680013333014-2018-00187-02 · Tribunal Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Bucaramanga, seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025) SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2018-00187-02 DEMANDANTE Adriana Amézquita Castro Yeisson Alexander Ramírez Joya Gloria Isabel Delgado Morales Tatiana Sofia González García notificaciones@legalgroup.com.co DEMANDADO Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 0383 de 2013 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda. 1.

Antecedentes 1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, las señoras Adriana Amézquita Castro, Yeisson Alexander Ramírez Joya, Gloria Isabel Delgado Morales y Tatiana Sofia González García formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJBUR17-4823 del 29 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de reposición y apelación. Presentado el 15 de septiembre de 2017.

En consecuencia, solicitó: «PRIMERA: Que se inaplique por inconstitucional e ilegal el artículo r del Decreto 383 de 2013, especialmente el aparte " y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ", y demás normas que lo complementen o modifiquen, por ser abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes superiores, tales como, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 4“ de 1992 (Ley marco de Régimen Salarial de Empleados Públicos), representando la merma y restricción de derechos laborales de mis prohijados, sustrayendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. DESAJBUR17-4823 de 29 de agosto de 2017, por medio del cual la parte demandada negó el reconocimiento como factor salarial de la. 1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 2 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander bonificación judicial (creada por el Decreto 383 de 2013) y la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por los aquí DEMANDANTES al servicio de la RAMA JUDICIAL TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. DESAJBUR17-4823 de 29 de agosto de 2017, habiendo transcurrido los dos (2) meses preceptuados en el artículo 86 del C.P.A.C.A. CUARTA: Que, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados, se ordene a la RAMA JUDICIAL - DEAJ el reconocimiento y pago, como Factor salarial y prestacional, de la bonificación judicial - creada mediante Decreto 383 de 2013 - y en tal virtud, se reliquiden las prestaciones sociales (prima de servicios, prima de productividad, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos) devengados por mis prohijados como funcionarios de dicha entidad pública, pagando las diferencias prestacionales dejadas de percibir con ocasión de la negativa referenciada, a partir del 1 de enero de 2013.

QUINTA: Que, en adelante, se reconozca esta bonificación judicial como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales (prima de servicios, prima de productividad, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos) devengadas por los demandantes y no solo para los descuentos destinados a la base de cotización al sistema general de seguridad social en salud y pensión, como actualmente se realiza.

SEXTA: Que la respectiva sentencia que se profiera dentro del proceso que aquí se instaura sea cumplida por la entidad demandada dentro de los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios del consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

SÉPTIMA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada» (sic en todo el texto). 1.1.2. Fundamentos fácticos Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes: i) Los demandantes se encuentran vinculadas a la Rama Judicial y para la fecha de presentación de la demanda ocupaban cargos en despachos judiciales, razón por la cual son beneficiarios de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, a partir de la fecha en que ingresaron a su cargo como funcionarias de acuerdo la certificación expedida por talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. ii) Al momento de liquidar y cancelar los valores correspondientes a la prestación social de los demandantes, la Rama Judicial, no ha incluido como factor salarial y prestacional la bonificación judicial reconocida en el Decreto 383 de 2013. iii) De conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se delegó al Gobierno Nacional una facultad, sin que ello lo autorizara para restringir el carácter de factor salarial a las medidas adoptadas para cumplir el deseo de nivelación salarial a favor de los servidores de la Rama Judicial; además, en el artículo 2 ibidem, se consignó como criterio orientador el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales y se especificó que en ningún caso se podrían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales. iv) El 26 de julio de 2017, los demandantes presentaron petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho. v) El 29 de agosto de 2017, mediante Resolución DESAJBUR17-4823, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 14 de septiembre de 2017. vi) El 15 de septiembre de 2017, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, los cuales no fueron resueltos, Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria. 1.1.3.

Normas violadas y concepto de violación En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; 42 del Decreto 1042 de 1978; 1,2,10 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones: i) Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 382 de 2013. ii) Deben otorgarse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. iii) Si bien el Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar la brecha salarial existente entre los funcionarios de la Rama Judicial creó mediante la expedición del Decreto 383 de 2013 un emolumento salarial para un alto porcentaje de empleados y funcionaros, lo anterior no significa que hubiera obrado del todo de buena fe y honrado cada uno de los principios, derechos y deberes que le impuso el legislativo, toda vez que de manera premeditada le restó los efectos prestacionales que por disposición legal se le debe dar a todo Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander emolumento que se paga al trabajador como contraprestación directa por los servicios prestados. iv) Las autoridades administrativas tienen el deber de efectivizar los derechos de los ciudadanos; no obstante, en el presente caso es el Estado quien vulnera derechos ciertos, irrenunciables e indiscutibles al desconocer de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política los efectos prestacionales de la bonificación judicial. v) Si bien la Constitución Política no fija criterios para efectos de determinar los factores salariales que han de tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, le corresponde al legislador en virtud de los principios de justicia equidad, racionalidad y razonabilidad determinarlos; además, pese a que fue el ejecutivo quien profirió el Decreto 383 de 2013 a través del cual se le restó los efectos prestacionales a la bonificación judicial, corresponde al operador judicial apartarse de dicho mandato y conceder todos los efectos prestacionales que en derecho corresponde, en virtud del principio in dubio pro operario, armonizado con los pilares del derecho al trabajo. 1.2.

Contestación de la demanda 1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos nominados: «falta de legitimación en la causa por pasiva», «ineptitud de la demanda» y «caducidad» e innominados: «inexistencia del demandado», «cobro de lo no debido» y «prescripción trienal de los derechos reclamados».

Los medios exceptivos se fundamentaron en los siguientes aspectos: Nominados: 2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60. Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander a) «Falta de legitimación en la causa por pasiva»: i) La parte demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. ii) Resulta evidente que dichas competencias no corresponden a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como erradamente se pretende en la demanda, comoquiera que la competencia para modificar la escala salarial se encuentra legalmente asignada al Gobierno Nacional. iii) Los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial toda vez que es el Gobierno Nacional, quien a través de las autoridades competentes debe pronunciarse respecto de lo legalidad de sus actuaciones. b) «Caducidad» i) Se encuentra probado que los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando la parte demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno anterior.

Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii) La parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automático de un derecho; no obstante, las normas que regulan esa remuneración no fueron demandados, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión. c) «Ineptitud de la demanda»: i) La demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. ii) En virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia. iii) La Rama Judicial cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Innominados a) «Inexistencia del demandado»: Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander i) La entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. ii) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene facultades ni participa en el proferimiento de los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. iii) La Rama Judicial es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa. d) «Cobro de lo no debido»: i) En el presente caso no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional. d) «Prescripción trienal de los derechos reclamados» i) En relación con la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii) En el presente caso, ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte demandante, toda vez que radicaron la petición ante la Seccional Bucaramanga el 17 de agosto de 2017, mediante la cual reclamaron el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 17 de agosto de 2014 se encuentran prescritas. 1.3.

La sentencia apelada3 El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, resolvió: «PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 26 de julio de 2014.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Resolución DESAJ BUR 17 – 4823 del 29 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto ficto presunto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto el 15 de septiembre de 2017.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de ADRIANA AMEZQUITA CASTRO, YEISSON ALEXANDER RAMIREZ JOYA, GLORIA ISABEL DELGADO MORALES y TATIANA SOFÍA GONZÁLEZ GARCÍA, todas las prestaciones sociales y factores salariales 3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 50.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR las excepciones propuestas relacionadas con el cobro de lo no debido, inconstitucionalidad, caducidad y la falta de legitimación en la causa por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: Notificar la presente providencia a las partes y al Ministerio Público, conforme disponen las normas vigentes.

NOVENO: En firme la presente providencia procédase al archivo del expediente previo envío de comunicaciones y desanotaciones a que haya lugar. […]» En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos: i) La bonificación judicial les ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ii) De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio. iii) La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992. iv) El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales. v) Concluye que la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander del salario devengado.

De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados. 1.4. El recurso de apelación 1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos: i) La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios. ii) El a quo desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no está en su deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad. ii) Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y si al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 52 índice SAMAI, Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. 1.5.

Trámite de segunda instancia Por auto del 19 de noviembre de 20245 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni allegaron pronunciamiento alguno. 2. Consideraciones Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia. 2.1.

Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia. 2.2.

Problema jurídico De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si los demandantes tienen derecho a que se led reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra «únicamente», contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 2013, 5 Expediente digital, actuación 21, índice SAMAI.

Marco normativo 2.3.1. De la bonificación judicial El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 19926, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, a través del cual creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1º para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal: «ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […] 6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.

En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander PARÁGRAFO.

La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior. En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se cuenta regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio. […]».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará mensualmente en tanto el servidor permanezca en el servicio. Igualmente, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud, excluyéndose como factor para liquidar otros efectos legales. 2.3.2.

Excepción de inconstitucionalidad La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander en su artículo 4.

Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente. La Corte Constitucional7 ha señalado que corresponde al Juez oficiosamente, inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad.

Al respecto sostuvo: «La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”.

En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto Inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política». A su turno el Consejo de Estado8 ha señalado sobre este tópico: «La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. […]) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma 7 Corte Constitucional, sentencia SU-132 de 2013 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11 de noviembre de 2010, consejera ponente María Elizabeth García González, radicación: 66001-23-31-000-2007-00070-01 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea […]» Para el caso que nos ocupa, el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 que crea la bonificación judicial dispone expresamente que esta prestación «únicamente» constituye factor salarial para efecto de los aportes al sistema de seguridad social, con lo cual excluye esta prestación de la base remuneratoria de los trabajadores.

En este orden de ideas, la Sala estima que el término «únicamente» en el contexto ya reseñado, es contrario a los postulados constitucionales que garantizan los derechos laborales mínimos, especialmente al artículo 53 de la Constitución Política que consagra la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, por lo cual acertó el fallador a quo al inaplicar, para el caso sub judice la expresión que a continuación se subraya de la citada norma: «Artículo 1.

Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones II al Sistema General de Seguridad Social en Salud».

En los términos ya referidos, se impone en este caso la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, mediante la facultad que prevé el artículo 148 del CPACA, toda vez que la exclusión que estipula el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, riñe con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, luego resulta necesario privilegiar el imperio de esta última, con las consecuencias que se señalarán en los restantes acápites. 2.3.3.

Del factor salarial de la bonificación judicial 2.3.3.1. Elementos que constituyen salario Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Todo derecho se desprende de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 53 que facultó al Congreso de la República para expedir el estatuto del trabajo para lo cual debía tener en cuenta para su creación el seguimiento de los principios de «Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las frentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, Ia capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».

De igual forma dispuso que «Los convenios internacionales del trabajo, previamente ratificados y aceptados en debida forma, serían parte de la legislación interna». Por otra parte, «la ley, los contratos, los acuerdos, convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». De esa manera, el bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son también aplicables y de obligatorio cumplimiento, corno parámetro de legalidad de las actuaciones del Estado, de tal forma que si no se aplican se estaría vulnerando la propia Constitución. Aún más, los acuerdos, contratos y la misma ley no pueden desfavorecer los derechos de los trabajadores.

Uno de los convenios internacionales relevante en el tema objeto de estudio, es el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio, núm. 95, 1949), adoptado en Ginebra en la 3T reunión CIT, que tuvo su entrada en vigor el 24 de septiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que «el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por la labor que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar».

La Sección Cuarte del Consejo de Estado9 en sentencia del 17 de marzo de 2016, se pronunció respecto del concepto de salarios en los siguientes términos: «De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, «constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

A su turno, en pronunciamiento del 5 de agosto de 201010, indicó lo siguiente: «En cuanto al salario se ha entendido de manera general que es todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al precisar el concepto de salario expresó que “(…) en términos generales, constituye salario todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le de.

Es decir, el salario es la consecuencia directa del derecho fundamental al trabajo y principio mínimo fundamental de ese derecho, al tenor del artículo 53 de la Carta, que consagra como tal, entre otros, la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo” A su turno, esta Sección en sentencia del 25 de marzo de 2004 proferida dentro del proceso referenciado con el número 1665-03, dijo que “(…) el concepto de salario ha sido definido en la ley laboral colombiana, tradicionalmente como la retribución por el servicio prestado.

Por ello, todo pago recibido del empleador que además de tener un propósito retributivo constituya un ingreso personal del funcionario y sea habitual, tiene naturaleza salarial» 9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 17 de marzo de 2016, consejero ponente: Martha Teresa Briceño De Valencia, radicación 760012331000201101867-01 (21519) 10 Consejo de Estado.

Sala de Consulta y Servicio Civil. consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. radicación. 68001-23-15-000-2001-02652-02(1076-11) Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: «Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales»11 Respecto de los factores que constituyen salario para los empleados públicos, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 dispuso lo siguiente: «ARTÍCULO 42.

De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en forma nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Son factores de salario: a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto. b. Los gastos de representación. c. La prima técnica. d. El auxilio de transporte. e. El auxilio de alimentación. f. La prima de servicio. g. La bonificación por servicios prestados. h. Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión» (Subrayado por la Sala).

Aunado a lo anterior, El Consejo de Estado además de tener en cuenta el alcance del referido decreto, al resolver controversias laborales se ha remitido 11 Corte Constitucional, Sentencia C-521 de 1995. Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander al concepto de salario contenido en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo como criterio de interpretación válidamente aplicable.

Corolario de lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, indicó lo siguiente: 12 «[…] aunque estas normas en principio no se aplican en la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, tal como lo precisa el artículo 3 del CST “el presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares”, esta Sala ha acudido a esta definición como criterio interpretativo, y de manera concreta se hace referencia en la sentencia de 6 de julio de 2015 donde se declaró la nulidad de la expresión “no constituirá factor salarial para ningún efecto legal” del artículo 5 del Decreto 4050 de 2008, que regula el incentivo por desempeño grupal».

