REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisión - Magistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ Florencia, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022). Asunto: Reajuste salarial Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación –Ministerio de Defensa– Ejército Nacional.
Radicación: Acta de discusión No. 18001-33-33-005-2021-00310-01 Nro. 74 de la fecha I. Asunto Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia de 28 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, que denegó las pretensiones de la demanda. II.
Antecedentes 1. Demanda1 1.Por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor formuló demanda contra la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional). Solicitó la anulación del oficio nro. 20193171662751 de 28 de agosto de 2018 que deniega un reajuste salarial. 2.Pidió que se inaplique por inconstitucional el artículo 1 del decreto 1794 de 2000 en lo concerniente al 40% contenido en dicha normativa, y que, en consecuencia con esa declaración, se ordene el reajuste a partir del 23 de febrero de 2013 -fecha en la cual ingresó a ser soldado profesional (SLP)-, con la consecuente corrección de los factores salariales adicionales de liquidación y de las prestaciones sociales periódicas, más la indexación e intereses que en derecho corresponda. 3.En lo fáctico adujo que ingresó al Ejército como soldado profesional en 2013; que el 22 de agosto de 2019 solicitó a la demandada el reajuste del salario cancelado, conforme se reconocía a los soldados voluntarios (1 SMLMV + 60%), y que el pedimento fue denegado a través del acto administrativo que se demanda. 4.En lo jurídico alegó que el acto demandado violó las normas en que debía fundarse, por contravenir los artículos 4, 13, 53 y 93 de la Constitución Política, como también normas del orden internacional.
Luego de hacer un comparativo entre los soldados voluntarios y los profesionales, concluyó que la regla jurídica de igualdad se ve desconocida por cuanto existen parámetros diferentes para dos grupos iguales. 1 Folios 2 al 31 archivo nro. 2 del expediente judicial electrónico. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 2 de 7 2.
Contestación de la demanda2 5.La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Explicó que cuando el actor ingresó a la institución lo hizo directamente como soldado profesional, por lo que no le es aplicable lo reglado en la Ley 131 de 1985 y, entonces, no existe la posibilidad jurídica de acceder a lo que pretende. Señaló que sobre el 20% que se persigue no fue contemplado por el artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, el cual se expidió por autoridad competente y sin que haya sido retirado del mundo jurídico.
Agregó que los soldados profesionales y los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales constituyen grupos jurídicamente diferenciados, cuyo soporte se encuentra en los derechos adquiridos de los segundos. Propuso como excepción la de prescripción de mesadas pensionales de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del decreto 1211 de 2000 (sic). 3.
Sentencia de primera instancia 6.Mediante sentencia de 28 de marzo de 20223, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda. Como sustento refirió a la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de 20164, para concluir que el actor no cuenta con derechos adquiridos que deban ser reconocidos, en razón a la fecha de su incorporación a la entidad.
Frente a la alegación en el sentido de que hay un trato desigual entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y los soldados profesionales que se vincularon directamente en esa condición, resaltó que tal como lo aduce la parte actora, el Consejo de Estado se pronunció en la sentencia de unificación (auto que la aclara), así: Ahora bien, pese a que esta Sala no se encuentra obligada a pronunciarse sobre la supuesta vulneración al derecho a la igualdad de los soldados profesionales que se vincularon por primera vez, en atención a la importancia que la Ley 1437 de 2011 le atribuye a las sentencias unificadoras no está demás señalar, que en todo caso, dicho postulado superior consagrado en el artículo 13 de la Constitución, no es trasgredido por la tesis jurisprudencial adoptada en la sentencia de unificación, puesto que no es posible realizar un juicio o test de igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y los soldados profesionales que se vincularon por vez primera, pues, el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales, y en este caso, las situaciones a comparar no son fáctica y normativamente similares, por lo que el cargo propuesto en ese sentido no hubiera tenido vocación de prosperidad. 4.
Recurso de apelación 7.La parte demandante apeló5, arguyó que el a quo desconoció que los soldados que ingresaron como voluntarios antes de la vigencia del decreto 1794 del 14 de septiembre del año 2000 y que se trasladaron a la categoría de “profesionales” a la fecha poseen idénticas funciones y responsabilidades que los que ingresaron directamente como soldados profesionales; que se tiene, entonces, dos tipos de soldado profesional, donde uno de ellos ingresó como soldado voluntario y paso a ser profesional, sin que existan diferencias que comporten un tratamiento distinto, aun cuando prestan el mismo servicio dentro de la institución; y que la sentencia de unificación del Consejo de Estado si bien protegió el salario de los que fueron 2 Archivo nro. 11 del expediente judicial electrónico 3 Archivo nro. 20 del expediente judicial electrónico. 4 Sala Plena de la Sección Segunda, radicado No. 850013333002201300060 01 (3420-2015) 5 Archivo nro. 31 del expediente judicial electrónico.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 3 de 7 soldados voluntarios, permitió a su vez una marcada diferencia salarial respecto de los que entraron directamente como profesionales. 8.Reiteró argumentos de la demanda relacionados a que dentro del ordenamiento jurídico existen disposiciones jurídicas tanto del orden nacional como internacional que prohíben un trato desigual en situaciones similares, y que en este caso existen diferencias de trato a dos grupos de servidores que ejecutan una misma función. Resaltó que los requisitos exigidos para las personas que ingresaron directamente como profesionales son mayores y más complejos de superar que quienes siendo voluntarios querían pertenecer al escalafón. 5.
