Sentencia — Tribunal Administrativo de Cundinamarca

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Andrés Francisco García Caicedo Demandado: Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de Movilidad Providencia: Sentencia de segunda instancia Decide el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES 1. La demanda Andrés Francisco García Caicedo presentó contra Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de Movilidad, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (i. 02). Dentro de los hechos, indica que el 30 de septiembre de 2019, manejaba el vehículo de placas RHU237, cuando le impusieron la Orden de Comparendo No. 11001000000025110129, por la presunta comisión de la infracción D-12, contenida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, consistente en “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.

Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”. Esta situación dio lugar a que inmovilizaran el vehículo, debiendo cancelar para el retiro del vehículo la suma de $479.600. Inconforme con la decisión adoptada, el 4 de octubre de 2019 formuló impugnación a la orden de comparendo expedida en su contra y como consecuencia de ello, se dio apertura al proceso contravencional número 10179, dentro del cual se expidieron las resoluciones No. 10179 del 12 de marzo de 2020 y 556-02 del 26 de enero de 2021, en las que se dispuso declararlo responsable de cometer la infracción D-12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002.

Expresa que se deben declarar nulos los actos administrativos que lo encontraron responsable, por i. infracción de las normas en que debían fundarse; ii. falsa motivación; y, iii. vulneración al derecho fundamental al debido proceso. 2 Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Demandante: Andrés Francisco García Caicedo En las pretensiones, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones que lo encontraron responsable de cometer la infracción D-12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002; y que como restablecimiento del derecho, se elimine y cancele la sanción impuesta y se dé por terminado el proceso de cobro coactivo en el evento de haberse iniciado, se restituya el pago de grúa y parqueadero, entre otras.

Como normas violadas cita: Artículos 13, 15, 24 y 29 de la Constitución Política; artículo 3 de la Ley 105 de 1993; artículo 5 de la Ley 336 de 1996; artículo 2 de la Ley 769 de 2002; artículo 5 de la Ley 1310 de 2009; artículo 138 de la Ley 1437 de 2011; y artículo 167 de la Ley 1564 de 2012. Y en el concepto de la violación propone los cargos de: i. infracción de las normas en que debían fundarse, por cuanto la infracción D-12 debió interpretarse teniendo en cuenta los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, referentes a la noción de servicio público de transporte. ii. falsa motivación, toda vez que no se realizó el estudio normativo referido en el cargo anterior y, además, porque no existía prueba que demostrara con total claridad y fuera de toda duda razonable su responsabilidad; iii. vulneración al derecho fundamental al debido proceso, porque la entidad que adelantó el proceso contravencional omitió pronunciarse sobre todos los argumentos de defensa y desconoció el principio pro administrado. 2.

La contestación de la demanda Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de Movilidad se opone a las pretensiones (i. 02) y solicita se nieguen las súplicas de la demanda, toda vez que el proceso administrativo mediante el cual se declaró al demandante como contraventor de las normas de tránsito por la infracción D12, cumplió con las plenas garantías procesales, respetando al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, publicidad y contradicción. 3.

La sentencia apelada El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, en sentencia el 30 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. (i. 02). En resumen indicó que aunque la parte demandante pretendiera hacer ver que la destinación de un vehículo particular al servicio público solo puede ser constatada cuando se demuestra la contraprestación económica, esto no tiene respaldo jurídico pues el verbo rector de la infracción D12 se refiere es a la destinación que se le da al vehículo y no hace mención a que sea necesario acudir a otras disposiciones complementarias para su aplicación. Señaló que el agente de tránsito sí presenció de manera directa la conducta objeto de reproche del demandante, pues se demostró que Raúl Armando Serrano Riberos, en ejercicio de su función de agente de tránsito, presenció en vía pública que el acompañante del conductor del vehículo de placas RHU237 (de uso particular), estaba fungiendo como pasajero del servicio 3 Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Demandante: Andrés Francisco García Caicedo público de transporte (informal o por aplicación tecnológica) con retribución económica por dicha labor.

Sostuvo que que no es necesario que el agente de tránsito hubiese presenciado el pago por el servicio, la manera o herramienta a través de la cual se pactó el mismo o la forma de efectuar la contraprestación, pues la destinación no autorizada puede darse incluso con el solo ofrecimiento del servicio a cambio de una retribución, independiente si el traslado o uso convenido se culmina o no, de ahí la irrelevancia del pago efectivo 4.

El recurso de apelación El demandante insistió (i.02) en el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos demandados porque en su sentir, para la configuración de la infracción D-12 debió demostrarse la contraprestación económica propia del servicio público de transporte; señaló la existencia de una discrepancia total entre la orden de comparendo 110010000000 25110129 y la declaración rendida por el agente de tránsito, pues el funcionario no advirtió de manera directa los hechos que circunscribieron la falta endilgada; cuestiona al agente por su declaración y por lo consignado en la casilla 17, pues aduce que resulta incierto, incongruente e impreciso.

También expresa que es un desacierto que se exija desvirtuar una prueba que no acreditó de manera suficiente los supuestos fácticos y elementos esenciales de la conducta endilgada y que el fallador al momento de emitir pronunciamiento debía ir más allá de toda duda razonable. Se refirió al debido proceso, al respeto del principio de legalidad en todas sus dimensiones, la prohibición de presumir responsabilidades, el deber de probar la comisión de la falta y el derecho a no declarar en contra, y que no existía prueba que comprometiera su responsabilidad, que existe un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en relación con su versión libre y la declaración del agente de tránsito, y reitera la falsa motivación, el desconocimiento al debido proceso y cuestiona al testigo. 5.

Trámite surtido en la segunda instancia Se admitió el recurso de apelación (i. 04). 6. Alegatos de conclusión No se presentaron por las partes. 7. Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público no emitió pronunciamiento alguno en esta instancia. CONSIDERACIONES Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, pasa la Sala a decidir de fondo el presente proceso judicial. 4 Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Demandante: Andrés Francisco García Caicedo 1.

El problema jurídico Consiste en: ¿Procede revocar la sentencia de primera instancia, por las razones que se exponen en el recurso de apelación? Se analizarán los cargos de la impugnación, confrontados con el acervo probatorio que se aportó al expediente, las consideraciones del Juzgado en la providencia, y la normativa y la jurisprudencia aplicables. 2.

Análisis de aspectos procedimentales 2.1. Sentencia de fondo. El proceso cumple con el cometido encargado a la Administración de Justicia de dirimir la disputa puesta a su consideración1. 2.2. Las excepciones. En el recurso de apelación no se planteó reclamo en este tema, por lo que no procede pronunciamiento sobre el particular.

Y sobre excepciones de oficio, no se encuentra probada alguna para declarar (Artículo 187, CPACA)2. 3. Pruebas recaudadas Del acervo probatorio allegado y valorado, se destaca el expediente administrativo número 10179, correspondiente a la Orden de Comparendo No. 11001000000025110129, del cual se resaltan: a. Resolución No. 10179 proferida el 12 de marzo de 2020, a través de la cual la Secretaría Distrital de Movilidad declaró a Andrés Francisco García Caicedo responsable de cometer la infracción D-12. b. Resolución No. 556-02 del 26 de enero de 2021, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión. c. Orden de Comparendo No. 11001000000025110129, elaborada por el agente de tránsito Raúl Armando Serrano Riberos. 4.

Caso concreto El proceso se ocupa de determinar si los actos administrativos demandados, deben declararse nulos. 1 Significa que se controló en forma exitosa la legalidad procesal en todos sus aspectos, como jurisdicción, competencia, demás presupuestos exigidos, y sin nulidades u otros trámites por decidir. 2 CPACA hace referencia al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que reemplazó al C.C.A, lo que a su vez, corresponde al Código Contencioso Administrativo, vigente hasta el 2 de julio de 2012 pero que se aplica en los procesos iniciados antes de esa fecha.

Cuando se escriba C. Po, se hace alusión a la Constitución Política de Colombia; C.P.C es Código de Procedimiento Civil; CGP es Código General del Proceso; al mencionar C.C, es Código Civil, CST es Código Sustantivo del Trabajo, C. Co. es Código de Comercio y E. T. Estatuto Tributario. C. P. es Código Penal y CPP se refiere al Código de Procedimiento Penal.

M. P. es el Magistrado Ponente en sentencias que se citan; de otra parte, “i” indica el número del índice de registro en Samai donde se encuentra la prueba o documento mencionado. 5 Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Demandante: Andrés Francisco García Caicedo Para el Juzgado de primera instancia, las decisiones adoptadas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá son legales; decisión que controvierte el demandante en el recurso que aquí se decide. 4.1.

Los cuestionamientos a la providencia de primera instancia3. Del recurso de apelación, se extrae que cuestiona lo siguiente: - La interpretación y aplicación de las normas, realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para imponer la infracción D-12, así como la valoración probatoria efectuada y el trámite realizado por el agente de tránsito que impuso la orden de comparendo. 4.2.

En cuanto al reproche de una indebida aplicación normativa pues correspondía interpretar la infracción D-12 junto con los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, sobre la definición del servicio público de transporte y su elemento distintivo de contraprestación económica, se encuentra que el Juzgado estableció que la infracción D-12 contenida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, referente a “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”, es clara y no requiere ser interpretada con las normas que desarrollan y definen el servicio público de transporte, porque lo que se reprocha en la disposición, es el uso o destinación que se le da a un vehículo, situación que es ajena a la retribución económica que distingue el servicio público de transporte.

Aunque la parte demandante pretende mostrar que la destinación de un vehículo particular al servicio público solo pueda ser verificada cuando se demuestra la contraprestación económica, ya que aduce, es el elemento distintivo del servicio público de transporte según los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, esa interpretación no tiene respaldo jurídico, por cuanto el verbo rector de la infracción D-12 se refiere es a la destinación que se le da al vehículo, lo cual es independiente de la eventual retribución que podría recibirse por la prestación del servicio de transporte.

Además, de interpretarse que el cambio en la destinación o uso del vehículo solo puede configurarse cuando se demuestra el pago de una contraprestación económica, se estaría desconociendo el efecto útil de la norma jurídica, pues incentivaría la ilegalidad, permitiría que quedara 3 Cuando se trata de resolver un recurso de apelación, y teniendo en cuenta que el principio tantum devolutum quantum apellatum (cuanto apela, tanto se decide) descansa sobre dos pilares: la congruencia y la facultad de disposición, significa que la segunda instancia -ad quem- deberá pronunciarse solo sobre aquellos cargos expresamente invocados contra la decisión del a quo (la primera instancia), pues frente a lo que no se cuestiona en la apelación, se tiene por aceptado y consentido; vale decir, que sólo es dable decidir y conocer aquellas circunstancias a las que ha limitado en forma concreta y expresa la apelación del recurrente, excepto cuando se trata de nulidades (art. 145, C.P.C; 137 del CGP), excepciones de oficio (art. 164, CCA; 180.6, 187 inc.2, CPACA), y sentencias inhibitorias o ilegales que se revocan y pueden ser desfavorables al apelante único, pues son temas que deben abordarse así no se planteen en el recurso de apelación; hay otras excepciones a la regla general (M. P. Danilo Rojas Betancourth, 17 de noviembre de 2016, exp. 1999-0200801) derivadas (i) de la facultad del ad quem para manifestarse sobre aspectos implícitos de los argumentos de la apelación y, (ii) de los cuerpos normativos que le imponen el deber de pronunciarse de oficio sobre un asunto en específico; también deben observarse principios de convencionalidad sobre el tema. 6 Proceso: 11001 33 34 003 2022 00005 01 Demandante: Andrés Francisco García Caicedo impune la destinación de un vehículo particular al servicio público, con la mera alegación de no haberse efectuado el pago o retribución económica.

De otra parte, es claro que la norma jurídica no exige la contraprestación económica, ni la aplicación de las disposiciones propias del servicio público de transporte, ya que se reitera, el acto que se sanciona es el uso o destinación ilegal dado al vehículo, sin considerar beneficios económicos al conductor o propietario. Y no puede obviarse que la indebida destinación de un vehículo puede ser constatada en diversas fases o eventos, según el caso, toda vez que podría presentarse desde el ofrecimiento efectuado (anuncio público o privado del servicio a prestar) hasta la ejecución o concreción del servicio por cumplimiento del traslado o uso convenido (uso no autorizado), por lo que resulta irrelevante si hay contraprestación. De ahí que se respalda la interpretación adoptada por la sentencia de primera instancia, en tanto no solo coincide con el verbo rector de la infracción (destinar), sino que respeta el efecto útil pretendido por el legislador con su expedición, el cual no es otro que evitar que vehículos con destinación específica sean utilizados o destinados para otros propósitos o fines diferentes a los autorizados por la respectiva autoridad de tránsito.

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad no infringió las normas en que debía fundarse para imponer la infracción D-12; y se procederá a establecer si existió una indebida valoración probatoria y si se presentaron irregularidades en el procedimiento adelantado por el agente de tránsito que atendió el caso, que ameriten declarar la nulidad de los actos administrativos objeto del presente proceso.

Del material probatorio obrante en el proceso, se demostraron las siguientes circunstancias relevantes: i. El 30 de septiembre de 2019, el agente de tránsito Raúl Armando Serrano Riberos le impuso a Andrés Francisco García Caicedo, la Orden de Comparendo No. 11001000000025110129, por la infracción D-12, prevista en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. ii.

En la Orden de Comparendo impuesta se dejó la siguiente constancia en la casilla número 17: “Si transporta a Jhon Wilson Valbuena Barreto CC 1022959809 desde engativa sector alamos hasta el terminal salitre modulo 2-5 manifiesta el acompañante solicito el srrvixio en Ricaurte en asensores art 22 Ley 769 no desea firmar. Solicitado por aplicación tecnologica”.4 iii.

En declaración rendida en el trámite contravencional, ratificó lo señalado en la orden de comparendo y que el acompañante del vehículo de manera libre y espontánea le manifiesta que venía en servicio de plataforma. 4 Las transcripciones (Textos entre comillas) que se incluyen en esta sentencia, así están escritas en el documento del que se tomaron; por lo tanto, los errores, imprecisiones y resaltados son del original, y con este aviso general, no se hará la advertencia específica cada vez que se amerite un (sic), para evitar su inútil y prolífica repetición; no obstante, se advierte que de algunas citas se suprimen