Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000045_2021] Inicio CONCEPTO 45 DE 2021 <Fuente: Archivo interno entidad emisora> PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TEMA: Personerías SUBTEMA: Distribución de competencias disciplinarias al interior de la Personería de Bogotá/Competencia otorgada al ministerio público para conocer de los procesos sobre acoso laboral, máxime si las OCID no están legalmente facultadas para ello En atención a sus consultas de la referencia, mediante las cuales solicitan que se emita concepto jurídico respecto a si la distribución de competencias disciplinarias al interior de la Personería de Bogotá entre la Oficina de Control Disciplinario Interno (respecto de los funcionarios de la entidad) y las personerías delegadas para la potestad disciplinaria (frente a los funcionarios del distrito capital) consulta lo dispuesto en la Ley 1010 /06, en cuanto a la competencia otorgada al ministerio público para conocer de los procesos sobre acoso laboral, máxime si las ocid no están legalmente facultadas para ello, me permito manifestarle lo siguiente: …Pues bien, sobre el particular hay que señalar que, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 (1) de la Ley 1010/06 (2) es el ministerio público la autoridad competente para investigar las conductas que constituyen acoso laboral e imponer las sanciones que correspondan, cuando el sujeto pasivo de la investigación sea un servidor público no perteneciente a la Rama Judicial (3) ––.

Al respecto, se precisa que como el artículo 12 ibidem, emplea «ministerio público» desde el punto de vista orgánico, solo se refiere a la pgn ¯pues las personerías, aunque ejercen como tal (4) no integran la parte orgánica de la pgn¯. No obstante, el procurador general de la nación, en virtud del ejercicio de la potestad atribuida en los artículos 118 de la C. P. y 7-7, 36 del Decreto Ley 262/00, de expedir, como supremo director del ministerio público, las circulares necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley, indicó en la Circular 42, del 02/08/07 (5) Con el fin de dar alcance al numeral 6 de la Circular número 20 de 18 de abril de 2007, de conformidad con las competencias establecidas en la Ley 1010 de 2006, […] se atenderá la siguiente instrucción: // «6.

Cuando la entidad pública hubiere agotado el procedimiento preventivo y éste no logre superar la situación de acoso laboral en la entidad, la diligencias deberán remitirse en todos los casos al Ministerio Público, esto es, a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías distritales o municipales, órganos de control que dentro de su circunscripción territorial, les corresponde tramitar la acción disciplinaria, en estos casos, sin perjuicio del poder preferente de que trata el artículo 3 de la Ley 734 de 2002».

(6) Ahora, enfocándonos en la potestad disciplinaria de las personerías, en especial, respecto de la competencia interna para conocer de los comportamientos constitutivos de acoso laboral, resulta ilustrativo transcribir los apartes pertinentes del concepto C-169 – 2002: [E]l artículo 75 de la Ley 734 de 2002 establece que las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al personero.

Si esto no es posible, la segunda instancia le corresponderá al respectivo procurador regional. // Lógicamente, que lo ordenado en la norma antes citada debe hacerse en armonía con lo previsto en el artículo 32, numeral 9.°, de la Ley 136 de 1994, ya que los concejos municipales tienen la atribución para organizar la personería y dictar las normas para su funcionamiento, y el personero, como también se recuerda en la consulta, tiene sólo la iniciativa, conforme a lo previsto en el artículo 181, ibidem, «en la creación, supresión y fusión de los empleos bajo su dependencia, señalarles funciones especiales y fijarle emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes».

(7) Sumado a lo anterior, en el concepto C- 56 – 2018, que inicia citando un párrafo del concepto C-214 – 2017, se indicó lo siguiente: [L]a potestad disciplinaria corresponde a una de las prerrogativas que el Estado ostenta para efectivizar el cumplimiento sus los fines, principios y valores. Su ejercicio, a través de la acción disciplinaria, es de carácter público y oficioso (8) reservado primigeniamente a las autoridades que ejercen el control disciplinario interno, y de manera secundaria y supletoria a las que forman parte del control disciplinario externo, representadas en la Procuraduría General de la Nación y en las personerías municipales y distritales.

(9) […] Por su parte, es necesario recordar que, según lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política, al ministerio público -ejercido, entre otras autoridades, por los personeros municipales le corresponde «la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas». Y de conformidad con lo indicado en los artículos 169 (10), 178-4 (11) y 181 (12) de la Ley 136 de 1994 (13) los personeros tienen la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales.

Los presupuestos en materia de competencia disciplinaria, que se desprenden de las precitadas disposiciones legales, fueron sintetizados en la consulta C-80 – 2016 así: «- La competencia disciplinaria de las personerías municipales se predica de quienes cumplen funciones públicas municipales. // - Los personeros tienen poder preferente disciplinario sobre los servidores públicos municipales. // - Se excluyen de la competencia disciplinaria de las Personerías Municipales a la Contraloría Municipal, a los concejales y a los alcaldes».

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 734 de 2002, «[l]os procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código».

Por ende, cuando los agentes del ministerio público asuman el conocimiento de un caso disciplinario, deberán cumplir las reglas de competencia fijadas entre sus dependencias para tal efecto (14) –. En consecuencia, las personerías (distritales o municipales) -en ejercicio de la potestad disciplinaria que les ha sido legalmente atribuida, y tal y como se dejó consignado en las directrices que impartió el director del ministerio público sobre el acoso laboral- están habilitadas para asumir y tramitar las quejas de acoso laboral, sin perjuicio de la estructura organizacional (dependencias y funciones) que respecto de ellas adopte el Concejo Municipal, la cual debe ceñirse a las mencionadas reglas de competencia. <