Sincelejo, once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026) Radicación 70001-33-33-004-2018-00163-01 Demandante: Miguel Antonio García Fontalvo Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral Tema: Bonificación judicial Decreto 382 de 2013 - factor salarial para liquidar prestaciones sociales de los empleados de la Fiscalía General de la Nación - confirma M. Ponente: Silvia Rosa Escudero Barboza QR expediente Asunto por resolver: El recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Montería, el 14 de octubre de 2025. 1.
ANTECEDENTES 1.1 Pretensiones: La parte demandante planteó las siguientes pretensiones: -Inaplicar por inconstitucional la expresión “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” establecida en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013. -Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos, mediante los cuales la parte demandada negó el reconocimiento y pago de la reliquidación de prestaciones sociales y salariales con la inclusión de la bonificación judicial prevista por el decreto 0382 de 2013, como factor de liquidación: Oficio DS-SRANOCGSA-18-00126 del 16 de agosto de 2017 Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia Acto administrativo ficto configurado por la no resolución del recurso de reposición y en subsidio el de apelación instaurado En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho pretende que se ordene: -El reconocimiento de la bonificación judicial contenida en el Decreto 382 de 2013, como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales causadas desde el 1 de enero de 2013. -El pago de las diferencias entre lo reconocido y causado, por la no inclusión de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2013. -La actualización de las sumas a pagar con base en la variación porcentual del IPC y el cumplimiento de la sentencia (Art. 192 del CPACA). 1.2 Hechos relevantes: Manifiesta la parte actora que presta sus servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992, ocupando al momento de la presentación de la demanda, el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR IV.
Devenga la bonificación judicial mensualmente desde el año 2013, la cual es tenida en cuenta como factor salarial para calcular la base de cotización del Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no para la liquidación de las demás prestaciones sociales. El 6 de julio de 2017 solicitó ante la Nación - Fiscalía General de la Nación: -La inaplicación por inconstitucional de la expresión “(…) constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, prevista en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia -El reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales causadas desde el año 2013. La demandada negó la solicitud a través de los actos acusados. 1.3 Normas violadas y concepto de violación: Indicó la parte demandante, que los actos acusados vulneraron las siguientes normas: Convenio No. 95 de la OIT Convenio No. 100 de 1951 de la OIT Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 Artículos 1, 2, 25, 48, 53 y 64 de la CP Ley 4 de 1992: Artículos 2 y 14 Ley 1437 de 2011: Artículo 86 Ley 5 de 1969: Artículo 2 Código Sustantivo del Trabajo: Artículo 127 Decreto-Ley 1042 de 1978: Artículo 42 Decreto 1160 de 1947: Artículo 6 Decreto 2646 de 1994 Decreto 407 de 2011 Acta de Acuerdo (6 de noviembre 2012) suscrita entre representantes del Gobierno y representantes de los Sindicatos de la Rama Judicial.
Sustentó el concepto de violación planteando los siguientes cargos de nulidad por violación a las normas citadas: El acto administrativo mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial vulnera la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales ratificados por Colombia y la jurisprudencia nacional.
En primer lugar, se desconoce el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4º de la Carta, que impone la inaplicación de normas inferiores cuando contradicen disposiciones constitucionales. En este caso, el artículo 1º del Decreto 382 de 2013, al limitar el carácter salarial de la bonificación judicial exclusivamente para efectos de cotización al sistema de pensiones y salud, entra en Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia contradicción con el artículo 53 constitucional, que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad sobre las formas.
Asimismo, se vulnera el artículo 25 de la Constitución, que reconoce el trabajo como un derecho fundamental que debe ser protegido en condiciones dignas y justas. La exclusión del demandante del reconocimiento de la bonificación judicial por pertenecer al régimen de los “no acogidos” constituye una discriminación injustificada, contraria al artículo 13 constitucional, que consagra el derecho a la igualdad y la obligación del Estado de promover condiciones reales y efectivas para su cumplimiento.
En el plano legal, se infringen disposiciones como el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que define el salario como toda remuneración habitual y periódica recibida por el trabajador como contraprestación directa del servicio, incluyendo bonificaciones. También se desconoce la Ley 4ª de 1992, que ordena al Gobierno Nacional nivelar salarialmente a los servidores públicos atendiendo criterios de equidad, sin establecer distinciones entre regímenes salariales.
Desde el ámbito internacional, se vulneran normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como el Convenio 95 de la OIT sobre protección del salario, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, que reconocen el derecho a condiciones laborales justas y equitativas. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de varios tribunales administrativos ha reiterado que la bonificación judicial, por su naturaleza habitual y periódica, constituye salario para todos los efectos legales, y ha declarado la inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que restringen su alcance. 1.4 Pronunciamiento de la parte demandada: La Fiscalía General de la Nación, se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo las siguientes excepciones: Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el decreto 0382 de 2013, legalidad del fundamento normativo particular, cumplimiento de Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia un deber legal, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica. 1.5 Sentencia de primera Instancia: El 14 de octubre de 2025, el Juzgado 601 Administrativo Transitorio De Montería: “Primero: INAPLICAR por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el Decreto N° 382 de 2013 y los Decretos subsiguientes que lo modifiquen, siempre y cuando permanezca vigente el vínculo laboral y continúe percibiendo tal bonificación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, en el entendido que la bonificación judicial sí constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales del demandante.
Segundo: Declarar la existencia del acto ficto producto del silencio administrativo negativo por la no resolución del recurso de apelación incoado en contra del oficio No. DS-SRANOC-GSA-18-00126 del 16 de agosto de 2017. Tercero: Declarar la NULIDAD de los actos administrativos contenidos en el oficio No. DS-SRANOC-GSA-18-00126 del 16 de agosto de 2017, y en el acto ficto producto del silencio administrativo negativo por la no resolución del recurso de apelación incoado en contra de aquel, que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.
Cuarto: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a RECONOCER Y PAGAR al señor Miguel Antonio García Fontalvo, las diferencias que se generen por la reliquidación de sus prestaciones sociales causadas a partir del 25 de julio de 2014 en adelante, teniendo en cuenta para ello la bonificación judicial como factor salarial; factor que deberá en lo sucesivo seguir siendo base de la liquidación de todas las prestaciones sociales que devengue la actora al constituir salario.
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, siempre y cuando permanezca vigente el vínculo laboral y continúe percibiendo tal bonificación. El ente demandado efectuará los descuentos por concepto de aportes para pensión y salud sobre los factores que se incluyan al demandante al momento de realizar la reliquidación y pago, aquí ordenada.
Quinto: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción con respecto a la reliquidación de prestaciones sociales causadas a partir del 24 de julio de 2014 hacia atrás, por operación de la prescripción trienal. Excepto, en torno a los aportes a la seguridad social por revestir el carácter de irrenunciables e imprescriptibles.
( )” Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia Como sustento de la decisión, expuso las siguientes consideraciones: “(…) la bonificación judicial sí tiene carácter salarial, ya que se creó para nivelar los ingresos y se reconoció como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, por lo que, al restringirle dichos efectos para liquidar las prestaciones sociales constituye una disminución del monto reconocido desmejorando el valor de las mismas, quebrantando así lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, que dispuso el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado.
En ese sentido, el decreto 382 de 2013 creó una bonificación judicial que constituye salario para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero restringiéndola para la liquidación de las prestaciones sociales, razón que convierte en ilegal dicha restricción. Por tanto, considera esta judicatura que los actos administrativos demandados y los Decretos N° 382 de 2013 y subsiguientes que lo modifican son contrarios a la Ley y a la constitución, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda en el sentido de que las sumas devengadas por concepto de la bonificación judicial por el actor en su calidad de servidor público de la Fiscalía General de la Nación constituyen factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales, de modo que la expresión “no constituye factor salarial” deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados en esta providencia.” 1.6 El recurso de apelación: La parte demandada presentó recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos en la contestación, en el sentido de que la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en virtud de la libertad configurativa del legislador, sobre el cual recae la competencia para definir lo que constituya factor salarial para liquidar prestaciones sociales.
Señala que “( ) el Decreto 0382 de 2013 es resultado de una negociación colectiva que desarrolla los Convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, los cuales reconocen la posibilidad de que los servidores públicos intervengan en la definición de sus “condiciones de empleo” sin que se alteren los mínimos legales; en virtud de ello en esta ocasión lo concertado fue la concesión de Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia una retribución adicional que antes no existía, siendo preciso además que las partes de la negoción, es decir por una parte los representantes de los trabajadores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, y por otra los representantes del Gobierno Nacional, acordaron que dicha bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos, tal y como se puede advertir claramente en las actas de reunión de la mesa técnica paritaria.” 1.7 Actuación procesal en segunda instancia: Admisión: 24 de febrero de 2026 1.8 Pronunciamiento de las partes: Las partes guardaron silencio. 2.
CONSIDERACIONES 2.1. Competencia: La Sala tiene competencia para conocer del presente asunto, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. 2.2 Problema jurídico: Consiste en determinar si previa inaplicación por inconstitucional de la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el Decreto 382 de 2013, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad.
En consecuencia, si la parte actora tiene derecho a que sus prestaciones sociales sean reliquidadas teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda, considerando que, en el caso concreto, la bonificación judicial devengada habitualmente por la parte actora, es un factor salarial que debe ser incluido en la liquidación de sus prestaciones sociales.
Para desarrollar la tesis planteada, se analizarán los siguientes temas: i) Control por vía de excepción ii) Emolumentos constitutivos de salario. Naturaleza jurídica de la bonificación judicial iii) Régimen salarial y prestacional de los empleados de Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia la Fiscalía General de la Nación iv) Bonificación judicial como factor salarial para efectos prestacionales v) Caso concreto. 2.3 Control por vía de excepción: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º1 de la Constitución Política y el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este control por vía de excepción consiste en la facultad que le asiste al juez contencioso administrativo de inaplicar -con efectos para el caso concreto-, los actos administrativos, cuando vayan en contravía de la Constitución Política o la legislación, así: “Artículo 148.
Control por Vía de Excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.” 2.4 Emolumentos constitutivos de salario: El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia dispone que, los “( ) derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Por su parte, el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas está contemplado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, así: “ARTICULO 25. El es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” A su vez, el artículo 53 ibidem, establece una serie de principios fundamentales y prerrogativas laborales, en virtud de las cuales 1 “ARTICULO 4o.
La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia el legislador debía expedir el estatuto del trabajo, como pasa a verse: “ARTICULO 53.
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” Se resalta de lo anterior la “remuneración mínima vital y móvil”, “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” y “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Visto lo anterior, desde la Carta Magna resulta imperioso que la ley y demás preceptos normativos relacionados con asuntos de naturaleza laboral, respeten los derechos de los trabajadores. Colombia como estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, aprobó2 el Convenio 95 de 1949, que en su artículo 1º señaló lo concerniente a la protección del salario: 2 Mediante la Ley 54 de 1962 Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia “ARTÍCULO 1.
A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.” Ahora, tratándose de los empleados y algunos funcionarios de la Rama Judicial, la Ley 270 de 1996 en su artículo enlista sus derechos, dentro de los cuales se observa el establecido en el numeral 7, que dispone: “ARTÍCULO 152.
DERECHOS. Además de los que le corresponden como servidor público, todo funcionario o empleado de la Rama Judicial tiene derecho, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias a: (…) 7. Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna. (…)” Concordante con lo anterior, el Decreto 1042 de 19783 en su artículo 42, en cuanto a los factores salariales que constituyen salario para los empleados públicos, señala lo siguiente: “ARTÍCULO 42.
De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la Ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en forma nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Son factores de salario: a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto. b. Los gastos de representación. c. La prima técnica. d. El auxilio de transporte. e. El auxilio de alimentación. 3 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia f. La prima de servicio. g. La bonificación por servicios prestados. h. Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión” (Negrillas de la Sala) Lo anterior guarda coherencia con lo establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, que señala los factores que también constituyen salario, tal y como se observa: “ARTICULO 127.
ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.” Por su parte, el artículo 128, dispuso cuales son los pagos que no constituyen salario, tales como: “(…) las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”.
El H. Consejo de Estado, por ejemplo, en Sentencia del 19 de febrero de 2018, tuvo en cuenta el alcance del mencionado decreto e hizo referencia al concepto de salario en los términos establecidos en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo al resolver una controversia de naturaleza laboral. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto por la Corporación, en la citada providencia, así: Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia “(…) aunque estas normas en principio no se aplican en la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, tal como lo precisa el artículo 3 del CST “el presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares”, esta Sala ha acudido a esta definición como criterio interpretativo, y de manera concreta se hace referencia en la sentencia de 6 de julio de 2015 donde se declaró la nulidad de la expresión “no constituirá factor salarial para ningún efecto legal” del artículo 5 del Decreto 4050 de 2008, que regula el incentivo por desempeño grupal”4 (El resaltado es nuestro).
La jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, citando lo normado por el artículo 127 del CST, se ha pronunciado sobre los "criterios para delimitar el salario". En sentencia del 28 de febrero de 20245, reiteró el criterio expuesto en la sentencia CSJ SL5159-2018, así: “Atrás se explicó que es salario toda ventaja patrimonial que recibe el trabajador como consecuencia del servicio prestado u ofrecido.
Es decir, todo lo que retribuya su trabajo. Por tanto, no son salario las sumas que entrega el empleador por causa distinta a la puesta a disposición de la capacidad de trabajo. De esta forma, no son tal, (i) las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes;
(ii) las prestaciones sociales; iii) el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación; (iv) las sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador que, desde luego, no oculten o disimulen un propósito retributivo del trabajo.
Aunque esta Corporación en algunas oportunidades se ha apoyado en criterios auxiliares tales como la habitualidad del pago (CSJ SL1798-2018) o la proporcionalidad respecto al total de los ingresos (CSJ SL, 27 nov. 2012, rad. 42277), debe entenderse que estas referencias son contingentes y, en últimas, han sido utilizadas para descifrar la naturaleza retributiva de un emolumento.
Quiere decir lo anterior, que el criterio conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario, consiste en determinar si su entrega tiene como causa el trabajo prestado u ofrecido. De otra 4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de mayo de 2023. C.P. César Palomino Cortés. Exp. 11001-03-25-000-2018-01634-00. 5 Sentencia SL 290-2024, Radicación 98725, MP.
Jorge Prada Sanchez y Donald Dix Ponnefz. Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia forma: si esa ventaja patrimonial se ha recibido como contraprestación o retribución del trabajo. De acuerdo con lo anterior, podrían existir créditos ocasionales salariales, si, en efecto, retribuyen el servicio; también dineros que en función del total de los ingresos representen un porcentaje minúsculo y, sin embargo, sean salario.
Por ello, en esta oportunidad, vale la pena insistir en que el salario se define por su destino: la retribución de la actividad laboral contratada. Según la norma recién mentada, es salario -no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, etcétera.
En sentencia CSJ SL1993-2019, se adoctrinó que todo pago recibido por el trabajador se presume salarial, menos que el empleador demuestre su carácter ocasional o excepcional y, especialmente, que no retribuye directamente el servicio, no por la forma en que se estipuló, sino en función del entorno que lo circunda. De esta suerte, añadió, la índole remuneratoria del pago “no emana directamente de la ley, sino que en cada caso deben analizarse los elementos fácticos en aras de establecer cómo se consagró y si con él se retribuyen o no directamente, los servicios prestados”.
En ese orden, allende la forma, denominación o instrumento jurídico que se emplee, la posibilidad de descartar naturaleza salarial a un pago, debe fundarse en evidencia concreta de que, realmente, no es retributivo del servicio prestado (CSJ SL12220- 2017).” 2.5 Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Fiscalía General de la Nación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política, al Congreso de la República le corresponde, entre otras funciones, la de “19.
Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.” Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia En virtud de lo anterior, fue expedida la Ley 4ª de 19926, y en su artículo 1º, el Gobierno Nacional dispuso que, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esa Ley, fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, entre otros.
A continuación dispuso en el literal a) del artículo 2º: “ARTÍCULO 2.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; ( )” El artículo 10 ibidem, establece que las disposiciones contenidas en esa ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, que sea contrarios a la ley, carecerán de todo efecto y no crearán derechos adquiridos. Lo anterior se encuentra expresamente señalado, así: “ARTÍCULO 10.- Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.” 2.6 Bonificación judicial como factor salarial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación: Este concepto devengado por los empleados misionales y algunos funcionarios de la Rama Judicial, fue creado por el Decreto 383 de 2013, que en sus artículos 1º, 2º y 5º dispone: “Artículo 1°: Creáse para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá 6 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.” Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla: Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.
A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.
Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Artículo 2°: Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.” Artículo 5.
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 º de enero de 2013” La bonificación, fue creada entonces con efectos fiscales desde el 1º de enero de 2013 y reconocida para ser devengada mensualmente, en forma permanente y periódica, considerándose factor salarial solamente en lo que respecta a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Sociales en Salud.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia No obstante, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en Sentencia del 6 de abril de 20227 emanada de Sala de Conjueces, en un caso similar, consideró que el Decreto 382 de 2023 transgrede la Ley, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Colombia, por lo que debía inaplicarse, y con ello resultan por contera contrarios a la legalidad, los actos acusados: “Esta Sala, retomando el concepto de la H. Corte Constitucional1, concibe que es el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia principal de hacer las leyes, tiene el deber constitucional de estatuir el marco general, los objetivos y directrices que orientarán al Presidente de la República para establecer el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del Estado, y dentro de estos, los adscritos a la Fuerza Pública.
A fin de proferir el mencionado régimen salarial y prestacional, tanto el órgano legislativo como el ejecutivo nacional, desarrollan una competencia concurrente, la cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando una línea general, para que luego el Presidente dentro del marco por este diseñado, lo proceda a dotar de contenido.
De esta forma, a través de una “ley marco o cuadro” el Congreso fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse la materia, correspondiéndole al Presidente de la República el desarrollo de tales parámetros por medio de decretos; por lo tanto, los Decretos expedidos en desarrollo de los preceptos y lineamientos consagrados en la Ley 4 de 1992, tienen la naturaleza jurídica de decretos reglamentarios de carácter ejecutivo.
En este mismo sentido ha sido reiterado el pronunciamiento de nuestro Máximo tribunal Constitucional al analizar la distribución de competencias entre el órgano Legislativo y el Ejecutivo, determinando en su análisis de distribución de competencias entre el Congreso y el Presidente de la República para regular materias sujetas a ley marco, que los decretos que profiere el Presidente para desarrollar esta tipología de ley, son de naturaleza meramente administrativa o ejecutiva, correspondiéndoles su control de constitucionalidad al Consejo de Estado.2 Al respecto también se ha pronunciado el H. Consejo de Estado, en los siguientes términos3: 7 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Conjuez Ponente: Carmen Anaya de Castellanos. 6 de abril de 2022. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020). Demandante: María Elide Acosta Henao. Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación. Tema: Bonificación Judicial (Decreto 382 de 2013) – Reconocimiento mensual y carácter salarial de la bonificación judicial prevista para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación no acogidos al régimen salarial del Decreto 53 de 1993.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia “( ) Desde la expedición de la Constitución de 1886 era función del Congreso definir las escalas salariales de las distintas categorías de empleos en el nivel nacional; a partir de la expedición de la Constitución de 1991 tal facultad fue trasladada al Gobierno Nacional el cual debe sujetarse para esos efectos, a los objetivos y criterios establecidos por el Congreso.( ) En el ejercicio de la mencionada función, el Congreso Nacional expidió la Ley 4ª de 1992 como norma de carácter general y así el Gobierno quedó facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, siguiendo los lineamientos trazados en dicha ley”4 Pero bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen.
Para el caso de la Ley 4ª de 1992, se trataba de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, para lo cual el legislador fijó el marco o reglas a las cual debía sujetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y 15 de la referida Ley, la que señaló expresamente en el parágrafo de su artículo 14 que la autoridad administrativa revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. Luego, al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.
( ) Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.
( ) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política.” La jurisprudencia citada concluye advirtiendo que era: “( ) evidente la transgresión del Decreto 382 a la Ley, la Constitución y los tratados internacionales debidamente suscritos por Colombia y con ello resultan por contera contrarios a la legalidad, los actos administrativos demandados. 1.11.
Así y como la norma establece una bonificación judicial parea acogidos y no acogidos, se concluye que la diferencia está en la oportunidad para su reconocimiento, 1.12. Su reconocimiento como no factor salarial de la bonificación, proviene del ejecutivo más no del legislativo; concluyendo, que el ejecutivo carece del margen de configuración del cual si está revestido el Legislativo. 1.13.
Para el caso de la demandante, el reconocimiento mensual se dará de la inaplicación de la norma solicitada en la demanda. 1.14. Por último, el no reconocimiento como carácter salarial de la Bonificación, considera la Sala que es asunto de reserva legal; por lo que la jurisprudencia constitucional a través de sus diferentes decisiones ha fijado el criterio que la regulación de los factores salariales son de libre configuración “del legislador”, más no del ejecutivo, como es el caso que nos ocupa.” De conformidad con los argumentos esbozados por la Sala de Conjueces, resulta clara la contrariedad, del artículo 1º del Decreto 382 de 2013 a la Constitución Política, argumentos que obedecen a un asunto relacionado con un empleado de la Fiscalía General de la Nación, y por ende, son aplicables al caso.
Así las cosas, al ser continua, permanente y en retribución al trabajo, la bonificación judicial no debió excluirse como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los empleados. Adicionalmente, la condición de no ser factor salarial de la bonificación, proviene del ejecutivo más no del legislativo, concluyendo, que el ejecutivo carece del margen de configuración del cual si está revestido el Legislativo.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia 2.7 Caso concreto: La parte actora, quien pretende el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, es empleado de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con vinculación desde el 1 de julio de 19928. La decisión de instancia concedió las pretensiones inaplicando la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por desconocer el concepto de salario y concluyendo que las sumas devengadas por concepto de la bonificación judicial por la parte actora en su calidad de servidor público de la Fiscalía General de la Nación constituyen factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.
La parte demandada plantea en el recurso que, “( ) la nivelación en condiciones de equidad y retribución igualitaria de acuerdo con las equivalencias de los cargos de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación se aseguró y garantizó plenamente con el acuerdo que se plasmó en el Decreto 0382 de 2013, sin que en ningún punto sea posible entrar a desconocer en instancia judicial, más aún que la ampliación del carácter que posee actualmente la bonificación judicial para casos particulares y puntuales generaría que esa igualdad entre funcionarios de las diferentes entidades se rompa y se genere una mayor retribución para algunos beneficiados.” Agrega el recurrente que “( ) si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empelado, pues tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.” Aunado a lo anterior sostiene que “( ) si bien en el presente caso se puede llegar a establecer que tanto la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013 como la prima especial del 30% prevista en la Ley 4ª de 1992, se podría encuadrar dentro de la definición internacional y nacional de “salario”, esto no es óbice para que automáticamente se deduzca que dicho rubro 8 Folio 12 Archivo 01 Demanda del expediente digital Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia constituya base para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue un trabajador, pues el legislador y el Gobierno Nacional, conforme a las potestades otorgadas en la Ley 4ª de 1992, puede a su libre discrecionalidad establecer si un rubro será parte o no de la base de liquidación de las prestaciones sociales o de los demás rubros salariales que devenga un empleado de la Fiscalía General de la Nación, sin que ello constituya una afectación a los derechos laborales de los funcionarios o estando en contravía de la Constitución.” Pues bien, de acuerdo con la prueba recaudada se encuentra acreditado con el certificado de fecha 5 de julio de 2017 emanado del Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión - Sucre (aportado con la demanda fl. 12), que la parte actora ha percibido habitualmente, la bonificación judicial desde el 01 de julio de 1992, en los siguientes términos: Puede establecerse entonces que la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013, devengada por los empleados de la Fiscalía General de la Nación, es un concepto recibido como contraprestación al servicio prestado de manera personal “mientras el servidor público permanezca en el servicio”, y su pago es realizado de forma mensual y permanente.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia Si bien el Decreto 382 de 2013 en su artículo 1º, limita la inclusión de la bonificación judicial única y exclusivamente para lo relacionado con la realización de aportes a seguridad social en salud y pensión, al señalar “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, tal expresión quebranta las normas constitucionales que protegen el derecho al trabajo y la legislación prevista en los artículos 1º, 2º y 10º de la Ley 4ª de 1992.
Así las cosas, resulta necesaria la inaplicación del mencionado decreto vía excepción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política y el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, pues la bonificación judicial siendo continua, permanente y pagada al empleado en retribución a su trabajo, no puede ser excluida como factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.
Aunado a lo anterior, el no reconocimiento del concepto como factor salarial, es un mandato del ejecutivo y no del legislativo, careciendo el primero de ellos del poder legislativo del segundo, en cuanto al régimen salarial y prestacional de este grupo. Prescripción: No hubo una apelación directa frente a la decisión que sobre la prescripción tomó el juez de primera instancia. No obstante, comparte la Sala lo resuelto por el A quo, teniendo en cuenta que la reclamación fue presentada el 25 de julio de 2017 y que el demandante venía vinculado a la entidad desde el 01 de julio de 1992.
Resultaba procedente entonces condenar a la parte demandada, al reconocimiento, reliquidación y pago de las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y causadas, a partir del 25 de julio de 2014, al encontrarse prescritos los conceptos devengados con anterioridad a esta fecha. Conclusión: La Sala confirmará la decisión, que concedió las pretensiones de la demanda, por cuanto se logró establecer que la bonificación judicial devengada por la parte actora, constituye un factor salarial que sí debe ser incluido para liquidar sus prestaciones sociales, con la prescripción de los conceptos causados antes del 25 de julio de 2014.
Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia 2.8 Impedimento: El magistrado César Enrique Gómez Cárdenas manifestó impedimento para estudiar el proyecto, así: “De acuerdo a lo señalado en el artículo 140 del Código General de Proceso – CGP- y por ser usted la magistrada ponente de los proyectos de sentencia registrados en los procesos que indican la referencia para ser estudiados en Sala del 29 de octubre de 2025, le manifiesto mi impedimento para participar en la aludida decisión y en el trámite procesal posterior, toda vez que me encuentro incurso en la causal de recusación prevista en el artículo 141-1 del C.G.P (…) Lo anterior, con fundamento en que el suscrito presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que me sea reconocida la reliquidación de mis prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial creada por el Decreto 0383 de 2013, como factor salarial, la cual cursa en el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Sincelejo, radicado 70001333301120250017800.
(…) Como quiera que tengo mi cargo en propiedad como Juez Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo y, por tanto, devengo este emolumento, luego, de ello claramente surge un interés directo en el planteamiento y resultas del proceso, pues con este se están estableciendo los argumentos y la base que sustentan la citada demanda presentada en contra de la Rama Judicial.” El H. Consejo de Estado ha manifestado que para la configuración de la referida causal «debe existir un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial».
Así mismo, en providencia de unificación del 24 de mayo de 2023, concluyó que el interés directo «se presenta cuando los efectos favorables o desfavorables de la sentencia cobijan al funcionario judicial», mientras que el indirecto acaece «cuando la sentencia pueda servir de precedente jurisprudencial para la situación particular del juez o sus parientes»9.
Atendiendo lo expuesto, la Sala considera que no hay lugar a declarar fundado el impedimento, por cuanto no se advierte que 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación jurisprudencial del 24 de mayo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2020-00471-00, MP. Milton Chaves García. Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia tenga un interés directo en el proceso, toda vez que los efectos de la sentencia que se emita en este asunto no lo cobijarán. De otra parte, frente al argumento consistente en que puede tener un interés indirecto, por haber presentado demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, con el fin de que se reliquiden sus prestaciones sociales con la bonificación judicial creada por el Decreto 0383 de 2013, la cual cursa en el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Sincelejo, con el radicado 70001333301120250017800, la Sala es de la posición que ello no da lugar a predicar la existencia de un interés indirecto, que se reitera, es aquel que se presenta «cuando la sentencia pueda servir de precedente jurisprudencial para la situación particular del juez o sus parientes».
Ello, por cuanto el citado funcionario ha proferido sentencias de segunda instancia en las que ha confirmado decisiones de primera instancia teniendo en cuenta la bonificación judicial para liquidar las prestaciones sociales de los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que no existe un interés indirecto actual, toda vez que el magistrado ha conocido y resuelto demandas con pretensiones semejantes a la que ahora ocupa la atención de la Sala, por lo que su imparcialidad no se encuentra comprometida.
En consecuencia, se declarará infundado el impedimento. 2.9 Costas: De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no obstante resultar vencida la parte demandada, no se condenará en costas, comoquiera que no se ha comprobado su causación, en virtud del criterio objetivo - valorativo, para la imposición de la condena en costas. 2.10 DECISIÓN: En medio de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Montería, el 14 de octubre de 2025. Rad.70001-33-33-001-2023-00036-01 Nadia Elena Pérez Romero Vs Nación – Rama Judicial Sentencia de 2ª instancia SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Declarar infundado el impedimento manifestado por el magistrado César Enrique Gómez Cárdenas.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Despacho de origen, previa anotación en los sistemas de información. El proyecto de esta providencia fue estudiado, discutido y aprobado en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOZA Magistrada Firmado electrónicamente CESAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS Magistrado Firmado electrónicamente VIVIANA MERCEDES LÓPEZ RAMOS Magistrada Valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documento s/evalidador.aspx