Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000038_2022] Inicio Artículo NF2 NF3 CONCEPTO 38 DE 2022 <Fuente: Archivo interno entidad emisora> PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TEMA: Procedimiento SUBTEMA: Reconocimiento de las víctimas dentro de los procesos disciplinarios adelantados por violación al derecho internacional de los DD.

HH., infracción al DIH y acoso laboral/ doble conformidad respecto de un fallo sancionatorio de primera instancia de una OCID que no fue apelado En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico en torno al reconocimiento de las víctimas dentro de los procesos disciplinarios adelantados por violación al derecho internacional de los dd. hh., infracción al dih y acoso laboral; la procedencia de la doble conformidad respecto de un fallo sancionatorio de primera instancia de una ocid que no fue apelado, si debe ser rogada y la competencia al interior de la pgn para resolverla; y la facultad de la procuradora general de la nación para revocar de oficio o a solicitud de parte los fallos sancionatorios emitidos por las procuradurías territoriales, que no se hayan realizado en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional, me permito manifestarle lo siguiente: …Pues bien, comoquiera que esta dependencia ya se había pronunciado respecto al primer punto por el cual se indaga, se transcribe, in extenso, el concepto C- 202 – 2021: Pues bien, respecto a los intervinientes en el proceso disciplinario (1), se parte por recordar que aun cuando el reconocimiento de las víctimas como sujetos procesales inicialmente fue producto de la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional (2), hoy en día se encuentra consagrado en el artículo 109 del Código General Disciplinario, así: «[p]odrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales […] las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario […]».

Esta calidad los facultad [sic], según el artículo 110 ibidem, para «1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas [sic]. // 2. Interponer los recursos de ley. // 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma [sic], y // 4.

Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado». No obstante, para que las víctimas o perjudicados con la comisión de una falta disciplinaria que, a la vez, constituye violación de los dd. hh. o del dih, adquieran la aludida calidad, debe mediar un acto de reconocimiento que los legitime para intervenir en el proceso y ejercer todas las facultades inherentes a los sujetos procesales.

Dicho acto está supeditado a la verificación que lleve a cabo la autoridad que esté adelantando la actuación, respecto del tipo de falta y del interés legítimo de quienes comparecen al proceso con el fin de buscar la verdad y la justicia. Al respecto, la Corte Constitucional indica que «las víctimas o perjudicados son personas legitimadas para acceder al proceso dado que son los titulares de los bienes jurídicos vulnerados como consecuencia inescindible y directa de la infracción del deber implícita en la falta disciplinaria.

Esta condición, convierte a las víctimas o a los perjudicados en portadores de un interés directo en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y en la realización de la justicia disciplinaria. Es decir, los habilita para intervenir, pero no como simples terceros, sino como verdaderos sujetos procesales» (3). (Negrilla fuera de texto).

En cuanto a la procedencia de la doble conformidad respecto de un fallo sancionatorio de primera instancia de una ocid que no fue apelado, si debe ser rogada y la competencia al interior de la pgn para resolverla, cabe recordar que el proyecto de ley, que se convertiría en la Ley 2094, del 29/06/2021 (4), tuvo por finalidad esencial dar cumplimiento a la sentencia de la Corte idh, del 08/07/2020 (caso Petro Gustavo vs. Colombia); por ello, frente a los requerimientos allí efectuados, se propuso, sin desconocer la tradición institucional del Estado colombiano: «i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; // ii) Garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación y el juzgamiento en el proceso disciplinario y, // iii) Garantizar la doble instancia y conformidad».

(5) En concreto, frente a la doble conformidad, el artículo 12 del cgd establece, dentro de las garantías que integran el debido proceso, que «[t]odo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley».

Se colige, entonces, que el legislador disciplinario, en cumplimiento del deber constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los fallos sancionatorios, consagró dos medios de contradicción: las garantías procesales de la doble instancia y la doble conformidad. Esta última consiste en la facultad para impugnar el fallo que revoca uno absolutorio de primera instancia e impone, por primera vez, una sanción en segunda instancia. Así, para poder acceder a ella, se requiere que se haya proferido una primera sanción en segunda instancia –es decir, que se hubiere agotado la garantía de la doble instancia, a través del recurso de apelación–.

(6) Ahora, respecto al control disciplinario interno, el artículo 93 ibidem consagra que «[s]i no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias. […] La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad.

En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias». Puntualmente, en cuanto a la competencia interna de la pgn para conocer de la doble conformidad contra los fallos sancionatorios proferidos en segunda instancia en el ejercicio del control interno disciplinario, se señala que ella se encuentra prevista en los artículos 13 (7) y 20 (8) del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionan, respectivamente, los artículos 25A y 75A del Decreto Ley 262 de 2000.

Sobre el particular, la doctrina ha señalado que «[l]la “doble conformidad” es una garantía procesal para el disciplinado, que consiste en la posibilidad de que el fallo sancionatorio pueda ser revisado por una autoridad diferente. Esta es una figura novedosa en el Derecho Disciplinario, la cual es tratada por el inciso 3.° del artículo 12 y el inciso 4.° del artículo 93 del cgd, y su trámite será el previsto para el recurso de apelación. // En los casos en que la primera decisión sancionatoria hubiese sido expedida por una autoridad administrativa en el marco de la segunda instancia (Ej. alcalde municipal), y esta fuere recurrida por el disciplinable, la decisión de la doble conformidad siempre estará a cargo de la pgn» (9).

Por último, sobre la facultad de la procuradora general de la nación para revocar de oficio o a solicitud de parte los fallos sancionatorios emitidos por las procuradurías territoriales, que no se hayan realizado en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional, en el concepto C- 7 – 2022, se indicó lo siguiente: Pues bien, se parte por señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141 (10) y 142 (11) del cgd, solo son susceptibles de revocatoria directa los fallos sancionatorios que dicten las personerías y las ocid (12); y los autos de archivo y el fallo absolutorio, cuando aludan a faltas disciplinarias que constituyan violaciones del dih y de los dd. hh., expedidos por cualquier funcionario de la pgn o autoridad disciplinaria.

Y, según las competencias internas de la pgn, el procurador general de la nación es la única autoridad facultada para decidir sobre las solicitudes de revocatoria directa de las precitadas decisiones disciplinarias, tal y como lo prevén los artículos 142 ibidem y 2 (13), 4 (14), 17 (15), 21 (16) y 24 (17) del Decreto Ley 1851 de 2021. Por consiguiente, serán objeto de revocatoria directa aquellos fallos sancionatorios que fueron emitidos por las procuradurías territoriales antes de la entrada en vigor del artículo 1 de la Ley 2094/21, relativo a las funciones jurisdiccionales (18) (en armonía con lo dispuesto en el artículo 74 ib. ), es decir, antes del 30 de junio de 2021. <