TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS -Sala de Decisión- Magistrado Ponente: Augusto Ramón Chávez Marín S.081 Asunto: Sentencia de Segunda Instancia Acción: Tutela Radicación: 17001-33-33-004-2025-00111-01 Accionante: Héctor Antonio Jaramillo Henao Accionadas: Fiduprevisora S.A. y Oncólogos del Occidente S.A.S Aprobado en Sala Extraordinaria de Decisión, según consta en Acta n° 52 del 29 de mayo de 2025.
Manizales, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025). ASUNTO Se decide la impugnación interpuesta por la entidad demandada, Fiduprevisora S.A. contra la sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, que tuteló los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana del señor Héctor Antonio Jaramillo Henao.
COMPETENCIA Esta Corporación es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo previsto por los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. TRÁMITE PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA El 25 de marzo de 2025 el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao radicó acción de tutela contra la Fiduprevisora S.A. y Oncólogos del Occidente S.A.S., y correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, el cual a través de auto del mismo día admitió la solicitud de amparo.
Dentro del término otorgado para tal efecto, Fiduprevisora S.A y Oncólogos del Occidente S.A.S guardaron silencio frente a la acción incoada. Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 2 El 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, profirió sentencia en el asunto de la referencia, en la que ordenó a la Fiduprevisora S.A. materializar el servicio médico de “CX DE MOHS POR CBC EN VERTIENTE NASAL” y garantizar el tratamiento integral para la patología denominada “Tumor Maligno de la Piel de Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara” al señor Héctor Antonio Jaramillo Henao.
A través de escrito que obra en el expediente digital, la Fiduprevisora S.A., impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido por auto del 24 de abril de 2025. TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA Para conocer de la impugnación presentada, el expediente fue repartido a este Tribunal el 06 de mayo de 2025, y allegado en la misma fecha al Despacho del suscrito Magistrado Ponente.
ANTECEDENTES Hechos El siguiente es el resumen de los hechos relevantes expuestos por la parte actora en su solicitud de amparo. Expresó el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao que actualmente tiene 80 años de edad y se encuentra afiliado al régimen especial de salud del magisterio a través del Fomag. Refirió que fue diagnosticado con un tipo de cáncer de piel denominado “Carcinoma Basocelular Morfeiforme” en su rostro, y como consecuencia de ello, ha sido objeto de procedimientos menores poco efectivos, como resección de lesiones por cauterización, fulguración y crioterapia.
Manifestó que el 19 de febrero de 2025 fue informado sobre un riesgo mayor para su salud derivado de las características del cáncer que padece, por lo que le fue prescrito el procedimiento quirúrgico denominado “CX de MOHS en vertiente nasal, por carcinoma basocelular realizado con injerto de piel total”. Sostuvo que el procedimiento fue agendado en dos ocasiones por Oncólogos del Occidente S.A.S., específicamente los días 21 de febrero y 21 de marzo de 2025, sin que hubiese sido posible su materialización por circunstancias de la IPS, precisando que actualmente continúa pendiente la programación de dicho procedimiento médico.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 3 Derecho que se alega vulnerado Considera la parte actora que en el presente asunto se le están vulnerando los derechos a la salud y la vida en condiciones dignas. Pretensiones Solicitó el accionante el amparo de los derechos fundamentales invocados y como consecuencia de ello que se ordene a la Fiduprevisora S.A y a Oncólogos del Occidente S.A.S, realizar el procedimiento quirúrgico prescrito por el médico tratante, al igual que remitir dicho procedimiento a la ciudad de Cali para su materialización. CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE TUTELA Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Guardó silencio.
Oncólogos del Occidente S.A.S Guardó silencio. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Tras efectuar el análisis fáctico y jurídico correspondiente, a través de providencia del 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, dispuso la protección de los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana del señor Héctor Antonio Jaramillo Henao.
El Juez a quo encontró acreditado que el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao con 80 años de edad, se encuentra activo como cotizante en el régimen de excepción de asistencia en salud a cargo del FOMAG. Expresó que el accionante fue diagnosticado con “Tumor Maligno de la Piel con Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara”, razón por la cual le fue prescrita la realización de “CX DE MOHS POR CBC EN VERTIENTE NASAL”, desde el 20 de enero de 2025.
Posteriormente se refirió a la entidad responsable de prestar el servicio requerido por el accionante y señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 4 Sociales del Magisterio implementó en el Acuerdo n° 003 de abril de 2024 del Consejo Directivo un nuevo modelo de atención integral y de seguridad y salud en el trabajo del magisterio, en el que a la Fiduprevisora S.A. tiene la obligación de garantizar la prestación de los servicios de salud.
Indicó que la Fiduprevisora S.A. como administradora del FOMAG y obligada directa de ejecutar las funciones administrativas que garanticen la prestación de los servicios de salud, es la entidad encargada de garantizar el servicio requeridos por el señor Jaramillo Henao. En ese orden de ideas, señaló que no puede trasladarse al accionante la carga de las vicisitudes administrativas que se presenten con las IPS, pues este debe seguir funcionando más aún cuando son tratamientos continuos.
Concluyó que la negativa de las entidades accionadas en proporcionar el procedimiento requerido irrumpe con la prestación efectiva del servicio médico y, en consecuencia, se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del accionante. El juez a quo concedió al accionante el tratamiento integral frente a la patología que originó la formulación de la presente tutela, Tumor Maligno de la Piel de Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara, el cual consideró que deberá prestarse de manera continua e ininterrumpida.
En la parte resolutiva dicha decisión dispuso lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y dignidad humana del señor HÉCTOR ANTONIO JARAMILLO HENAO.
SEGUNDO: ORDENAR a FIDUPREVISORA S.A. (como administradora de los recursos del FOMAG) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice los trámites administrativos que conlleven a la materialización del servicio CX DE MOHS POR CBC EN VERTIENTE NASAL al señor HÉCTOR ANTONIO JARAMILLO HENAO, bien a través de la IPS ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S. o de cualquiera de las IPS contratada para tal efecto.
TERCERO: ADVERTIR a la FIDUPREVISORA S.A. que deberá garantizar de aquí en adelante el tratamiento integral al señor HÉCTOR ANTONIO JARAMILLO HENAO, lo que incluye todos los medicamentos, citas y procedimientos que requiera para la recuperación de la patología: “Tumor Maligno de la Piel de Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara”.
IMPUGNACIÓN DEL FALLO Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 5 Inconforme con la decisión, a través de escrito incorporado en el expediente digital, Fiduprevisora S.A. impugnó la sentencia de primera instancia en los términos que a continuación se resumen: Expresó que la Fiduprevisora S.A. es una sociedad Anónima de Economía Mixta de carácter indirecto del sector descentralizado del orden nacional, sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado y en consecuencia no tiene competencia para expedir actos administrativos, pues de conformidad con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, esa facultad es otorgada a las entidades públicas que ejercen función pública.
Refirió que de conformidad con la información presente en el aplicativo del Fomag, el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao se encuentra activo como cotizante en el régimen de excepción de asistencia en salud. Afirmó que la entidad cumplió con su obligación de contratar a las IPS necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud, precisando que el accionante cuenta con medios de consulta e información para hacer efectivo dicho servicio.
Manifestó su inconformidad sobre el tratamiento integral, señalando que se estarían reconociendo prestaciones futuras e inciertas en el servicio de salud, emitiéndose órdenes de carácter indeterminado que no han sido establecidas por el médico tratante en la historia clínica. Solicitó revocar y/o modificar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la atención integral.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Fundamento y naturaleza jurídica de la acción de tutela El fundamento constitucional de la acción de tutela se encuentra contenido en el artículo 86 de la Carta Política, que a la letra expresa: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 6 La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
(…)”. Pretendió entonces el constituyente, garantizar mediante la acción de tutela, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona cuando quiera que se encuentren vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos legalmente previstos, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial igualmente eficaz y oportuno para protegerlos; incluso en presencia de otro mecanismo judicial, es procedente la protección por vía de tutela, cuando de evitar un perjuicio irremediable se trata1.
No puede perderse de vista que la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria2, y no está diseñada para reemplazar las acciones judiciales ordinarias a las cuales la persona puede acudir para hacer valer sus derechos. La acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza3.
Problema jurídico Atendiendo los hechos y derechos que se alegan en la solicitud de amparo y los argumentos que sustentan la impugnación, la Sala estima que en el presente asunto se debe dilucidar lo siguiente: 1 H. Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-983 de 13 de septiembre de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis.
Referencia: expediente T-374.212. 2 H. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-585 del 29 de julio de 2002. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Referencia: expediente T-580526. 3 Para la Corte Constitucional, “(…) el primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el juez de tutela, sino el ordinario, ya que la tutela está reservada para enfrentarla absoluta inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la protección de los derechos de las personas, no para suplirlos, pues de otra manera tendría que aceptarse que, más temprano que tarde, a acción de tutela perdería completamente su eficacia (…)” [Corte Constitucional, Sentencia T-364 del 10 de mayo de 2002, M.P. Jaime Córdova Triviño.] Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 7 ¿Tiene derecho la parte actora a que la Fiduprevisora S.A le garantice el suministro de tratamiento integral en la atención de su patología? Hechos acreditados 1.- El señor Héctor Antonio Jaramillo Henao nació el 26 de octubre de 1944, por lo que actualmente tiene 80 años4. 2.- Según Historia Clínica emitida por Oncólogos de Occidente SAS5, el accionante fue diagnosticado con “(C443) Tumor maligno de la piel de las otras partes y de las no especificadas de la cara”, el cual tiene como plan de manejo la realización de la Cirugía de Mohs por CBC (Carcinoma Basocelular) en vertiente nasal con injerto de piel total. 3.- Según autorizaciones del 21 de enero de 2025 expedidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio6, el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao tiene autorizado los siguientes servicios médicos: N° Consecutivo Código Servicio Cantidad 6273107 866205 Injerto de piel total en area (sic) especial 1 6273344 867203 colgajo local de piel compuesto de vecindad entre cinco a diez centimetros (sic) cuadrados. 1 El derecho fundamental a la salud La Constitución Política determina en su artículo 49, que la atención en salud es una responsabilidad a cargo del Estado, en cuanto a su organización, dirección y reglamentación para la adecuada prestación del servicio público de salud, y que dicha responsabilidad debe prestarse de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad, y solidaridad.
En tal sentido la norma es clara en tanto a la salud como servicio público. En desarrollo de lo prescrito el artículo 4 de la ley 1751 de 2015 define el sistema de salud como “el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, 4 Fl. 1, Archivo 003 del expediente digital. 5 Fl. 24, Archivo 003 del expediente digital. 6 Fls. 16 y 17, Archivo 003 del expediente digital.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 8 obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud" En cuanto a su connotación jurídica como derecho, la salud ha tenido una marcada evolución jurisprudencial, pues inició como un derecho de desarrollo progresivo, que era amparable por vía de la acción de tutela cuando quiera que el mismo estuviese en conexidad con el derecho a la vida.
Sin embargo, el progreso jurisprudencial de las decisiones de la Corte, advirtió que la fundamentalidad de un derecho no podía depender de la manera en que éste se pudiese materializar. Es por ello, que fue la jurisprudencia constitucional la que le dio su reconocimiento como un derecho fundamental per se, y por tal motivo podría ser protegido a través de la acción de tutela ante la simple amenaza o vulneración del mismo, sin que estuviese comprometida o amenazada la vida.
Es así como en sentencia T-016 de 2007 se sostuvo lo siguiente: “… la fundamentalidad de los derechos no depende – ni puede depender – de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución”.
Posteriormente, en sentencia T-760 de 2008 en la que la Corte puso de presente la existencia de fallas estructurales en la regulación del Sistema de Seguridad Social en Salud, se afirmó que el derecho fundamental a la salud es autónomo “en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”.
Con este desarrollo jurisprudencial se puso fin a la interpretación restrictiva de la naturaleza del derecho a la salud como derecho conexo a otros, y se pasó a la interpretación actual como un derecho fundamental nato. Con la expedición de la Ley 1751 de 2015, el Legislador materializa en una norma la interpretación jurisprudencial del derecho fundamental a la salud.
Es así, como en su artículo 2°, concreta muchos de los aspectos que ya habían sido consagrados en la Constitución, como es su irrenunciabilidad y dispone que su prestación estaría a cargo del Estado o de particulares autorizados para tal efecto, bajo estrictos lineamientos de oportunidad, eficacia y calidad. Pero la norma que más estructura jurídica imprime al derecho fundamental a la salud, es el artículo 6° de la referida Ley 1751 de 2015.
En efecto, en dicha norma se condensan de la mejor manera, las características que debe tener el Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 9 derecho a la salud, así como los principios que estructuran su faceta como servicio público. Así, el derecho fundamental a la salud es un derecho de contenido cambiante, que exige del Estado una labor de permanente de actualización, ampliación y modernización en su cobertura, por lo que no es aceptable considerar que ya se ha alcanzado un grado de satisfacción respecto de su garantía. Para ello, es fundamental que el Estado garantice que los elementos esenciales del derecho a la salud como son (i) la disponibilidad, (ii) la aceptabilidad, (iii) la accesibilidad y (iv) la calidad e idoneidad profesional, siempre estén interrelacionados y que su presencia sea concomitante pues, a pesar de la independencia teórica que cada uno representa, la sola afectación de uno de estos elementos esenciales es suficiente para comprometer el cumplimiento de los otros y afectar en forma negativa la protección del derecho a la salud.
Por último, el derecho a la salud adicionalmente encuentra sustento en principios, dentro de los que de manera especial sobresalen los de pro homine, universalidad, equidad, oportunidad, prevalencia de derechos, progresividad, libre elección, solidaridad, eficiencia, e interculturalidad, entre otros. El tratamiento integral en materia de salud Sobre el tema la Honorable Corte Constitucional7 sostuvo lo siguiente: “5.1.
Como se explicó en el acápite precedente, en la actualidad el derecho a la salud es considerado como fundamental de manera autónoma y se vincula directamente con el principio de dignidad humana, en la medida en que responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones mínimas. No solo porque dicha salvaguarda protege la mera existencia física de la persona, sino porque, además, se extiende a la parte psíquica y afectiva del ser humano. 8 De acuerdo con los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los artículos 1539 y 15610 de la Ley 100 de 1993, el servicio a la salud 7 Sentencia T-039 del 2013 M.P: Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T- 016 de 2007, T-173 de 2008, T-760 de 2008, T-820 de 2008, T-999 de 2008, T-931 de 2010, T-566 de 2010, T-022 de 2011 y T-091 de 2011. 9El numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993 enuncia el principio de integralidad en la prestación del servicio de la siguiente manera: “El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”. 10 El literal c del artículo 156 de la misma ley dispone que “Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.” Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 10 debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de garantizar y materializar dicho servicio sin que existan barreras o pretextos para ello.
Al respecto esta Corporación, en la sentencia T-576 de 2008, precisó el contenido del principio de integralidad de la siguiente manera: “16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la forma como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional colombiana.
En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados, así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la (sic) paciente. 11 (Negrillas fuera de texto). 17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud.
De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento12.” (Negrillas fuera del texto original).
En dicha sentencia también se precisaron las facetas del principio de atención integral en materia de salud: “A propósito de lo expresado, se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud. Una, relativa a la 11 Cita de cita: Consultar Sentencia T-518 de 2006. 12 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 11 integralidad del concepto mismo de salud, que llama la atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo, educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para nombrar sólo algunos aspectos. 13 La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo efectivo.
Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente.” 5.2. En síntesis, el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos elementos: “(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología” (Negrillas fuera del texto original).
De conformidad con la jurisprudencia en cita, las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud tienen el deber de brindar una atención integral y de calidad para así prevenir que haya afectación al derecho fundamental a la salud que es objeto de protección constitucional. Examen del caso concreto Se alega en el presente asunto la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la salud y dignidad humana de la parte actora por parte de Oncólogos del Occidente S.A.S y la Fiduprevisora S.A como administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, toda vez que no se ha realizado efectivamente el procedimiento quirúrgico ordenado al accionante para el tratamiento de su diagnóstico.
En la orden de primera instancia, fue ordenado por el Juez a quo que en el término de 48 horas sea garantizada por parte de Fiduprevisora S.A la materialización del servicio denominado CX de Mohs por CBC en vertiente nasal ordenado al señor Héctor Antonio Jaramillo Henao, a través de la IPS Oncólogos del Occidente S.A.S o cualquiera de las IPS contratadas para tal efecto. 13 Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007 y T-016 de 2007, entre muchas otras.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 12 Así mismo, advirtió que Fiduprevisora S.A debía garantizar el tratamiento integral a la parte actora incluyendo todos los medicamentos, citas y procedimientos que requiera para la recuperación de la patología “Tumor Maligno de la Piel de Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara”. Por su parte la Fiduprevisora S.A manifestó, en síntesis, que en el tratamiento integral se tutelaron hechos futuros e inciertos, es decir, exámenes que todavía no se han requerido, o tratamientos o medicamentos que no han sido ordenados.
Al respecto, la Sala de Decisión precisa que el principio de integralidad opera en el sistema de salud no solo para garantizar la prestación de los servicios necesarios para que la persona pueda superar las afectaciones que perturban sus condiciones físicas y mentales, sino, también, para que pueda sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad personal.
En concordancia con tal principio las entidades prestadoras del servicio de salud deben suministrar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que estos aporten las autorizaciones médicas, puesto que las mismas se pueden corroborar en la historia clínica que elabora el médico tratante el día de la consulta. Por este motivo, exigirle al accionante aportar la orden médica es obstaculizar el derecho a la salud que tiene el paciente.
Visto lo anterior, y en atención al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala de Decisión estima que no le asiste razón a la entidad impugnante toda vez que su argumentación se centra en la necesidad de una orden médica previa para que el Juez pueda ordenar el tratamiento integral, exigencia que no se advierte en la normativa y jurisprudencia relacionada con la protección del derecho a la salud, por lo que no puede la entidad promotora de salud excusar su omisión en requisitos inexistentes.
Ser recuerda que la accionante en el presente asunto es una persona de 80 años de edad diagnosticada con Tumor Maligno de la Piel de Otras Partes y de las No Especificadas de la Cara, condición que amerita garantizar un tratamiento integral a su patología. Conclusión Por las razones expuestas, estima la Sala necesario confirmar la sentencia objeto de impugnación. Se ordenará remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, según lo consagrado en el artículo 32 del referido decreto.
Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 13 En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA Primero. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales dentro del presente trámite constitucional, promovido por el señor Héctor Antonio Jaramillo Henao contra Oncólogos del Occidente S.A.S. y Fiduprevisora S.A como administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag.
Segundo.
NOTIFÍQUESE la presente providencia por el medio más eficaz o en la forma señalada en los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992. Tercero. Ejecutoriado este proveído, ENVÍESE el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. INFÓRMESE al Juzgado de origen el contenido de la decisión adoptada en esta providencia. Quinto. HÁGANSE las anotaciones correspondientes en el programa informático “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase Los Magistrados, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES Exp. 17001-33-33-004-2025-00111-01 14 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma denominada SAMAI por parte de los integrantes de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA, modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.