17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 1 REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA PRIMERA DE DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE: CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES Manizales, doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) ASUNTO Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, a revisar en grado jurisdiccional de consulta la sanción impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales mediante auto del 10 de septiembre de 2025 a Luis Fernando Bernal Jaramillo en calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, y a Gloria Libia Polanía Aguillón, en su calidad de interventora de la Nueva EPS, de multa equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente a cada uno.
ANTECEDENTES La señora Yoana Osorio Montoya, interpuso tutela contra Nueva EPS con el fin de que se le protegiera su derecho de salud y seguridad social, solicitando se ordenara la prestación de los servicios médicos que requiere para el manejo de su patología. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales mediante sentencia proferida el 05 de agosto de 2025, dispuso lo siguiente: “SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS que DE FORMA INMEDIATA a la notificación de esta sentencia autorice, programe y realice los procedimientos médicos ordenados por su especialista tratante, esto es: “BIOPSIA DE PERITONEO VIA LAPAROSCOPICA, OMENTECTOMIA PARCIAL VIA LAPAROSCOPICA, OOFORECTOMIA UNILATERAL POR LAPAROSCOPICA”.
TERCERO: CONCEDER en favor de la actora el tratamiento integral solicitado para el manejo de la patología “TUMOR MALIGNO DEL OVARIO”. 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 2 Ahora bien, revisado el sistema SAMAI se pudo constatar que el fallo en mención no fue objeto de impugnación. Posteriormente, la parte accionante informó acerca del incumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela en mención, toda vez que no se le ha suministrado el servicio médico que fuera ordenado en la sentencia de tutela.
Apertura formal del incidente Luego de ser requerido el cumplimiento del fallo mediante auto del 29 de agosto de 2025, por auto del 03 de septiembre de 2025, se dio apertura del incidente frente a Luis Fernando Bernal Jaramillo en calidad representante legal para asuntos judiciales y de tutela, y a Gloria Libia Polanía Aguillón en su calidad de Interventora de la Nueva EPS.
Dicha decisión fue notificada mediante mensaje de datos enviado a las direcciones de correo electrónico secretaria.general@nuevaeps.com.co. luis.bernal@nuevaeps.com.co info.intervencion@nuevaeps.com.co Pronunciamiento frente al incidente de desacato La Nueva EPS, conforme a lo informado por el juzgado de conocimiento, no se pronunció respecto del incidente de desacato, pese a los requerimientos efectuados.
A través de providencia del 10 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales al resolver el incidente de desacato, hace un estudio normativo y jurisprudencial sobre los elementos que se deben revisar para entender que se está frente a un desacato. Respecto al caso concreto sostuvo que se encontraba demostrado que, no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, toda vez que no se ha suministrador el servicio médico que requiere el actor.
En consecuencia, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR que el señor LUIS FERNANDO BERNAL JARAMILLO, en calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, o quien haga 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 3 sus veces y a su superior jerárquico, señora GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN, en su calidad de Agente Interventora de la Nueva EPS o quien haga sus veces;
INCURRIERON EN DESACATO a la orden impartida por este Juzgado contenida en sentencia de tutela N°124 emitida el 05 de agosto de 2025, conforme las razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: IMPONER de manera individual al señor LUIS FERNANDO BERNAL JARAMILLO, en calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, o quien haga sus veces y a su superior jerárquico, señora GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN, en su calidad de Agente Interventora de la Nueva EPS o quien haga sus veces; multa equivalente a un (01) salario mínimo mensual vigente a favor del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deberán ser cancelados por aquellos y de su propio peculio dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este auto, para lo cual se hará consignación en la cuenta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene dispuesta para tal fin, esto es, en la cuenta única nacional Nro. 3-0820-000640-8, número de convenio 13474, a nombre de la Rama Judicial, multas y rendimientos.
TERCERO: Transcurrido el término concedido sin que se haya efectuado el pago de la sanción antes referida, REMITIR copia con constancia de ser la primera y que prestamérito ejecutivo con destino a la Oficina de Jurisdicción Coactiva de la Rama Judicial en esta ciudad.
CUARTO: NOTIFICAR personalmente esta providencia los funcionarios implicados.
QUINTO: REQUERIR a los señores señor LUIS FERNANDO BERNAL JARAMILLO, en calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, o quien haga sus veces y a su superior jerárquico, señora GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN, en su calidad de Agente Interventora de la Nueva EPS o quien haga sus veces, para que aseguren el cumplimiento del fallo de sentencia de tutela N°124 emitida el 05 de agosto de 2025.
SEXTO: CONSULTAR esta providencia con el Tribunal Administrativo de Caldas en efecto suspensivo, en los términos del art. 52 del Decreto 2591 de 1991. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia del Tribunal De conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para revisar en grado jurisdiccional de consulta, la legalidad de la sanción impuesta por desacato a una tutela a Luis 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 4 Fernando Bernal Jaramillo en calidad representante legal para asuntos judiciales y de tutela, y a Gloria Libia Polanía Aguillón, en su calidad de interventora de la Nueva EPS, de multa equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente a cada uno. Sentido y alcance del incidente de desacato En relación con el objeto y alcance del desacato, la H. Corte Constitucional en la sentencia T- 1113 de 28 de octubre de 2005, señaló1: “…De acuerdo con la sentencia T-188/02 el objeto del incidente de desacato es “sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo”.
En otras palabras, el objeto del incidente no es la imposición de la sanción en sí misma, sino proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado. Así, la sanción es concebida como una de las formas a través de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela cuando la persona obligada ha decidido no acatarla. 9.
Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que conoce del incidente de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha sido señalado, debe reiterarse que el ámbito de acción del juez está definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden;
(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)2. Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial.
Una vez verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos. 1 H. Corte Constitucional.
Sala Cuarta de Revisión. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Treviño. Sentencia T-1113 del 28 de octubre de 2005. Referencia: expediente T-1130243. Accionante: Edna Margarita Acosta Vega. Contra: Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Bogotá. 2 Cita de cita: Sentencias T-553/02 y T-368/05. 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 5 Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el juez debe tener en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir, las cuales deben estar siempre avaladas por la buena fe de la persona obligada.
En este sentido, conviene recordar que la Corte ya ha señalado que no se puede imponer una sanción por desacato: (i) cuando la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso-; (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo3. 10.
En todo caso el trámite del incidente de desacato debe adelantarse respetando las garantías del debido proceso del cual son titulares todas las partes. En este sentido, la Corte ha precisado que: “La sanción, desde luego, sólo puede ser impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso respecto de aquél de quien se afirma ha incurrido en el desacato…”4 Conforme a la jurisprudencia en cita, frente al desacato a una providencia judicial, el juez debe sancionar al incumplido para corregir su actitud omisiva o desobediente, y proveer a la inmediata efectividad de la orden, garantizando así su cumplimiento como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Ahora bien, para la imposición de la sanción, el juez no se puede basar únicamente en un juicio objetivo, sino que debe revisar el contexto de la orden, y examinar si existe alguna justificación que pueda excusar la omisión. Adicionalmente se debe revisar si se agotó a cabalidad las exigencias que para esa imposición trae el artículo 27 del Decreto 2591.
En este orden de ideas, Procederá la Sala a determinar, si en el caso bajo estudio, se cumplieron los parámetros establecidos por las normas y la jurisprudencia, antes transcritas, para imponer la sanción. La EPS no se pronunció respecto del incidente, por lo que no obra prueba dentro del cartulario que dé cuenta del cumplimiento del fallo de tutela. 3 Cita de cita: Sentencia T-368/05. 4 Cita de cita: Sentencia T-766/03, T-368/05 y Auto 118/05. 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 6 Conforme a lo anterior es claro que aún no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela, puesto que no se ha suministrado el servicio médico que requiere la actora para el manejo de su patología. Ahora bien, en el presente asunto, considera esta Sala que efectivamente hay lugar a mantener la sanción por las siguientes razones: Objetivas: I. Imposibilidad fáctica: No se encuentra dentro del cartulario prueba alguna que la EPS hubiere adelantado todas las actuaciones administrativas necesarias, con el fin de brindar el servicio médico que requiere la actora.
De otro lado es claro para esta Sala que es la EPS es la encargada de brindar los servicios que requiere la accionante, por ser funciones propias de la misma. II. El contexto de la orden Observa la Sala que la orden de tutela va dirigida a que se adelanten todas las actuaciones administrativas necesarias, con el fin de que se brinden los servicios médicos que requiere la actora, de tal suerte que en consideración de este Juez Plural la orden dada es de aquellas que hacen parte de las obligaciones y funciones de la EPS y que debe afrontar en su giro normal de actividades, no necesitando para la prestación de los servicios médicos asumir costos extraordinarios o celebrar contratos adicionales a los que normalmente debe celebrar.
III. Estado de cosas inconstitucionales: La orden dada no es de aquellas que puedan rebosar el alcance institucional de la EPS, por el contrario, es una orden que la EPS debe estar en capacidad de ejecutar, luego no se observa un estado de cosas inconstitucional que impida cumplir con el fallo de tutela. IV Complejidad de las Órdenes: La orden dada en el fallo de tutela no demanda para su cumplimiento de expensas extraordinarias, contratación de personal especializado diferente al que debe tener una EPS, ni de convenios interadministrativos con otras empresas de salud, de lo que se deriva la inexistencia de una complejidad 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 7 de tal magnitud, que impida a los funcionarios sancionados dar cumplimiento a las órdenes de tutela.
VI Competencia Funcional Directa De acuerdo con lo anterior se reitera que, en la apertura del incidente de desacato se indicó con claridad el funcionario que debían cumplir la orden emitida, esto es, Luis Fernando Bernal Jaramillo en calidad representante legal para asuntos judiciales y de tutela. También observa esta Sala que, conforme a la orden dada y referida en líneas anteriores, la misma se encuentra dentro del resorte funcional de la persona sancionada, por lo que la sanción se impuso al funcionario que conforme a la ley y la jurisprudencia deben cumplir o hacer cumplir la orden.
VII- Plazo Otorgado En el fallo de tutela se ordenó que se le prestará el servicio médico que requiere la actora, así como el tratamiento integral para el manejo de su patología, evidenciando este Juez Plural de Decisión que ha transcurrido más de un mes desde que se dio la orden de tutela; por lo que encuentra esta Sala que ha transcurrido un tiempo razonable para que se hubiere brindado el servicio médico que requiere y que fuera protegido mediante el fallo de tutela en mención. Factores Subjetivos: I. Culpa o dolo.
El no cumplir la orden, sin que se hubiere dado alguna justificación razonable para ello, permite considerar que hay culpa por parte del sancionado, al menos en el grado de negligencia, pues teniendo la competencia, la capacidad, y no encontrase en un estado de cosas inconstitucionales, solo permite evidenciar una falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de sus responsabilidades.
II. Allanamiento a las órdenes: Si bien no se observa que se opongan a las órdenes dadas, tampoco se evidencia la diligencia para su cumplimiento, o que efectivamente hayan hecho todos los esfuerzos necesarios para ello. 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 8 III. Acciones Positivas para el Cumplimiento: En el cartulario no se evidencia que se hayan realizado actividades positivas encaminadas a dar cumplimiento a la orden dada por el Juez Constitucional, evidenciándose una actitud evasiva del funcionario no solo respecto de la orden dada si no frente a los requerimientos efectuados por el A Quo en los cuales se exhorta el cumplimiento del fallo de tutela.
Así las cosas, al verificarse que no se ha dado cumplimiento al fallo y que los derechos fundamentales de la actora siguen siendo vulnerados, en consideración de este Juez Plural de Decisión Luis Fernando Bernal Jaramillo representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS incurrió en desacato. Ahora bien, respecto de la sanción impuesta a Gloria Libia Polanía Aguillón Interventora de la Nueva EPS, evidencia esta Sala que la misma fue designada mediante Resolución 6807-6 del 15 de agosto, siendo posesionada el 20 de agosto de 2025 conforme a información publicada por la Superintendencia de Salud; siendo que la novedad se registró en el certificado de existencia y representación el 25 de agosto de 2025.
En este orden de ideas, si bien cuando se realizó el requerimiento del cumplimiento del fallo de tutela, esto es el 29 de agosto de 2025, ya había sido designada la nueva interventora, lo cierto es que teniendo en cuenta el lapso transcurrido entre la posesión y el requerimiento efectuado, no tuvo la oportunidad para gestionar el cumplimiento del fallo, sumado a que no existe prueba dentro del cartulario que la interventora tuviera conocimiento efectivo de la orden de tutela; por lo que habrá de revocarse la sanción impuesta a su cargo.
De otro lado, se le precisará al juzgado de primera instancia, que dentro del trámite del incidente de desacato cuenta con diferentes herramientas establecidas en la normativa vigente, tales como el deber derivado del artículo 53 del Decreto-Ley 2591 de 1991, en el sentido de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial; el envío de copias para la iniciación del proceso sancionatorio ante la Superintendencia de Salud para determinar posibles faltas administrativas; y la compulsa de copias disciplinarias a la 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 9 Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo de tutela.
En esa medida, SE EXHORTARÁ al juzgado para que realice las compulsas de copias previamente referidas. Finalmente, y reiterando que el objeto del incidente no es la imposición de la sanción en sí misma, sino proteger el derecho fundamental amenazado Luis Fernando Bernal Jaramillo Representante Legal para Asuntos Judiciales y de Acciones de Tutela de la Nueva E.P.S., y, deberá de manera inmediata suministrar los servicios médicos que requiere la actora y que fueran ordenados por el médico tratante y cubiertos en el fallo de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente los ordinales primero y segundo del auto del 10 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito por medio del cual se sancionó a Gloria Libia Polanía Aguillón, Interventora de la Nueva E.P.S., por incumplimiento al fallo de tutela proferido el 05 de agosto de 2025, conforme las consideraciones que antecede.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el auto del 10 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito por medio del cual se sancionó a Luis Fernando Bernal Jaramillo en calidad de representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, por incumplimiento al fallo de tutela proferido el 05 de agosto de 2025, conforme las consideraciones que antecede.
TERCERO: SE EXHORTA al Juzgado de conocimiento, COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue la conducta de Luís Fernando Bernal Jaramillo, Representante Legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS S.A. por presunto fraude a resolución judicial (artículo 53 del Decreto-ley 2591 de 1991); a la Superintendencia de Salud para la iniciación del proceso sancionatorio que corresponda; y a la 17001-33-39-006-2025-00263-01 Incidente de Desacato A.I. 360 Segunda Instancia 10 Procuraduría General de la Nación para el proceso disciplinario que corresponda.
CUARTO: SE EXHORTA a Gloria Libia Polanía Aguillón, Interventora de la Nueva E.P.S. en su calidad de superior jerárquica de Luis Fernando Bernal Jaramillo representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, para que de manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para hacer cumplir el fallo proferido el 05 de agosto de 2025.
QUINTO: En consecuencia, de lo anterior, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático “SAMAI”.
SEXTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión realizada el 12 de septiembre de 2025, conforme acta nro. 084 de la misma fecha. CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES Magistrado Ponente FERNANDO ALBERTO ÁLVAREZ BELTRÁN Magistrado JORGE HUMBERTO CALLE LÓPEZ Magistrado Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.