SENTENCIA — Tribunal Superior de Antioquia

Footnotes · 31

1. 011.Aunque si bien la Ley 1448 acepta que algunas personas distintas de quienes aleguen derechos inscritos en los folios de matrícula, como son, en forma enunciativa, quienes tengan derechos legítimos relacionados con el predio, acreedores con obligaciones relacionados con el predio (art. 86 e. ibid.), asuman procesalmente en calidad de opositores la protección de sus derechos, no se probó en el proceso tal calidad y el eventual perjuicio ocasionado. Así las cosas, la oposición formulada por GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL contraviene los criterios anteriores, por lo que no está llamada a prosperar, y por sustracción de materia se denegará la excepción formulada de buena fe exenta de culpa, pues además de lo anterior no se probaron los supuestos de hecho de la mentada excepción y de contera la compensación de que trata el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011. 5.2. La oposición de PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA y de los herederos indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA 48 Corte Constitucional, Sentencia T-119/19 del 18 de marzo de 2019. MP Antonio José Lizarazo Ocampo. 49 El opositor goza de una protección constitucional y legal y por ende, en caso de que el opositor pruebe la buena fe exenta de culpa en la obtención del título que le otorga derechos sobre el predio objeto de restitución, tiene derecho a una compensación en los términos del artículo 98 de la Ley 1448 de 2011. 50 Sentencia T-315 de 2016, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 25 de 55 HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA. Como se dejó advertido, PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA, EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA (estas últimas fallecidas), son propietarios inscritos del predio reclamado y sus apoderados formularon su desacuerdo con la solicitud a través del escrito de oposición arrimado el 17 de mayo de 201651 y 11 de julio de 201852, por lo que tomando en cuenta que son personas que se encuentran en las mismas condiciones y sus argumentos de defensa son similares, se analizará en conjunto sus oposiciones. Se señala que los propietarios inscritos no tienen nada que ver con los hechos de violencia sufridos por DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID en el año 1995, y que vienen ocupando el predio objeto de la solicitud, desde aproximadamente el año 2000, que en el año 2005 les fue adjudicado por el extinto INCODER, a través de Resolución Nro. 351 del 25 de octubre, a 14 familias, por lo que llevan más de 10 años ejerciendo actos de señor y dueño, dedicados a la agricultura, pastizales y a la cría de animales para su sustento. Indican que actualmente quienes detentan derechos de dominio sobre el inmueble son miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DESPLAZADOS DEL MEDIO ATRATO –ASOPRODESMA, entidad constituida legalmente y que, además, son desplazados de distintos asentamientos de los municipios de Riosucio, Bojayá y Carmen del Darién – Chocó y Vigía del Fuerte - Antioquia. Para fundamentar la oposición a las pretensiones PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA formuló las excepciones que denominó: i) “Buena fe”; ii) “culpa exclusiva de un tercero”; iii) “falta de identidad del bien inmueble que se reclama”, “prescripción” y; iv) “genérica”. Por su parte, la representante judicial de los herederos indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA 51 Consecutivo
2. 58.Págs. 111 a
3. 139.Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA 52 Ibidem. Págs. 581 a
4. 588.SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 26 de 55 ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA enunció la buena fe como excepción. Con el escrito de contestación PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILA adosó como pruebas documentales las siguientes: i) el poder especial conferido por FRANCISCO DANOY MORENO MOSQUERA53; ii) Oficio asignación de proceso por de la Defensoría del Pueblo de Urabá54; iii) Contrato de operación de funcionamiento Nro. 12155; iv) Certificado Cámara de Comercio de ASOPRODES56 y; v) copia cédula de ciudadanía GÓMEZ TODECILLA57, sin que se allegaran en lo que respecta con EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA. 5.3. Pruebas de la oposición. Esta Sala Especializada, con el fin de resolver la oposición presentada, entrará a estudiar la prueba recibida en el trámite procesal, entre las que se encuentra las documentales, testimoniales e interrogatorios de parte practicados por el juez de conocimiento en la parte instructiva. Los opositores fungen como copropietarios inscritos del predio reclamado, por la adjudicación que realizó el extinto INCODER a 14 familias, mediante Resolución Nro. 351 del 25 de octubre de 2005 y registrada en la anotación # 4 del folio de matrícula inmobiliaria 034-5275658. El predio denominado “La Esperanza”, había sido adquirido por FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ mediante Escritura Pública 609 del 11 de diciembre de 1998, por compra hecha a RAMÓN EMILIO DAVID DAVID (hermano de DUCREY y LUIS KENNEDY DAVID ARANGO), por un precio de $13.305.00059, como se consignó en el documento público, el que fue registrado en la anotación #3 del FMI 034- 3539560. 53 Consecutivo
5. 58.Trámite en el Despacho. Pág.
6. 117.Digitalización cuaderno 1 del expediente físico. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA 54 Ibidem. Pág. 119. 55 Ibidem. Págs. 121 a 125. 56 Ibidem. Págs. 127 a 129. 57 Ibidem. Págs. 131 A 137. 58 Consecutivo
7. 62.Trámite en otros Despachos. Pruebas recaudadas por la URT. Págs. 61 a 63 PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA 59Ibídem. Págs. 57 y 58. 60 Ibídem. Págs. 11 a
8. 13.SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 27 de 55 De igual forma, FRANCISCO JIMÉNEZ MARTÍNEZ vende el inmueble a GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL a través de Escritura Pública Nro. 211 del 5 de abril de 2002, quien a su vez transfiere el dominio de la heredad al extinto INCORA junto con SARA EMILIA GIL DE JIMÉNEZ. De otro lado, también se allegó la Escritura Pública 393 del 12 de abril de 2002 de la Notaría Única del Círculo Apartadó (Ant.), por medio de la cual se desengloba el predio “La Esperanza”, en lote de terreno “La Esperanza” F.M.I. 034-52679 y lote de terreno “La Esperanza Número Dos” individualizado con F.M.I. 034-5268061. Con la oposición se allegó la Resolución Nro. 351 del 25 de octubre de 200562 mediante la cual se adjudicó en común y proindiviso a las siguientes familias el predio objeto de esta reclamación, en una proporción de una catorceava (1/14) parte, a las personas que se allí se determinan y los que se relacionan en cuadro anterior (cfr. ítem 4.3. pág. 23). PEDRO ANTONIO GÓMEZ, vocero de los propietarios inscritos63, refirió en su declaración que luego de salir desplazado de Riosucio – Chocó, se ubicó en el municipio de Turbo (Ant.), en donde conformó la asociación ASOPRODESMA con campesinos también desplazados. Fue así como, a través del INCORA primeramente empezaron a buscar un predio para que les fuera adjudicado. Del mismo modo, adujo que luego de buscar inmuebles que se ajustaran a las condiciones y requisitos que exigía el INCORA para esa época, encontraron el predio “La Esperanza” y fue a través de MAURICIO ARANGO quien era el compañero permanente de GLORIA AMPARO GIL (propietaria para esa época), empezaron las negociaciones con los funcionarios de la entidad para ello. Luego de los trámites pertinentes, el inmueble fue adjudicado por parte del INCODER a las 14 familias. Adujo también64, que la búsqueda del inmueble fue algo difícil tomando cuenta que el INCORA rechazó muchos inmuebles que estaban en “zona roja”, es decir, existía presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que al ser aceptado este 61 Ibidem. Págs. 36 a 39. 62 Consecutivo
9. 62.Trámite en el Despacho. Pruebas aportadas por los actuales propietarios Págs. 6 a
10. 9.PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA 63 Consecutivo