Las normas del Código Sustantivo del Trabajo que regulan el salario y los pagos que lo integran son las siguientes: «ARTÍCULO 127. Elementos integrantes. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

ARTÍCULO 128. Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.

Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: César Palomino Cortés, sentencia de 19 de febrero de 2018, Radicación: 11001-03-25-000-2012-00067- 00(0285-12).

Bajo ese hilo conductor, en general constituye salario toda suma que remunere el servicio prestado por el trabajador y no hacen parte de este, i) los pagos ocasionales y que por mera liberalidad efectúa el empleador, como bonificaciones; ii) los pagos para el buen desempeño de las funciones a cargo del trabajador, como el auxilio de transporte; iii) las prestaciones sociales y iv) los beneficios o bonificaciones habituales u ocasionales de carácter extralegal, si las partes acuerdan que no constituyen salario.

Concluye la Sala que la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 fue creada con la finalidad de nivelar a los funcionarios de la Rama Judicial, toda vez que la situación salarial en la cual se encontraban inmersos con antelación este decreto, no era acorde con los deberes de las labores que deben cumplir y se traducen en desconocer el emolumento creado mediante la norma citada, lo que traería consigo una afectación de manera directa a los ingresos del trabajador y lo deja en un plano de desigualdad frente a los demás empleados y funcionarios que gozan de este beneficio.

Considera esta Sala que la bonificación judicial fue creada con el fin de nivelar a los funcionarios y empleados de la rama judicial, toda vez que la situación salarial en la cual se encontraban inmersos con antelación al Decreto 383 de 2013, no era acorde con los deberes de las labores que deben cumplir y se traducen en desconocer el emolumento creado mediante el Decreto citado, lo que traería consigo una afectación de manera directa a los ingresos del trabajador y lo deja en un plano de desigualdad frente a los demás empleados y funcionarios que gozan de este beneficio. 2.4.

Hechos probados Acorde al material probatorio allegado al expediente y luego de la valoración correspondiente en aplicación de las reglas de la sana crítica, la Sala encuentra probados los siguientes hechos: 2.4.1. Adriana Amézquita Castro. Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.4.1.1.

La parte demandante labora en la Rama Judicial y ha desempeñado varios cargos; además, se encuentra acreditado que la señora Adriana Amézquita Castro se vinculó a la entidad desde el 1 de abril de 2008.13 2.4.1.2. El 26 de julio de 2017 la parte demandante presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, a través de la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el año 2013. 14 2.4.1.3.

El 29 de agosto de 2017, a través de la Resolución DESAJBUR17- 4823 notificada el 14 de septiembre de 2017, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa en los siguientes términos: 15 «[…] El Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias y como jefe del ejecutivo, ha proferido una serie de Decretos en los cuales se establecen distintas erogaciones de las cuales son beneficiarios los diferentes servidores de la Rama Judicial, y a través de los cuales se reconocen primas y/o bonificaciones para aquellos, siempre bajo una premisa permanente en el sentido de que dichas erogaciones no constituyen factor salarial.

Dichos montos son reconocidos en virtud de la orden impartida por los Decretos que así lo disponen y que según estos mismos consagran, no tienen carácter salarial ni prestacional, situación reiterada en los distintos Decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama Judicial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, ya que solo se tendrá en cuenta para el Sistema General de Pensiones y de seguridad social en salud.

Adicionalmente, a partir de la creación de dichas erogaciones, se ha producido una situación masiva que se refleja en la presentación de numerosas y repetitivas solicitudes tendientes a reconocer y el carácter salarial de las 13Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 68 a 69 14 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6 15.

Entre estos reconocimientos se encuentran conceptos como la prima especial de servicios, la bonificación judicial, la bonificación por actividad judicial, las cuales a su vez originan reclamaciones tendientes al reconocimiento de las diferencias adeudadas que tienen como fundamento la reliquidación mencionada, como el adicional adeudado como consecuencia de la prima especial y la diferencia de la prima de antigüedad a quienes se encuentran en el régimen no acogidos, entre otros. […] Artículo 345 Constitución política: "En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos".

Artículo 86 de la Ley 38 de 1989: "Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible con anticipación a la apertura de crédito adicional correspondiente y quienes lo hicieren responderán personalmente, de las obligaciones que contraiga". Artículo 16 de la Ley 224 de 1995: "Todos los actos administrativos que afecten al presupuesto respectivo tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y registro: presupuestal, en los términos de las Leyes 38 del 89 y 174 del 94 Orgánicas del Presupuesto y sus reglamentos".

La normatividad citada anteriormente se presenta entonces como un imperativo que como autoridad administrativa debemos acatar, razón está que impide modificar el régimen salarial consagrado para el correspondiente pago de salarios, reliquidando cualquier porcentaje como un valor adicional sobre el salario básico mensual que estipula este decreto aunado al carácter de factor salarial al 100% de lo devengado por el trabajador como remuneración mensual, concepto este último que es el que fija el Gobierno en los Decretos.

En tal virtud, no puede la administración judicial, autorizar sin orden Judicial que así lo imponga y por ende sin el respectivo respaldo presupuestal, el reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas de manera retroactiva y en adelante, como pretenden en la actualidad diferentes peticionarios, pues proceder a dichos pagos iría en contravía de la naturaleza funcional de esta Dirección, y dicho actuar se encontraría por fuera del ámbito de nuestra competencia generando diferentes responsabilidades para la entidad y sus diferentes agentes.

En el orden de ideas propuesto, se puede determinar que esta entidad cumple firme y cabalmente con la normatividad vigente que rige la materia, no pudiendo actuar de ninguna otra manera, puesto que de hacerlo estaría contrariando la ley, razón por la cual esta Dirección Ejecutiva Seccional no puede acceder a reconocer y pagar la reliquidación y/o nivelación salarial por usted reclamada.

El 13 de diciembre de 2022, la coordinadora del área de Talento Humano expidió constancia de servicios prestados por la señora Adriana Amézquita Castro, en la cual se relacionan los tiempos y los cargos desempeñados desde el 23 de marzo de 2011 hasta la fecha de la certificación. 17 2.4.2. Yeisson Alexander Ramírez Joya 2.4.2.1.

La parte demandante labora en la Rama Judicial y ha desempeñado varios cargos; además, se encuentra acreditado que el señor 16Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6 17Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 68 a 69 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Yeisson Alexander Ramírez Joya se vinculó a la entidad desde el 24 de abril de 2012.18 2.4.2.2.

El 26 de julio de 2017 la parte demandante presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, a través de la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el año 2013. 19 2.4.2.3.

El 29 de agosto de 2017, a través de la Resolución DESAJBUR17- 4823 notificada el 14 de septiembre de 2017, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa en los siguientes términos: 20 «[…] El Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias y como jefe del ejecutivo, ha proferido una serie de Decretos en los cuales se establecen distintas erogaciones de las cuales son beneficiarios los diferentes servidores de la Rama Judicial, y a través de los cuales se reconocen primas y/o bonificaciones para aquellos, siempre bajo una premisa permanente en el sentido de que dichas erogaciones no constituyen factor salarial.

Adicionalmente, a partir de la creación de dichas erogaciones, se ha producido una situación masiva que se refleja en la presentación de numerosas y repetitivas solicitudes tendientes a reconocer y el carácter salarial de las bonificaciones ya citadas y en consecuencia a otorgar el pago de las diferencias adeudadas que son reclamadas por los distintos servidores judiciales. 18Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 74 a 75 19 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6 20.

Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6, folio 8 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Entre estos reconocimientos se encuentran conceptos como la prima especial de servicios, la bonificación judicial, la bonificación por actividad judicial, las cuales a su vez originan reclamaciones tendientes al reconocimiento de las diferencias adeudadas que tienen como fundamento la reliquidación mencionada, como el adicional adeudado como consecuencia de la prima especial y la diferencia de la prima de antigüedad a quienes se encuentran en el régimen no acogidos, entre otros. […] Artículo 345 Constitución política: "En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos".

Asimismo, los valores de los salarios determinados para los cargos existentes en la Rama Judicial no pueden ser modificados por ninguna autoridad administrativa, toda vez que cualquier régimen salarial y prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1992, Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander o en los Decretos dictados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no operará bajo ningún tipo de legalidad.

En el orden de ideas propuesto, se puede determinar que esta entidad cumple firme y cabalmente con la normatividad vigente que rige la materia, no pudiendo actuar de ninguna otra manera, puesto que de hacerlo estaría contrariando la ley, razón por la cual esta Dirección Ejecutiva Seccional no puede acceder a reconocer y pagar la reliquidación y/o nivelación salarial por usted reclamada.

Por esta razón y según directrices emitidas por la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago deberá efectuarse tal y como se venía realizando, hasta tanto no se den nuevas instrucciones al respecto […]». 2.4.2.4. El 15 de septiembre de 2017, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, los cuales no fueron resueltos por la entidad demandada.21 2.4.2.5 El 13 de diciembre de 2022, la coordinadora del área de Talento Humano expidió constancia de servicios prestados por el señor Yeisson Alexander Ramírez Joya, en la cual se relacionan los tiempos y los cargos desempeñados desde el 14 de mayo de 2013 hasta la fecha de la certificación.22 2.4.3.

Gloria Isabel Delgado Morales 2.4.3.1. La parte demandante labora en la Rama Judicial y ha desempeñado varios cargos; además, se encuentra acreditado que la señora Gloria Isabel Delgado Morales se vinculó a la entidad desde el 1 de abril de 2013.23 21Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6 22Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 68 a 69 23Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 70 a 71 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.4.3.2.

El 29 de agosto de 2017, a través de la Resolución DESAJBUR17- 4823 notificada el 14 de septiembre de 2017, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa en los siguientes términos: 25 «[…] El Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias y como jefe del ejecutivo, ha proferido una serie de Decretos en los cuales se establecen distintas erogaciones de las cuales son beneficiarios los diferentes servidores de la Rama Judicial, y a través de los cuales se reconocen primas y/o bonificaciones para aquellos, siempre bajo una premisa permanente en el sentido de que dichas erogaciones no constituyen factor salarial.

En el orden de ideas propuesto, se puede determinar que esta entidad cumple firme y cabalmente con la normatividad vigente que rige la materia, no pudiendo actuar de ninguna otra manera, puesto que de hacerlo estaría Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander contrariando la ley, razón por la cual esta Dirección Ejecutiva Seccional no puede acceder a reconocer y pagar la reliquidación y/o nivelación salarial por usted reclamada.

Por esta razón y según directrices emitidas por la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago deberá efectuarse tal y como se venía realizando, hasta tanto no se den nuevas instrucciones al respecto […]». 2.4.3.4. El 15 de septiembre de 2017, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, los cuales no fueron resueltos por la entidad demandada.26 2.4.3.5 El 13 de diciembre de 2022, la coordinadora del área de Talento Humano expidió constancia de servicios prestados por la señora Gloria Isabel Delgado Morales, en la cual se relacionan los tiempos y los cargos desempeñados desde el 1 de abril de 2013 hasta la fecha de la certificación.27 2.4.4.

Tatiana Sofía González García 2.4.4.1 La parte demandante labora en la Rama Judicial y ha desempeñado varios cargos; además, se encuentra acreditado que la señora Tatiana Sofía González García se vinculó a la entidad desde el 8 de mayo de 2013.28 2.4.4.2 El 26 de julio de 2017 la parte demandante presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, a través de la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el año 2013. 29 26Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6 27Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 70 a 71 28Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 72 a 73 29 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 6, Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.4.4.3.

El 29 de agosto de 2017, a través de la Resolución DESAJBUR17- 4823 notificada el 14 de septiembre de 2017, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa en los siguientes términos: 30 «[…] El Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias y como jefe del ejecutivo, ha proferido una serie de Decretos en los cuales se establecen distintas erogaciones de las cuales son beneficiarios los diferentes servidores de la Rama Judicial, y a través de los cuales se reconocen primas y/o bonificaciones para aquellos, siempre bajo una premisa permanente en el sentido de que dichas erogaciones no constituyen factor salarial.

Artículo 16 de la Ley 224 de 1995: "Todos los actos administrativos que afecten al presupuesto respectivo tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y registro: presupuestal, en los términos de las Leyes 38 del 89 y 174 del 94 Orgánicas del Presupuesto y sus reglamentos". La normatividad citada anteriormente se presenta entonces como un imperativo que como autoridad administrativa debemos acatar, razón está que impide modificar el régimen salarial consagrado para el correspondiente pago de salarios, reliquidando cualquier porcentaje como un valor adicional sobre el salario básico mensual que estipula este decreto aunado al carácter de factor salarial al 100% de lo devengado por el trabajador como remuneración mensual, concepto este último que es el que fija el Gobierno en los Decretos.

En el orden de ideas propuesto, se puede determinar que esta entidad cumple firme y cabalmente con la normatividad vigente que rige la materia, no pudiendo actuar de ninguna otra manera, puesto que de hacerlo estaría contrariando la ley, razón por la cual esta Dirección Ejecutiva Seccional no puede acceder a reconocer y pagar la reliquidación y/o nivelación salarial por usted reclamada.

Por esta razón y según directrices emitidas por la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago deberá efectuarse tal y como se venía realizando, hasta tanto no se den nuevas instrucciones al respecto […]». Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.4.4.4.

El 15 de septiembre de 2017, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, los cuales no fueron resueltos por la entidad demandada.31 2.4.4.5. El 13 de diciembre de 2022, la coordinadora del área de Talento Humano expidió constancia de servicios prestados por la señora Tatiana Sofía, González García en la cual se relacionan los tiempos y los cargos desempeñados desde el 8 de mayo de 2013 hasta la fecha de la certificación.32 2.5.

Caso concreto. Análisis de la Sala Conforme a los antecedentes relacionados y de acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado atinente a establecer i) si los demandantes tienen derecho a que se les reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra «únicamente», contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial.

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión abordará el primer cuestionamiento para lo cual corresponde determinar si le asiste razón al juez de primera instancia y, para el efecto serán analizados los cargos de apelación propuestos por la parte demandada. 2.5.1. Carácter salarial de la bonificación judicial Decreto 0383 de 2013 Al respecto, destaca la Sala que las demandantes devengaron la bonificación judicial en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada al momento de liquidar las demás prestaciones sociales 31Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 6, archivo 10 32Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, actuación 38, archivo 60, folio 72 a 73 Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De conformidad con el marco jurídico y jurisprudencial reseñado de cara a las pruebas aportadas, esta Sala advierte que: i) la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 tiene por finalidad compensar la desnivelación salarial existente entre los funcionarios de la Rama Judicial; ii) y que esta se percibe como contraprestación de los servicios prestados de forma mensual y con carácter permanente, por lo cual se configuran los elementos para que constituya factor salarial.

En ese sentido, si bien el demandante ha sido beneficiario de la bonificación judicial no se le ha reconocido como factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales, lo cual ha desmejorado su remuneración, y vulnerado el principio de progresividad del trabajador. A su turno, afirma la parte demandada que acceder a dicho reconocimiento conlleva a la modificación de las normas que regulan el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial, sin que para el efecto exista norma que la derogue o sentencia que declare su inconstitucionalidad o ilegalidad.

Frente a lo anterior, la Sala precisa que si bien el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 no ha sido derogado, lo cierto es que existe jurisprudencia del órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en las que condena a la entidad demandada al reconocimiento y pago del referido emolumento como factor salarial, motivo por el cual negar las pretensiones objeto del presente proceso constituiría vulneración a las condiciones de igualdad del trabajador, lo cual afecta en igual sentido la seguridad jurídica de las autoridades judiciales como de los beneficiarios de la prestación. Tal conclusión, es consonante con lo establecido en el ordenamiento jurídico, al ratificarse el Convenio 095 de la OIT que define el concepto de salario, y Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander que al ser vinculante, no puede considerarse como un simple parámetro interpretativo, como lo ha sostenido la Corte Constitucional. «No ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución. Es preciso distinguir entre los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido “debidamente ratificados” por Colombia, “hacen parte de la legislación interna” -es decir, son normas jurídicas principales y obligatorias para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle en el derecho interno no todos los convenios forman parte del bloque de constitucionalidad, en razón a que algunos no reconocen ni regulan derechos humanos, sino aspectos administrativos, estadísticos o de otra índole no constitucional».33 Por consiguiente, la Sala considera que con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, «a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan».

En ese orden de ideas, aceptar que la bonificación judicial esté exenta de su carácter salarial, salvo para las cotizaciones al sistema de seguridad social, representa una disminución en el valor de las prestaciones sociales de las demandantes, lo que significa, que la expresión «únicamente» contemplada en el inciso 1 del Decreto 0383 de 2013 implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art. 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992. 33 Sentencia C-401 de 2005.

Por lo anterior, le asiste razón al a quo al declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial. 2.5.2. De la afectación de la sostenibilidad fiscal con el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y prestacional Los reparos efectuados por el recurrente en la alzada consisten en el desconocimiento del alcance superior del Decreto 383 de 2013, motivo por el cual aduce que el acceder a las pretensiones afectaría el mandato de sostenibilidad fiscal, en la medida que provocaría la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que el principio orientador de sostenibilidad fiscal introducido en la Constitución Política por el acto legislativa 03 de 2011, no puede primar sobre los derechos de los trabajadores, en la media que si bien como autoridades judiciales se tiene la obligación de ponderar la situación económica de la entidad al momento de proferir sentencias con el fin de no lesionar o desconocer su sostenibilidad fiscal; por mandato constitucional también el Estado debe garantizar la protección de los trabajadores por encima de cualquier circunstancia que ponga en riesgo sus principios mínimos fundamentales34. 34 “Artículo 53.

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Bajo ese orden de ideas, el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política señala: «Artículo 334. […] Parágrafo.

Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva» Bajo este hilo conductor, el no reconocimiento de la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 de 2013 como factor salarial y prestacional, desconoce su objetivo encaminado a que los servidores y funcionarios señalados en este, perciban igual remuneración con independencia del régimen salarial por el que optaron, situándolos en condición de desigualdad, y trasgrediendo además el principio de progresividad. 2.5.3.

De la vulneración del debido proceso con la inaplicación del Decreto 0383 de 2013 Refiere la apelante que el a quo incurrió en un error al inaplicar el artículo 1° del decreto 0383 de 2013, sin desvirtuar la presunción de constitucionalidad de este, en la medida que lo confrontó con una interpretación jurisprudencial, y no con preceptos constitucionales Al respecto, por mandato constitucional el juez tiene la potestad de inaplicar normas que vulneren la Constitución Política o la Ley.

Así mismo, que el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, va en contravía del precepto constitucional 53° establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

En consecuencia, al quedar plenamente acreditado que el juez de primera instancia actuó en cumplimiento del deber legal de velar porque prevalezca la Constitución sobre una norma de carácter legal contraria a esta, no se configura vulneración del debido proceso, y se debe inaplicar por inconstitucional la expresión: «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud».

Lo anterior, en consideración a que la decisión de primera instancia se siguió por los mandatos seguidos en el artículo 4 constitucional que pregonan la primacía constitucional en tanto determinó dar aplicación primigenia a la Constitución Política frente a la norma reglamentaria y según lo reglado en el artículo 148 del CPACA que establece el control de excepción de manera oficiosa, de ahí que la decisión no puede ser objeto de reproche en segunda instancia. Lo anterior, en atención a que la decisión objeto de estudio se enmarca en los criterios señalados por la Corte Constitucional en sentencia T- 681 de 2016.

Ahora bien, el Consejo de Estado35 respecto a la excepción de inconstitucionalidad se ha pronunciado de la siguiente manera: «La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes».

Bajo este hilo conductor, el artículo 148 del CPACA establece que «en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso 35 Sentencia del 11 de noviembre del 2010, radicado 66001-23-31-000-2007-00070-01 – Consejera Ponente: María Elizabeth García González Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte» De lo anterior, se extrae que: i) el juez tiene la obligación de velar porque prevalezca la norma de carácter constitucional sobre una norma de carácter legal, a fin de garantizar los derechos de las personas y brindarles seguridad jurídica; ii) al evidenciarse en el caso bajo estudio que el artículo 1° del decreto 382 de 2013 vulnera los artículos 13°, 53° y 150° numeral 19 de la Constitución Política, se debe inaplicar por inconstitucional la expresión: «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», en esa medida no se configura vulneración del debido proceso por parte del Juez de primera instancia. 2.6.

De la condena en costas Se precisa que el artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso de un proceso y por las agencias en derecho. De conformidad con el artículo 188 del CPACA «salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Recientemente el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 25 de mayo de 202336 sostuvo que, la palabra «disponer» a la que hace referencia la citada norma, no presupone la causación de costas per 36 Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar Bogotá, D. C., Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho, radicación: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022), demandante: Juan Pablo Ortega Henao, demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Medellín. Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución, para lo cual le corresponderá al juez de lo contencioso—administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, que limita el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

El criterio ponderativo, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento. En igual sentido el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 30 de noviembre de 202337 aclaró que adoptaba una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normatividad (adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA) «el juez está llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas».

Conforme a lo anterior, como no se observa en las partes un proceder incurso en los presupuestos anteriores, toda vez que la Sala observa que la demanda se sustentó en fundamentos jurídicos serios que se encuentran razonables, en consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia. 3. Conclusión Con sustento en la valoración de los argumentos expuestos y los medios de prueba obrantes en el expediente en consonancia con las pautas jurisprudenciales invocadas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia comoquiera que se encuentra acreditado que los actos administrativos enjuiciados no deben conservar su presunción de legalidad.

No habrá lugar a la condena en costas en esta instancia. 37 Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, Bogotá, D.C, referencia: nulidad y restablecimiento del derecho, radicación: 05001 23 33 000 2021 00664 01 (3612-2022), demandante: Aurora Galindo, demandado: departamento de Antioquia. Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política y la Ley, FALLA Primero. Confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda instaurada por los señores Yeisson Alexander Ramírez Joya, Adriana Amézquita Castro, Gloria Isabel Delgado Morales, y Tatiana Sofía González García en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Segundo. Sin condena en esta instancia de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero. Ejecutoriada esta providencia y, previas las anotaciones a que haya lugar en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, devolver el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en Sala de Decisión virtual acta 11 de 2025. [Firma electrónica] MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Magistrada [Firma electrónica] LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES Magistrada [Ausente con permiso] IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA Magistrado Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Adriana Amézquita Castro y otros Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333014-2018-00187-02 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander