecutoriado al FOMAG el 13 de enero de 2023, esto es, por fuera del plazo dispuesto para tal efecto de conformidad con lo establecido en el Decreto 1272 de 2018. En ese sentido, el término de 45 días con el que contaba el FOMAG para efectuar el pago se vencía el 17 de marzo de 2023, por tanto, al haber puesto los dineros reconocidos a disposición del accionante el 15 de enero de 2023 no incurrió en mora.
Por 4 Según se observa en los folios 1 y 2 del expediente indexado. 5 Visible a folios 3 a 5 del expediente indexado. 6 Visible a folios 26 a 28 del expediente indexado. 7 Visible a folios 558 a 571 del expediente indexado. 3 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro lo anterior, determinó que el pago de la penalidad de corresponde al ente territorial, debido a que no cumplió los plazos establecidos para el reconocimiento de la prestación. III.
Recurso de apelación 8. El departamento de La Guajira8 considera que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, debido a que no incurrió en mora. Como fundamento de su solicitud argumentó que el «a quo» realizó una interpretación errada de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, toda vez que, según sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, dicha penalidad se causa a los 70 días hábiles después de radicada la solicitud de cesantías. 9.
Consideró que una es la fecha en la que el interesado allega la documentación al ente territorial y otra distinta es en la que se realiza la radicación, lo cual ocurre después de realizada la correspondiente validación por parte del ente territorial. En este caso, precisó que la solicitud de reconocimiento fue radicada el 27 de diciembre de 2022; en consecuencia, el plazo para efectuar el pago de la prestación vencía el 10 de abril de 2023.
Así, al haberse realizado el pago el 25 de enero de 2023, no se configura mora en el presente asunto. IV. Trámite en segunda instancia 10. En segunda instancia, el asunto correspondió al despacho del Magistrado Ponente9 quien dispuso la admisión del recurso de apelación mediante auto de 9 de septiembre de 202510, en aplicación de lo previsto en el artículo 153 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 247, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El proceso ingresó al despacho para elaborar el correspondiente proyecto de fallo el 16 de octubre de 2025, sin que se recibiera intervención alguna de las partes o del Ministerio público11. CONSIDERACIONES 11. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede el tribunal a resolver de fondo la presente controversia, para lo cual corresponde determinar, si el señor Yair Enrique Mendoza Castro, en su condición de docente oficial, tiene derecho al pago de una sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías parciales reconocidas por medio de la Resolución GUAJIC2023000001, de 10 de enero de 2023, expedida por la secretaría de educación del departamento de La Guajira. 12.
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que condenó al departamento de La Guajira al reconocimiento y pago de la sanción por mora causada desde el 5 de enero hasta el 24 de enero de 2023, debido a que la petición de cesantías fue debidamente radicada por el accionante el 22 de septiembre de 2022, pero el correspondiente reconocimiento ocurrió de forma extemporánea mediante Resolución GUAJIC2023000001, de 10 de enero de 2023.
Además, el pago de la penalidad le corresponde al citado ente territorial por el incumplir los términos para el reconocimiento de la prestación, como se expone a continuación: 8 Visible en archivo a folios 857 a 591 del expediente indexado 9 Según constancia visible en el folio 623 del expediente indexado. 10 Visible en archivo a folios 626 a 627 del expediente indexado. 11 Según informe de secretaría visible a folio 692 del expediente indexado. 4 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro 13.
La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías -parciales o definitivas- constituye una penalidad en favor del trabajador y en contra del empleador con el fin de resarcir los daños causados por el incumplimiento de los términos para el pago de dicho auxilio; además, tiene como finalidad conminar a las entidades competentes para que eviten retardos en la expedición del acto de reconocimiento y realicen su pago oportuno12. 14.
El Consejo de Estado en sentencia de unificación de 18 de julio de 201813 estableció que los docentes oficiales en condición de empleados públicos tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en virtud de lo consagrado en las Leyes 244 de 199514 y 1071 de 200615, consistente en un día de salario por cada día de retardo.
Dicha penalidad se causa por el incumplimiento de los términos perentorios señalados en las citadas disposiciones normativas, los cuales fueron definidos en la referida sentencia unificadora, en los siguientes términos: «Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago» [subrayas fuera de texto]. 15.
Se destaca que la Ley 962 de 200516, en su artículo 56, estableció que las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG –incluidas las cesantías parciales o definitivas– deben ser reconocidas y pagadas por el citado fondo previa aprobación por parte de su administrador –hoy Fiduprevisora S.A.–, sin embargo, corresponde a las secretarías de educación elaborar el proyecto de acto administrativo de reconocimiento.
Por medio del Decreto 2831 de 200517, se estableció términos específicos tanto a las secretarías de educación de los entes territoriales, como a la sociedad fiduciaria administradora del FOMAG para asumir las responsabilidades a su cargo con el objeto de decidir sobre el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes oficiales. 16.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1272 de 201818, en el que estableció plazos a las secretarías de educación y al FOMAG –representado por la entidad fiduciaria– para tramitar las solicitudes de reconocimiento y pago de cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales según los plazos establecidos en la Ley 1071 de 2006, así: i) las solicitudes de cesantías serán resueltas en el término de 15 días, durante el cual, a) la entidad territorial deberá elaborar el proyecto de acto administrativo dentro de los 5 días siguientes a la radicación de la petición y remitirlo a la sociedad fiduciaria para su revisión; b) la entidad fiduciaria contará con 5 días para pronunciarse sobre la aprobación del proyecto y devolverlo a la entidad territorial, y; c) recibido el proyecto con aprobación o desaprobación, la entidad territorial deberá expedir el acto administrativo dentro de los 5 días siguientes; ii) corresponde a las entidades territoriales notificar el acto administrativo y remitirlo inmediatamente a la entidad fiduciaria una vez ejecutoriado y iii) la entidad 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018. Radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18. Accionante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Tolima. 13 Ibidem. 14 «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 15 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.» 16 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 17 Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 18 Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones. 5 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro fiduciaria deberá realizar el pago de las cesantías reconocidas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. 17.
En vigencia de dicha norma, el pago de la sanción moratoria por el incumplimiento de los plazos mencionados correspondía únicamente al FOMAG19, pero dicha circunstancia fue modificada por el artículo 57 de la Ley 1955 de 201920, al establecer, en su parágrafo, que «la entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 18.
De lo expuesto se colige con claridad, que las sanciones por mora causadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019 [25 de marzo de 2019], serán pagadas por las entidades territoriales certificadas en educación, siempre y cuando la mora en el pago de las cesantías se haya generado por el incumplimiento de los términos con los que cuenta la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento y remitirlo a la entidad fiduciaria para su pago.
Si la mora se causa por actos atribuibles a la fiduciaria, será pagado con recursos destinados para tal efecto, según lo establecido en el parágrafo transitorio citado, que determinó lo referido a la apropiación presupuestal21. 19. Con el objeto de reglamentar dicha disposición legal, el gobierno nacional expidió el Decreto 942 de 202222, por medio del cual modificó el procedimiento requerido para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales y estableció que: i) corresponde a la entidad territorial certificada en educación resolver la solicitud de reconocimiento mediante acto administrativo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su radicación completa, ello sin necesidad de validación previa por parte del FOMAG23 y ii) la entidad fiduciaria deberá realizar el pago de las cesantías reconocidas dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo24.
El citado decreto entró en vigor a partir de su publicación el 1° de junio de 2022, motivo por el cual, los trámites de reconocimiento de cesantías iniciados antes de la citada fecha deben ser analizados de acuerdo con lo previsto en el decreto 1272 de 201825. 20. Ahora bien, para los efectos de la presente controversia es necesario destacar que, el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022 estableció que, la entidad territorial certificada en educación deberá resolver la solicitud de cesantías dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación completa por parte del peticionario.
En caso de que la petición no reúna los requisitos necesarios para su estudio, así se hará saber al interesado dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud, quien contará con el término máximo de un mes para aportar los documentos requeridos, so pena de desistimiento. Dicha norma es del siguiente tenor: 19 Según el artículo 2.4.4.2.3.2.28.de la Ley 1071 de 2006 el FOMAG eventualmente podía ejercer las acciones correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación por el incumplimiento de los términos para el reconocimiento de las cesantías a los docentes. 20 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad. 21 Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería para financiar el pago de las sanciones por mora a cargo de Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio. 22 Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación- sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones. 23 Ver artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022. 24 Ver artículo 2.4.4.2.3.2.27 del Decreto 942 de 2022. 25 Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones. 6 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro «[…]Artículo 2.4.4.2.3.2.22.
Término de la Entidad Territorial Certificada en Educación para resolver las solicitudes de reconocimiento y pago de cesantías y su gestión. La solicitud del reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas deberá contener los documentos requeridos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la sociedad fiduciaria que lo administra, de acuerdo con el formulario que adopte para el efecto a través de la herramienta tecnológica.
La Entidad Territorial Certificada en Educación deberá resolver la solicitud de reconocimiento mediante acto administrativo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación completa de la solicitud de reconocimiento por parte del peticionario, a través de la herramienta tecnológica. Parágrafo. En caso de que la entidad territorial observe que la solicitud está incompleta, deberá informar al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalando expresamente los documentos y/o requisitos pendientes, para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
El término para resolver la solicitud empezará a contar a partir del día siguiente en que el interesado subsane y aporte los documentos requeridos y será resuelta de conformidad con lo señalado en el inciso segundo de este artículo. En caso de que el peticionario no allegue dentro del término requerido los documentos o requisitos necesarios para la tramitación de la solicitud, se considerará que ha desistido de la misma, salvo que antes de que se venza el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual al inicialmente otorgado para atender la solicitud.
La Entidad Territorial decretará el desistimiento mediante acto administrativo motivado, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser presentada nuevamente con el lleno de los requisitos legales […]». 21. De acuerdo con lo expuesto y con el objeto de resolver la presente causa judicial, se tiene por demostrado que el señor Yair Enrique Mendoza Castro ostenta la calidad de docente oficial con vinculación departamental y presta sus servicios en la Institución educativa técnica Roig Villalba, en el municipio de Fonseca26, La Guajira.
También se encuentra acreditado que este solicitó el reconocimiento y pago de su cesantía parcial con destino a construcción de vivienda; la cual le fue reconocida por medio de la Resolución GUAJIC2023000001, de 10 de enero de 2023, expedida por la secretaría de educación del departamento de La Guajira27. Igualmente, se encuentra acreditado que el pago de la cesantía parcial reconocida ocurrió el 25 de enero de 202328. 22.
Ahora bien, con el fin de determinar si el citado pago se realizó de forma extemporánea, es necesario establecer la fecha de radicación efectiva de la solicitud de cesantía parcial reconocida al accionante por medio de la Resolución GUAJIC2023000001, de 10 de enero de 2023, la cual constituye el aspecto central del recurso de apelación, en tanto que, para la parte demandada, el juez de primer grado incurrió en error al considerar que la mencionada petición fue efectivamente radicada el 22 de septiembre de 2022, debido a que la presentación de los documentos requeridos realmente tuvo lugar el 27 de diciembre del mismo año. 23.
Con el objeto de establecer la fecha en la que se presentó la petición en cuestión, la Sala estima pertinente analizar la trazabilidad de la actuación administrativa registrada en el sistema «Humano en Línea», que da cuenta que, contrario a lo expuesto por el recurrente, el accionante solicitó el reconocimiento de sus cesantías parciales el 22 de 26 De conformidad con lo consignado en la Resolución GUAJIC2023000001, de 10 de enero de 2023 27 Visible a folios 26 a 28 del expediente indexado. 28 Según certificado de pago de cesantía que obra a folio 369 del expediente. 7 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro septiembre de 2022, pues lo expedido el 27 de diciembre del mismo año fue el radicado correspondiente por parte del ente territorial conforme consta en la certificación aportada al expediente por el FOMAG, así: 24.
De lo anterior, se extrae que, en efecto, fue el 22 de septiembre de 2022 cuando el accionante registró en el sistema «Humano en Línea» la solicitud completa para el reconocimiento y pago de su cesantía parcial, habida cuenta de que la entidad territorial no realizó requerimiento alguno a la interesada dentro de los 10 días siguientes al recibo de la petición, en consecuencia, la citada prestación debió ser reconocida dentro de los 15 días siguientes a la mencionada fecha, en virtud de los términos previstos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, si bien, la entidad territorial debe realizar la validación de los documentos presentados por el interesado para el reconocimiento de su cesantía, tal actuación debe tener lugar dentro del plazo previsto para la expedición del correspondiente acto administrativo pues para ello no se estableció una oportunidad adicional; una interpretación diferente conduciría al desconocimiento de las citadas disposiciones legales. 25.
No es viable, afirmar que en este caso el accionante presentó la solicitud de cesantías el 27 de diciembre de 2022, pues lo que ocurrió en esa fecha fue la validación de la información aportada, que debió ser realizada dentro de los 10 días siguientes al recibo de la petición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022, [vigente al momento de radicación de la solicitud de cesantías].
En ese sentido, al no ser requerida el accionante dentro de dicho término, se entiende que la petición se realizó en debida forma, por lo que debía ser resuelta dentro de los 15 días siguientes a su recibo. 26. Por lo expuesto, para determinar si se causó o no sanción moratoria en el presente asunto, se debe tener en cuenta la fecha en que el accionante radicó de forma completa su petición, esto es, el 22 de septiembre de 2022.
En ese contexto, se tiene que la resolución de reconocimiento debió ser expedida a más tardar el 13 de octubre de 2022, fecha en la que feneció el plazo de 15 días otorgado a la entidad territorial para decidir sobre el reconocimiento del auxilio; sin embargo, la Resolución GUAJIC2023000001, por la cual se 8 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro reconoció una cesantía parcial al señor Yair Enrique Mendoza Castro fue dictada el 27 de diciembre de 2022, cuando ya había fenecido el plazo para tal efecto. 27.
Ante el incumplimiento del plazo para dictar el acto administrativo de reconocimiento de la cesantía solicitada, la sanción moratoria se causa a partir del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, conforme lo contemplado en la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado29, así: HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA TERMINO PAGO CESANTIAS CORRE MORATORIA ACTO ESCRITO EXTEMPORANEO (después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición 28.
En ese sentido, al ser radicada la solicitud de cesantías el 22 de septiembre de 2022, la sanción moratoria se causó en este caso a partir del 5 de enero de 2023, día posterior al vencimiento de los 70 días hábiles previstos para el reconocimiento y pago de la cesantía y, transcurrió hasta el día anterior al pago efectivo del valor reconocido por dicho concepto, esto es, 24 de enero de 2023, como se ilustra a continuación: Solicitud de cesantías 22 de septiembre de 2022 Término para expedir la resolución (15 días) -Art. 4º Ley. 1071/2006- 13 de octubre de 2022 Término de ejecutoria de la resolución (10 días) -Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 201130 28 de octubre de 2022 Término para efectuar el pago (45 días) -Art. 5º L. 1071/2006- 4 de enero de 2023 Fecha de inicio de la sanción moratoria (a partir de los 70 días siguientes a la petición) 5 de enero de 2023 Fecha de pago acreditada en el expediente 25 de enero de 2023 29.
Según ha quedado expuesto, se tiene que el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de una sanción moratoria por el incumplimiento de los términos dispuestos para la cancelación oportuna de la cesantía parcial solicitada, desde el 5 de enero de 2023 [fecha posterior al vencimiento del plazo legal] hasta el 24 de enero de 2023 [día anterior a la realización del pago].
En esos términos, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. 30. Con el fin de determinar la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, por haberse causado con posterioridad a la vigencia de la Ley 1955 de 2019, se tiene que el departamento de La Guajira, incumplió el plazo para expedir el acto administrativo de reconocimiento de cesantías y remitirlo al FOMAG para su pago [ver párrafo 28 supra], por lo que corresponde a dicha entidad asumir el pago de la penalidad causada.
Es importante precisar que el acto de reconocimiento de la cesantía fue enviado para gestión del FOMAG el 15 de enero de 2023, entidad que realizó el correspondiente pago dentro del plazo de 45 días concedido para ello, por lo que no es viable atribuir tardanza alguna a dicha entidad. 31. En tales condiciones, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó al departamento de La Guajira – secretaría de educación departamental a pagar la sanción moratoria causada, debido a que fue la entidad que desconoció el procedimiento establecido por el legislador para el reconocimiento y pago de la cesantía parcial solicitada. 29 Consejo de Estado – Sala de lo contencioso Administrativo- Sección Segunda, sentencia de 28 de julio de 2018, radicado: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18, actor: Jorge Luis Ospina Cardona, demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Tolima. 30 Procedimiento administrativo iniciado en vigencia del CPACA. 9 Radicado:44001334000220230047001 Demandante: Yair Enrique Mendoza Castro V. Condena en costas 32.
Sobre este punto se atiende lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., que señala que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. 33. En ese marco, se tiene en cuenta que el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P., indica que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación y que la regla general en esta materia es que la condena sea soportada por la parte vencida en la respectiva instancia. De acuerdo con lo anterior, no se impondrá dicha condena al no encontrarse acreditada la cusación de costas procesales en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo de La Guajira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. FALLA PRIMERO: CONFIRMAR, en lo que fue objeto de apelación, la sentencia de 27 de marzo de 2025 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase dentro de los cinco (5) días siguientes el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones respectivas, descargándolo del inventario de procesos del despacho ponente y dejando el registro del número de folios y cuaderno objeto de remisión. Agéndese para evitar demoras en el cumplimiento de esta orden.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARÍA DEL PILAR VELOZA PARRA CEILIS YELEG RIVEIRA RODRÍGUEZ Magistrada Magistrada DILAM ANDRÉS GÁMEZ QUIJADA Magistrado La presente providencia fue discutida en sala telemática del 26 de noviembre de 2025 y firmada por los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.