11. 66.Trámite en el Despacho. Interrogatorio de PEDRO ANTONIO GÓMEZ en calidad de co-propietario del predio denominado La Esperanza. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. 64 Ibidem, minuto 58:46 SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 28 de 55 inmueble, les dio mucha seguridad jurídica sobre la heredad, en razón a que la entidad debió realizar el estudio de títulos correspondiente para la adjudicación, además, para la época en que llegaron a la vereda La Esperanza la situación de orden público estaba tranquila. Asimismo, indicó que todas las diligencias administrativas se realizaron de manera transparentes, nunca vieron algo indebido, las reuniones se efectuaron de forma clara sin ocultar detalles. Por último, cuando se le preguntó por LUZ ELENA DURANGO MONSALVE expresó conocerla porque era su vecina y que en algún momento ella le comentó sobre ese inmueble había sido de propiedad de su compañero permanente, pero no le dio mucho detalle al respecto, eso ocurrió cuando el inmueble ya había sido adjudicado a las 14 familias. Por su parte, ERLIN PALOMEQUE65 contó que salió desplazado en el año 2000 del municipio de Vigía del Fuerte, por enfrentamientos entre la guerrilla y paramilitares hacia el municipio de Turbo (Ant.). Estando allí empezó a reunirse junto con más desplazados para que les adjudicaran un inmueble para ser explotado por aquéllos. Fue así como emprendió la comunidad la tarea de buscar el inmueble adecuado para ser adquirido por el INCORA (para ese tiempo) y lo adjudicaran a las 14 familias interesadas. Relató que llegaron al predio denominado “La Esperanza” porque les fue ofrecido por los propietarios a los líderes de la comunidad (PEDRO GÓMEZ y CLEOTILDE RAGA), que nunca conoció a los dueños del inmueble y que los funcionarios del INCORA les comunicaron sobre las posibilidades de adquirir el inmueble pues legalmente cumplía los requisitos exigidos por la entidad. En cuanto a los hechos de violencia en la zona donde se ubicaba el predio “La Esperanza”, expresa que para la época en que se instalaron en el inmueble no se presentaban acontecimientos que generaran temor entre la comunidad, estaba todo tranquilo y no existía presencia de grupos armados; por medio de sus vecinos se enteraron sobre la situación de orden público en tiempos anteriores, la cual era bastante difícil por la presencia de grupos armados al margen de la ley. 65 Consecutivo
12. 66.Trámite en el Despacho. Interrogatorio de ERLIN PALOMEQUE en calidad de co-propietario del predio denominado SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 29 de 55 El deponente EMIRO CÓRDOBA66, dijo que se desplazó del municipio de Riosucio y llegó al municipio de Turbo (Ant.), fue allí donde nació ASOPRODESMA siendo su presidente PEDRO GÓMEZ y vicepresidenta CLEOTILDE RAGA. Cuenta también que el predio fue adquirido a través del INCORA y que encontraron el inmueble “La Esperanza” luego de haber visitado varios inmuebles. Sobre las negociaciones del inmueble, señaló que fueron realizadas directamente por el INCORA con los dueños para esa época y que nunca detectaron conductas sospechosas, además, que el INCORA investigó los antecedentes del inmueble y que una vez observó que todos los documentos estaban en regla fue adquirido por la entidad, el proceso de escrituración del predio fue realizado por los encargados para ello. Afirmó que previo a ser adjudicado el inmueble a éstos, las 14 familias estuvieron explotando el predio por 5 años, fue así como, para el año 2005, se realizó la legalización de la heredad, con el respectivo acto administrativo67. Luego expuso, que durante el proceso de negociación del predio La Esperanza, se contó con la asesoría de los funcionarios del INCORA para esa época, y posteriormente el INCODER fue quien se encargó del proceso de formalización del inmueble. Por su parte, en la Resolución Nro. 351 del 25 de octubre de 2005 se relató que en los artículos 24, 25 y 26 de Ley 812 de 2003, se establece subsidio integral que puede ser otorgado por una sola vez, a familias campesinas sujetas de reforma agraria para el desarrollo de proyectos productivos, y que el Comité Especial de Selección de Desplazados del campo por causa de la violencia, en reunión celebrada en el Municipio de Turbo recomendó las familias beneficiarias del subsidio integral, mediante la adjudicación definitiva del predio La Esperanza objeto de este trámite. Finalmente, durante el trámite en la Sala se dispuso la caracterización de los propietarios inscritos del predio reclamado68. Pues bien, al identificar las características socioeconómicas de los hogares de BENITO MANUEL AGAMEZ, EMIRO CÓRDOBA CABRERA, ANA MARIELA CERVANTES GUERRA, PEDRO BRAVO URANGO, MARIBEL MARTÍNEZ RAGA, EMERITA ISABEL MADERA MONTES, PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA, ERLIN PALOMEQUE 66 Consecutivo
13. 66.Trámite en el Despacho. Interrogatorio de EMIRO CÓRDOBA en calidad de co-propietario del predio denominado 67 Ibídem. Min. 1:52:12 68 Consecutivos 85 y
14. 86.Trámite en el Despacho. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 30 de 55 PÉREZ, CLEOTILDE RAGA ROVIRA, GILBERTO CABRERA LORA, AMADO JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ, MANUEL ESTEBAN FERIA PÉREZ, YANETH PADILLA PÉREZ, NICOLÁS ANTONIO FERIA REYES, JOHAN HIDALGO RIVAS y ALFREDO RUIZ BARRIOS, se observa que son muy similares, son adultos mayores excepto MANUEL ESTEBAN FERIA, CLEOTILDE RAGA ROVIRA, JOHAN HIDALGO RIVAS, YANETH PADILLA PÉREZ y ANA MARIELA CERVANTES GUERRA, sus ingresos no superan un salario mínimo mensual legal vigente, al contrario están muy por debajo de este, algunos la manutención está a cargo de familiares. Asimismo, se encuentran afiliados al régimen subsidiado de salud, aparecen registrados en base de datos del SISBÉN con puntaje menor al 40%, excepto JOHAN HIDALGO RIVAS con 41,54%. No cotizan a pensión ni cesantías, son víctimas de desplazamiento del municipio de Riosucio y Vigía del Fuerte – Chocó. Se indica también que, a través de la aplicación de la metodología del Departamento Nacional de Planeación, se determinó que los hogares se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional, a excepción de ALFREDO RUIZ BARRIOS, AMADO JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA, CLEOTILDE RAGA ROVIRA, MARIBEL MARTÍNEZ RAGA, JHOAN HIDALGO RIVAS, ERLIN PALOMENQUE y PEDRO BRAVO. Sobre la dependencia con el inmueble reclamado ninguno tiene vivienda en este y solo PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA, MARIBEL MARTÍNEZ RAGA, ERLIN PALOMENQUE y PEDRO BRAVO explotan la heredad. Sin embargo, es importante aclarar que ello se debe a que el predio no tiene las condiciones físicas y ambientales para su aprovechamiento, pues se inunda por las crecientes del Río León69, situación de fuerza mayor que a pesar de los trámites adelantados por los propietarios inscritos ante las autoridades competentes continúa. Al respecto ERLIN PALOMENQUE dijo que lo explotaron desde el año 2002 al 2008 y después de llevar 3 años cultivando el inmueble las inundaciones empezaron a ser más frecuentes, por lo que solicitaron ayuda a las entidades competentes, pues sus cultivos se estaban perdiendo por las crecientes de Río León70. 69 Consecutivo
15. 58.Pág. 205 a 226. 70 Consecutivo
16. 66.Trámite en el Despacho. Interrogatorio Erlin Palomenque minuto 27:39. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 31 de 55 Congruente con lo anterior señaló PEDRO ANTONIO GÓMEZ que trabajaron 4 años el predio, hasta cuando los “jarellones empezaron a llenarse de agua” y se empezó a inundar el inmueble, explica también que JAIME URIBE colindante del predio denominado “La Esperanza” realizó unos trabajos en su parcela para protegerla de las inundaciones, lo que ocasionó que empezara a inundarse el predio reclamado en el presente trámite. De ese modo, se puede concluir que la falta de explotación del inmueble reclamado por los propietarios se debe a circunstancia ajenas a su voluntad por lo que no se puede predicar falta de interés o responsabilidad ante el abandono del mismo. Por último, se destaca que los propietarios inscritos no tienen otro inmueble en el cual puedan ejecutar alguna actividad agropecuaria excepto PEDRO BRAVO. 5.3.1. Así las cosas, acorde con el estudio probatorio realizado en párrafos anteriores, se establece que DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID fueron víctimas de la violencia sufrida en la vereda La Esperanza del Corregimiento Puerto Rico en el municipio de Turbo, y que, debido a ella, ante el justo temor de sufrir las consecuencias, optaron por abandonar con sus núcleos familiares en 1995, el inmueble denominado “La Esperanza”, que habían adquirido, viéndose obligados a la venta dadas las condiciones de vulnerabilidad en la que se encontraban para la época en que se celebró el negocio jurídico. 