C-345 de 2019

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.

El actor adujo que la norma cuestionada consagra dos vías diferentes a las que puede sujetarse la indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018, relacionadas con las medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos, a elección del titular del derecho infringido.

Indicó que una vía es el régimen de indemnizaciones preestablecidas y la otra es el sistema de las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios.

En este contexto, consideró que la existencia de dos vías diferentes para promover la misma pretensión indemnizatoria y la posibilidad que solo tiene el demandante y no el demandado de escoger por cuál de las dos se tramita la indemnización, lesionan el derecho a la igualdad y al debido proceso.

Así mismo expuso, que el plazo de doce meses que la norma acusada le da al Gobierno para reglamentar el sistema de indemnizaciones preestablecidas viola la potestad reglamentaria, en la medida en que esta no tiene límites temporales.

Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 32 acusado, salvo la expresión “El Gobierno Nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia”, la cual se declara EXEQUIBLE CONDICIONADA, en el entendido que, una vez cumplido este plazo, el Gobierno no pierde competencia para ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado.