860013333001-2023-00707-01 · Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo del Putumayo

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO SALA UNITARIA Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ San Miguel de Ágreda de Mocoa, 9 de octubre de 2025 Radicación 860013333001-2023-00707-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Alba Celeny Bejarano Martínez Demandados Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otros Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes Asunto Sentencia de Segunda Instancia I. OBJETO DE LA DECISION De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ-012- S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el FOMAG, contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025, por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual resolvió lo siguiente: “PRIMERO: INAPLICAR por ilegal el Decreto 2831 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta decisión.

SEGUNDO. - DECLARAR configurado el acto ficto presunto negativo derivado de la falta de contestación del derecho de petición de fecha 28 de febrero de 2022, conforme lo considerado en esta providencia.

TERCERO. - DECLARAR la nulidad del acto ficto presunto negativo derivado de la falta de contestación del derecho de petición de fecha 28 de febrero de 2022 elevado ante las demandadas de conformidad con lo expuesto en precedencia.

CUARTO. - DECLARAR que ha operado la prescripción de la sanción moratoria causada con anterioridad al 28 de febrero de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO. - Como restablecimiento del derecho, se condena a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por quince (15) días de mora desde el 28 de febrero de 2019 al 14 de marzo de 2019, en virtud de la prescripción antes señalada, los cuales se liquidarán con la asignación básica salarial para la época en que finalizó la relación laboral, esto es la asignación correspondiente al año 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Las sumas que resulten en favor de la parte demandante y con cargo de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Magisterio (FOMAG) serán canceladas de conformidad con lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

SEXTO. - La suma total causada por sanción moratoria se ajustará en su valor, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, conforme lo dispone el artículo 187 de la ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente en que cesó la causación de la sanción moratoria, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO. - DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. ( )” II.

ANTECEDENTES Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3. Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia. 2.1. Pretensiones de la demanda 1. A título de pretensiones y condenas, la parte demandante solicitó declarar la nulidad del acto ficto configurado el 28 de mayo del 2022, derivado de la falta de respuesta a la petición mediante la cual se requería el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías.

Asimismo, se solicita declarar el derecho del representado a que la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, el Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, y la Fiduprevisora S.A., reconozcan y paguen dicha sanción conforme a la normativa vigente. 2. Solicita condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Departamento del Putumayo – Secretaria de Educación Departamental, y a la Fiduprevisora S.A., al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías; que reconozcan los ajustes derivados de la pérdida del poder adquisitivo de la sanción moratoria, con base en la variación del IPC desde el pago de la cesantía hasta la ejecutoria de la sentencia; que se paguen los intereses moratorios desde la ejecutoria hasta el cumplimiento efectivo; y finalmente, que se impongan las costas procesales. 2.2.

Hechos relevantes de la demanda 3. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: como docente del magisterio del Departamento del Putumayo, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías el 13 de septiembre de 2018, expidiéndose en tal virtud la Resolución No. 4600 del 13 de diciembre del 2018, cuyo pago por concepto de cesantías se generó el día 15 de marzo de 2019.

La parte demandante afirma que el día 28 de mayo de 2022 radicó peticiones ante los entes demandados reclamando el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria establecida en el art. 5 de la Ley 1071 de 2006, los cuales guardaron silencio. 2.3. Normas violadas y concepto de la violación Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 4.

Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda, se reproducen como tales, los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; 57 de la Ley 1955 de 2019; y el Decreto 1272 de 2018, en cuanto a su fundamento la Sala entiende y sintetiza así: Las leyes citadas, regularon la situación particular respecto del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, en donde ellas establecen un término perentorio para su reconocimiento de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago después de haberse expedido el acto administrativo de reconocimiento.

En ese orden de ideas, argumenta el actor que el reconocimiento y pago, no deben superar esos términos, so pena de generarse una sanción para la entidad, equivalente a un día de salario hasta que se efectúe el pago de la cesantía. 2.4. Contestación de demanda 5. El Ministerio de Educación – FOMAG, aduce que en el caso sub judice, de conformidad al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 la responsabilidad recae en el ente territorial, en ese sentido, es el Departamento del Putumayo, la entidad a la que le corresponde asumir la mora.

Señala que no se configuró mora por parte del FOMAG, que los actos administrativos fueron emitidos conforme a derecho, y que cualquier sanción por mora debe ser cubierta mediante títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda. Además, plantea excepciones previas como la ineptitud sustantiva de la demanda y la necesidad de vincular a la Secretaría de Educación como litisconsorte necesario, junto con excepciones de mérito como la legalidad de los actos, compensación, cobro de lo no debido, buena fe y la improcedencia de imposición de costas procesales. 6.

Por su parte, el Departamento del Putumayo, se opuso a las pretensiones alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a su juicio el Decreto 2831 de 2005 establece que la fiduciaria Previsora S.A. es la responsable de administrar los recursos del fondo de prestaciones sociales del Magisterio y de efectuar el pago de las prestaciones solicitadas por el personal docente y directivo docente o sus beneficiarios, argumenta que el reconocimiento y pago de las prestaciones corresponde al FOMAG, y que las sanciones moratorias causadas antes de diciembre de 2022 deben ser asumidas por este fondo, según lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 y su modificación en la Ley 2294 de 2023.

Además, plantea excepciones como la prescripción de la acción conforme al artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, y la excepción genérica del artículo 282 del C.G.P. 2.5. Sentencia apelada 7. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de fecha 13 de febrero de 2025, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, como sustento de la decisión expuso que la entidad territorial emitió la resolución de reconocimiento de cesantías por fuera de los 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud pertinente, causando un periodo de mora de 76 días calendario, atribuibles al departamento del Putumayo, considerando que le es aplicable la sentencia de unificación de fecha 18 de julio de 2018, bajo esa idea señaló lo siguiente: “Fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales: 13 de septiembre de 2018 Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Fecha de reconocimiento: Resolución No. 4600 del 13 de diciembre de 2018.

Vencimiento del término para el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 1071/2006): 04 de octubre de 2018. Vencimiento del término de ejecutoria - 10 días (Arts. 76 y 87 CPACA): 22 de octubre de 2018. Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5 L. 1071/2006): 28 de diciembre de 2018. Fecha de pago: 15 de marzo de 2019 Periodo de Mora: 29 de diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2019.

Días de mora: 76 días de mora.” 8. Esa judicatura concluye que la sanción moratoria se causó entre el 29 de diciembre de 2018 y el 14 de marzo de 2019, por lo que no resulta aplicable la Ley 1955 de 2019. No obstante, le aplicó la prescripción extintiva en el periodo anterior al 28 de febrero de 2019, de conformidad al art. 151 del Código de Procedimiento Laboral, en ese sentido, la sanción moratoria empezó a correr desde el 28 de febrero de 2019 al 14 de marzo de 2019 y el demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de sanción moratoria el 28 de febrero de 2022 con lo cual se interrumpió el término de prescripción de 3 años. 9.

En ese periodo, los entes territoriales actuaban únicamente como facilitadores del trámite de cesantías para docentes nacionalizados, sin comprometer sus recursos, ya que el reconocimiento y pago estaba a cargo del FOMAG. En consecuencia, la responsabilidad por la sanción moratoria corresponde a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

Para su cálculo, al tratarse de cesantías definitivas, se tomará como base la asignación salarial vigente al momento del retiro, esto es, la correspondiente al año 2016, según lo establecido en la Resolución No. 4600 del 13 de diciembre de 2018. 10. Por último, no ordenó la indexación, ya que la sanción moratoria es una penalidad económica y no un derecho laboral. 2.6.

Apelación de la parte demandada 11. El FOMAG expresó no estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, desde su perspectiva, controvierte la condena impuesta, alegando que el fallo incurre en error al declarar una prescripción parcial, desconociendo la Sentencia de Unificación 2012-00200 de 2023 del Consejo de Estado, la cual establece que la prescripción de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías es total. 12.

En el caso concreto, se señala que la solicitud de cesantías fue presentada el 13 de septiembre de 2018, y la resolución que las reconoció fue expedida el 13 de diciembre del mismo año, fuera del término legal. Conforme a la jurisprudencia unificada, el plazo para el pago vencía el 26 de diciembre de 2018, y la sanción moratoria se configuró desde el 27 de diciembre de 2018.

Por tanto, el término de prescripción venció el 27 de diciembre de 2021, mientras que la reclamación fue presentada el 28 de febrero de 2022, lo que configura la prescripción total del derecho. 13. El apoderado también argumenta que no es aplicable la suspensión de términos por la emergencia sanitaria del COVID-19, ya que los decretos expedidos durante ese periodo (564, 417 y 491 de 2020) no ordenaron la suspensión de términos en sede administrativa Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co de manera general, sino que facultaron a las entidades para hacerlo mediante acto administrativo. 14.

Adicionalmente, se plantea la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria, conforme a la Sentencia de Unificación 580 de 2018 del Consejo de Estado, que considera que dicha sanción ya constituye una penalización económica suficiente. Se cita también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece la incompatibilidad entre intereses moratorios e indexación, por tratarse de figuras que persiguen el mismo fin reparatorio, lo que llevaría a una triple condena sobre el mismo capital. 2.7.

Trámite de segunda instancia 15. Agotado el trámite legal correspondiente, el juzgado de primera instancia concedió el recurso de apelación el 14 de marzo de 20251, ordenando la remisión del expediente a esta Corporación, la cual, en auto del 28 de abril de 2025, dispuso la admisión del recurso de apelación presentado por el FOMAG2.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. De la prescripción de la sanción moratoria 3.5. Análisis y decisión del caso concreto. 3.6. La condena en costas. 3.1. Competencia 16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. 3.2.

Problema Jurídico 17. La controversia versa, en los términos de la apelación, a determinar si se configura el fenómeno de la prescripción de la sanción moratoria reconocida en primera instancia a favor de la demandante frente a las cesantías pagadas de forma extemporánea por la entidad demandada y, en consecuencia, ¿hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria contenida en la Ley 1071 de 2006? 3.3.

Tesis de la Sala 18. A juicio de la Sala, se anticipa que conforme al material probatorio aportado por las partes y en los términos de la apelación, se determina que, en el caso bajo estudio, la sanción moratoria causada el 27 de diciembre de 2018 no está prescrita. 19. Por lo tanto, como se analizará en líneas posteriores, se negará a los pedimentos del recurso de apelación interpuesto por el FOMAG, confirmando el fallo de primera 1 Índice 00031/SAMAI/Exp. 1ra. inst. 2 Índice 00006/SAMAI.

Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala 20. Con el fin de desatar la controversia planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas y la jurisprudencia que regula la materia, para posteriormente adentrarse en el estudio del caso concreto, así: 3.4.1. De la prescripción de la sanción moratoria 21. Considerando los argumentos planteados en el recurso de apelación, resulta indispensable entrar a analizar la figura de la prescripción que se configura frente a la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, cuyo tema ha sido referido por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-034-CE- S2-2023 de fecha 02 de noviembre de 20233, explicando lo siguiente: “(…) la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la ley en favor de ciertas personas4.

Esta figura surge de la necesidad de establecer un límite temporal para el ejercicio de los derechos, con el fin de proporcionar un nivel mínimo de certeza y seguridad jurídica a las relaciones interpersonales y se relaciona con el deber que tiene cada persona de reclamar en tiempo sus derechos, bajo el riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos. 77.

En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el patrimonio público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el reconocimiento de derechos que fueron reclamados tardíamente por parte de sus titulares, como consecuencia de su propia incuria. Por ello, dentro del abanico de obligaciones que tiene el juez, como director del proceso, está la de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA).

De manera que la prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio. 78. Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE- SUJ2 004 de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las cesantías definitivas son una prestación que está sometida al fenómeno de la prescripción. En la referida sentencia se dispuso que cuando la mora en el pago de las cesantías no sea producto de la negligencia del empleador sino atribuible al empleado, la prestación estará afectada por el fenómeno prescriptivo, pues la omisión de este último en atender los requerimientos que el empleador le formule para disponer su pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor. 79.

En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria por el pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de prescripción trienal, pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un derecho imprescriptible.” 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Sección Segunda, radicación No. 080012333000201200200-02 (2459-2014), sentencia del 25 de agosto de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 4 Corte Constitucional sentencia C – 091 de 2018.

Esto obedece a que las Subsecciones A y B de dicha Corporación, han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, puesto que, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, no expresaron que la prescripción allí establecida se refiera a la mentada figura, en ese sentido, ese criterio se ha mantenido pacifico en la jurisprudencia de la Sección Segunda, esto es aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de prescripción extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS. 23.

De igual manera, es relevante indicar el momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, es decir, cuando se hace exigible la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, y en ese sentido, en la pluricitada sentencia de unificación del 18 de julio de 20187, aseveró lo siguiente: "( )SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas: i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago ( )" 24.

Para la contabilización de la prescripción de la sanción moratoria establecida para las cesantías, a efectos de su procedencia, no debe ser considerada una prestación periódica sino una penalidad indivisible de ejecución instantánea, por lo tanto, no es posible reconocer una prescripción parcial sino total, a esta conclusión arribó el H. Consejo de Estado8, diciendo: “(…) Si bien la sanción se causa y acumula diariamente, no puede ser considerada como una prestación periódica por tratarse de una penalidad indivisible de ejecución instantánea, por tanto, está sujeta a un plazo de prescripción establecido por la ley.

En otras palabras, aunque la penalidad acrecienta con el tiempo, esta acumulación no la convierte en una obligación sin restricciones, ya que el término de prescripción define un límite claro hasta cuándo se puede reclamar. Lo anterior explica que el fenómeno de la prescripción opera en aquellos casos en los cuales el reclamo de la penalidad se haya efectuado después de los tres años contados desde la exigibilidad de la sanción y el efecto extintivo se proyecta a todas las sumas causadas y no reclamadas oportunamente por la inacción del interesado (prescripción total), sin que resulte procedente reconocer la sanción moratoria de manera parcial o 5 CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, C. P.: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, Sentencia de unificación jurisprudencial CE- SUJ004 de 25 de agosto 2016, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), CE-SUJ2-004-16. 6 ARTICULO 151.

PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 7 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023, M.P. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co fraccionada tomando como fecha los tres años anteriores a la reclamación (prescripción parcial).

En consecuencia, no resulta admisible que el interesado alegue a su favor su propia negligencia en la reclamación oportuna y pretenda que se extienda en el tiempo la posibilidad de solicitar el reconocimiento y pago de la penalidad, inobservando que la prescripción trienal de la sanción moratoria derivada del pago tardío o no pago de las cesantías definitivas, comienza a contabilizarse una vez la penalidad esté lista para ser reclamada, esto es, desde que aquella obligación se hace exigible.

(…)” 25. Igualmente, en cuanto a su exigibilidad, se estableció la siguiente regla jurisprudencial: “i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social.

Si el reclamo de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.”9 26. Finalmente, cabe anotar que en virtud del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica originado por la pandemia del COVID19, el Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 a través del cual dispuso la suspensión de términos de caducidad y prescripción previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos o acciones desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales, así:

ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

PARÁGRAFO. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal. 27. Luego, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión de términos judiciales y administrativos a partir del 1° de julio de 2020, a través del Acuerdo PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 2020. 28. Lo anterior quiere decir, que la suspensión de los términos de prescripción, según esa normatividad, tenía como finalidad garantizar que los administrados y usuarios de la administración de justicia pudieran ejercer sus derechos oportunamente sin verse afectados 9 Ibidem.

Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co por el cierre transitorio de los juzgados o para reclamar sus derechos, derivada de la contingencia por pandemia de Coronavirus, así como propender por el aislamiento preventivo obligatorio y la tranquilidad de las personas en la defensa de sus intereses. 29.

Por su parte, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-213 de 2020 realizó estudio de constitucionalidad del pluricitado decreto, el cual lo declaró exequible, y en lo que tiene que ver con la prescripción, indicó que existía proporcionalidad en las medidas respecto de la gravedad de la crisis, puesto que la finalidad fue “salvaguardar los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, para lo cual es indispensable suspender los términos de caducidad y prescripción desde el 16 de marzo de 2020, fecha a partir de la cual el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11518, y hasta cuando esta Corporación disponga su reanudación”.

Así, en términos generales, este decreto legislativo busca salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema judicial para la protección de sus derechos y mecanismos de acceso a la administración de justicia, particularmente, en lo relativo al conteo de los términos de prescripción y caducidad, ante la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Con tal propósito, este decreto legislativo instituye, en términos generales, las siguientes medidas: (i) suspensión de términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal; (ii) el conteo de su reanudación cuando el plazo para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a treinta (30) días;

(iii) aclaración que la suspensión de términos prevista en el decreto no es aplicable en materia penal; y, (iv) suspensión de términos procesales para el desistimiento tácito y los términos de duración del proceso, así como su reanudación.”. 30. Así las cosas, la consecuencia jurídica directa de la entrada en vigor del Decreto 564 de 2020, consistía en que, no debían ser incluidos en la contabilización de prescripción y caducidad, los días que corrieron desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2020, es de anotar que a partir del 1ro de julio de 2020 fue levantada la aludida suspensión de términos judiciales de conformidad con lo prescrito en el Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura. 3.5.

Análisis y decisión del caso concreto 31. De lo analizado anteriormente, se tiene que el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, el Departamento del Putumayo incurrió en mora de 76 días en el reconocimiento y pago de cesantías, aplicando la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018. Sin embargo, al considerar la prescripción extintiva, la sanción moratoria se limitó al periodo entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2019, interrumpida por la solicitud presentada el 28 de febrero de 2022.

Se concluyó que la responsabilidad del pago corresponde a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, al ser el ente encargado del reconocimiento y pago de cesantías definitivas, tomando como base la asignación salarial de 2016, y se descartó la indexación por tratarse de una penalidad económica y no de un derecho laboral. 32. En oposición a lo anterior, el apoderado judicial del FOMAG, manifestó su desacuerdo, argumentando que esta incurre en error al declarar una prescripción parcial, desconociendo la Sentencia de Unificación 2012-00200 de 2023 del Consejo de Estado, Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co que establece la prescripción total de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

Según dicha jurisprudencia, la sanción se configuró desde el 27 de diciembre de 2018 y prescribió el 27 de diciembre de 2021, por lo que la reclamación presentada el 28 de febrero de 2022 estaría prescrita. Además, refiere que no aplica la suspensión de términos por la emergencia sanitaria, ya que los decretos expedidos no ordenaron dicha suspensión de forma general en sede administrativa.

Finalmente, se rechaza la indexación de la sanción moratoria, al considerarse una penalidad económica suficiente, incompatible con intereses moratorios. 33. En tal sentido, la Sala analizará el caso concreto, con el fin de dilucidar si operó o no, el fenómeno de la prescripción frente al reconocimiento de sanción moratoria a favor del demandante.

Al efecto, es necesario examinar los elementos probatorios sustento de los fundamentos fácticos de la parte demandante, así: • El 13 de septiembre de 2018 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías en condición de docente, adscrita a la planta de personal del Departamento del Putumayo, conforme se ve en la parte considerativa de la Resolución 4600 del 13 de diciembre de 2018 (índice 00006, SAMAI/Doc.007-Fl.26). • La Fiduprevisora S.A. hace constar mediante oficio del 10 de abril de 2024, que el FOMAG programó pago de cesantía reconocida por la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, a la docente Alba Celeny Bejarano Martínez, mediante Resolución 4600 de fecha 13 de diciembre de 2018, quedando a disposición a partir del 15 de marzo de 2019 (índice 00012, SAMAI/Doc. 015). • La demandante en escrito con destino a la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG con copia al Departamento del Putumayo, realizó petición para el reconocimiento y pago de indemnización moratoria por pago tardío de la cesantía, el 28 de febrero de 2022.

(índice 00006, SAMAI/Doc. 007-Fl.23). 34. De conformidad a las pruebas anotadas, es pertinente traer a colación la hipótesis pertinente al sub lite, es decir la número 2 de la Sentencia de unificación del 18 de julio de 201810, con el fin de fijar los días de mora en que se incurrió, así: 10 Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 – No. Interno: 4961-2015: Hipótesis Notificación Corre ejecutoria Término pago cesantía Corre moratoria Acto escrito extemporáneo (después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Término Fecha Caso concreto Solicitud para el pago de las cesantías 13 de septiembre de 2018 Fecha de reconocimiento: 13/12/2018 Fecha de pago: 15/03/2019 Periodo de mora: Del 27 de diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2019 Término de 15 días hábiles para expedir el acto administrativo 4 de octubre de 2018 Ejecutoria (10 días CPACA) 19 de octubre de 2018 Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5 Ley 1071 de 2006) 26 de diciembre de 2018 35.

Conforme a lo anterior, la Sala determina que, en el caso bajo estudio, se verifica que la Resolución N° 4600 del 13 de diciembre de 2018, se expidió por fuera del término de 15 días hábiles de conformidad al art. 4 de la Ley 1071 de 2006, en ese sentido, una vez contabilizados los setenta (70) días posteriores a la solicitud de reconocimiento, la sanción moratoria se causó periódicamente desde el 27 de diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2019. 36.

Por su parte, según la jurisprudencia referida en los fundamentos de esta providencia11, se tiene que la petición de pago de la sanción moratoria al presentarse el 28 de febrero de 2022 ante el FOMAG, en principio estaría prescrita, si no fuera porque el Decreto 564 de 202012 suspendió los términos de prescripción y caducidad de los derechos y de las acciones de manera general en virtud a la pandemia por COVID-19, lo cual favoreció a la parte actora pues se concluye que, se presentó oportunamente, de conformidad al siguiente cuadro: Inicia término prescripción trienal (día siguiente al que se debió pagar cesantías) Finaliza término prescripción trienal Suspensión términos (Decreto No. 564 de 2020) Término transcurrido hasta el 15 de marzo de 2020 Término restante para reclamar el pago de sanción moratoria Fecha finalización término prescripción trienal Día de la reclamación administrativa para pago de sanción 27 de diciembre de 2018 27 de diciembre de 2021 Desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 1 año, 2 meses, 15 días 1 año, 9 meses,15 días 15 de abril de 2022 28 de febrero de 2022 (Reclamaci ón oportuna) 37.

Al respecto, y tal como se enunció con anterioridad, la mora se hizo exigible el 27 de diciembre de 2018 (día siguiente al vencimiento de los 45 días para efectuar el pago), por lo tanto, a partir de ese momento se contabilizan los 3 años para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria los cuales vencieron, en principio, el 27 de diciembre de 2021.

Sin embargo, el art. 1ro del Decreto 564 del 15 de abril de 202013, 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Sección Segunda, radicación 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), sentencia del 25 de agosto de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero y sentencia de unificación SUJ- 034-CE-S2-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023, M.P. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. 12 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 13 ARTÍCULO 1.

Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

Radicación: 860013333001-2023-00707-01 Demandante: Alba Celeny Bejarano Martínez Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co suspendió los términos de prescripción y caducidad a partir de 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020, en ese sentido, el 15 de abril de 2022 era la fecha máxima para solicitar la mentada sanción. Y como la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria fue presentada por la parte actora el 28 de febrero de 2022, esto es, antes del vencimiento de ese término, ergo no operó la prescripción extintiva según lo explicado en el anterior cuadro. 38.

En relación con la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria, esta Sala considera pertinente señalar que, conforme a la sentencia de unificación proferida el 18 de julio de 2018, dicha indexación no resulta procedente. Adicionalmente, se observa una falta de coherencia entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y lo decidido en primera instancia, toda vez que el juzgado de origen se abstuvo de imponer la condena que se cuestiona.

En consecuencia, ante la ausencia de correspondencia entre las actuaciones procesales, esta corporación estima innecesario emitir pronunciamientos adicionales sobre el particular. 39. En consecuencia, la Sala concluye que al no haber razones para modificar o revocar la sentencia de primera instancia, se tendrá que confirmar dicha providencia. 3.6.

Costas procesales. 40. En cumplimiento a lo consagrado en el artículo 188 del CPACA14, en concordancia con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, en virtud a que el recurso de apelación no prosperó. En mérito de lo expuesto, la sala de decisión del Tribunal Administrativo del Putumayo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política y la Ley, IV.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2025, por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, conforme a las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada, según lo señalado en la parte motiva de esta providencia. El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

PARÁGRAFO. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal. 14 ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

CUARTO: DEVOLVER por la Secretaría de esta Corporación, una vez en firme este proveído, el expediente al Juzgado de origen, previas las constancias en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente aplicativo Samai) MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ Magistrado (Firmado electrónicamente aplicativo Samai) GLORIA EUGENIA DOMÍNGUEZ BETANCUR Magistrada (Firmado electrónicamente aplicativo Samai) MARCO ANTONIO MUÑOZ MERA Magistrado Esta providencia fue firmada electrónicamente a través del aplicativo SAMAI, con plena validez y efectos jurídicos, según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

En el siguiente enlace podrá validar la integridad y autenticidad del presente documento: VALIDADOR DE DOCUMENTOS SAMAI