5.3.2. Al ejercer la oposición, PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA propuso las excepciones de i) “Buena fe”, ii) “culpa exclusiva de un tercero” y, iii) “falta de identidad del bien inmueble que se reclama”, “prescripción” y “genérica” y la por su parte la representante legal de los herederos indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA la “Buena fé (sic)” en este punto se abordarán todas excepto la última mencionada, estudio que se realizará en acápite posterior. Así pues, la excepción denominada “culpa exclusiva de un tercero” se sustentó en que según lo indicado en el escrito de la solicitud el presunto causante del desplazamiento de DUCREY ARANGO y LUIS KENNEDY ARANGO fue por el accionar delictivo de los grupos armados al margen de la ley, por lo que se trata de un tercero ajeno a PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 32 de 55 Se tiene probado la calidad de víctimas de desplazamiento de los hermanos ARANGO DAVID, hechos debidamente sustentados en el proceso y que fueron objeto de estudio ut supra, así como también, la situación de violencia generada por la intervención de grupos armados al margen de la ley en el municipio de Turbo (Ant.) donde se encuentra ubicado el predio objeto de reclamación. Igualmente, que los propietarios inscritos nada tienen que ver con los hechos victimizantes de los fallecidos, sin embargo, la Ley 1448 de 2011, establece que se presume la ausencia de consentimiento o causa lícita cuando se transfiere un derecho de dominio real donde hayan ocurrido actos de violencia generalizada, por lo tanto, aunque nada tuvieron que ver con la venta realizada por DUCREY y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, la ley los ampara con esa presunción. Por lo anterior, estima esta Corporación que el medio exceptivo no está llamado a prosperar, pues, como ya se advirtió, si bien es cierto que PEDRO ANTONIO GÓMEZ nada tuvo que ver con los hechos victimizantes de DUCREY ARANGO y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, no puede perderse de vista ni obviarse que fue de público conocimiento las circunstancias generales de violencia que agobiaron a los pobladores del corregimiento Puerto Rico. La excepción de “falta de identidad del bien inmueble que se reclama” se fundó en que no existe claridad sobre el bien que se reclama, pues no se estableció el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual recae, además existen predios colindantes entre sí que pertenecen a varios municipios, lo que para el opositor puede llevar a una confusión en las pretensiones de los solicitantes. Pues bien, con el fin de resolver los argumentos de la oposición planteada se entrará a estudiar la prueba documental atendiendo a que PEDRO ANTONIO GÓMEZ se duele de la identidad e individualización del predio objeto de esta solicitud. Puntualmente, en el dosier de pruebas que obran en el proceso, se encuentra que mediante Escritura Pública número 866 del 24 de octubre de 199571, registrada en la anotación #1 de la matrícula inmobiliaria número “034-35395” se realizó un acto de “englobe”, por parte de DUCREY y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, quienes 71 Consecutivo
17. 62.Pág.
18. 43.Pruebas recaudadas por la URT. Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 33 de 55 manifestaron ser propietarios en comunidad y proindiviso de un inmueble denominado “LA ESPERANZA”, en el municipio de Turbo (Ant.), de 93 hectáreas con 3161 metros cuadrados. Posteriormente, LUIS KENNEDY ARANGO DAVID y DUCREY ARANGO DAVID le enajenaron a RAMÓN EMILIO DAVID DAVID el predio objeto de esta reclamación, por Escritura Pública número 519 del 18 de junio de 1996 de la Notaría Única del Círculo de Chigorodó (Ant.)72, registrada en la anotación #2 de la matrícula inmobiliaria 034-35395 de la ORIP de Turbo (Ant.), por la suma de $11.050.000 que los vendedores declararon en ese momento haber recibido a satisfacción. Sin embargo, fue un negocio que se realizó para que RAMÓN EMILIO DAVID se encargara de la venta real del inmueble, toda vez que los hermanos ARANGO DAVID, no podían por las amenazas que se habían presentado. A su vez, por Escritura Pública número 609 del 11 de diciembre de 1998 de la Notaría Única del Círculo de Carepa (Ant.)73, registrada en la anotación #3 del citado folio inmobiliario (034-35395) se llevó a cabo la venta del inmueble entre RAMÓN EMILIO DAVID DAVID y FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, avaluado el predio objeto de reclamo en la suma de $13.305.000. Seguidamente, por Escritura Pública número 211 del 5 de abril de 2000 de la Notaría Única del Círculo de Carepa (Ant.)74, inscrita en la matrícula inmobiliaria 034-35395 (anotación #4) de la ORIP de Turbo, FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ dio en venta a GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL el lote de terreno rural objeto de esta reclamación, situado en el corregimiento Puerto Rico, en el municipio de Turbo (Ant.), de una extensión de 93 hectáreas con 3161 metros cuadrados, por valor de $16.000.000 que declaró en ese momento haber recibido a entera satisfacción el vendedor. Asimismo, mediante Escritura Pública número 393 del 12 de abril de 200275, registrada en la anotación #5 de la matrícula inmobiliaria número “034-35395” se realizó un acto de “desenglobe”, por parte de GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL, quien era propietaria del inmueble denominado “La Esperanza”, en el municipio de Turbo (Ant.), de 66 hectáreas con 7718 metros cuadrados. 72 Ibídem pág. 47. 73 Ibídem pág. 25. 74 Ibídem pág. 29 75 Ibídem pág. 36 SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 34 de 55 Así entonces, a partir de la anterior división material realizada con el mencionado instrumento público (E.P: #393 del 12-04-2014) se dio apertura a los folios de matrícula inmobiliaria 034-52679 y 034-52680 de la ORIP de Turbo correspondiente a los predios LOTE DE TERRENO LA ESPERANZA y LOTE DE TERRENO LA ESPERANZA NÚMERO DOS. El inmueble individualizado con el F.M.I. Nro. 034- 52680 fue vendido a SARA EMILIA GIL DE JIMÉNEZ. Seguidamente, por Escritura Púbica número 566 del 23 de mayo de 2002 de la Notaría Única del Círculo de Apartadó (Ant.), inscrita en la matrícula inmobiliaria 034-52756 (anotación #1) de la ORIP de Turbo, GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL y SARA EMILIA GIL DE JIMÉNEZ engloban nuevamente los predios individualizados con los folios de matrícula inmobiliaria 034-52679 y 034-52680 de la ORIP de Turbo y a su vez venden el predio al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, lo cual se registra en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 034-52756. Por último, a través de Escritura Pública 1161 del 6 de agosto de 2014 INCORA cede a título gratuito de bienes fiscales al INCODER el inmueble, y este por Resolución número 351 del 25 de octubre de 2005 adjudica el inmueble a las siguientes 14 familias que con anterioridad se han mencionado. El Informe Técnico de Georreferenciación (ITG),76 en el acápite denominado “consideraciones sobre la identificación de los linderos por parte de la persona que acompaño (sic) el proceso de georreferenciación”, indicó que el predio fue mostrado por LUZ ELENA DURANGO MONSALVE el día 17 de noviembre de 2014 que la actividad de georreferenciación se realizó según el conocimiento que la solicitante mostró acerca de los linderos y vértices dando como resultado un polígono de 90,3888 hectáreas; como “resultados de la georreferenciación por predio”. El área del predio georreferenciada por la UAEGRTD de 90,3888 hectáreas y su ubicación en la vereda La Esperanza, del corregimiento Puerto Rico, en el municipio de Turbo (Ant.), fue confirmada por el juez de instrucción durante la inspección judicial practicada77, contando con la presencia, tanto de la apoderada judicial de la reclamante y del área catastral de la URT, como del apoderado de PEDRO 76 Ibídem. Pág. 141”. 77 Consecutivo
19. 65.PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. Trámites en otros Despachos. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 35 de 55 ANTONIO GÓMEZ y ERLIN PALOMENQUE (propietario inscrito del predio reclamado), en la que claramente se identificó el inmueble objeto de esta solicitud. Así las cosas, a pesar de lo sostenido en el escrito de oposición se ha hecho evidente que efectivamente el denominado predio “La Esperanza”, objeto de este proceso, se ubica en la vereda La Esperanza, del corregimiento Puerto Rico, en el municipio de Turbo (Ant.), se identifica con la matrícula inmobiliaria 034-52756 de la ORIP de Turbo (Ant.). En resumen, conforme al anterior análisis, se establece que el inmueble objeto de reclamo, en la actualidad desde el punto de vista jurídico y material se encuentra plenamente identificado. Así las cosas, no prospera la excepción propuesta. Ahora, en lo relativo a la excepción denominada: “prescripción”; por medio de la cual se indica que ya han pasado más de 10 años desde que se adquirió el inmueble y se encuentra en posesión pacífica e ininterrumpida, tampoco está llamada a prosperar, como quiera que, dentro del marco de justicia transicional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.5 de la Ley 1448 de 2011, se estableció la presunción de inexistencia de la posesión, que se aplicará a favor del solicitante y en contra del opositor, al encontrarse probados los supuestos fácticos para su realización. Por último, la denominada excepción “genérica o innominada” , tampoco observa esta Sala Especializada argumentos suficientes para que sea tenida en cuenta, pues es evidente que en esta etapa del proceso no se encuentra ninguna causal (excepción) que deba ser declarada de oficio; además, dado el carácter especial, preferente, autónomo y transicional del que gozan las normas que rigen el proceso de restitución, y al hecho de que el legislador dentro de su libertad configurativa no incorporara un sinnúmero de figuras e instituciones aplicables en los trámites ordinarios, no puede interpretarse como vacíos que deban ser llenados por el juez en su función integradora, pues se omitieron fue justamente de cara a concretar un trámite expedito y armónico con el objeto especial y fin transicional de la Ley 1448 de 2011. 5.4. De la buena fe y la exenta de culpa. El principio de la buena fe tiene su fundamento constitucional en el artículo 83 de la Carta Política, el cual indica que “las actuaciones de los particulares y de las SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 36 de 55 autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” Este principio de la contratación está consagrado de manera especial en el artículo 1603 del Código Civil y en el Código de Comercio en los artículos 863 y
20. 871.Sin embargo, la Ley 1448 de 2011 va aún más allá de esos conceptos y por la envergadura y trascendencia de las violaciones a los derechos de los desplazados, exigió que para que el opositor pudiese acceder a la compensación, debe demostrar un actuar acorde con la “buena fe exenta de culpa”. Así lo reseñó no solo en el artículo 91 de la citada ley, sino además en los artículos 88 (sobre acompañar la prueba al momento de la oposición); 98 (para el pago de las compensaciones; 99 (sobre contratos para el uso del predio restituido) y 105 (como función de la UNIDAD para el pago de la compensación). A la luz del artículo 88 de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), le corresponde al opositor probar cualquiera de las siguientes circunstancias: i) que también fueron víctimas de despojo o abandono forzado, ii) tachar la condición de víctimas que han sido reconocidas en el proceso y, iii) que son titulares de un derecho adquirido de buena fe exenta de culpa78. En el presente caso, la representante legal de los herederos indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA Y MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES desconoció el carácter de víctima de los solicitantes, lo que ya fue debatido y rechazado en párrafos precedentes y además señaló que los propietarios inscritos actuaron bajo los principios de la buena fe, así como también lo señaló PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA. Más, sin embargo, la Sentencia C-330 del 23 de junio de 201679, reseñó ante una posible afectación de los derechos de los más vulnerables, la posibilidad en casos excepcionales, de flexibilizar la aplicación del criterio de la “buena fe exenta de culpa” y en otros de inaplicarlo. Así lo señaló expresamente: Sin embargo, en casos excepcionales, marcados por condiciones de debilidad manifiesta en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia, y siempre que se trate de personas que no tuvieron que ver con el despojo, el juez deberá analizar el requisito con flexibilidad o incluso inaplicarlo, siempre al compás de los demás principios constitucionales a los que se 78TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Rad. 23001-31-21-002- 2013-00008-00 (03). Fecha: 27 de febrero de 2015. M.P: Vicente Landinez Lara. 79 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-330 de 23 de junio de 2016. Ref. Exp: D-11106. M.P: Luis Alejandro Jiménez Castellanos. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 37 de 55 ha hecho referencia y que tienen que ver con la equidad, la igualdad material, el acceso a la tierra por parte de la población campesina, o la protección de comunidades vulnerables. De no ser así, las decisiones podrían tornarse en fuente de las mismas injusticias que se pretenden superar. Para el ejercicio de lo regulado en la sentencia en estudio, se señalaron unos parámetros para la aplicación flexible o inaplicación de la buena fe exenta de culpa, cuales son que: “(i) no favorezcan ni legitimen el despojo (armado o pretendidamente legal) de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las víctimas; (ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la tierra y (iii) no puede darse para quienes tuvieron una relación directa o indirecta con el despojo”; expresándose que son los jueces quienes deben establecer la satisfacción de esos requisitos para lograr el fin propuesto, que no es otro, que “evaluar si lo adecuado es, entonces, entender la buena fe exenta de culpa de manera acorde a su situación personal, exigir buena fe simple, o aceptar la existencia de condiciones similares al estado de necesidad, que justifiquen su conducta”. La Sala considera, que estamos ante un caso excepcional, que amerita el estudio de la coexistencia de los parámetros señalados por la Corte Constitucional, para determinar en últimas la aplicabilidad de la exigencia del obrar de buena fe exenta de culpa. 5.4.1. PEDRO ANTONIO GÓMEZ TODECILLA, EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA y MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES no favorecieron ni legitimaron el despojo (armado o pretendidamente legal) del predio objeto en este trámite. Aquéllos, no facilitaron el despojo de tierras, pues fueron vendidas por los fallecidos DUCREY y LUIS KENNEDY ARANGO y solo hasta el año 2005, luego de los hechos de violencia, 10 años después, adquirieron el inmueble, a través de un acto administrativo de adjudicación, el cual estuvo supervisado y valorado por los extintos INCORA e INCODER. 5.4.2. Los opositores, son esencialmente vulnerables y sujetos de especial protección constitucional, debido a su condición de especial vulnerabilidad, y concretamente indicó en sentencia T-239 de 2013: “La especial protección constitucional que la jurisprudencia de la Corte ha otorgado a la población desplazada no es más que la materialización de las diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la protección de la persona humana, que se armoniza SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 38 de 55 con el deber que recae en todas las autoridades del Estado de emprender acciones afirmativas a favor de la población que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. Así entonces, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esta población, en sentencia T-025 de 2004 la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional. La jurisprudencia ha considerado que el concepto de “desplazado” debe ser entendido desde una perspectiva amplia toda vez que por la complejidad y las particularidades concretas del conflicto armado existente en Colombia, no es posible establecer unas circunstancias fácticas únicas o parámetros cerrados o definitivos que permitan configurar una situación de desplazamiento forzado por tratarse de una situación cambiante. Por lo tanto, en aquellos eventos en los que se presente duda resulta aplicable el principio pro homine. De otra parte, debido a los numerosos derechos constitucionales afectados por el desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo 13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de sus necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara.” La jurisprudencia constitucional ha sostenido también que este deber estatal además de encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta, tiene su fundamento último en la imposibilidad del Estado para cumplir con la obligación básica de preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad de todos sus asociados...”. Es importante destacar que el hecho de desplazamiento forzado atenta contra derechos fundamentales como la integridad personal, a la libre locomoción y al mínimo vital entre otros, esta situación de vulnerabilidad le impide sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad, además, que ocasiona un desarraigo con su tierra. Es por ello, que el Estado tiene la responsabilidad o compromiso de prestar ayuda a aquellos individuos que se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares con el ánimo de proteger su vida y en aras de garantías de seguridad. La especial protección constitucional que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha otorgado a la población desplazada no es más que la materialización de las diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la protección de la persona humana, que se armoniza con el deber que recae en todas las autoridades del Estado de emprender acciones afirmativas a favor de la población que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. En este orden de ideas, ante la vulnerabilidad en que se encontraban los opositores víctimas de la violencia en razón del conflicto armado interno, a través del INCODER se adjudicó el inmueble reclamado en el presente trámite en aras de la satisfacción de sus propósitos como era el mejorar sus condiciones de vida, en ejercicio del principio de unidad para alcanzar mayores y mejores metas; considerándose así cumplido el requisito de vulnerabilidad. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 39 de 55 5.4.3. El último de los requisitos en estudio se encuentra igualmente satisfecho, por cuanto los opositores no se relacionan con la violencia, ni con el despojo jurídico objeto de este proceso. Por el contrario, fueron víctimas de ella, como se ha dejado descrito y adquirieron el inmueble objeto de restitución, de buena fe, en época pacífica y a través de un acto administrativo, realizado por una entidad del Estado, y con el lleno de los requisitos legales exigidos. Como se ha dejado establecido, el predio fue adjudicado a los opositores por parte del INCODER, esto es a la luz de la confianza legítima y del error común teniendo en cuenta que al haber adquirido el INCORA el bien, que era privado y haberle transmitido posteriormente el dominio al INCODER y surtida su adjudicación a las 14 familias integrantes de una asociación de desplazados provenientes de otras regiones del país, no les era exigibles a estos bajo el postulado del error común una verificación más exhaustiva, máxime si se tiene en cuenta que actuaron bajo el convencimiento de que su ubicación y posterior adjudicación se hacía bajo los más altos estándares de cuidado por parte de la entidad pública (INCORA- INCODER) que estaba restableciendo sus derechos como desplazados y solucionando su situación de indefensión y carencia de tierra para efectos de satisfacer necesidades de acceso al trabajo. De acuerdo con lo anterior, se encuentra que se cumplen en su totalidad las condiciones descritas por la Corte Constitucional, luego devine, para el caso concreto de los opositores, que lo más adecuado, a fin de respetar el principio de equidad, la igualdad material, el acceso a la tierra por parte de la población campesina, y la protección de comunidades vulnerables, es exigir un comportamiento acorde con la buena fe simple, morigerando en esta forma la exigencia legal por las especiales calidades los opositores, como se ha estudiado. En este sentido, es claro que los opositores, al actuar a través de una entidad del Estado como era en su momento el extinto INCORA e INCODER, confiaron en la naturaleza pública de estas, en el estudio de la situación jurídica del inmueble realizado por el ente, como en la visibilidad y legalidad del trámite emprendido, lo que es muestra de un actuar de buena fe “simple”. Por lo anterior, considera la Sala que los opositores, cumplen el requisito de la buena fe simple, en los términos en que se ha dejado estudiado. Asimismo, es importante SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 40 de 55 destacar que en el presente proceso las oposiciones presentadas en término fueron las de PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA y los herederos indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA y MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES, quienes vienen siendo representados a través de apoderados judiciales adscritos a la Defensoría del Pueblo de Urabá. No obstante, y en vista que los demás propietarios inscritos pertenecen a la misma comunidad (cuasicontrato) y las situación fáctica es similar, se les hará extensivo el cumplimiento del requisito de la buena fe simple, aun cuando sus oposiciones no fueron en término, pues no podemos dejar a un lado su situación de vulnerabilidad al ser desplazados, además son personas poco letradas con desconocimiento de los procesos judiciales que en ocasiones se les dificulta acceder a la administración de justicia. 5.5. De la calidad de segundos ocupantes de los propietarios inscritos del predio reclamado. La Corte Constitucional en la sentencia C-330 del 23 de junio de 201680, señaló que los jueces deben establecer si son procedentes medidas de atención distintas a la compensación definida por la Ley de víctimas y restitución de tierras para los opositores; lo que entrará a realizar la sala, a fin de determinar además la coexistencia de los elementos aceptados para este tipo de evaluación. Como se señaló, en la sentencia C-330 de 201681 la Corte Constitucional acoge la regla 17 de los principios Pinheiro82, de conformidad con el Manual de aplicación de estos principios, publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos83, estableciendo que los segundos ocupantes u ocupantes secundarios son: “todas aquellas personas que hubieran establecido su residencia en viviendas o tierras abandonadas por sus propietarios legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento o el desalojamiento forzosos, la violencia o amenazas, o las catástrofes naturales, así como las causadas por el hombre” (Destaca la Sala). Para obtener este reconocimiento, la sentencia en estudio estipula que deben concurrir en el caso concreto los siguientes elementos: i. habitar el predio objeto de restitución o derivar de ellos su mínimo vital; ii. Que se encuentren en situación de vulnerabilidad y iii. Que no exista (ni directa o indirectamente) relación con el 80 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-330 de 23 de junio de 2016. Ref. Exp: D-11106. M.P: Luis Alejandro Jiménez Castellanos. 81 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-330 de 23 de junio de 2016. Ref. Exp: D-11106. M.P: Luis Alejandro Jiménez Castellanos. 82 “Los Estados deben velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal…” 83 Manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados y personas desplazadas. Aplicación de los “Principios Pinheiro”. Marzo, 2007. Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.or). SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 41 de 55 despojo o el abandono forzado del predio; por lo que a continuación la Sala profundizará sobre ello. La opositora GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL no acreditó probatoriamente los anteriores requisitos por lo que no se le reconocerá la calidad de segunda ocupante. Sin embargo, en contrario de lo definido en el párrafo anterior, los opositores PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA y los herederos determinados e indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA, reúnen los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la citada sentencia (C-330 de 2016) y en el auto 373 de 2016, pues son campesinos, que han laborado gran parte de su existencia en actividades propias del campo, en esencia personas vulnerables y sujetos de especial protección, por lo que es procedente darles un tratamiento con enfoque diferencial, para brindarles a su favor medidas de atención y asistencia en calidad de segundos ocupantes, dentro del marco de la acción sin daño, la equidad y con el fin de evitar una nueva victimización. Así las cosas, dadas las condiciones de precariedad de la situación personal y de pervivencia en la que se encuentran los opositores reconocidos en el sub judice y sus respectivos núcleos familiares, se mantendrá en su favor el statu quo sobre el inmueble identificado con el F.M.I. 034-52756. De no ser así, se perpetuarían los problemas socioeconómicos de los segundos ocupantes y sus grupos familiares, incrementando las tensiones ya existentes, ante lo cual es acertado ceder frente al principio de preferencia de la restitución, evitando que la sentencia se convierta en un nuevo elemento generador de violencia, discordia, inequidad, y desigualdad; lo que por sí contraría la búsqueda de la paz que persigue la justicia transicional, en este caso, la Ley 1448 de 2011. Bajo el anterior criterio, y dada la imposibilidad de la restitución material del bien, como se ha dejado descrito en esta sentencia, no se verterán los efectos jurídicos normados en el artículo 77 numerales 2°- literal e), 3° y 5°, y de lo dispuesto en el artículo 91 literal k de la Ley 1448 de 2011; para de esta forma cumplir con lo determinado ut supra al morigerar el estándar del actuar de buena fe exenta de culpa. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 42 de 55
21. 6.CONCLUSIÓN (efectos y consecuencias) Como se ha dejado establecido, se brindará protección al derecho fundamental a la restitución de la masa sucesoral de DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, quienes tuvieron que abandonar el predio objeto de esta reclamación denominado La Esperanza, ubicado en el corregimiento Puerto Rico, del municipio Turbo (Ant). En el caso concreto, la pretensión principal deprecada por la UNIDAD, se enfiló inicialmente a la protección del derecho fundamental a la restitución material y formalización de tierras a favor de los solicitantes sobre el predio “La Esperanza”; no obstante, como pretensión subsidiaria invocó a favor de los solicitantes la medida de compensación contemplada en el artículo 72 de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011). La regla 2.2. de los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas desplazadas (principios Pinheiro) señala: “Los Estados darán especial prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista el derecho”. Además, dentro de los denominados principios Pinheiro se establecen las siguientes reglas: “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección, libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países o lugares de origen. “Los refugiados y desplazados no serán obligados ni coaccionados de ningún otro modo, ya sea de forma directa o indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual. Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio. Mientras que los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Personas (llamados Principios Deng), en el principio 28, señala: SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 43 de 55
22. 1.Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.
23. 2.Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración. Por su parte, el artículo 72 de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), señala que: “Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación”. Y está última procede, de acuerdo con la norma, cuando la restitución se haga imposible o el despojado no pueda retornar a su predio, por razones como el riesgo para su vida e integridad personal, caso en el cual se ofrecerán alternativas de restitución por equivalente o la compensación en dinero”. A su vez el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, señala que el solicitante podrá pedir que como compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se le entregue un bien de semejantes características al despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible por algunas de las circunstancias allí expresadas, como el alto riesgo de inundación o derrumbe, por haber presentado despojos sucesivos, por ser riesgosa a la vida del restituido y por destrucción total o parcial del inmueble; circunstancias que son simplemente enunciativas, más no taxativos, razón por la cual se admite la posibilidad de considerar otras circunstancias, particularmente como la que se está estudiando en el caso concreto, que puede dar lugar a una compensación en la restitución del derecho de la víctima84. 6.1. Por lo anterior, se dispondrá como procedente la pretensión subsidiaria de “compensación” formulada por la UAEGRTD a favor de las masas sucesorales de DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, la que se determinará de la siguiente forma: 6.1.1. La compensación será por equivalencia a favor de i) DUCREY ARANGO DAVID quien fuere titular del 50% del bien reclamado así: un 25% para su masa sucesoral, y un 25% para su compañera LUZ ELENA DURANGO MONSALVE y su cónyuge LUZ ELENA BORJA BORJA, es decir un 12.5% para cada una y; ii) LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, titular del 50% restante, será el 25% del total del 84 TRIBUNAL DE ANTIOQUIA - Sala Civil Especializada En Restitución de Tierras. Radicado: 23001-31-21-002-2013-00019-00 (09). Fecha: 12 de junio de 2015. M.P: Vicente Landinez Lara. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 44 de 55 derecho para su masa sucesoral y el 25% restante para su cónyuge GLORIA ELENA QUINCHÍA GRANADA. Para lo anterior el FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS aplicará una a una las opciones legales en el orden establecido en el artículo 2.15.2.1.2., del Decreto 1071 del 26 de mayo de 201585, privilegiando la compensación por equivalencia medioambiental; teniendo en cuenta además que si el predio que se da en compensación es rural, no podrá estar por debajo de la UAF, y si es urbano, reunir las exigencias y características de una vivienda de interés social. 6.1.2. En consecuencia, se ordenará que el bien que se entregue en compensación debe ser igual o de mejores condiciones al reclamado, cuyo avalúo se determinó en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($635.151.600), según dictamen que para el efecto rindió el IGAC de fecha 24 de enero de 201886, de preferencia en el lugar donde actualmente se encuentran domiciliados los beneficiarios con esta restitución; suma que deberá ser actualizada de acuerdo a la variación que el IPC refleje de la fecha antes indicada a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y su reconocimiento será con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 6.1.3. Se concederá al FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, un término de TRES (3) MESES para la realización de la compensación. El FONDO dará participación directa y suficientemente informada a los solicitantes LUZ ELENA BORJA BORJA, LUZ ELENA DURANGO MONSALVE, KENDY ARANGO DURANGO, LUZ ANGÉLICA ARANGO BORJA, DUCREY ARANGO BORJA y KAREN ISLENY ARANGO QUINCHÍA. 6.1.4. El predio que eventualmente se entregue en compensación, estará protegido de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, medida que debe contarse a partir de la fecha del otorgamiento del instrumento público que la formalice. 85 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 86 Consecutivo
24. 58.Pág. 765 a
25. 811.Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. Trámites en otros Despachos. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 45 de 55 6.1.5. Para el efecto anterior, se ordenará a la Defensoría del Pueblo Regional Urabá – Darién, que designe a uno de sus defensores públicos para que asesore jurídicamente a los causahabientes de los fallecidos DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID (q.e.p.d.), respecto de los trámites sucesorios, debiendo además representarlos jurídicamente, si es su voluntad, y llevar a cabo el respectivo trámite notarial o judicial, según corresponda, reconociéndoles el amparo de pobreza a sus herederos, de modo que el proceso a tramitar, no genere costo para ellos; para lo cual se conminará a los solicitantes LUZ ELENA BORJA BORJA, LUZ ELENA DURANGO MONSALVE, KENDY ARANGO DURANGO, LUZ ANGÉLICA ARANGO BORJA, DUCREY ARANGO BORJA y KAREN ISLENY ARANGO QUINCHÍA y demás herederos determinados en el presente proceso, para que le proporcionen a esa entidad la información necesaria de las personas que están llamadas a sucederlo, para que así pueda iniciar con los trámites correspondientes. 6.1.6. Como se señaló con antelación, la oposición presentada por GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL no está llamada a prosperar, a quien igualmente por no acreditar un obrar de buena fe exenta de culpa no se le reconocerá la compensación de que trata la Ley 1448 de 2011, ni la calidad de segundo ocupante. 6.1.7. Ahora, la oposición incoada por PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA y los herederos determinados e indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA, correrá la misma suerte anterior, pero dado que al morigerar el punto de la buena fe y encontrar que obraron bajo un criterio de buena fe simple, dado que obraron bajo criterios de confianza legítima y error común, se les reconocerá la calidad de segundos ocupantes, la que se extiende a los propietarios inscritos del predio reclamado, todos ellos comuneros, y en su protección se mantendrá el statu quo sobre el inmueble objeto de restitución, denominado “La Esperanza”, ubicado en el corregimiento de Puerto Rico, del municipio Turbo (Ant.), con folio de matrícula inmobiliaria No. 034-52756 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo. 6.2. De la afectación al predio. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 46 de 55 Desde la presentación de la solicitud se indicó que el predio objeto de reclamo presentaba afectación por amenaza alta de inundación, así como también, se encontraba en la Reserva Forestal Nacional Río León, por lo cual en la etapa instructiva de la reclamación se vinculó a CORPOURABA atendiendo las afectaciones por uso del suelo de tipo ambiental que poseía el inmueble. Fue así como, CORPOURABA87, presentó escrito oponiéndose a la restitución del inmueble reclamado, tomando en cuenta que hace parte de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río León, la cual es un área protegida de 34.244 hectáreas. Del mismo modo, indica que aledaño al inmueble está el Río León, los caños naturales Celia y La Mojana y varios drenajes antrópicos, que cuando el río aumenta de caudal inundan la heredad, por lo que presenta afectación alta por inundación, aspecto que fue registrado por la entidad durante los años 2010 y 2011, en la cual se encontró niveles en algunos sitios hasta de 1,3 metros lo que significó que gran parte de la población ahí asentada tuviera que salir. Sobre ello, necesario es precisar que la intervención de entidades, como CORPOURABÁ, no deviene como consecuencia de una «vinculación» al trámite, ya que no es titular de derechos inscritos del predio en reclamo. Otra cosa es que, en su calidad de autoridad ambiental de la región, se le requiera desde la admisión del proceso pronunciarse en aspectos, tales como la existencia de recursos naturales protegibles, la inundabilidad que se denunció, la idoneidad para adelantar proyectos productivos y/o ejecutar subsidios de vivienda, pero bajo un marco de cooperación institucional y con fines probatorios, no como parte procesal que la lleve, como sucedió, a «oponerse» al trámite. De otro lado, en respuesta allegada por la misma entidad a la Sala se dijo que conforme a la zonificación de amenaza efectuada en el año 2009, la heredad en su totalidad se encuentra en la categoría de amenaza alta por inundación, sin embargo, para esa fecha se estaba elaborando el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Río León, el cual contempla la caracterización hidrogeológica para delimitar las zonas de amenaza y riesgo por inundación, por lo tanto la “amenaza alta por inundación” del inmueble podría cambiar88. 87 Consecutivo
26. 58.Págs. 205 a
27. 223.Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. 88 Consecutivo
28. 86.Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 47 de 55 Posteriormente aduce que el predio se encuentra bajo la categoría de área de preservación estricta, dentro de estas se pretende recuperar y mantener los ecosistemas presentes a través del manejo sostenible de los recursos naturales en áreas contiguas. Como uso principal tiene la recuperación y conservación del ecosistema y como uso complementario el ecoturismo y conservación científica. Por último, dice que el aprovechamiento económico de la heredad debe estar contemplada por los lineamientos establecidos en los distintos instrumentos de planificación que lo afectan, excluyendo las franjas de retiro o de protección de las fuentes hídricas, además deberá solicitarse los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que haya lugar de conformidad con la legislación ambiental vigente a la entidad. Bajo este panorama, y a pesar que el predio no será restituido, en atención a la conservación ambiental se exhortará a CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABA para que adopte las medidas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y guarecer las áreas de especial importancia ecológica para la conservación y preservación del agua, en aras de la salvaguarda del interés general, por cuanto, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente no es sólo de interés nacional sino también universal con fundamento en los artículos 8 y 95-8 de la Constitución Política de Colombia. 6.3. Medidas complementarias a la restitución. 6.3.1. En la parte resolutiva de este fallo se especificarán las órdenes a impartir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo (Ant.), con relación al predio identificado con la matrícula inmobiliaria 034-52756. 6.3.2. Para restablecer los derechos de las víctimas de manera diferenciada, transformadora y efectiva, se tomarán a su favor las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la Ley 1448 de 2011 en materia de salud, educación, alivio de pasivos, capacitación para el trabajo, seguridad, vivienda y proyectos productivos. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 48 de 55 6.3.3. Se les advertirá a las diferentes entidades receptoras de las órdenes emitidas en esta providencia, que, para el cumplimiento de éstas, deben actuar de manera armónica y articulada, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1448 de 2011. 6.3.4. No se condenará en costas a ninguna de las partes porque no se dan los presupuestos del literal s) del art. 91 de la Ley 1448 de 2011 respecto de la actuación procesal de las partes.
29. 7.FALLO En mérito de lo anterior, la Sala Primera de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR imprósperas las oposiciones planteadas de la siguiente manera: 1.1. Por GLORIA AMPARO JIMÉNEZ GIL a través de apoderado judicial a quien, además, por no acreditar el obrar de buena fe exenta de culpa, no reconocerle compensación alguna de que trata la Ley 1448 de 2011, como tampoco la calidad de segunda ocupante. 1.2. Por PEDRO ANTONIO GÓMEZ TORDECILLA y de los herederos determinados e indeterminados de EUSTAQUIA MORENO RIVAS, PETRONA HERRERA MEDINA, MARIETA ISABEL RUIZ FUENTES y MARÍA ISABEL HERRERA PALENCIA, a través de defensora pública. A pesar de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la providencia, se les reconocerá la calidad de segundos ocupantes, la que se extiende a los propietarios inscritos del predio reclamado (comuneros), que se enlistan en el siguiente ordinal. SEGUNDO: ORDENAR como medida de protección a favor de los adjudicatarios (14) del INCODER, que adelante se enuncian, mantener el statu quo, en consecuencia, que continúen ejerciendo sus derechos sobre el predio denominado “La Esperanza” con cabida superficiaria de 90 ha. y 3888 m2 (según ITP), ubicado SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 49 de 55 en la vereda La Esperanza, del corregimiento Puerto Rico, en el municipio de Turbo (Ant.), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 034-52756 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo (Ant.). Nro. Orden Propietarios inscritos Cédula (s) 1 Benito Manuel Agamez López y Ana Edelmira Ramos Vega 8.171.394 y 26.378.716 2 Emiro Córdoba Cabrera y Ana Mariela Cervantes Guerra 8.423.726 y 26.378.866 3 Pedro Bravo Urango y Petrona Herrera Medina 6.725.091 y 30.091.507 4 Maribel Martínez Raga 39.318.424 5 Emérita Isabel Madera Montes 43.775.985 6 Pedro Antonio Gómez Tordecilla 15.605.081 7 Erlin Palomeque Pérez 11.560.081 8 Cleotilde Raga Rovira 39.313.117 9 Gilberto Cabrera Lora y María Isabel Herrera Palencia 11.170.433 y 39.315.051 10 Amado José Hernández López y Marieta Isabel Ruiz Fuentes 10.915.139 y 34.905.219 11 Manuel Esteban Feria Pérez y Yaneth Padilla Pérez 8.11.040 y 1.045.094.017 12 Nicolás Antonio Feria Reyes y Visitación Ortega Martínez 8.172.411 y 22.157.427 13 Johan Hidalgo Rivas y Luz Mélida Ruíz Alegría 71.978.113 y 39.157.364 14 Alfredo Ruiz Barrios y Eustaquia Moreno Rivas 3.894.242 y 26.378.651 TERCERO: RECONOCER Y PROTEGER el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor de las masas sucesorales de DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, quienes en vida se identificaron con las cédulas de ciudadanía números 8.339.320 y 8.338.455 respectivamente, de la siguiente forma: 3.1. A favor de DUCREY ARANGO DAVID quien fuere titular del 50% del bien reclamado así: un 25% para su masa sucesoral, y un 25% para su compañera LUZ ELENA DURANGO MONSALVE identificada con la cédula de ciudadanía nro. 42.785.353 y su cónyuge LUZ ELENA BORJA BORJA identificada con la cédula de ciudadanía nro. 32.290.162, es decir, un 12.5% para cada una. 3.2. A LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, titular del 50% restante, será el 25% del total del derecho para su masa sucesoral y el 25% restante para su cónyuge GLORIA ELENA QUINCHÍA GRANADA identificada con la cédula de ciudadanía número 32.289.663. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 50 de 55 CUARTO: ORDENAR que la restitución del derecho a la propiedad a favor de DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, se haga a través de compensación por equivalencia a cargo del FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS; de la manera como se precisa a continuación. 4.1. La compensación será por equivalencia de la forma dispuesta en el ordinal SEGUNDO, para lo cual el FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS aplicará una a una las opciones legales en el orden establecido en el artículo 2.15.2.1.2., del Decreto 1071 del 26 de mayo de 201589, privilegiando la compensación por equivalencia medioambiental; teniendo en cuenta además que, si el predio que se da en compensación es rural, no podrá estar por debajo de la UAF y si es urbano, y si es urbano, deberá reunir como mínimo el valor comercial igual o superior al actual del predio despojado así como las exigencias y características de una vivienda de interés social. 4.2. En consecuencia, ORDENAR que el bien que se entregue en compensación sea igual o de mejores condiciones al reclamado, cuyo avalúo se determinó en la suma de seiscientos treinta y cinco millones cinto cincuenta y un mil seiscientos pesos M/CTE ($635.151.600), según dictamen que para el efecto rindió el IGAC de fecha 24 de enero de 201890, de preferencia en el lugar donde actualmente se encuentran domiciliados los beneficiarios con esta restitución; suma que deberá ser actualizada de acuerdo a la variación que el IPC refleje de la fecha antes indicada a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y su reconocimiento será con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 4.3. Se concederá al FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, un término de TRES (3) MESES, para la realización de la compensación. El FONDO dará participación directa y suficientemente informada a los solicitantes LUZ ELENA BORJA BORJA, LUZ ELENA DURANGO MONSALVE, KENDY ARANGO DURANGO, LUZ 89 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 90 Consecutivo
30. 58.Pág. 765 a
31. 811.Trámite en el Despacho. PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA. Trámites en otros Despachos. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 51 de 55 ANGELICA ARANGO BORJA, DUCREY ARANGO BORJA y KAREN ISLENY ARANGO QUINCHÍA. 4.4. El predio que eventualmente se entregue en compensación, deberá protegerse de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011. Además, se ordena que el inmueble que se entregue en compensación quede protegido en los términos de la medida establecida en el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando las personas beneficiadas con la restitución, de manera expresa manifiesten su voluntad en ese sentido. Por ello, debe oficiarse a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Apartadó- para que en el evento en que las víctimas estén de acuerdo con dicha orden, adelanten oportunamente las diligencias pertinentes ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que llegue a corresponder; debiendo en todo caso informar esa situación a este Tribunal, así como el lugar de ubicación del mismo, la identificación con la matrícula inmobiliaria y la oficina de instrumentos públicos correspondiente, allegando copia del instrumento público otorgado y el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. Para todo lo cual se señala un término de hasta diez (10) días. QUINTO: ORDENAR a la Defensoría Del Pueblo Regional Urabá - Darién, que designe a uno de sus defensores públicos para que asesore jurídicamente a los causahabientes de los fallecidos DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID; respecto del trámite sucesorio y liquidatario, debiendo además representarlos jurídicamente y llevar a cabo el respectivo trámite notarial o judicial, según corresponda, reconociéndole el amparo de pobreza a los solicitantes, de modo que el proceso a tramitar, no genere costo para ellos. SEXTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que previa caracterización de los restituidos y del predio que se entregue en compensación, formule e implemente los proyectos productivos con el debido acompañamiento y asistencia técnica, acorde con los usos del suelo y atendiendo la especial situación de los beneficiarios. Además, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Apartadó debe postular a los restituidos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la entidad SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 52 de 55 competente, con el fin de otorgarles, en caso necesario y de cumplir los requisitos para el efecto, subsidio de construcción o mejoramiento de vivienda para ser ejecutado en el predio que se entregue en compensación en los términos definidos por el artículo 123 de la Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria. PARÁGRAFO: Para el inicio del cumplimiento se dispone del término de quince (15) días a partir de la notificación de la providencia, y además se deberán presentar informes periódicos cada tres meses de los avances y la materialización de los proyectos. SÉPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo (Ant.), lo siguiente respecto del predio “La Esperanza”, ubicado en la vereda La Esperanza corregimiento Puerto Rico del municipio de Turbo (Ant.), identificado con la matrícula inmobiliaria 034-52756: 7.1. La inscripción de este fallo de restitución en el folio de matrícula inmobiliaria 034-52756. 7.2. La cancelación de las anotaciones sobre las medidas cautelares (admisión de la solicitud de restitución y sustracción provisional del comercio) ordenadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó. PARÁGRAFO: Se le concede a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo (Ant.), el término de diez (10) días para acatar lo ordenado en este ordinal y allegar las constancias correspondientes a este Tribunal. OCTAVO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): 8.1. Que proceda a inscribir y/o corregir en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante de desplazamiento, abandono forzado y/o despojo, en el caso de que aún no lo estén, a DUCREY ARANGO DAVID y LUIS KENNEDY ARANGO DAVID, quienes en vida se identificaron con las cédulas de ciudadanía números 8.339.320 y 8.338.455 respectivamente, así como sus respectivas cónyuges y compañera permanente, junto con su núcleo familiar al momento del despojo. SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 53 de 55 8.2. Que los restituidos sean incluidos en el PAARI de retorno y reparación, por lo que se insta a la entidad para que establezca una ruta especial de atención para estas víctimas beneficiarias de la restitución y de las medidas de compensación; debiendo adelantar oportunamente a favor de estas, las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – SINARIV, previa valoración de sus situaciones actuales y de necesidad, su inclusión en proyectos de estabilización socioeconómica, así como la garantía del goce efectivo de los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda y orientación ocupacional. PARÁGRAFO: Para el inicio del cumplimiento de estas órdenes, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), contará con un término de 15 días y deberá rendir informes detallados cada seis (6) meses sobre las medidas adoptadas en favor de las víctimas. NOVENO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Turbo (Ant.), o al municipio donde se entregue el predio en compensación, a través de las dependencias que correspondan: 9.1. Que, a través de su Secretaría de Hacienda o Rentas efectúe la condonación del impuesto predial, tasas y demás contribuciones que adeuden los inmuebles restituidos, y lo exonere de dicho tributo durante el término de 2 años siguientes al momento en que se perfeccione la titulación en favor de los restituidos. 9.2. Que, a través de la Secretaría Municipal de Salud, en conjunto con los responsables del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los coparticipes y aliados estratégicos que hacen parte del programa, garantice la afiliación, cobertura y asistencia en salud al restituido y al grupo familiar que lo integre, por lo que deberán ser evaluados por un equipo de profesionales interdisciplinario para que emitan su correspondiente concepto de acuerdo a las necesidades particulares que requieran, priorizándolos de acuerdo con sus necesidades particulares, incluyendo el acceso a medicamentos de ser necesarios. Además, deberá brindar, en asocio con la Secretaría Departamental de Salud, la atención psicosocial de que trata el artículo 137 de la Ley 1448 de 2011 con garantía del consentimiento previo, la gratuidad, la interdisciplinariedad, la atención preferencial y diferenciada que SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 54 de 55 requiera el caso. Asimismo, deberán incluirlos en los programas de atención, prevención y protección que ofrece el Municipio a favor de las víctimas. 9.3. Que, a través de su Secretaría de Educación o las autoridades educativas correspondientes, verifiquen el nivel educativo y expectativas de formación de los restituidos y de su grupo familiar, a fin de garantizarles el acceso y/o permanencia en el sistema educativo, según lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 1448 de 2011, si tal es su voluntad. PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de estas órdenes se dispone del término máximo de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia, y además se deberán presentar informes periódicos cada tres (3) meses sobre la gestión y materialización de los beneficios. DÉCIMO: ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)- Regional Antioquia que, previa manifestación de voluntad de los integrantes de la masa sucesoral, sus cónyuges y compañera permanente de LUIS KENNEDY ARANGO DAVID y DUCREY ARANGO DAVID, los ingrese sin costo alguno para ellos y su grupo familiar, a los programas de formación, capacitación técnica y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbanos que tengan implementados, de acuerdo a su edad, preferencias, grado de estudios y oferta académica, garantizándose que efectivamente la víctima sea receptora del subsidio que el SENA otorga de los fondos obtenidos por los aportes parafiscales y contribuciones, que conforman su patrimonio conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 119 de 1994. Para el cumplimiento de esta orden se adelantarán las acciones pertinentes en un término inicial de quince (15) días, y deberá presentar informes periódicos cada tres (3) meses. DÉCIMO PRIMERO: EXHORTAR a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA en su condición de máxima autoridad ambiental de la región, así como al municipio de turbo (Ant.) como responsable del ordenamiento territorial de la localidad, intervenir en la zona donde se encuentra el predio “La Esperanza” ubicado en la vereda La Esperanza del corregimiento de Puerto Rico y sujeto a limitación del uso del suelo, para que conforme al margen de su SENTENCIA Expediente : 05045-31-21-001-2015-02434-01. Proceso : De restitución y formalización de tierras. Solicitante : Luz Elena Borja Borja y Otros. Opositoras : Pedro Antonio Gómez Tordecilla y Otros. Página 55 de 55 competencia legal en la materia, con razonable discrecionalidad y con observancia del principio de coordinación institucional, implemente todas las medidas que resulten necesarias para establecer el equilibrio que debe mediar entre la explotación de los recursos naturales requeridos en la realización material de los propósitos económicos que van adheridos al predio objeto de reclamación y la protección y conservación del medio ambiente; como consecuencia del cumplimiento de esa obligación, deberán definir los medios de control y vigilancia que otorguen a la materialización del propósito descrito. DÉCIMO SEGUNDO: ADVERTIR a las diferentes entidades receptoras de las órdenes emitidas en esta providencia que, para el cumplimiento de estas órdenes, deben actuar de manera armónica y articulada según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1448 de 2011. DÉCIMO TERCERO: No condenar en costas a ninguna de las partes porque no se dan los presupuestos del literal s) del art. 91 de la Ley 1448 de 2011 respecto de la actuación procesal de las partes. DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR la sentencia a las partes e intervinientes por estados a través del Portal Web de Restitución de Tierras Despojadas para la Gestión de Procesos Judiciales en Línea. Por Secretaría líbrense las respectivas comunicaciones y expídase copia de la sentencia para los fines pertinentes. DÉCIMO QUINTO: Por la Secretaría de la Sala, expídanse las copias auténticas necesarias, a quienes así lo requieran. (Proyecto discutido y aprobado, según consta en Acta de la fecha) NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Los Magistrados, Firmado electrónicamente JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente PUNO ALIRIO CORREAL BELTRÁN NATTAN NISIMBLAT MURILLO