Trámite de segunda instancia 9.Mediante auto de 14 de julio de 20226, se admitió el recurso de apelación conforme a las previsiones de la Ley 2080 de 2021. 10.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes: III. CONSIDERACIONES 1.
Competencia 11.Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación, conforme al artículo 1537 del CPACA. De conformidad con los límites propios de la competencia del juez de segunda instancia, la Sala examinará únicamente los motivos de inconformidad planteados por la parte apelante. 2. Prelación de fallo 12.En la actualidad, el Despacho primero del Tribunal Administrativo de Caquetá tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”. 13.En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere al reajuste de la asignación básica del actor aumentado en un 20%, frente a la cual el Consejo de Estado ha emitido sentencia de unificación SUJ2-003-16 de 25 de agosto de 2016, motivo por el cual la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada. 3.
Problema jurídico 14. Atendiendo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a esta Sala establecer si le asiste derecho al actor a que se le reajuste su asignación salarial y demás factores salariales y prestacionales en el equivalente al 20%. 6 Archivo nro. 5 del expediente electrónico- cuaderno de segunda instancia 7 “ARTÍCULO 153.
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 4 de 7 4. Del análisis del caso 15. El artículo 4° de la Ley 131 de 1985 estableció que el soldado voluntario devengaría una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60% del mismo. 16.Posteriormente, se expidió el Decreto 1794 de 20008, que en su artículo 1º indicó que quienes se vincularan a las fuerzas militares directamente como soldados profesionales a partir de su entrada en vigencia, tendrían derecho a devengar mensualmente un salario mínimo incrementado en el 40% del mismo, mientras que los soldados voluntarios (es decir, quienes antes del 31 de diciembre de 2000 se encontraban ya vinculados) tendrían derecho a continuar devengando un salario mínimo incrementado en el 60%, a partir de su incorporación como soldados profesionales.
Lo anterior en aras de no desmejorar los derechos ya adquiridos, tal como dispuso el artículo 389 del Decreto 1793 de 200010. 17. Pues bien: sobre este tema en tema particular, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en sentencia del 25 de agosto de 201611, y puntualizó: En armonía con las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unifica su jurisprudencia en materia de reconocimiento del reajuste salarial del 20% reclamado por los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, y fija las siguientes reglas jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales relacionadas con el referido asunto: Primero. De conformidad con el inciso 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales vinculados por vez primera, a partir del 1º de enero de 2000, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.
Segundo. De conformidad con el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.
Tercero. Sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% que se ordene a favor de los soldados voluntarios, hoy profesionales, la parte demandada condenada, deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción correspondiente, por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar. Cuarto. La presente sentencia no es constitutiva del derecho a reclamar el reajuste salarial y prestacional del 20% respecto del cual se unifica la jurisprudencia en esta oportunidad; por lo que el trámite de dicha reclamación, tanto en sede gubernativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción de derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artículos 10 y 174 de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente”.
