SIGCMA CO-SC5780-99 |TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA SALA CUARTA DE DECISIÓN Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz Montería, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) APELACIÓN DE SENTENCIA Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300120220077601 Demandante: Adalberto Castillo Montiel Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento de Córdoba Secretaría de Educación y Fiduprevisora S.A. Tema: Sanción moratoria por no consignación oportuna de cesantías Decisión: Confirma Sentencia de Primera Instancia Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el día veinte (20) del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I.
ANTECEDENTES a) Fundamentos Facticos Los fundamentos fácticos los sintetizan en que la parte actora es docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y vinculado en vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo cual a las prestaciones económicas se les aplica el régimen establecido en la norma en mención. Sostiene que tanto la consignación del auxilio de las cesantías para las vigencias 2017, 2018, 2019,2020, 2021 y 2022, como la consignación de los intereses correspondientes a dichas vigencias se realizó por fuera de los términos establecidos, por lo que considera debe reconocérsele a la parte demandante la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Aduce que solicitó ante las demandadas la indemnización moratoria por pago tardío de las cesantías e intereses mediante el oficio nro. 20221013101882 de 03 de octubre de 2022, la cual fue negada mediante el Oficio nro. 20221172712541 de fecha 4 de noviembre de 2022, emitido por Fiduprevisora S.A. b) Pretensiones Con la demanda se pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio nro. 20221172712541 de 04 de noviembre de 2022, mediante los cuales la demandada negó al demandante el derecho al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de las vigencias 2017, 2018, 2019,2020, 2021 y 2022 y de los intereses de las cesantías.
A título de restablecimiento del derecho, pide que se reconozca y pague la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 equivalente a un día de su salario por cada día de Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 2 mora, contados a partir de la fecha en que se debió consignar los intereses a las cesantías del año 2017, 2018, 2019,2020, 2021, hasta el día en que efectivamente le fueron consignados.
Que se ordene el reconocimiento y pago de la sanción por mora o indemnización moratoria establecida en la citada disposición, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados desde el 15 de febrero de cada anualidad, día siguiente en que debió consignarse el auxilio de cesantías de los años reclamados, en el respectivo fondo prestacional y hasta el día en que efectivamente se consignó. Asimismo, solicita que se reconozcan y paguen los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria referida en los numerales anteriores, tomando como base la variación del IPC, desde la fecha en que se efectuó el pago de cada una de las anualidades respectivas de manera independiente conforme haya sido las cancelaciones, tanto de los intereses como del pago de las cesantías, cancelados de manera tardía, desde el inicio de la mora hasta el momento en que efectivamente se le realice el pago correspondiente. c) Contestaciones de la demanda.
Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG., no contestó la demanda. El Departamento de Córdoba contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones aduciendo, en síntesis, que el docente pertenece a un régimen exceptuado en lo concerniente a las cesantías y sus intereses y en el caso que al docente le asista tal derecho, no es su responsabilidad, pues quien debe reconocer y pagar el derecho reclamado es el l Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Propone como excepciones las de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; “Inexistencia del derecho reclamado”, y “Cobro de lo no debido frente al departamento de Córdoba”. d). Sentencia de primera instancia. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, profirió sentencia el 20 de noviembre de 2023, mediante el cual declaró prospera la excepción de “inexistencia de la obligación y cobro de lo debido” formulada por el Departamento de Córdoba, y negó las pretensiones de la demanda.
Las razones que tuvo e no l mencionado Despacho para adoptar la decisión, en síntesis, fueron que no demostró que se encontrara dentro del supuesto fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de fecha 13 de octubre de 20231, para la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal docente. Que tampoco le e acreditó que fueran pagados por fuera de los términos previstos para ello. e).
Recurso de apelación asiste derecho en la pretensión de indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, en razón a que estos se encontraban regulados por el régimen especial docente y no s Indica la parte demandante que los Magistrados deben apartarse de la sentencia de unificación, por cuanto debe primar el principio de favorabilidad y en su lugar dar aplicabilidad a la Sentencia CESUJ-SII-022-2020 en virtud de su importancia jurídica, en la que se ha considerado viable adoptar el criterio de favorabilidad en sede constitucional para resolver controversias sobre el 1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segundo radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746- 2022).
Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 3 reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías anuales a los docentes, conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Agrega que el demandante ingresó como docente después del 1 de enero de 1990, por lo cual tiene derecho a que se le aplique el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Derecho que fue reconocido en la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-041 de 2020 y ratificado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección A, el 9 de mayo de 2022, bajo el radicado nro. 08001-23-33-000-2017-00795-01 (2659-2020). Indica que conforme al artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se hizo extensivo el régimen anualizado de liquidación de cesantías, consagrado en la Ley 50 de 1990, para los servidores públicos que se vincularan a partir de su vigencia, donde también se incluían los docentes en virtud del principio de favorabilidad.
Maxime cuando aquella norma sólo excluyó de su aplicación a las fuerzas militares y de policía de la aplicación del régimen de las cesantías que cobija a los servidores públicos. Finalmente indica que se debe revocar la decisión de primera instancia y se conceda las pretensiones de la demanda, como quiera que la sanción solicitada si le es aplicable al demandante.
Il. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de 16 de octubre de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Se notificó a las partes y al Agente del Ministerio Publico, sin que intervinieran en esta instancia. lll. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada. 1.
Problema jurídico Atendiendo a la sentencia apelada y a los cargos expuestos en el recurso, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si el docente Adalberto Castillo Montiel tiene derecho a que se le ordene reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, y la Indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de que trata el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y la Ley 50 de 1990, o si por el contrario, no se encuentra acreditado que la parte demandante se le pueda aplicar dicho régimen. 2.
Marco normativo de cesantías de docentes La Ley 91 de 1989, por “la cual se crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio”; como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, tiene por objeto efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal docente.
En lo tocante a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo 15 de la norma en cita establece lo siguiente:
ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 4 (…). “3. Cesantías: A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año. B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.” De conformidad con lo anterior, los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas, y la de los vinculados desde el 31 de diciembre de 1989 hacia atrás pertenecen al régimen retroactivo.
Respecto de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías el artículo 99 de la ley 50 de 1990, establece lo siguiente:
ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía tendrá las siguientes características: 1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2.
El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija.
El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Con la entrada en vigencia de Ley 344 de 19962 se extendió la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996. No obstante, la norma respetó los derechos convencionales y lo estipulado en la ley 91 de 1989. 2 “ARTÍCULO 13.
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo. <Inciso 3o.
INEXEQUIBLE> PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 5 Por su parte el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la mencionada ley estableció que los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 eran aplicables a los servidores públicos del nivel territorial que se vincularan a partir del 31 de diciembre de 1996.
La norma consagra: (…). Artículo 1°. El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; (…).
A través del Decreto 1252 de 2000 se establecieron normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo en su artículo 1 lo siguiente: “Artículo 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías. Negrilla del Despacho. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo”.
(…). La Corte Constitucional en sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018, estudio una acción de tutela que se promovió contra los fallos proferidos en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por un docente del servicio público educativo no afiliado al Fondo Naciones de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al resolver el asunto, consideró que las autoridades judiciales accionadas aplicaron la interpretación más restrictiva para los derechos del docente al negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, pues, desconocieron que, aunque la norma invocada -es decir, el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990- no está expresamente consagrada a favor de los miembros del magisterio, en virtud de los principios de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicarla por resultar más beneficiosa para el trabajador, pues esta es la interpretación que resultaba más ajustada a la Constitución. Así, dejó sin efecto las sentencias proferidas dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó proferir una nueva decisión en el que se tuviera en cuenta las consideraciones de dicha providencia referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución, en torno al derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.
La Corte Constitucional en la sentencia SU 041 de 2020, nuevamente abordó el tema de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías por extensión del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a través de la Ley 344 de 1996, reglamentada por los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, indicando la procedencia de esta. Por su parte, Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de noviembre de 20203 indicó la procedencia de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.
No obstante, lo anterior, y ante las distintas posiciones que se venía asumiendo en el país, respecto de la sanción 3 Entre otras la sentencia 12 de noviembre de 2020 Radicado 08001233300020140013201 Rad. Interno 1689-2018 Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez; la sentencia 17 de junio de 2021 Rad: 08001233100020140081501 C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 6 moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización de la Ley 52 de 1975, de cara al régimen de cesantías docentes oficiales Ley 91 de 1989, resultó necesario que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2- de 11 de octubre 2023, unificara los criterios, concluyendo que las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.
No obstante, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliar al docente estatal al FOMAG allí si se hace acreedor a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. Así, fijó la regla en los siguientes términos: (…). Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal. (…). 3. Intereses de cesantías. En cuanto al reconocimiento de intereses de docentes, el literal b del numeral 3° del artículo 15 de la ley 91 de 1989, establece el reconocimiento de los intereses de las cesantías respecto a las generadas a partir del 1o. de enero de 1990, tomando como fundamento el interés anual sobre saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
Indica también la norma que las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. La mencionada norma no establece ninguna clase de sanción por la omisión o mora en el pago de los intereses de las cesantías, sino que lo estable el numeral 3 del artículo primero de la Ley 52 de 1976, norma que regula intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares en los siguientes términos: Artículo primero. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar cesantía a sus trabajadores conforme al Capítulo VII Título VIII, Parte 1º. del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que, en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga este a su favor por concepto de cesantía. 2º.
Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha del retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. 3º.
Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado a Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 7 título de indemnización y por una sola vez un valor adicional igual al de los intereses causados. Resaltado fuera de texto.
(…). Mediante el Acuerdo No. 39 de 15 de diciembre de 1998, el Consejo Directivo del FOMAG estableció el procedimiento para el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Dicho acuerdo en su artículo cuarto expone:
ARTICULO CUARTO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizará el pago de los intereses en el mes de marzo, a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria que administra los recursos del Fondo a más tardar el cinco (5) de febrero de cada año, y en el mes de mayo a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria en el período comprendido entre el seis (6) de febrero y hasta el quince (15) de marzo de cada año. En los casos en que la entidad territorial reporte la información con posterioridad a esta fecha, la entidad fiduciaria, programará pagos posteriores, de lo cual informará al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARAGRAFO 1: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio únicamente reconocerá y pagará los intereses a las cesantías causados a partir de la fecha de corte para el cálculo del pasivo prestacional, para aquellos docentes que se afilien mediante convenio, y los causados a partir de la fecha de posesión, para aquellos por los cuales no se ha generado pasivo prestacional, siempre y cuando se hayan realizado los aportes correspondientes.
PARAGRAFO 2: En todo caso, la responsabilidad de reportar oportunamente, la información requerida para el pago de los intereses a las cesantías es de la entidad territorial. Como se puede observar, el régimen especial si reguló lo atinente a la liquidación y pago de los intereses de las cesantías, ello se estableció en el literal b del numeral 3° del artículo 15 de la ley 91 de 1989, indicando que se liquidarían de acuerdo con la tasa de interés comercial promedio vigente durante el periodo y que sea certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tasa de captación. Así, respecto de la fecha límite en que deba efectuarse el pago, el Acuerdo No. 039 de 1998, indicó que se debe efectuar a más tardar el 31 de marzo de cada año, o dependiendo la fecha de remisión de la información que reporte la entidad territorial ante la fiduciaria.
Sobre la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías de que trata la Ley 52 de 1975, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia SUJ-032-CE- S2- de 11 de octubre 2023, unificara los criterios indicando que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la indemnización estipulada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías, en tanto dicha norma no le es aplicable a los docentes, y dicha penalidad no está prevista en la Ley 91 de 1989. 4.
Caso en concreto Como arriba se indicó, se debe determinar si el docente Adalberto Castillo Montiel tiene derecho a que se le ordene reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, y la Indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de que trata el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y la Ley 50 de 1990, o si, por el contrario, no se encuentra acreditado que la parte demandante se le pueda aplicar dicho régimen.
Esta debidamente acreditado, y no es objeto de debate que el señor Adalberto Castillo Montiel, se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones, conforme se señala en el primer hecho de la demanda, lo cual fue aceptado por el Departamento de Córdoba en su contestación. Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 8 Así mismo, se encuentra probado que la parte demandante en su calidad de docente vinculado al FOMAG presentó petición ante la Fiduprevisora S.A., bajo el radicado nro. 20221013101882, solicitando la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, y la Indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de que trata el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
No obstante, esta entidad negó los derechos reclamados mediante el oficio nro. 20221172712541 del 04 de noviembre de 20224. Atendiendo lo antes expuesto, y conforme a la citada sentencia SUJ-032-CE-S2- de 11 de octubre 2023, emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el presente caso al haberse determinado que el demandante estaba afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para las fechas en que reclama la sanción e indemnización por la no consignación oportuna de las cesantías y sus intereses, resulta plenamente aplicable el precedente jurisprudencial, en el que se determinó que las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989.
Así mismo, que no tienen derecho al reconocimiento de la indemnización estipulada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías, en tanto dicha norma no le es aplicable a los docentes vinculados a dicho fondo, y porque dicha penalidad no está prevista en la Ley 91 de 1989. Recuérdese, que el derecho sancionatorio o la imposición de una penalidad debe basarse en una norma expresa y no puede aplicarse por analogía o interpretación, ya que esta potestad no está sujeta al arbitrio del Juez.
Por consiguiente, no es aplicable en este caso el principio de favorabilidad ni las decisiones ultra o extrapetita invocadas por la recurrente. Tampoco puede esta Sala tomar precedentes horizontales que en su momento reconocieron la sanción reclamada, pues, la sentencia que tomó de fundamento el a quo, y que en este momento se aplica es expedida por el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Sala Plena, resultando obligatoria y vinculante para efectos de resolver asuntos como el presente.
En consecuencia, al estar probado que la parte demandante está vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y conforme a la sentencia SUJ-032-CE-S2- de 11 de octubre 2023, emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado no tiene derecho a la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías, y tampoco al reconocimiento de la indemnización estipulada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías, en tanto dicha norma no le es aplicable a los docentes vinculados a dicho fondo.
Lo anterior da lugar a que se confirme la sentencia proferida el día veinte (20) del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería 5. Costas. Si bien el recurso de apelación no prosperó, y se confirmará la sentencia de primera instancia, la Sala no condenará en costas a la apelante, en la medida en que, una vez constatado el expediente, no se observa en este que se hayan generado gastos o expensas dentro del trámite en esta instancia. Tampoco hay lugar a establecer agencias en derecho, como quiera que la parte demandante no actuó en esta instancia. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los lineamientos previstos en el numeral 8 del artículo 365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, a través de su Sala Cuarta de Decisión, el Tribunal Administrativo de Córdoba administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 4 Folios 28 al 35 de la demanda. Radicación Nº23-001-33-33-001-2022-00776-01 9 V. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia de fecha sentencia proferida el día veinte (20) del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el proceso al juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue estudiada, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Los Magistrados, (Firmada electronicamente) MARÍA BERNARDA MARTÍNEZ CRUZ (Firmada electronicamente) (Firmada electronicamente) PEDRO OLIVELLA SOLANO LUZ ELENA PETRO ESPITIA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Córdoba en la plataforma denominada SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Puede validar la autenticidad del documento ingresando en el siguiente link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx