27001-33-33-003-2022-00395-01 · Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo del Chocó

REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ SALA PRIMERA DE DECISIÓN Quibdó, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025). Sentencia No. 110 RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320220039501 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANA SOFÍA RENTERÍA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No 148 del 10 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por la señora Ana Sofía Rentería Mosquera contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que negó las súplicas de la demanda. 1.

ANTECEDENTES La señora Ana Sofía Rentería Mosquera, por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se declare la nulidad de la resolución No 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó, por medio del cual niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años y el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo de docente para su inclusión en la nómina de pensionados. 2.

PRETENSIONES. La apoderada de la parte demandante formuló como tales las siguientes: DECLARATIVAS 1. Declarar la nulidad de la Resolución NO. 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Secretario de Educación Departamental PEDRO FIDEL HURTADO OREJUELA, notificado el día 23 de mayo de 2022, frente a la petición presentada el día 18 DE MAYO DE 2022, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a mi representado a los 55 años de edad, en el sentido que debía haber sido reconocida la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados. 2.

Declarar que mi representada, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir del día 23 DE ABRIL DE 2018, momento en que cumplió los 55 años de edad y los 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial..

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realicen las siguientes: RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 CONDENAS PRIMERA: Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado (a), es decir a partir de 23 DE ABRIL DE 2018, por haber completado las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

SEGUNDA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - y a FIDUPREVISORA, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(C.P.A.C.A.). TERCERA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ- y a FIDUPREVISORA, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(C.P.A.C.A.). CUARTA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ y A FIDUPREVISORA - al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados.

QUINTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina SEXTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A. SEPTIMA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ y a FIDUPREVISORA de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso ”. 3.

HECHOS Y OMISIONES. El apoderado de la parte actora relata como fundamentos fácticos de las pretensiones, los que se transcriben a continuación: “1. La docente ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA, nació el 23 de abril de 1963, por lo que en la actualidad tiene más cincuenta y cinco (55) años de edad. 2. Mi representada realizó aportes a ISS, hoy liquidado, y del cual sus semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES Y cuyos aportes como semanas de cotización se encuentran en 515,86 semanas. 3.

Posteriormente fue vinculada desde el 1 de febrero de 2007 en la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ hasta el 26 de diciembre de 2007 en período de prueba. Una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en propiedad, fue vinculada a la docencia oficial en el 27 de diciembre del 2007 y hasta la fecha de presentación de esta respetuosa demanda, se desempeña como docente oficial en esta entidad. 4.

Mi representada, bajo la legislación establecida en la ley 812 de 2003, tendría derecho a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiéndole 1.300 semanas de cotización, pero se le exigía el retiro del cargo de docente oficial, para que la cancelación de la pensión se hiciera efectiva en la nómina de pensionados, circunstancia que no obedece a la legalidad, pues una vez se decrete la nulidad del acto administrativo demandado, DEBE RECONOCERSE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES, EN COMPATIBILIDAD CON EL SALARIO DE DOCENTE OFICIAL.

RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 5. Por medio del acto administrativo demandado, se niega a mi representada (a), la pensión de jubilación por aportes a la edad de 55 años, exigiéndole además 1.300 semanas de cotización, cuando la ley contempla que solo debía exigírsele 1.000 semanas de aportes, sin exigir el retiro definitivo del cargo para gozar de su merecida pensión de jubilación por aportes como lo determinan el contenido de la ley 71 de 1988. 6.

(…)” 4. Trámite procesal. La demanda fue admitida mediante auto interlocutorio de fecha 14 de julio de 2022 y se notificó a las partes en debida forma. La entidad demandada, NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -FIDUPREVISORA no contestó la demanda. 5. Sentencia de primera instancia. La sentencia No. 148 del 10 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: “En el presente asunto, la parte actora pretende que se declare la nulidad de la resolución No. 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Secretario de Educación Departamental del Chocó, en cuanto le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la que considera tiene derecho por haber cumplido los cincuenta y cinco (55) años de edad y contar con más de 1.000 semanas cotizadas, y como consecuencia de ello, se ordene el reconocimiento y pago de dicha prestación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir, a partir del día 23 de abril de 2018, momento en que según su dicho adquirió el estatus de pensionada.