(Lo Subrayado y en negrilla de la Sala) 8 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares. 9Artículo 38. Régimen Salarial y Prestacional. El Gobierno nacional expedirá los reglamentos salariales (sic) y prestacionales del soldado profesional, con base en lo dispuesto por la Ley 4a de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos” (Resalta la Sala). 10 Por el cual se expide el Estatuto de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesional de las Fuerzas Militares. 11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-16.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 5 de 7 18.El Tribunal confirmará la sentencia impugnada al encontrarla ajustada a derecho. 19.Obra en el expediente extracto de hoja de vida formato del Ejército Nacional12, del actor Palomo Soto, del cual se desprende que ingresó a esa entidad como soldado profesional el 23 de febrero de 2013 mediante OAP-EJC 1204 de 27 de febrero de 2013 del mismo día. Se aportó certificación en los mismos términos13. 20.Se tiene entonces, que al demandante no le asiste derecho a lo pretendido, como quiera que su vinculación fue posterior al 31 de diciembre de 2000, pues ingresó directamente como soldado profesional y por ende tiene derecho a devengar el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo. 21.Sostuvo el impugnante que el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 desmejoró el salario de los soldados profesionales ingresados con posteridad al 31 de diciembre de 2000 frente a los soldados profesionales “acogidos” (ingreso anterior al 2000), lo que según señala constituiría un trato desigual, por lo que debería inaplicarse por inconstitucional. 22.Para determinar si hay lugar a inaplicar por inconstitucional el artículo 1 del Decreto 1764 de 2000, la Sala seguirá la metodología que propuso el Consejo de Estado14 en vía unificación: realizar la confrontación de las situaciones de ambos grupos de personal. 23.Tal propósito pone en evidencia lo siguiente: que si bien se trata de sujetos ubicados en la misma condición (soldados profesionales que perciben una asignación básica mensual), y son objeto de trato claramente desigual (pues para quienes pasaron de ser soldados voluntarios a soldados profesional a partir del 31 de diciembre de 2000, tiene derecho a percibir un salario MLMV adicionado un 60%, mientras que los que ingresaron como soldado profesional ingresados con posterioridad a la fecha, reciben un salario MLMV más un 40%); si bien ello es así, observa la sala, ese trato diferencial se encuentra justificado, de manera que dicho salario que perciben los antes llamados soldados voluntarios no vulnera por sí mismo el derecho a la igualdad. 24.Dicho trato diferencial, en efecto, halla justificación en la libertad de configuración legislativa15: en este caso el legislador delegado (el ejecutivo, para expedir los decretos ley 1793 y 1794, conforme la Ley 578 de 2000)16 decidió implementar un régimen de transición en aras de salvaguardar los derechos adquiridos de los soldados voluntarios, conservando el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, esto es, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.
Así, el trato que deriva del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 no resulta arbitrario ni injustificado. 25.Bajo el modelo descrito, es claro que, aunque es cierto que existe un trato jurídico distinto entre sujetos que se encuentran en un plano de igualdad fáctica, lo cierto es que tal situación está justificada en la garantía de los derechos adquiridos, de 12 Folios 46 al 51 del archivo nro. 2 del expediente judicial electrónico. 13 Folio 44 del archivo nro. 2 del expediente judicial electrónico. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda.
Consejero ponente: William Hernández Gomez. Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19. 15 El Congreso dispone de una cláusula general de competencia que le permite configurar, en el marco de una amplia discreción, los procedimientos y las instituciones.
Esa libertad de configuración legislativa solamente puede ser restringida en casos especiales, como cuando se vulneran los derechos fundamentales o se contravienen normas expresas de la Constitución. Sentencia C-478 de 1998. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 6 de 7 manera que no se configura la vulneración del derecho a la igualdad. 26.En virtud de lo anterior, y atendiendo lo referido en los artículos 1017 y 25818 del CPACA, la decisión de primera instancia será confirmada en su integridad.
IV. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO EN SEGUNDA INSTANCIA. 27.Atendiendo lo contemplado en el numeral 119 del artículo 365 del CGP, este Tribunal acogerá la postura del Consejo de Estado20 que frente al particular concluyó que: “(…) el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP, descartándose así una apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se exige una valoración de la conducta”. 28.En el caso concreto, la Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada, como quiera que el apoderado de la parte demandante no actuó en esta instancia, por lo que no se puede tenerse por satisfecha la exigencia que hace el numeral octavo del artículo 365 del C.G.P. – en cuanto a que la condena en costas está supeditada a que “en el expediente aparezca que se causaron”- y por ende, no procede en el sub judice la condena en costas a la entidad demandada.
V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 28 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme la presente decisión, vuelva el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI- SAMAI y en la base de datos del despacho 01.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 17 ARTÍCULO
10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 18 ARTÍCULO 258.
CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. 19 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 1.
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)” 20 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación del 7 de diciembre de 2016, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado N° 25000234200020130467601 (2686-2014).
Reiterada por la Sección Segunda el 22 de marzo de 2018. Consejero Ponente: William Hernández Gómez, radicado Nº 08001233300020140056501. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Óscar Fabián Perdomo Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-3333-005-2021-00310-01 7 de 7 Los Magistrados, NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ YANNETH REYES VILLAMIZAR Con salvamento parcial de voto PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE Firmado Por: Nestor Arturo Mendez Perez Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Contencioso 1 Administrativa Tribunal Administrativo De Florencia - Caqueta Pedro Javier Bolaños Andrade Magistrado Tribunal Administrativo De Florencia - Caqueta Yanneth Reyes Villamizar Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 4 Tribunal Administrativo De Florencia - Caqueta Firma Con Salvamento Parcial De Voto Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: e5884c50108e7ca66b0e2a6e1f46dc410ea13e53c42e75d4f0eebe4ccc13a147 Documento generado en 20/10/2022 04:53:19 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica