Sentencias — Tribunal Superior de Bogotá

República de Colombia TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA CIVIL Sala de Decisión Especializada en Restitución de Tierras Magistrado Ponente: JORGE ELIÉCER MOYA VARGAS Bogotá D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 Asunto: Restitución de Tierras-Ley 1448 de 2011 Solicitantes: Jhonson Fajith Valderrama Barón y Luz Marina Alarcón Osorio Opositores: Jaime Rinta Hernández, Luis Carlos Encinosa Cárdenas, Alonso Castillo Sacristán e Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras Vinculados: Gervacio Renuba, Mayerly Muñoz Gutiérrez, Leopoldo Neira Castro, José Arcesio Fonseca, Arnulfo Hernández Caballero, José Manuel Llayes Rodríguez y Arturo Martínez Jerez (Presentado en Sala el 6, 13, 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre y 1° de diciembre y aprobado en sesión de 9 de diciembre de 2016) Resuelve la Sala la solicitud de restitución de tierras que por conducto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Meta (en adelante UAEGRTD) presentaron Jhonson Fajith Valderrama Barón y Luz Marina Alarcón Osorio sobre el predio denominado Villa Tatiana, a la cual se opusieron Jaime Rinta Hernández, Luis Carlos Encinosa Cárdenas, Alonso Castillo Sacristán y el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT); trámite al que se vincularon Gervacio Renuba, Mayerly Muñoz Gutiérrez, Leopoldo Neira Castro, José Arcesio Fonseca, Arnulfo Hernández Caballero, José Manuel Llayes Rodríguez y Arturo Martínez Jerez.

ANTECEDENTES 1. La demanda. La UAEGRTD en nombre de Jhonson Fajith Valderrama Barón y Luz Marina Alarcón Osorio solicitó, entre otras: se reconozca que los solicitantes son víctimas del conflicto armado interno y, en consecuencia, titulares, junto a los demás miembros del núcleo familiar, del derecho a la restitución jurídica y material del predio baldío denominado Villa Tatiana, ubicado en la vereda Murujuy del municipio de Puerto Gaitán (Meta) e identificado con matrícula inmobiliaria N° 234-22572; se ordene su restitución y República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 2 adjudicación, previo al reconocimiento de la calidad de ocupantes y explotadores, del prenombrado lote de terreno en favor de los gestores de esta acción, consecuentemente, se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Puerto López cancelar todo antecedente registral, gravamen, limitación de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono y/o despojo, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales del folio inmobiliario antes referido, además, se disponga la inscripción del título que formalice la propiedad, de la sentencia que al interior de este asunto se profiera, de las medidas de protección patrimonial previstas en la Ley 387/97 y de aquella consistente en la prohibición de transferir el dominio dentro de los 2 años siguientes a la entrega del inmueble fundante de los pedimentos; se ordene a la UARIV incluir a los promotores de esta súplica, y su núcleo familiar, en el Registro Único de Víctimas, también, a ésta y a la totalidad de entidades que componen el SNARIV, integrarlos a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado; se declare probada la presunción legal establecida en el numeral 5° del precepto 77 de la Ley 1448/11, en el entendido de que es inexistente la posesión ejercida por Jaime Rinta Hernández y Luis Carlos Encinosa Cárdenas, por haberse ejercido ésta en el término de vigencia de que trata el artículo 75 ejusdem; se ordene a la Fuerza Pública acompañar en la diligencia de entrega material del bien raíz a restituir; se imparta directriz para que el IGAC y el INCODER actualicen sus registros cartográficos y alfanuméricos atendiendo el levantamiento topográfico e informe técnico catastral de esta solicitud; se ordene al Alcalde Municipal de Puerto Gaitán que proceda a condonar las sumas que por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones se hayan causado y se exonere el pago de éstos por el término de dos (2) años, finalmente; se ordene al Fondo de la UAEGRTD aliviar las deudas relacionadas con el predio a formalizarse.

De advertirse la configuración de una de las causales establecidas en el artículo 97 de la Ley de Víctima peticiona se ordene al Fondo de la UAEGRTD entregar a los solicitantes cuyo bien sea imposible de restituir, y a su núcleo familiar, a título de compensación, un bien inmueble de similares características al abandonado, garantizando en su beneficio las prerrogativas solicitadas en la demanda principal. 1.1.

Hechos. “Jorge”, amigo del señor Valderrama Barón, y que conoció en Puerto Lleras (Meta), le propuso a éste que se fueran a trabajar a la vereda Murujuy de Puerto Gaitán, pues el trabajo allí era próspero, por lo que el ahora solicitante se dirigió a dicho lugar y República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 3 desarrolló una labor consistente en transportar sal y combustible en un vehículo Toyota 2F “oreja de perro” de su propiedad; entre tanto lo anterior ocurría, vendió una casa que tenía en el barrio La Alborada de la ciudad de Villavicencio, por la suma de $36´000.000.

Estando en la aludida vereda se entrevistó, en enero de 2003, con Arnulfo Hernández, quien adujo llevar entre 18 y 20 años en la región y que lo contactó con “Luis”, persona con la que celebró un contrato de compraventa verbal sobre el predio objeto de las pretensiones, entregándole a cambio una moto y $500.000, quedando un saldo pendiente por valor de $4´000.000, los cuales nunca fueron pagados pues el vendedor no volvió a reclamarlos dado que, al parecer, fue asesinado.

En 2003 Jhonson Valderrama vivía en una casa ubicada en el caserío de Murujuy, mientras construía una en Villa Tatiana, cometido que logró en 2006 por lo que ubicó allí su residencia y habitó la extensión de terreno junto a su familia, adelantado la explotación del predio sembrando 19 hectáreas de pasto dulce, 3 o 4 de plátano y yuca, así como una huerta en la cual cosechaba cebolla, tomate y habichuela y, también plantando unos 30 árboles de naranja y mandarina.

Para la época en que adquirió el predio –año 2003- ya había presencia de “Los Macacos”, sin embargo, se percibía relativa calma, pues quienes lo conformaban no eran violentos ni cobraban “impuestos”, situación que se extendió hasta 2008 cuando llegaron, comandados por “Pijarbey”, militantes pertenecientes a “Los Cuchillos” quienes relegaron de la zona a “Los Macacos”, en 2009 hizo presencia el Ejército Nacional, circunstancia que trajo consigo combates esporádicos en sitios alejados del predio.

En julio de 2011 Jhonson Fajith obtuvo trabajo en la empresa denominada Independi, por tanto su esposa y su núcleo familiar se fueron a vivir a la casa que tenían en el caserío de la población veredal, ubicada a 15 kilómetros del lote rural, no obstante, él continuó visitando y trabajando éste. En noviembre de 2012 empezó una guerra entre “Los Macacos” y “Los Cuchillos”, en la que se reveló que Valderrama Barón tenía un primo lejano que hacía parte del primer grupo citado, quien lo contactó telefónicamente y textualmente le dijo “váyase de allá porque pija Arbey (sic) lo va a matar por ser familiar mío…”, días después Jaiser Luis Perea Copete le hizo saber que escuchó decir a alias “tabaco”, hombre de confianza de “Pijarbey”, que él era objetivo militar y que lo iban a asesinar, situación que lo llevó a abandonar su predio para tomar camino a Villavicencio.

El solicitante refirió que cada vez que podía visitaba la finca, que en 2013 no pudo regresar más por temor a ser asesinado, viendo truncada la aspiración familiar de obtener la titulación de la extensión que ocupaba, más aún cuando fue privado arbitrariamente de su derecho, pues Villa Tatiana fue ocupada por Jaime Rinta Hernández y Luis Encinosa Cárdenas, y que alias “tabaco” lo llamaba y le decía que no tenía derecho a volver a la finca, pues él apoyaba la entrada República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 4 de los nuevos pobladores; el mismo sujeto le manifestaba que únicamente ostentaba derechos sobre el lote de terreno que tenía en el caserío. En 2013 el señor Valderrama radicó solicitud de adjudicación ante el Incoder, entidad que en abril de 2014 le manifestó que una persona estaba ejerciendo oposición, desconoce la suerte del citado trámite. 1.2.

Identificación del solicitante y su núcleo familiar. Titulares del derecho a la restitución. Nombre Identificación Edad Estado Civil Vinculación con el predio Derecho Reclamado Jhonson Fajith Valderrama 71.185.712 47 U.M. de Hecho 9 años Ocupación Luz Marina Alarcón Osorio 40.362.343 40 U.M. de Hecho 9 años Ocupación Núcleo Familiar Nombre Identificación Relación Presente al momento del abandono Yesica Tatiana Valderrama Alarcón 1.123.512.877 Hija Si Angie Yuliet Valderrama Alarcón R.C. 1024482005 Hija Si 1.3.

Identificación e individualización del predio objeto de restitución. El predio se ubica en la vereda Murujuy del Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, y se encuentra identificado así: Nombre del predio ID Registro Código Catastral FMI Área Calculada Área Solicitada Villa Tatiana 143061 50568000100010015000 234-22572 105 Ha + 3114 m2 104 Hectáreas Cuadro de Coordenadas Puntos Coordenadas Planas Latitud Longitud Norte Este Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 1 973121,35 1328062,26 4° 20´ 50,394´´ N 71° 7´ 23,993´´ W 2 973138,75 1328091,51 4° 20´ 50,955´´ N 71° 7´ 23,043´´ W 3 973564,14 1328806,99 4° 21´ 4,694 ´´ N 71° 6´ 59,816´´ W 4 972648,14 1329202,99 4° 20´ 34,863´´ N 71° 6´ 47,106´´ W 5 972150,14 1329419,99 4° 20´ 18,645´´ N 71° 6´ 40,141´´ W 6 972136,14 1329016,99 4° 20´ 18,241´´ N 71° 6´ 53,195´´ W 7 972137,34 1328662,87 4° 20´ 18,325´´ N 71° 7´ 4,664 ´´ W 8 972137,40 1328645,54 4° 20´ 18,329´´ N 71° 7´ 5,226 ´´ W 9 972329,60 1328432,87 4° 20´ 24,605´´ N 71° 7´ 12,089´´ W 10 972620,64 1328413,53 4° 20´ 34,070´´ N 71° 7´ 12,679´´ W 11 972873,27 1328211,19 4° 20´ 42,309´´ N 71° 7´ 19,201´´ W República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 5 Sistema de referencia: Datum Bogotá - Magna Descripción de linderos Norte Partiendo desde el punto 1 pasando por el punto 2 en línea recta en dirección nororiente, hasta llegar al punto 3, con José Cachirí, en una distancia de 866,42 metros.

Oriente Partiendo desde el punto 3 en línea recta, en dirección suroriente, hasta llegar al punto 4, con predio de Alonso Castillo, en una distancia de 997,93 metros. Y del punto 4, en línea recta en la misma dirección, hasta el punto 5, con predio de Manuel Yaya, en una distancia de 543,22 metros. Sur Partiendo desde el punto 5 en línea recta, en dirección occidente, hasta llegar al punto 6, con predio de Arnulfo Hernández, en una distancia de 403,24 metros.

Y del punto 6, en línea recta en la misma dirección, pasando por el punto 7 hasta llegar al punto 8, con predio de Laudis Gutiérrez, en una distancia de 371,45 metros. Occidente Partiendo desde el punto 8, en línea quebrada en dirección noroccidente, pasando por los puntos 9, 10 y 11, hasta llegar al punto 1, con el caño sin nombre, en una distancia de 1230,91 metros. 2.

Desarrollo Procesal. El Juzgado 1° Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda mediante auto de 20 de enero de 2015, adoptando las medidas que ordena el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 y además vinculó al trámite a Jaime Rinta Hernández y Luis Carlos Encinosa Cárdenas, de quienes dispuso su enteramiento personal. 2.1.

Oposición de Jaime Rinta y Luis Encinosa. El 1° de febrero de 2015 se realizaron las publicaciones ordenadas en los periódicos El Tiempo y Llano 7 Días1, con posterioridad, y previa la comunicación personal de la existencia de esta acción, comparecieron los señores Jaime Rinta Hernández y Luis Carlos Encinosa Cárdenas quienes aseguraron haber ejercido una posesión pacífica, quieta e ininterrumpida sobre una porción de la extensión superficiaria deprecada en restitución, por un lapso superior a 8 años en los que ninguna persona se ha presentado a reclamar un mejor derecho o los ha conminado con miras a que abandonen la cabida por ellos ocupada.

Agregaron que a las porciones de terreno que respectivamente denominaron La Viña y La Gloria ingresaron por cuanto las encontraron deshabitadas, totalmente enmontadas y sobre ellas han construido su casa de habitación. Bajo el anterior entendido solicitaron, principalmente, que no se les prive del derecho que ejercen o, subsidiariamente, ante una eventual prosperidad de las pretensiones, se les reconozca el valor de las mejoras plantadas2. 1 Folios 316 y 317, C. 2. 2 Folios320 a 323 y 326 a 329, c. 2.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 6 2.2. Vinculación Pasiva. Por auto de 28 de abril de 2015 el Juzgado de instrucción dispuso informar de la presente acción a Gervacio Renuba, Mayerly Muñoz Gutiérrez, Leopoldo Neira Castro, José Arcesio Fonseca, Alonso Castillo Sacristán, Arnulfo Hernández Caballero, José Manuel Llayes Rodríguez, Arnulfo Martínez Jerez y al Incoder.

Fundamentó la anterior decisión en que el bien raíz objeto de la solicitud hace parte de un baldío de mayor extensión denominado Villa Fátima, con una extensión de 564 Has + 2256 Mts2 y que se identifica con cédula catastral 50568000100010015000, en la que se reporta al primero de los antes nombrados como primer explotador y a cada uno de los demás convocados como propietarios de mejoras, considerando necesario por último obtener pronunciamiento del Instituto llamado a las diligencias respecto de los derechos que le asisten, no solo a él, sino también a quienes figuran en la inscripción3. 2.3.

Oposiciones Incoder y Alonso Castillo Sacristán. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, hoy Agencia Nacional de Tierras, se opuso a las pretensiones elevadas al interior de esta acción, a la vez que se remitió a lo que se logre demostrar al interior del presente asunto; rogó se verifique el lleno de los requisitos establecidos en la ley para la adjudicación de un baldío y la vocación agrícola que el demandante ejerce sobre la propiedad que aquí llama la atención4.

A su turno, y por intermedio de la Defensoría del Pueblo, Alonso Castillo solicitó que al momento de pronunciarse de manera definitiva sobre lo peticionado, se aclare si el predio solicitado en restitución es el mismo sobre el que él ejerce derecho de dominio, caso en el cual se niegue la solicitud; indicó que obtuvo un predio colindante al de la familia Valderrama-Alarcón, no el mismo que a ellos pertenece, el cual recibió por cesión que en su momento le hiciera Arnulfo Hernández, desde que ello ocurrió ha invertido su tiempo y recursos económicos en la que considera su heredad, de suerte que su “posesión” necesariamente debe ser considerada como de buena fe exenta de culpa.

Arguyó que el Estado creó en él una confianza legítima para considerarse dueño, pues tramitó a su nombre la cédula catastral y le permitió pagar impuestos, los gestores de la solicitud no pueden considerarse despojados respecto de un bien que nunca han poseído, y propuso las excepciones que denominó “LA POSESIÓN DEL OCUPANTE ES DE BUENA FE EXENTA DE CULPA”, “LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL POSEEDOR AL TRAMITAR CÉDULA CATASTRAL A SU NOMBRE Y PAGO DE IMPUESTO PREDIAL” y “TACHA DE CALIDAD DE DESPOJADO DEL SOLICITANTE”5. 3 Folio 348, C. 2. 4 Folios 389 a 391, C. 2. 5 Folios 422 a 427, C. 2.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 7 2.4. Pronunciamiento de los demás vinculados. Practicada la notificación personal de los demás involucrados en el trámite, salvedad hecha de Gervacio Renuba a quien se enteró mediante la curadora que le fuera designada para el proceso, todos concurrieron por intermedio de la Defensoría del Pueblo, e indicaron que no se oponen a la restitución material y jurídica de quienes acudieron a esta especial acción, siempre y cuando no se vean afectados los derechos que a ellos asisten sobre sus propios predios; en tal sentido indicaron que las mejoras que cada uno de ellos posee se encuentran ubicadas en el bien baldío de mayor extensión denominado Villa Fátima, no en Villa Tatiana, predio éste que hace parte del primero; también pusieron de presente que a José Arcesio Fonseca y Leopoldo Neira Castro ya les fue formalizada la ocupación que ejercitaron, a la vez que solicitaron a esta jurisdicción se ordene al Incoder dar trámite a las solicitudes de adjudicación de quienes aún no obtienen igual pronunciamiento de parte de dicha entidad6.

La curadora designada no realizó pronunciamiento alguno7. 2.5. El Juzgado decretó las pruebas solicitadas por las partes y ordenó medios de convicción oficiosos, dentro de los que destacan el interrogatorio a las partes, el testimonio de los vinculados que no ejercieron oposición y también otra encaminada a verificar si Villa Tatiana se traslapa o sobrepone con alguna de las demás heredades pertenecientes al bien de mayor extensión conocido como Villa Fátima, disponiendo incluso, oír en declaración al técnico de apoyo catastral adscrito a la UAEGRTD para que aclarara las dudas surgidas al respecto; practicadas las probanzas dispuso la remisión del expediente a este Tribunal. 3.

Actuación ante el Tribunal. El 31 de mayo de 2016, el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento y requirió a la UAEGRTD, luego de evidenciar que según lo declarado por los opositores ejercían posesión sobre 85 de las 105 hectáreas que comprende la extensión objeto de los pedimentos, para que precisara si había alguna porción de terreno de Villa Tatiana sin ocupar, o si en la porción no ocupada por los opositores, había persona que ejerciera ocupación sobre ésta; con posterioridad, concedió el término de tres (3) días para que los intervinientes presentaran sus conclusiones finales, oportunidad que aprovecharon: (i) la UAEGRTD para insistir en su posición inicial;

(ii) el mandatario judicial de los opositores Jaime Rinta y Luis Encinosa para indicar, de un lado, que no se demostró el hecho victimizante aludido y, de otro, que sus poderdantes no participaron de los hechos que se denuncian y muchos menos privaron de la ocupación al reclamante; (iii) 6 Folios 459 a 466 y 471 a 476, C. 2. 7 Folio 505, C. 2.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 8 la curadora designada en representación de Gervacio Renuba, para sostener que a su modo de ver las cosas los solicitantes sí fueron víctimas del flagelo de que hablan y;

(iv) la Procuraduría 23 Judicial II de Restitución de Tierras, en los términos que se consignarán en líneas venideras. El 20 de septiembre pasado se allegó informe de la visita en campo practicada por la UAEGRTD en la que se determinó, luego de recorrer el predio y de sostener conversación con Jaime Rinta Hernández, que en la actualidad solo hay dos ocupantes, él y Luis Encinosa, ocupando el primero un total de 58 Has + 6.126 Mts2 (56%) y el segundo 46 Has + 6988 Mts2 (44%). 4.

Concepto del Ministerio Público. La agencia fiscal sostuvo que al tenor de las pruebas testimoniales recaudadas y habida cuenta del principio pro víctima que impera esta acción, resulta cierto que los solicitantes padecieron el flagelo del desplazamiento forzado; que las probanzas obtenidas llevan a la conclusión de que el bien sobre el que recaen las pretensiones es de carácter baldío y que la ocupación y explotación que de él se hiciera se halla plenamente demostrada; también, que indudable resulta que la pérdida de la relación jurídica se debió al hecho victimizante sufrido por lo que, en su sentir, deben resolverse favorablemente las peticiones incoadas.

En lo que a la oposición toca manifestó que nada hay que pruebe los actos de señorío ejercidos por Jaime Rinta respecto de la extensión de terreno que asegura ocupar, pues los testigos que vinieron a dar fe de lo por él asegurado no descubrieron un conocimiento de la fecha en que inició tal, o de mejora alguna realizada, tal situación, sumada a que no se desvirtuó la presunción establecida en el numeral 5° del precepto 77 de la Ley 1448/11, traen como consecuencia el incumplimiento del presupuesto necesario para la prosperidad de su reclamo; respecto de Luis Encinosa puso de presente que creíble resulta su dicho en cuanto a que entró a una extensión que era de sola sabana, sin mejora alguna, y dijo que probada está la explotación por él realizada sobre un terreno en el que reina la informalidad, de suerte que debe considerarse su actuar como de buena fe exenta de culpa y, consecuentemente, hacerlo beneficiario de las medidas que para él prevé la Ley de Víctimas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia. Esta Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras es competente para decidir de fondo la solicitud descrita en los antecedentes, por el factor territorial y en virtud de los lineamientos señalados en el inciso 1° del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, como quiera que presentaron oposición Jaime Rinta Hernández, Luis Carlos República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 9 Encinosa Cárdenas, Alonso Castillo Sacristán y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, hoy Agencia Nacional de Tierras. 2.

Validez del Proceso y Agotamiento del Requisito de Procedibilidad. Los llamados presupuestos procesales, indispensables para decidir de mérito, se encuentran satisfechos, y no se observa nulidad que pudiera invalidar lo actuado y deba ser declarada de oficio. En el paginario milita certificación expedida por la Dirección Territorial Meta de la UAEGRTD, conforme a la cual los solicitantes se encuentran incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en calidad de ocupantes del inmueble conocido como Villa Tatiana8, por tanto cumplido viene el requisito de procedibilidad establecido en el inciso 7° del artículo 76 de la Ley de Víctimas para dar inicio a la acción judicial. 3.

Cuestión Jurídica a Resolver. De acuerdo con la situación fáctica que plantea la demanda, y teniendo en cuenta las alegaciones expuestas por los intervinientes en este trámite, corresponde a la Sala determinar: (i) si Jhonson Fajith Valderrama Barón y Luz Marina Alarcón Osorio, así como los demás miembros de su núcleo familiar, son víctimas del conflicto armado interno;

(ii) si con ocasión de esa situación, también lo son de abandono y/o despojo material del predio que reclaman y; (iii) si les asiste derecho para pedir la restitución material del mismo y la formalización de la propiedad que reclaman como baldía. En caso que los anteriores cuestionamientos sean resueltos positivamente, habrá de aclararse, inicialmente, (iv) si las manifestaciones devenidas de Alonso Castillo Sacristán y el entonces Incoder, constituyen una verdadera oposición a los pedimentos de los actores y, a continuación, (v) si Jaime Rinta Hernández y Luis Carlos Encinosa reúnen los requisitos para ser considerados en la explotación que aseguran realizar de buena fe exenta de culpa y, de no ser así, (vi) si pueden ser considerados como segundos ocupantes de los lotes de terreno en los que hacen presencia. Habida cuenta de lo vertido en el interrogatorio por los solicitantes, en cuanto a que, dado el temor que en ellos asiste desean una finca distinta a la que originó los pedimentos, en un eventual supuesto favorable de sus ruegos, se hará pronunciamiento atinente a (vii) si resulta procedente sustituir la medida de reparación de restitución jurídica y material por una encaminada a reubicarlos en un lugar distinto en el cual puedan re-emprender su proyecto de vida. 8 Constancia N° NT 0001 de 21 de enero de 2015;

Folio 281, C. 1. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 10 4. Marco Normativo Aplicable a la Acción de Restitución de Tierras. La acción de restitución de tierras, como mecanismo asociado a la justicia transicional, en el sistema normativo colombiano se encuentra regulada en disposiciones de diversos órdenes; algunas hacen parte del bloque de constitucionalidad, el cual introduce estándares internacionales aplicables al desplazamiento y despojo de tierras, y otras introducidas principalmente en la Ley 1448 de 2011, sus Decretos Reglamentarios 4800 de 2011 y particularmente el 4829 de 2011 que reglamenta el Capítulo concerniente a la restitución de tierras9. 4.1.

El Bloque de Constitucionalidad. Con fundamento en los artículos 9º, 93 y 94 del estatuto superior, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el denominado bloque de constitucionalidad, mediante el cual se incorporan a la Carta los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción, siempre que hubieran sido ratificados, constituyendo normas de derecho vinculantes para todas las autoridades en aplicación del principio Pacta Sunt Servanda, pero principalmente para los jueces en sus fallos, y además, prevalentes conforme a lo previsto en el artículo 4º superior.

La Ley 1448 de 2011 hace expreso reconocimiento de la prevalencia de los referidos instrumentos de derecho internacional (artículo 27), y reitera el compromiso de respetarlos y hacerlos respetar (artículo 34). 4.1.1. Estándares Internacionales relativos al Derecho de las Víctimas a la Reparación Integral. La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº 60/147 del 24 de octubre de 2005 adoptó los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Conforme al mencionado estatuto, la víctimas gozarán del acceso efectivo a la justicia, a una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como del acceso a la información pertinente (Nº 11); además, la víctima tendrá acceso a un recurso judicial efectivo (Nº 12) y los estados establecerán procedimientos para presentar demandas y obtener reparaciones (Nº 13); la reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de la violación o del daño (Nº 15).

La reparación integral debe comprender por lo menos, la restitución que consiste en restablecer a la víctima a su situación anterior, lo cual incluye el regreso a su lugar de residencia y la restitución de sus bienes (Nº 19); la indemnización, que es la compensación por todo perjuicio (Nº 20); la 9 También debe tenerse presente el Decreto 440 de 2016 que modificó parcialmente el Decreto 1071 de 2015.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 11 rehabilitación, que comprende la recuperación mediante atención médica y sicológica (Nº 21), y la satisfacción y garantía de no repetición (Nº 23). 4.1.2. Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas.

En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en su informe E/CN.4/Sub.2/2005/17 los Principios para la Restitución de las Viviendas y Propiedades de las Personas Refugiadas y Desplazadas, cuya redacción había solicitado al Relator Especial Sergio Paulo Pinheiro. En su preámbulo destacó que todos los refugiados, desplazados internos y cualquiera que se encuentre en situación similar, tienen derecho a que se les restituyan sus viviendas, tierras y patrimonio como medio preferente de reparación, o a que se les indemnice cuando la restitución sea considerada imposible.

El principio 15.8 establece que “Los estados no considerarán válida ninguna transacción de viviendas, tierras o patrimonio, incluida cualquier transferencia que se haya efectuado bajo presión o bajo cualquier otro tipo de coacción o fuerza directa o indirecta, o en la que se hayan respetado las normas internacionales de derechos humanos”.

El Principio 17 fue dedicado a los llamados ocupantes secundarios (segundos ocupantes), e impuso a los estados el deber de velar porque éstos sean protegidos contra el desalojo forzoso, arbitrario e ilegal, y en los casos en que se considere justificable e inevitable, los estados deben garantizar que se lleven a cabo de manera compatible con los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, proporcionándoles garantías procesales y la posibilidad de obtener una reparación, eso sí, sin menoscabar el derecho de los propietarios legítimos, e impuso también el deber de adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada, con el fin de que no se queden sin hogar, debiendo encontrar y proporcionar viviendas o tierras alternativas.

Mediante sentencia T-821 de 2007, la Corte Constitucional señaló que los Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, hacen parte del bloque de constitucionalidad.10 4.2. La Ley 1448 de 2011. Dicho estatuto tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, dentro de un marco de justicia transicional, que 10 Al respecto anotó la Corte: “En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados Principios Deng), y entre ellos, los principios 21, 28 y 29 y los Principios Sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (C.P. art. 93.2).

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 12 posibilite el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición; estableció entre otros principios, los de presunción de buena fe de las víctimas, garantía del debido proceso, justicia transicional, progresividad, gradualidad, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral.

El Título IV fue destinado a la reparación de las víctimas, y el capítulo tercero a la restitución jurídica y material del inmueble. En el referido ordenamiento la titularidad del derecho a la restitución fue asignada a las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadores de baldíos cuya propiedad pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de éstas, o se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3°, entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley.

De otra parte, el artículo 78 del ordenamiento en cita establece la inversión de la carga de la prueba, de acuerdo con lo cual, bastará la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quien se oponga a la pretensión de la víctima, salvo que éstos también sean reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio (se destaca con intención). 5.

Titulares del derecho a la restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. El artículo 75 de esta ley dispone que son titulares del derecho a la restitución: “Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de éstas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley11, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley,…” y que por tanto “…pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo”.

El artículo 81 de la misma normatividad, legitima en el derecho a reclamar la restitución de un bien, además de las personas que refiere el artículo 75, su cónyuge o compañera o compañero permanente con quien se convivía al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o abandono forzado, según el caso, o los llamados a sucederles, si el despojado, su cónyuge o su compañero (a) permanente hubieren fallecido o estuvieren desaparecidos. 11 Para los efectos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, el 3º se refiere a “infracciones al Derecho Internacional Humanitario, violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…)”.

(se adiciona negrilla). República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 13 De acuerdo a estas disposiciones, son presupuestos para la prosperidad de la acción restitutoria: (i) la existencia de una relación jurídica que uniera al solicitante con el predio reclamado para la época en que ocurrieron los hechos que condujeron al despojo o al abandono del mismo;

(ii) que esos hechos configuren infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, esto es, el hecho victimizante; (iii) que el despojo y/o abandono alegados, sean consecuencia de esas infracciones o violaciones a los derechos humanos, y (iv) que el despojo o el abandono hubiera ocurrido entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley. 5.1.

Relación jurídica de los solicitantes con el predio objeto de solicitud. Para que el interesado se legitime en el derecho a la restitución en el marco de Ley 1448 de 2011, según la disposición transcrita, se requiere que hubiera existido un vínculo o lazo jurídico que ligara al solicitante con el inmueble reclamado, a título de propietario, poseedor u ocupante o explotador de baldíos, para la época en que ocurrieron los hechos que condujeron al abandono o despojo del predio, en la medida en que estos fenómenos, conforme plantea la citada disposición [art. 75], deben presentarse, necesariamente, como consecuencia directa o indirecta, de aquellos.

La extensión de terreno que a este asunto interesa fue identificada como Villa Tatiana, se ubica en la vereda Murujuy, Municipio de Puerto Gaitán (Meta) y se asegura en la demanda, ostenta la condición de bien baldío, por lo que pertenece a la Nación. La determinación de la citada calidad jurídica se muestra pacífica, pues no obra en el paginario evidencia registral de título traslaticio de dominio otorgado por el Estado en favor de alguna persona en particular, por el contrario la UAEGRTD logró constatar, conforme lo aclarara su Ingeniera de Apoyo Catastral en diligencia de 1° de marzo de 2016, al cruzar su información con la del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que el predio en cuestión pertenece a uno de mayor extensión que en época pasada se conoció como Villa Fátima12, del que se predica igual situación, se identifica con cédula catastral N° 568-00-01-0001-0015-000 y abarcaba una cabida aproximada de 3000 hectáreas, sobre ésta gran proporción de tierra en época pasada se adjudicaron 3 lotes de terreno por parte del Incoder13, los cuales en nada se traslapan o sobreponen con el que origina la presente súplica. 12 Record Aprox. 14.35, Folios 576 y 591, C. 2. 13 Se hace referencia a los inmuebles rurales conocidos como “Villa Fátima”, “Brisas del Porro Agualinda” y “Aguas Claras”, adjudicados mediante las Resoluciones N° 478 de 2011, 956 de 2012 y 957 del mismo año; las dos primeras se República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 14 La relación de los solicitantes con el predio, se asegura, inicio en 2003, cuando el solicitante llegó al bien raíz por invitación que le hiciera Arnulfo Hernández Caballero, conocedor de la zona de aproximadamente 20 años atrás, quien le aseguró se trataba de tierra baldía; la explotación se materializó mediante el sembradío de 19 hectáreas de pasto dulce, también de una huerta con presencia de cebolla, tomate, habichuela, plátano y yuca, la plantación de árboles frutales de naranja y mandarina y el levantamiento de una vivienda en la que residir.

Las anteriores aseveraciones se ven refrendadas por el dicho de los colindantes de la citada heredad14, quienes son Arnulfo Hernández Caballero15, Alonso Castillo Sacristán16, Leopoldo Neira Castro17, Mayerly Muñoz Gutiérrez18, José Arcesio Fonseca19 y José Manuel Llayes Rodríguez20, sujetos todos que resultaron unísonos, precisos y consistentes en decir que en 2003 arribaron a una parte de Villa Fátima los dos primeros nombrados en líneas pasadas y Jhonson Fajith Valderrama Barón, personas que entraron con el ánimo de trabajar y “poseer” los lotes que de común acuerdo dividieron, correspondiendo al aquí solicitante una extensión un poco mayor a 100 hectáreas las cuales cercó, además levantó una casa de habitación utilizando madera y zinc, tractoró y sembró cerca de 20 hectáreas de pasto y estableció una huerta de la que derivaba parte encuentran a folios 110 a 115 y 134 a 139 del documento denominado “Folio 212 a 387”, inserto en el disco magnético que reposa a Folio 587 del C. 2 y la última se halla a folios 564 a 567 del C. 2. 14 A folio 579 del cuaderno 2 obra un mapa en el que se constatan los colindantes de Villa Tatiana, estos corresponden a las personas que se pasan a nombrar, en lo que toca a Mayerly Muñoz Gutiérrez la propiedad se señala como de Laudice Gutiérrez, su madre. 15 Refirió, luego de poner de presente que él fue quien ubicó el lote baldío de mayor cabida, que: “allá entramos, nosotros 3 fue los que entramos allá, Alonso Castillo, El Flaco [así se le conoce al solicitante en la vereda] y mi persona”, dijo también que “él [Jhonson] sembró, él paró una casita y estuvo allá con la señora, sembró pastos, que yo lo vi, los pastos que hay los sembró Jhon Flaco, y (sic) hizo unas cercas, había hecho una casa grande, bonita, pues de zinc y en tabla, pero una casa pa’ vivir y habían sembrado huerta, comida”, aseguró que el predio del gestor de esta acción se llama Villa Tatiana.

Declaración de 1° de marzo de 2016, Records. Aprox. 1.27’00’’, 1.29’10’’, 1.32’50’’, 1.33’15’’. 16 Sostuvo al absolver interrogatorio que acudió “simplemente como linderante de los predios del señor Jhon”, dijo que “él hizo una casa, sembró un pasto, creo que por el lado en que está el pasto hizo unas cercas para proteger el potrero que estaba haciendo, no recuerdo bien porque él había hecho uno para sembrar unos naranjos o unos limones, no sé, unos cítricos”, tras relatar que el ingreso se dio de la mano con el solicitante y Arnulfo Hernández anotó que “nosotros entramos y no hubo opositor ni nada contra nosotros”.

Diligencia de 29 de febrero de 2016, Records Aprox. 1.23’30’’, 1.29’00’’, 1.34’00’’. 17 Manifestó que el señor Valderrama Barón “llegó en 2003 y poseía esos terrenos” e indicó que tuvo una casa que habitó con su compañera sentimental, junto a ella sembraron unos pastos. Diligencia 1° de marzo de 2016, Records Aprox. 46’05’’ y 48’25’’. 18 Expuso que arribó a Villa Fátima junto a su familia en 2004 y aseguró que “cuando llegamos ahí estaba Jhon Valderrama en el predio que colindamos”, a la vez que puso de presente que “los primeros que entraron pacíficamente fue don Arnulfo, don Alonso y Jhon Valderrama” y que “él [Jhonson] estaba sembrando pasto, tenía yuca, platano y eso”, a más de que refirió conocer la casa que el solicitante construyó. Diligencia de 1° de marzo de 2016, Records Aprox. 1.08’30’’, 1.10’00’’, 1.12’00’’, 1.12’50’’. 19 Aseveró que “primero conocí a Jhon Valderrama, él fue vecino, yo fui propietario de la finca ‘Aguas Claras’ del 2001 pa’ lante, como al año llegó don Jhon de vecino mío, como colindante de mí, el duró un tiempo viviendo en la finca y luego se fue” y refirió, además, que dicho predio fue cercado a la redonda por el gestor de esta súplica.

Diligencia de 1° de marzo de 2016, Records Aprox. 2.15’15’’ y 2.23’00’’. 20 Anotó que “Jhon Fajith si tuvo el predio allá, estuvo allá viviendo, en el 2004 él estuvo allá y se vino, no sé cuál sería la causa pero él estuvo allá viviendo”, denotó que “[Alonso], Arnulfo y Jhon fueron los que tomaron esa tierra como posesión” y, en cuanto a actos de explotación se trata, que él sembró varias hectáreas de pasto, ‘paró’ una vivienda.

Diligencia de 1° de marzo de 2016, Records Aprox. 2.28’05’’, 2.30’20’’ y 2.30’35’’. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 15 del sustento, actos éstos que resultaron de una envergadura suficiente para que fuera reconocido no solo como vecino y poseedor de la extensión de tierra que dio lugar a esta solicitud, sino incluso como dueño de Villa Tatiana.

El distanciamiento definitivo con el lote en cuestión se debió a la amenaza que asegura fue proferida en su contra. 5.2. Hecho victimizante. El segundo presupuesto de la pretensión restitutoria según el iterado artículo 75, es el relativo a los hechos constitutivos de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno conforme prevé el artículo 3° de la referida ley (calidad de víctima del solicitante), que hayan sido o servido de causa directa o indirecta para provocar el abandono o facilitar el despojo.

La unión Valderrama-Alarcón denunció en el líbelo introductorio, y narró en sus declaraciones, que su victimización acaeció hacía 2012, luego de que Jhonson Fajith hubiera salido en 2011, sin perder el señorío que ejercía sobre el terreno, a laborar para la compañía petrolera ‘Independi’21, pues para tal época empezó a recibir llamadas telefónicas de quien fue nombrado como “tabaco”, persona perteneciente al grupo paramilitar denominado “Los cuchillos”, y que ejercía mando sobre la vereda Murujuy a órdenes de alias “Pijarbey”, perpetró amenazas en su contra al tenor de las cuales le dijo “(…) vea flaco, hermano si usted quiere vivir no vuelva por acá y si no, no respondemos por su vida…”, indicándole, además, “que lo único a que tiene derecho es el caserío22 y ni venga por acá” 23.

En la solicitud también refirió que esas amenazas se debieron en parte a que para 2012 se presentó una disputa por el poder en la zona entre los grupos ilegales de “Los Macacos” y “Los Cuchillos”, con ocasión de la cual se supo que Valderrama Barón tenía un primo lejano perteneciente al primero de éstos, quien lo contactó para hacerle saber que por razón de su parentesco lo iban a asesinar, situación que también le fue informada a éste por Jaiser Luis Perea, persona que le dijo haber escuchado de voz de tabaco que él había sido señalado como objetivo militar.

Es deber de la Sala averiguar si el suceso victimizante que viene de narrarse en verdad ocurrió, propósito para el cual recabará en los medios de convicción recaudados, mostrándose pertinente hacer colación inicial en el contexto de violencia aportado por la 21 Probablemente se trata de la empresa dedicada a la perforación y mantenimiento de pozos de petróleo denominada “Independence”.

Cfr., http://independence.com.co/ 22 Los testimonios recaudados permiten ver que los solicitantes, además de la finca rogada en restitución, tenían una casa de habitación ubicada en el caserío de Murujuy. 23 Declaración 29 de febrero de 2016, Aprox. 20’34’’ y 21’10’’. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 16 UAEGRTD, en tanto el mismo muestra un panorama general de la violencia en el Municipio de Puerto Gaitán e, inclusive, da cuenta en parte de la perpetrada en la vereda Murujuy; visto éste se ahondará en las demás probanzas disponibles en este asunto. 5.2.1.

Contexto de violencia. La UAEGRTD refirió que a la zona norte de Puerto Gaitán confluyeron hacía los 70’s y 80’s diversos actores armados ilegales, atraídos principalmente porque la geografía de la municipalidad resultaba privilegiada para el desarrollo de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico; señaló al tiempo, que el arribo a éste también se vio influenciado por el proyecto de canalización del río Meta, mismo por el cual se conectaría a Puerto López con el Municipio de que se comenta y con San Carlos de Guaroa, esto último motivó una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por quienes las adquirieron.

Para los años 80 la región servía como área de producción y tráfico de drogas de los Frentes 16 y 39 de las FARC, los cuales cobraban gramaje por la producción y comercialización de coca; para 1997 se registraron acciones atribuidas al segundo de los mencionados, y que entre 1998 y 2004 acaecieron otras de carácter subversivo perpetradas no solo por las estructuras mencionadas sino también del Frente 31 del grupo guerrillero, se tiene conocimiento de que aun en 2011, aunque aislados, el Frente 39 continuaba ejercitando actos belicosos en la población de que se viene hablando.

Hacía 1994 empezó a notarse la presencia de grupos de autodefensas en la zona, ya para aquél momento se hablaba de “Los Carranceros”, al principio la conformación de estas tropas consistió en armar al campesino e imponerle la obligación de hacer rondas continuas sobre la propiedad de quienes eran hacendados; posteriormente, José Baldomero Linares, conocido con el alias de “Guillermo Torres”, inició la conformación de las Autodefensas del Oriente, organización que censó y contabilizó el total de haciendas, hectáreas, ganado, sabanas y pasto, así como de reconocimiento de los pobladores del lugar, con la intención de cobrar extorsiones y de neutralizar a guerrilleros camuflados de civiles, con ocasión del citado devenir criminal logró conformar las que se conocerían como las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada.

La aparición paramilitar, incluidos Los Urabeños, al mando de Carlos Castaño, trajo consigo enfrentamientos con las FARC en el Municipio de Puerto Gaitán, poco a poco lograron replegar a los armados pertenecientes a este último grupo, obligándolos a tomar rumbo hacía el Guaviare y el Vichada; para 1998 la población dejó de percibir su presencia. La circunstancia anterior conllevó a la consolidación del paramilitarismo, más todavía porque se fraguó una alianza entre las ACMV y las ACCU (Urabeños), quienes se República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 17 reconfiguraron bajo el nombre de Bloque Centauros; las ACMV asumieron el dominio de la zona, al punto que no solo controlaban la región sino también que en la vereda La Cristalina (Puerto Gaitán), se conformaron escuelas de entrenamiento; el poderío se extendió hasta agosto de 2005, cuando se dio su desmovilización encabezada por “Guillermo Torres” y continuada por 209 integrantes más; es de resaltar que los cálculos de la Defensoría del Pueblo indicaban que al grupo desmovilizado pertenecían un total de 1200 efectivos.

Los combatientes disidentes de la desmovilización se dividieron es dos estructuras, una conocida como el “Bloque Central Bolívar” o “Los Macacos” y otra denominada “Héroes del Guaviare”, al mando de Pedro Oliveiro Guerrero, alias “cuchillo”, “Los Cuchillos”. Entre 2006 y 2007 estos nuevos grupos de subversión disputaron en zonas limítrofes de Puerto Gaitán y el Vichada el control territorial, hecho que dio lugar a los más altos índices de desplazamiento de que se tiene conocimiento en la región y se extendió hasta 2010 cuando “Los Cuchillos”, ya para aquel entonces ERPAC24, expulsaron a “Los Macacos” haciéndose, consecuentemente, al control de los cultivos de coca y los circuitos relacionados con el tráfico de sus precursores químicos, utilizando como red de apoyo el establecimiento de algunos de sus integrantes en zonas concretas, a éstos se les conoció como “puntos”, vestían de civil y contaban con radios de comunicación. La actuación del ERPAC trajo consigo, entre otras violaciones a derechos humanos, las de desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada.

En diciembre de 2010 se dio de baja a alias “cuchillo”, sucediéndolo en el mando José López Montero, quien también se conocía como “caracho”, sujeto que se sometió a la justicia con algunos de sus hombres a finales de 2011, data desde la cual el ERPAC se reconfiguró bajo el nombre de “Libertadores del Vichada”, a cargo de Martín Farfán Díaz, alias “pijarbey”, quien a partir de 2012 dio lugar a una confrontación militar con el grupo “Héroes del Meta”, reducto del “Bloque Meta”, estructura proveniente del “Bloque Centauros”, en la que se hizo a la influencia, en lo que a Puerto Gaitán toca, de las jurisdicciones de Cristalina, Planas, Murujuy, Guanape y Sinape; el citado jefe paramilitar fue abatido el 28 de septiembre de 2015.

El 29 de noviembre de 2013 se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía una audiencia con varios miembros de las ACMV, entre ellos “Guillermo Torres”, en donde se indagó por los bienes afectados por su accionar, allí quien respondía 24 Los denominados Héroes del Guaviare posteriormente se dieron a conocer como Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 18 al alías de “cinco veinte” sostuvo que los predios Calatrava I y II, Las Morenitas y Villa Fátima, ubicados en Murujuy, zona en la que ostentaba mando, servían a la guerrilla como corredor de paso, y así mismo, que en éstos existieron pistas de aterrizaje, y que a Las Morenitas llegó un capitán retirado del Ejército que se dio a conocer como “K6” y que, por medio de “Toro” y “Lobo”, le hizo saber que en adelante el señor “Páez Flórez” no podía volver a la región, por lo que él cumplió la orden dada y le hizo saber que su presencia ponía en peligro su vida y la de su familia. 5.2.2.

El documento que viene de recogerse exhibe un claro panorama de la presencia de grupos armados ilegales en Puerto Gaitán, incluidas sus zonas veredales, desde 1994; muestra cómo la zona fue dominada hasta 1998 por las FARC y, tras lograr replegarlas, por grupos de autodefensa encabezados por las ACMV que, ocurrida su desmovilización, se escindieron en varios bloques de igual propósito como fueron el Bloque Central Bolívar (Macacos), Libertadores del Guaviare (Cuchillos), ERPAC, Libertadores del Vichada y Bloque Meta, a la vez que señala a sus cabecillas.

Resulta muy diciente, también, al momento de identificar el control territorial que desde antaño se tuvo en la vereda Murujuy, misma en la que se encuentra ubicada Villa Tatiana, es así como describe el control que en época última, desde 2010 en adelante, asumió “Pijarbey” como máximo dirigente de los Libertadores del Vichada, además, expone de clara manera como para mantener el control se hacía provecho de los denominados “puntos”, sujetos perteneciente a la organización que se encargaban de vigilar y dar cuenta de todo cuanto sucedía en una zona determinada.

El acopio probatorio obtenido valida el padecimiento del conflicto que viene de referirse y, si a los testimonios recaudados se suma el de quienes son solicitantes, habida cuenta del principio de buena fe que gobierna este procedimiento y en general la actuación del Estado frente a las víctimas25, permite arribar a la conclusión de que el suceso acusado como victimizante en efecto tuvo lugar.

Obsérvese, en lo tocante al control paramilitar, que la mayoría de las personas que en sede de instrucción comparecieron a hacer manifiesto su conocimiento de los hechos que aquí se discuten, salvedad hecha de Sixto Manuel Sanabria y José Arcesio Fonseca quienes no indicaron un hecho concreto que resultara indicativo de conflicto armado interno, dieron razón de la presencia de alzados en armas de los que se habla.

Fue así 25 Artículo 5°, Ley 1448/11. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 19 como, aunque sin precisar detalles, Mayerly Muñoz Gutiérrez26, Arturo Martínez Jerez27, Leopoldo Neira Castro28, Jaime Rinta Hernández29 (opositor) y Arnulfo Hernández Caballero30 pusieron de presente la insurgencia en mención; mayor conocimiento mostraron, a su turno, Luis Carlos Encinosa Cárdenas31 (opositor), Roberto Páez32, Aundino Castillo Cordero33 y José Manuel Llayes Rodríguez34, quienes no solo convalidaron la pernoctación del grupo belicoso en Murujuy, sino que también hicieron saber que su representación en ese específico lugar la ejercía quien respondía al alias de “tabaco”, sujeto al que reconocían, incluso, como comandante de la milicia de que se habla, y de quien dijeron vivía en el sector.

De mayor talante resultan los dichos de Alonso Castillo Sacristán y Luis Alfonso Castro Velásquez35, pues no solo dieron cuenta del sujeto de que se viene hablando, sino que el primero descubrió la lesión de sus garantías al derecho internacional de los derechos humanos causada por el mismo insurgente y el segundo aseguró haberlo oído previo al perpetramiento del desplazamiento sobre el que aquí se indaga, respectivamente sostuvieron, que “(…) [‘tabaco’] era un comandante paramilitar, inclusive ese personaje fue el que a mí me sacó, prácticamente quiso que me fuera de ahí…”36 y que Jhonson 26 El representante de los opositores le cuestionó “¿usted conoció grupos que delinquieran en el sector?, obteniendo como respuesta “La verdad sí”.

Dil. 01/03/16, Record Aprox. 1.20’30’’. 27 El absolvente de que se habla es propietario de un predio en Murujuy, el cual se distancia a poco más de 3.5 kilómetros del que es objeto de petición. Fue consultado por si había escuchado de la incursión de grupos armados en la vereda que hubieran causado hechos victimizante a la población, a lo que contestó no tener conocimiento de desplazamientos o amenazas, pero dijo “sé que si hay por ahí, porque llaman que aquí hay un punto, que por allá en otro lugar hay un punto, que son de los paramilitares”.

Dil. 01/03/16. Record Aprox. 2.06’10’’. 28 Le fue cuestionado si “¿en el 2003 cuando llegó había presencia de grupos armados en la región?, a lo que dijo “en el 2003 no señor, se comentaba […] pero que yo haiga (sic) presenciado no, se comentaba porque yo nunca los vi, la verdad no los vi”. Dil. 01/03/16. Record Aprox. 59’05’’. 29 Se le preguntó por si tenía conocimiento de que en Murujuy hubiesen existido grupos al margen de la ley, o de que se hubiesen presentado combates o desplazamientos, a lo que expresó “desplazados hasta la presente no, pero si han habido grupos por ahí al margen de la ley […] hace muchísimos años, guerrilleros y paracos han existido en esa región”.

Dil. 29/02/16, Record Aprox. 2.38’40’’. 30 Le fue preguntado “¿desde la época que usted ha estado viviendo allí ha habido presencia de grupos al margen la ley en Murujuy?, ante lo que aseveró “eso ahorita no, pero en tiempos antiguos sí, eso en el año 80, antiguamente la guerrilla y después los paramilitares”, contestación ante la que el juez de instrucción lo concretó “¿en la época que estuvo Jhonson Fajith?, obteniendo respuesta al tenor de la cual “sí, eso estaban”.

Dil. 01/03/16, Record Aprox. 1.35’40’’. 31 Luego de referir su conocimiento en cuanto a la existencia de grupos rebeldes en la zona se le interrogó por si “¿usted ha escuchado el nombre de alias ‘tabaco’?, a lo que manifestó “si claro, si señor, por ahí eso lo nombraban por ahí, si señor”, preguntándosele, inmediatamente después, “¿quién es él?”, por lo que expresó “pues la verdad no sé quién es, sé que pertenecía a un grupo, pero no sé quién será”.

Dil. 29/02/16, Records Aprox. 2.07’40’’ y 2.18’15’’. 32 El sujeto en cuestión fue propietario de una finca ubicada en Murujuy y en la actualidad funge como Concejal de Puerto Gaitán. Luego de dar cuenta de la presencia inicial de las FARC, de la posterior y, aún persistente, ocupación del paramilitarismo, aseguró haber escuchado de alias ‘tabaco’, quien “era un paramilitar que vivía ahí también [en Murujuy], se la pasaba ahí”, ello por cuanto “Villa Fátima es un corredor que ellos tienen y ahí se la pasan para arriba y para abajo, aún todavía persisten”.

Dil. 29/02/16. Records Aprox. 3.18’50’’ y 3.21´50´´. 33 El declarante en mención es primo de Alonso Castillo Sacristán, aseguró conocer la vereda Murujuy de 35 años atrás, dado que la visita con la intención de vender víveres. Él puso de presente su conocimiento en cuanto a la presencia de personas pertenecientes al paramilitarismo y al ser cuestionado por el conocimiento de ‘tabaco’ acertó que “ese fue el que amenazó prácticamente a Alonso”.

Dil. 01/03/16, Records Aprox. 16’26’’, 34´15´´. 34 Al ser interrogado de si “¿usted ha escuchado el nombre de alias ‘tabaco’? contestó “si señor, ese fue un comandante de unos grupos armados que hubieron allá […] lo mataron, […] estuvo viviendo en esa región sí, pero no sé cuánto tiempo duró sino cuando supimos fue que lo habían matado”.

Dil. 01/03/16, Record Aprox. 2.34’15’’. 35 El testigo de que se habla posee un fundo en Murujuy denominado “Bonaire”, el cual se distancia “en línea recta” a 6 kilómetros del que es objeto de pretensión, además conoce a Jhonson Fajith Valderrama desde los años 90 y sostiene una relación de amistad con éste. Dil. 01/03/16, Records Aprox. 2.39’40, 2.43’30’’. 36 Diligencia 29 de febrero de 2016, Record Aprox. 1.32’15’’.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 20 Fajith no tiene ese predio por cuanto “(…) en el 2012 se inició el problemita de los señores supuestamente [Libertadores de] Vichada y [Bloque] Meta y hasta donde yo supe a Jhon decían que hacía parte de los señores del Meta, eso fue lo que escuché de boca de un señor de esos, ese señor, mejor dicho que todas sus cosas, esa casita que tenía en Murujuy se la iban a tumbar, la iban a quemar porque ese ‘hijuetantas’ rancho nada, esa finca tenían que, que la agarrara gente que trabajara, eso lo escuche de boca de ese señor […] ese señor se llamó ‘tabaco’…”37.

Ninguna duda queda, ante la contundencia de las declaraciones traídas a colación, producto de la espontaneidad y similitud observada en ellas, en relación al control paramilitar existente en Murujuy, tampoco, en cuanto a que éste era ejercido en esa población en particular por quien era conocido como “tabaco”, sujeto al que gran parte de los pobladores reconocían como un cabecilla que, o vivía en la región, o tenía continuada presencia en ella, lo que es más, atendiendo las dinámicas del conflicto descubiertas en el contexto de violencia presentado por la Unidad, bien podría considerársele como un “punto” encargado de apoyo a la organización ilegal de los “Libertadores del Vichada”, máxime si se tiene en cuenta que el documento de que se habla (contexto), así lo identifica, a la vez que descubre que llevaba por nombre Santo Alirio Herrera Pedreros Estiben Tabaquera38.

Lo anterior resulta determinante al momento de ahondar en el hecho de victimización que se asegura ocurrió, mismo que delanteramente ha de indicarse, resulta cierto para esta Colegiatura, al compás de los razonamientos que pasan a expresarse. Jhonson Fajith Valderrama Barón aseguró que para 2011, mientras residía alternadamente en una casa de habitación que tenía en el caserío de Murujuy y Villa Tatiana, al tiempo que derivaba su sustento y el de su familia de transportar gente y llevar remesas en una camioneta de su propiedad, encontró la posibilidad de trabajar en la compañía petrolera “Independi” por lo que salió de la vereda con destino al lugar donde ella funcionaba quedando el fundo que origina esta acción bajo la tutela de su pareja, Luz Marina Alarcón, quien la ocupaba con igual ánimo de señorío, labor en la que era acompañada, en calidad de cuidandero, por Jaiser Luis Perea Copete39; señaló que, mientras prestaba su fuerza de trabajo en la empresa mencionada, “(…) en 2012 me comenzaron a amenazar, yo por amenazas me tocó salir, no volver a la finca nunca más…”40, y al ahondar en esta afirmación reveló que “(…) un señor llamado ‘tabaco’ [lo] llamaba telefónicamente, porque allí cuando yo estaba era amigo mío, él también tenía algo que ver como con la tierra, como a querer 37 Diligencia de 1 de marzo de 2016, Record Aprox. 2.44’00’’. 38 Folio 240, C. 1. 39 Cfr., Declaración 29 de febrero de 2016, Records Aprox. 11’55’’, 15’35’’ y 19’50’’. 40 Ídem, Record Aprox. 19’40’’.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 21 coger de la tierra, o sea él había metido ahí la gente para poder sacar porque ellos se habían repartido, entonces él también iba a sacar tajada hay, entonces él me llamaba me decía, me dijo, vea flaco ‘hermano si usted quiere vivir no vuelva por acá y si no, no respondemos por su vida’, le dije ‘pero usted por qué es así conmigo hermano, si usted sabe que yo tengo mis cosas allá hermano’, dijo ‘no, lo único que tiene derecho es al caserío y ni venga por acá’ me decía, me llamaba telefónicamente…”41; aseveración que se vio convalidada, y a la vez complementada, por Luz Marina Alarcón quien expresó “(…) mi esposo tenía un familiar metido en un grupo de esos y resulta que ya entró otro grupo, entonces ya nosotros empezaron rumores que lo mejor era que nos fuéramos, pero a él al comienzo ya le había salido un trabajo en ‘independi’, entonces ya quedaba yo sola por allá y yo duré un tiempo allá, pero ya después me dio miedo y yo le dije ‘yo me voy también’, y él [Jhonson] dijo ‘si salgase mejor’ y ya después pues a él lo llamaban y le hacían amenazas y esto, entonces ya ni más…”42, agregando que “(…) este señor ‘tabaco’ lo amenazaba que no lo quería ver ni en pintura…”43.

Si bien no se avizora la intención de aprovechamiento nacida en “tabaco” para apropiarse de los terrenos existentes en Murujuy44, si nace la convicción en este Colegiado de que él llevó a cabo las amenazas de que se habla, encaminadas a prohibir la presencia de los solicitantes en Villa Tatiana, lo anterior, no solo porque al tenor de lo hasta aquí descubierto igual proceder fue consumado en contra de Alonso Castillo Sacristán, sino también porque este tipo de actos, en donde la intimidación se produce lejos de cualquier persona que pueda hacerlos constar, pueden resultar de una sutileza que en las más de las ocasiones no hay forma de documentarlos más allá del propio dicho de quien la sufre45, el que aquí tuvo lugar se suscitó vía telefónica, donde solo quienes son interlocutores pueden interactuar a través de su voz. 5.3.

El abandono o despojo como consecuencia del hecho victimizante. El artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, define el despojo como “…la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”.

Por abandono forzado de tierras, según esta disposición se entiende “(…) la situación temporal o permanente a la que se ve avocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la 41 Ídem, Record Aprox. 20’30’’. 42 Declaración 29 de febrero de 2016, Record Aprox. 59’20’’. 43 Ibídem, Record Aprox. 1.15’20’’. 44 En acápite posterior se hará referencia a la ocupación de los señores Jaime Rinta y Luis Encinosa, en esa oportunidad se expondrán las razones que llevan a la Sala a dudar de que la entrada a la heredad se haya visto respaldada por el referido paramilitar. 45 La Corte Constitucional ha llamado la atención en relación al rol protagónico que debe dársele al dicho de quien es víctima indicando que “[h]ay hechos de los cuales es difícil aportar prueba diferente del testimonio de quien lo presenció. Esta situación se presenta por ser este el único testigo y no haber constado en ningún documento la ocurrencia del mismo, ya sea por la sutileza misma que puede caracterizar al hecho en algunas ocasiones, la cual lo hace imperceptible para personas diferentes a quien es afectado por el mismo.”;

Sentencia T – 327 de 2001, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras Radicación Nº: 500013121 001 2015 00001 01 22 administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75.” En el presente asunto se acusó que la pérdida de la relación jurídica que se tenía con la propiedad se debió a la amenaza que viene de determinarse, por causa de ella los solicitantes no volvieron a la extensión de terreno que venían explotando, desplazándose forzadamente a Villavicencio, dejando así desde 2012 en total abandono el fundo.

El acopio probatorio, concretamente, el mismo dicho de algunos de quienes fueron deponentes en este asunto, crea en esta Corporación una mínima duda respecto de si tal momento en verdad correspondió a aquel en que los solicitantes se desligaron de la ocupación que ejercían, sin embargo, la vacilación surgida se ve superada al profundizar mayormente en las citadas declaraciones y ahondar en una de las obtenidas en el trámite administrativo que antecede a esta súplica restitutiva, la de Jaiser Luis Perea Copete46.

Llámese la atención, para contextualizar la incertidumbre que viene de aludirse, en que los colindantes de Villa Tatiana expresaron que la ocupación de Fajith Valderrama y su núcleo familiar tuvo inicio en 2003 o, a más tardar, en 200447 y destáquese, continuando, que Arnulfo Hernández Caballero48 y José Arcesio Fonseca49 sostuvieron que su permanencia se extendió por un periodo que osciló entre uno y dos años, de donde podría inferirse que como mucho se extendió hasta 2006, anualidad que dista ampliamente de aquella acusada como de victimización (2012); no obstante denótese, sin desconocer los dichos de quienes vienen de citarse50, que cosa distinta pusieron de presente Mayerly Muñoz Gutiérrez51, Luis Alfonso Castro Velasco52 y, al interior del trámite administrativo, Jaiser Luis Perea Copete53, pues ellos refirieron que para 2011 aún se le conocía a éste 46 A Jaiser Luis Perea, también se le conoce como ‘el negrito’, fue cuidandero de Villa Tatiana y prestaba su fuerza de trabajo en la zona de Murujuy, los colindates de la propiedad aseguran haberlo conocido, a la vez que constatan su presencia. 47 Consúltese, acápite relación jurídica, concretamente,