Conforme lo anterior y con el fin de decidir el fondo del asunto, bastará determinar el marco normativo que gobierna el caso particular de la demandante en virtud de su fecha de ingreso al servicio educativo oficial, es decir, que para dirimir la controversia resulta necesario establecer con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, data que le permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.

La valoración probatoria efectuada en este asunto, da cuenta que la actora realizó aportes al ISS (hoy Colpensiones) como independiente y como empleada del sector público y privado, particularmente con la Electrificadora del Chocó S.A., la empresa de Servicios Ocasionales S.A. SERO y la Organización Servicios y Asesorías. Lo anterior tuvo lugar en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2003; del 15 de junio de 1993 al 31 de marzo de 2003; desde 1 de mayo de 2005 hasta el 31 de enero de 2006 y 1 de febrero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2006, respectivamente.

Sin embargo, no observa el Despacho prueba alguna que dé cuenta que la señora ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA durante los periodos indicados en líneas superiores, hubiese realizado aportes al ISS provenientes de relaciones legales y reglamentarias con entidades públicas del sector, educativo, así como tampoco de aportes efectuados por ella en calidad de contratista del Estado bajo la modalidad de docente por órdenes de prestación de servicios, situación que eventualmente habría permitido considerarla como docente oficial en dicho tiempo.

Lo que está acreditado es que la demandante ha ejercido labores de docente al servicio del Departamento del Chocó, desde el 24 de enero de 2007 hasta el 30 de septiembre RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 de 2021.

Al respecto, resulta oportuno precisar que, conforme al desarrollo del marco jurídico y jurisprudencial propio del presente asunto, en lo atinente a los docentes, la aplicación de uno u otro régimen pensional está condicionada a la acreditación de la primera fecha de vinculación de cada docente como tal, sin que cobre relevancia para el efecto los contratos particulares que la reclamante hubiese ejecutado en calidad de contratista de una entidad privada, así como tampoco los aportes que aquella efectuara a otras entidades de previsión diferentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

En el sub-lite, se encuentra debidamente acreditado y no fue objeto de contradicción que la señora ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA, comenzó a ejercer funciones propias de una docente oficial, el 24 de enero de 2007 en virtud de su vinculación laboral en el Departamento del Chocó, es decir, en una fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de julio de dicha anualidad.

En ese sentido, es claro para el Despacho que al estar acreditado en este asunto, que la actora sólo ha tenido una relación legal y reglamentaria como docente oficial, consolidada con posterioridad a la entrada en vigencia de la precitada disposición normativa, se torna inviable verificar su situación pensional conforme a las previsiones anteriores de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, tal y como fue solicitado en la demanda, en la medida en que lo propio estaría regulado por la Ley 100 de 1993.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2- 2019 del 25 de abril de 2019, sostuvo que la fecha relevante para establecer el régimen pensional aplicable, es la de la vinculación como docente, anterior o posterior al 27 de junio de 2003, data que para el sub judice es este último supuesto que a su vez conlleva acudir a la segunda regla jurisprudencial Así las cosas, no le queda otro camino a esta instancia judicial que negar las suplicas de la demanda, pues se itera, la actora no tiene derecho a que su pretensión pensional le sea estudiada bajo el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, pues su vinculación al servicio docente se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.” En su parte resolutiva se indicó: “PRIMERO. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condenas en costas.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa las anotaciones de rigor.”

6. RECURSO DE APELACIÓN La apoderada de la parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sustentando en que la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, laboró por más de 20 años en entidades públicas y privadas, por tanto, su derecho pensional no debía examinarse de acuerdo a lo previsto en el régimen de prima media, dado que el ingreso a su vida laboral inició en el año 1993, por ende, debió regirse por lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual consagró la pensión de jubilación por aportes que posibilita computar el tiempo laborado en el sector privado y el prestado en la docencia oficial, no siendo viable examinar las pretensiones bajo la óptica de la Ley 91 de 1989 que no permite tal sumatoria.

Agrega que la docente cumplió con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación por esa entidad, siendo la accionada la nominadora al cumplimiento del status pensional, y el fallador de primera instancia no RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 realizó el análisis suficiente para esclarecer la normativa aplicable en materia de pensión a la demandante.

Refiere además que sobre el tiempo laborado en la alcaldía de Nóvita, existe certificación, por lo que corresponde a dicha entidad liquidar y pagar la cuota parte o el bono pensional, teniendo en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 las entidades públicas liquidaban y pagaban directamente las pensiones, por lo que la afirmación del a quo, respecto de que no se logró probar que el demandante hubiese cotizado a pensión en ese periodo, deberá desestimarse.

7. TRÁMITE PROCESAL Mediante auto de fecha 26 de agosto de 2024 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el cual fue admitido por este Tribunal mediante auto del 18 de septiembre del mismo año. 8. CONSIDERACIONES 9. COMPETENCIA. La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C. de P. A. y de lo C. A.1. 10.

CUESTIÓN PREVIA. Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 3062 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece: “Artículo 281.

Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.(…).” Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así: “Artículo 328.

Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(…).” Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, 1 “Artículo 153.

Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.” 2 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306.

Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”3 Al respecto se debe recordar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse los problemas jurídicos conforme al recurso de apelación interpuesto. En esa medida, la Sala establece el siguiente: 11. PROBLEMA JURÍDICO. Consiste en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a cargo de la entidad demandada a favor de la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, conforme lo previsto en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado y efectiva a partir del 23 de abril de 2018, sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio, o sí le es aplicable la Ley 100 de 1993 respecto a su derecho pensional?.

La Sala utilizará el siguiente esquema: i. Régimen pensional de docentes oficiales; ii. Reconocimiento del tiempo de servicio prestado a través de contrato de prestación de servicios docente para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación; y iii) Caso concreto.

12. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Atendiendo la materialización de lo ordenado en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, es válido afirmar que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no altera aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresan al patrimonio de sus beneficiarios.

Al expedir la Ley 100 de 1993, lo que pretendió el legislador fue la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciéndose allí reglas comunes que fueron aplicables a todos los trabajadores del país, sin atender la naturaleza de su relación laboral.

Sin embargo, el artículo 279 de manera expresa estableció que la situación pensional de algunos servidores públicos y trabajadores, no sería regulada por la citada ley, así: “(…) El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. 3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón. RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que, al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes, con posterioridad a la vigencia de la presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

PARAGRAFO. 1º- La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley. Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.

PARAGRAFO. 2º- La pensión gracia para los educadores de que tratan las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la caja en el pago de sus obligaciones pensionales.

PARAGRAFO. 3º- Las pensiones de que tratan las Leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.

PARAGRAFO. 4º- Adicionado por el art. 1, Ley 238 de 1995. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”. Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentran los docentes, cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

La ley 91 de 1989, a través de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto a su aplicación a los docentes, estableció lo siguiente: “Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: 1. Personal nacional.

Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. 2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. 3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 Parágrafo - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.

(…) Artículo 15.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

De lo anterior se desprende, que a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. En cuanto a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo con las normas vigentes.

Por su parte, la Ley 60 de 1993, respecto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispone: «Artículo 6º. (…) El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.

El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (…)». Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de febrero de 2006, proferida en el radicado No. 2002-0594, señaló: “(…) De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de origen “ordinario”, como ya se dijo.

Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional “ordinaria” pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional;

(…) La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: “El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley”. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o de derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen “especial”; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.

Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que intitula “Régimen Especial de los Educadores Estatales”, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.

Además, las pensiones de jubilación de las docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª de 1945 o el D.L. 3135 de 1968 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron carácter de especiales». Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el previsto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

De igual manera previó la citada disposición normativa que los docentes que se vincularán a partir de su vigencia, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. El referido artículo fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, la cual a través de la sentencia C-369 de 2004, expresó: “Ahora bien, un régimen especial se rige por normas propias, que son diversas de las reglas del régimen general, puesto que en eso consiste su especialidad.

Igualmente, esta Corporación ha señalado que un régimen de seguridad social es un sistema normativo complejo, en el que las diversas normas parciales adquieren sentido por su relación con el conjunto normativo global. Cada régimen especial es entonces un universo propio. Por ello, esta Corte ha concluido que, en principio, no es viable comparar aisladamente aspectos puntuales de un régimen especial de pensiones o de salud y el sistema general de seguridad social, por cuanto cada aspecto puede tener en cada régimen un significado parcialmente distinto.

Así, una aparente desventaja en un punto específico del régimen especial frente al sistema general de seguridad social puede estar ampliamente compensada por unos beneficios superiores previstos por ese régimen especial en otros aspectos. Y por ello esta Corporación ha señalado con claridad que quienes se encuentren adscritos a un régimen especial de seguridad social, están obligados a someterse plenamente a su normatividad, sin que resulte válido reclamar la aplicación de los derechos y garantías reconocidas para el régimen común, pues no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más benéfica.

Y es que admitir que una persona afiliada a un régimen especial pueda reclamar ciertos aspectos puntuales del régimen general de seguridad social implicaría la creación de una lex tertia, que sería un verdadero RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 tercer régimen, compuesto por algunos aspectos del sistema general de seguridad social y otros del régimen especial, lo cual desfiguraría totalmente la regulación establecida por la Constitución y la ley en materia de seguridad social”.

En igual sentido, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del acto legislativo 01 de 2005, consagró: “Artículo 1º. (…) Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta.

(…)”. Conforme lo expuesto, es claro para la Sala que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las normas vigentes con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, que no es otro que el dispuesto en la Ley 33 de 1985 que en su artículo 1º, consagra: “Artículo 1.

El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

(subrayas fuera del texto original). Entonces, a los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales regidos por la Ley 33 de 1985, se les debe liquidar su pensión con el 75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes durante el último año de servicio, tratamiento pensional aplicable para estos, siempre y cuando hayan servido durante su vida laboral como docentes oficiales por 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años de servicios.

En ese orden de ideas, es válido afirmar que el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales, para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de 2003, es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, siempre y cuando acrediten con el cumplimiento de los requisitos vistos con anterioridad.

Para los eventos en que los docentes no hayan servido al Estado durante toda su vida laboral, sino que hayan prestado sus servicios en entidades públicas y privadas, cotizando para pensión al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy COLPENSIONES, durante el periodo laborado en el sector privado, la Ley 71 de 1988 «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones», estableció la pensión por aportes y en su artículo 7º indica: “ARTICULO 7o.

A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.

Sobre el alcance de esta pensión, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de junio de 2011 (Exp. 117-2009), con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, concluye, a partir de la redacción del citado artículo: “(…) la posibilidad de computar el tiempo servido en el sector público con el tiempo cotizado en el ISS, es un régimen pensional aplicable a quienes estuvieron vinculados laboralmente al sector oficial, a empleadores públicos y privados afiliados al I.S.S. o a ambos, y requieren de la suma de todos los aportes hechos, para reunir los requisitos para acceder al derecho de pensión”.

La ley 71 de 1988, en un principio fue reglamentada por la Ley 1160 de 1989, que en lo relativo a la pensión de jubilación por acumulación de aportes, tuvo vigencia hasta cuando se expidió el Decreto 2709 de 1994, «(p)or el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988», que lo derogó, establece la prestación en los siguientes términos: “Artículo 1º.

Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público”.

Conforme lo anterior, para acceder a la pensión de jubilación por acumulación de aportes, se requiere acreditar los siguientes requisitos: i) 60 años de edad si es hombre o 55 si es mujer; y ii) haber realizado 20 años de cotizaciones o aportes al ISS y a una o varias de las entidades de previsión social del sector público, las cuales pueden ser en tiempos continuos o discontinuos y en cualquier tiempo.

En cuanto al monto de la pensión de jubilación por aportes, el artículo 8º ibídem establece que será el equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la Ley.

En este punto, la Sala considera oportuno precisar, que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 20184 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al fijar las reglas y subreglas sobre el ingreso base de Liquidación en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también precisó, que ni la primera regla y ni la primera subregla, cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues aquellos, fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989.

Aunado a ello, se advierte que, si bien en dicha providencia el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se ocupó de analizar el régimen pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, si hizo mención a la normativa aplicable a los docentes respecto del derecho pensional, concretamente, al Literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, para concluir que, sólo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, - esto es, el 27 de junio de 2003 -, tendrán los derechos al régimen pensional de prima media 4 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación número: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ). Consejero Ponente: César Palomino Cortés. RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Es decir, que, si la vinculación al servicio docente fue con anterioridad a dicha fecha, en lo referente al régimen pensional se les aplica la normatividad anterior a la Ley 812 de 2003, esto es, la Ley 91 de 1989. Lo anterior, fue ratificado en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado al fijar como regla jurisprudencial lo siguiente: “(…) Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial.

La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así: a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones”. 15. Caso concreto. La parte demandante, reclama el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes a partir del día 23 de abril de 2018, momento en que cumplió con 55 años de edad y las 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo.

El a quo negó las pretensiones de la demanda fundamentado en que la demandante solo tuvo una relación legal y reglamentaria como docente oficial, consolidada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por tanto, no resultaba viable verificar su situación pensional bajo la óptica de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y 71 de 1988 como fue solicitado en la demanda, en razón a que lo propio estará regulado por la Ley 100 de 1993.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, sustentando que laboró por más de 20 años en entidades públicas y privadas, por tanto, su derecho pensional no debía examinarse de acuerdo a lo previsto en el régimen de prima media, dado que el ingreso a su vida laboral inició en el año 1993, por ende, debió regirse por lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual consagró la pensión de jubilación por aportes que posibilita computar el tiempo laborado en el sector privado y el prestado en la docencia oficial.

Agregó que sobre el tiempo laborado en la alcaldía de Nóvita, existe certificación, por lo que correspondía a dicha entidad liquidar y pagar la cuota parte o el bono pensional, teniendo en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 las entidades públicas liquidaban y pagaban directamente las pensiones. RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 Teniendo en cuenta lo anterior y de frente con las pruebas obrantes en el expediente, se encuentran probadas las siguientes: Que la señora ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA nació el día 23 de abril de 1963 según Registro Civil de Nacimiento No 25174987, es decir, que el día 23 de abril de 2018 cumplió 55 años de edad.

En cuanto al tiempo laborado, las pruebas arrumadas al plenario, dan cuenta que la demandante prestó sus servicios en diferentes entidades y cotizó en el ISS hoy Colpensiones, así:  Laboró al servicio de la Electrificadora del Chocó y cotizó durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 1993 hasta 31 de marzo de 2003, luego cotizó a nombre propio durante el mes de octubre de 2006; posteriormente laboró en la empresa Servicios Ocasionales A Sero en el cual cotizó desde el 01 de mayo de 2005 hasta el 31 de enero de 2006 y en la Organización Servicios y Asesorías desde el 01 de febrero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2006, acumulando así un total de 515,86 semanas cotizadas.

Ahora bien, conforme al formato único para la expedición de Certificado de Historia Laboral allegada al plenario, queda demostrado que la demandante fue vinculada como docente en el sector educativo al servicio del Departamento del Chocó, a partir del 24 de enero de 2007, cuando fue nombrada mediante Decreto 0033 del 24 de enero de 2007 “Por el cual se nombra en periodo de prueba a unos coordinadores dentro de la planta global del Departamento del Chocó” para prestar sus servicios en el Instituto Agropecuario Jesús Antonio Rivas del Municipio de Rio Iró – Chocó, tomando posesión del cargo el 01 de febrero del mismo año. Posteriormente, fue nombrada como Directivo Docente en propiedad mediante Decreto 0733 del 27 de diciembre de 2007, expedido por el departamento del Chocó, completando así un tiempo total de 14 años 8 meses y 7 días.

Hasta lo aquí expuesto, es menester precisar que conforme las pruebas arrimadas al expediente, no se observa que la demandante haya laborado en el municipio Nóvita – Chocó tal y como se afirma en el recurso de apelación, de los cuales hayan sido omitidos por el fallador de primera instancia. De igual manera, al revisarse los hechos expuestos en la demanda, tampoco se avizora que la parte demandante, haya hecho alusión alguna sobre ese periodo.

En ese sentido, no le asiste razón a la parte recurrente cuando alega que el a quo, no tuvo en cuenta los tiempos laborados en la citada entidad territorial, en razón a que, se insiste, no quedó demostrado probatoriamente su argumento, por lo que habrá de desestimarse. Por otro lado, al considerar la demandante que cumplía los requisitos establecidos para acceder a la pensión de jubilación, el día 18 de febrero de 2022, presentó reclamación administrativa, solicitando dicha prestación social, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus de pensionada.

En virtud de lo expuesto, le corresponde a la Sala verificar si la demandante cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en los términos en que fue solicitada, es decir, si cumple con la edad, tiempo de servicio al haberse vinculado al sector educativo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003.

Lo anterior, no sin antes precisar que, en la hipótesis del docente oficial que, sin el tiempo de 20 años en el sector público, pretende completarlos con tiempos servidos como trabajador privado, debe verificarse su situación con base en la Ley 71 de 1988, siempre que sea beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; pues de lo RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 contrario, deberá acudirse íntegramente a esta última norma.

En cuanto al régimen de transición, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dispone: “ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. (…)” En este caso, al momento de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 (01 de abril de 1994), la demandante contaba con 30 años de edad y 10 meses de servicios prestados, por lo que no es beneficiaria del régimen de transición. Así pues, la valoración probatoria efectuada en este asunto, da cuenta y no es objeto de discusión que la demandante se vinculó al servicio docente como tal, en el mes de enero de 2007, es decir, después de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, razón por la cual, se torna inviable verificar su situación pensional atendiendo las previsiones de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, en la medida en que lo propio estaría regulado, como ya se dijo, por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo estableció el Consejo de Estado en la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2- 2019 del 25 de abril de 2019.

Así las cosas, al no satisfacer la demandante tal exigencia esencial, que determina el régimen pensional aplicable, considera la Sala inane verificar los demás requisitos referidos ut supra. Ahora bien, la postura actual del Consejo de Estado, es que en casos donde se reclame el reconocimiento de pensión de jubilación, el juez debe realizar el análisis de cuál es el régimen aplicable y en caso de cumplir los requisitos, se deben conceder las pretensiones5.

En este caso, se encuentra que la demandante pretendió el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 71 de 1988, régimen del cual, como ya se explicó no era beneficiaria. Sin embargo, la Sala no pasa por alto que la entidad demandada tenía la obligación de estudiar la solicitud pensional con base en las disposiciones que le eran ajustables, por lo que, en la medida en que el objeto del presente litigio es la resolución No 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó, se entiende que dicha decisión también negó el reconocimiento en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i) 57 años de edad [de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003]; y ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, a «partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se 5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, sentencia del 18 de abril de dos mil veinticuatro (2024), Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicación: 25000-23-42-000- 2020-00549-01 (3118-2022), Demandante: Cilia Delfina Muñoz Pulgarín, Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988.

Vinculación posterior Ley 812 de 2003 RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

En relación al requisito de la edad: La señora Ana Sofía Rentería Mosquera nació el día 23 abril de 1963, por lo que a la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional a la entidad demandada (18 de febrero de 2022) contaba con 59 años de edad. En relación a las semanas cotizadas: De acuerdo con los mencionados requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del reconocimiento con posterioridad al 2015, deberá verificarse si acreditó haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas.

Al respecto en el expediente se observa que cotizó a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES 515,86 semanas y en la FIDUPREVISORA, 14 años, 8 meses y 7 días (24-01-2007 a 01/01/2021), que traducen a un total de 712.74 semanas cotizadas. Así las cosas, en el presente caso, la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, aun no consolida el derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, teniendo en cuenta que las semanas cotizadas en el ISS hoy COLPENSIONES arrojaron un total de 515,86 que sumadas con las semanas cotizadas en el FOMAG, las cuales arrojaron un valor de 712,74, no alcanzan el tope mínimo de 1.300 semanas, por cuanto tal sumatorio solo alcanza un total de 1.228,6 semanas cotizadas.

Por lo anterior, la Sala confirma la decisión de primera instancia al no quedar acreditados los requisitos para acceder al reconocimiento pensional. 13. Costas. De conformidad con lo señalado por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado6, y lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. en concordancia con los artículos 365 y 366 del C.G.P., la Sala no condenará en costas en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra acreditada su causación. En razón y mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No 148 del 10 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Ana Sofía Mosquera Rentería contra Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Discutido en Sala, conforme consta en el acta de la fecha. 6Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

RADICACIÓN: 27001333300320220039500 MEDIO: N/ R DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera DEMANDADO: FOMAG Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405 Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono 6 71 39 82 (Firmado electrónicamente) MIRTHA ABADÍA SERNA Magistrada (Firmado electrónicamente) ARIOSTO CASTRO PEREA Magistrado (Firmado electrónicamente) ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP Magistrada CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Tribunal Administrativo del Chocó denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.