REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Yopal, siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) ACCIÓN DE TUTELA Radicados: 85001-2333-000-2023-00090-00 (expediente primigenio), al cual se acumularon: 85001-2333-000-2023-00091-00, 85001-2333-000-2023-00092-00, 85001-2333-000-2023-00093-00, 85001-2333-000-2023-00094-00, 85001-2333- 000-2023-00095-00, 85001-2333-000-2023-00096-00, 85001-2333-000-2023- 00097-00, 85001-2333-000-2023-00100-00, 85001-2333-000-2023-000101-00, 85001-2333-000-2023-00102-00, 85001-2333-000-2023-000103-00, 85001-2333- 000-2023-00104-00, 85001-2333-000-2023-00105-00, 85001-2333-000-2023- 00106-00, 85001-2333-000-2023-00107-00, 85001-2333-000-2023-00108-00, 85001-2333-000-2023-00109-00, 85001-2333-000-2023-00110-00, 85001-2333- 000-2023-00111-00, 85001-2333-000-2023-00112-00 y 85001-2333-000-2023- 00113-00.
Accionantes: Adela Condía García, Adriana Isabel Cachay Soler, Alcira Ramírez Cárdenas, Aleida Patricia López, Ana Ludys Rincón Rodríguez, Ana Yasulen Rojas Cachay, Dayler Andrea Castellanos Hernández, Ruth Yeny Andrea Moreno Cañisales, Andrés Fernando Patiño Vargas, Bernarda Sandoval Niño, Blanca Mireya Robles Corredor, Brenda Zuley González Sierra, Claudia Liliana Chaparro Lozano, Dahicy Yuliza Bautista Mendoza, Daisy Magalvi Vianchá Benítez, Daniela Fernanda Fonseca Rodríguez, Debra Katalina Rivera Vargas, Derly Liliana Silva Rodríguez, Diana Paola Cerón Gómez, Diana Milena Vanegas Martínez, Diego Adolfo Ortegón Corredor y Dioselina Holguín. Tutelado: Juzgado Segundo Administrativo de Yopal Vinculados: Jorge Leonardo Infante Tovar, Municipio de Yopal y Concejo Municipal de Yopal.
MAGISTRADA PONENTE: AURA PATRICIA LARA OJEDA TUTELAS MASIVAS ACUMULADAS/NO SE ACREDITA EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD/LA PROVIDENCIA OBJETO DE TUTELA FUE APELADA Y SE ENCUENTRA EN SEGUNDA INSTANCIA PENDIENTE DE DECISIÓN /NINGUNO DE LOS ACCIONANTES ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE Procede la Sala a proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela acumulada.
I.
ANTECEDENTES 1.1. Peticiones 1.1.1. Se amparen los derechos fundamentales a la dignidad humana y la vivienda digna de los accionantes. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 2 1.1.2. Se levante la medida cautelar de urgencia, “consistente en la suspensión provisional del Acuerdo n° 213 del 2023 y los efectos jurídicos–para este caso específico - de los artículos 2 y 3 del acuerdo No. 002 de 2021.” 1.1.3.
Se permita a los accionantes continuar con el proceso de adjudicación de lotes para el proyecto ALAMEDA MARTHA MOJICA. 1.2. Hechos (Pág. 1 del consecutivo 001) En las 22 acciones de tutela acumuladas de la referencia, los accionantes exponen de manera uniforme lo siguiente: 1.2.1. Que a través de formulario se inscribieron a la convocatoria realizada por el municipio de Yopal para ser beneficiarios del proyecto denominado “Alameda Martha Mojica”. 1.2.2.
Señalan que el 05 de mayo de 2023 se incluyó el proyecto “Alameda Martha Mojica” en el Plan Plurianual (Plan Nacional de Desarrollo), convirtiéndose en un eje de gestión, resultados e inversión para dar solución de vivienda a más de 2580 núcleos familiares en la modalidad de lotes con servicios de acueducto, alcantarillado, gas y alumbrado; los cuales están respaldados por la Resolución 463 del 28 de junio de 2023, Resolución 653 del 04 de agosto de 2023 y Decreto 358 del 07 de septiembre de 2023, siendo este último el acto mediante el cual se aprobaron dos proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento del Casanare. 1.2.3.
Indican todos los tutelantes, que a través de auto de 11 de septiembre de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal ordenó: “ DECRETAR la medida cautelar de urgencia solicitada por el accionante, consistente en suspensión provisional del Decreto 213 de 2023 «Por medio del cual se adopta el plan parcial de desarrollo “ALAMEDA MARTHA MOJICA” ubicado en el suelo de expansión del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones»; acto administrativo suscrito por el alcalde del Municipio de Yopal; y los efectos jurídicos – para este caso específico - de los artículos 2 y 3 del acuerdo No. 002 de 2021 «Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del Municipio de Yopal para celebrar operaciones de crédito público hasta un cupo de treinta y cinco mil trescientos millones de pesos M/cte.»; expedido por el Concejo Municipal de Yopal” TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 3 1.2.4.
Afirman que el Juzgado accionado fundamentó su decisión, así: “este despacho considera procedente acceder a la misma, al considerar, sopesar, evaluar y percibir como probablemente comprometido el presupuesto de administraciones futuras con la expedición del Decreto No. 213 del 2023 “Por medio del cual se adopta el plan parcial de desarrollo “alameda Martha Mojica” ubicado en el suelo de expansión del municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones” expedido por el alcalde del Municipio de Yopal, en ese sentido se decretará la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión provisional del Acuerdo No. 213 del 2023 y los efectos jurídicos – para este caso específico - de los artículos 2 y 3 del acuerdo No. 002 de 2021” 1.2.5.
Los tutelantes explican que el Acuerdo No.026 de 08 de diciembre de 2021 "Por el cual se adopta la política pública de vivienda y hábitat de Yopal, "pensando la vivienda para el desarrollo del municipio de Yopal", establece en su artículo 87 que las inversiones con cargo a los recursos de las fuentes establecidas en el artículo 84 del referido acuerdo y que financian la política pública de vivienda y hábitat de Yopal, estarán programadas en el corto, mediano y largo plazo.
Corto: 2021 al 2027, Mediano: 2028 al 2033 y largo 2034 al 2040. 1.2.6. Explican los tutelantes que los recursos aprobados provienen del Sistema General de Regalías, respecto de los cuales las administraciones futuras tienen disposición para invertir en los proyectos de destino que se gestionen según la normatividad vigente. 1.2.7.
Refieren que el retraso del proyecto de vivienda de la “ALAMEDA MARTHA MOJICA” y la adopción de la medida cautelar, ponen en riesgo el futuro de tener vivienda propia de 2580 familias, afectando los derechos fundamentales a una vida y vivienda digna, además de la oportunidad de acceder a los subsidios y demás beneficios que hacen parte de la política del Gobierno Nacional. 1.3.
Fundamentos de derecho Los 22 accionantes soportan la acción constitucional promovida en los artículos 1, 42 y 51 de la Constitución Política. Así mismo, hacen alusión a la sentencia T- 583 de 2013, en la cual la Corte Constitucional explica que resulta procedente la tutela cuando el derecho a la vida digna adquiere el rango de fundamental, entendido este como la posibilidad de gozar de un espacio material delimitado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 4 y exclusivo en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo sus proyectos de vida.
Refieren, que el derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política. 1.4 Contestación de la Tutela El Juzgado Tutelado, los tres vinculados y el agente del Ministerio Público, se pronunciaron de la siguiente manera: Radicados donde se presentó contestación Pronunciamiento uniforme en todos los radicados señalados en la columna anterior TUTELADO: Juzgado Segundo Administrativo de Yopal 2023-00090-00 2023-00091-00 2023-00092-00 2023-00093-00 2023-00094-00 2023-00095-00 2023-00096-00 2023-00097-00 2023-00100-00 2023-00101-00 2023-00102-00 2023-00103-00 2023-00104-00 2023-00105-00 2023-00106-00 2023-00107-00 2023-00108-00 2023-00109-00 2023-00110-00 2023-00111-00 2023-00112-00 2023-00113-00 El despacho judicial, indicó que la tutela promovida resulta improcedente, ya que versa sobre la decisión adoptada en auto de 11 de septiembre de 2023, en el que se decretó medida cautelar de urgencia dentro del proceso 85001-33- 33-002-2023-00156-00, donde funge como demandante el señor JORGE LEONARDO INFANTE TOVAR y demandado el MUNICIPIO DE YOPAL, providencia que no se encuentra en firme, toda vez que fue objeto de apelación por parte de la entidad demandada y por ende se encuentra en segunda instancia para su decisión. Refiere, que para el caso no se han agotado las instancias correspondientes en sede judicial y por ende la tutela no puede ser utilizada como mecanismo ordinario o una tercera instancia, pues tiene naturaleza preferente y sumaria, resaltando el carácter subsidiario.
Por lo anterior, solicita se niegue el amparo por ser improcedente dada la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 5 VINCULADO Municipio de Yopal (quien es demandado en el proceso ordinario 2023-00156-00) 2023-00090-00 2023-00091-00 2023-00092-00 2023-00093-00 2023-00094-00 2023-00095-00 2023-00096-00 2023-00097-00 2023-00101-00 2023-00102-00 2023-00103-00 2023-00104-00 2023-00105-00 2023-00106-00 2023-00108 -00 2023-00109-00 2023-00110-00 2023-00111-00 2023-00112-00 2023-00113-00 La entidad territorial, en su oportunidad refirió que existe falta de legitimación por pasiva ya que el municipio no tiene competencia ni injerencia alguna en la decisión proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, respecto a la medida cautelar decretada dentro del medio de control- Nulidad Simple No 2023-00156.
Sin embargo, señaló que la solicitud de amparo es procedente si se tiene en cuenta que el Estado debe garantizar la vivienda digna, por lo cual el plan parcial “Alameda Martha Mojica”, busca garantizar los derechos de más de 2500 familias, de acuerdo a la política pública de vivienda adoptada en el municipio de Yopal, y las metas del plan de desarrollo que ha sido incorporado dentro del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026.
Destaca la importancia de la continuidad de este proyecto, porque permite de manera concreta materializar y garantizar los derechos fundamentales de un sector de la comunidad que en su mayoría se encuentran en un estado de vulnerabilidad, por lo cual considera que el operador jurídico debió realizar una ponderación de la afectación que impone la medida cautelar decretada respecto de los derechos fundamentales e intereses colectivos que en contraposición se ven afectados con su asunción. En tal sentido, afirmó que las consideraciones que motivaron la medida cautelar afecta el interés público en tanto que al suspender lo contemplado en el decreto demandado, se afectará la continuidad, calidad, igualdad y progresividad de los servicios públicos domiciliarios.
Finalmente, solicita sea desvinculado de la presente acción por no vulnerar los derechos alegados por los accionantes. VINCULADO Jorge Leonardo Infante Tovar (quien es demandante en el proceso ordinario 2023-00156-00) 2023-00091-00 2023-00092-00 El señor Infante Tovar, en primera medida manifiesta que dentro de los documentos aportados por cada uno de los accionantes, no obra prueba alguna que indique con claridad y precisión que estos tengan derechos adquiridos en el proceso de la supuesta adjudicación de predios en el mencionado proyecto de loteo “Alameda Martha Mojica” promovido por el municipio de Yopal.
Aduce que la actuación adelantada por el Juzgado accionado, dentro del medio de control de simple nulidad incoado en contra del Decreto 213 de 2023 expedido por el municipio de Yopal, se cumplió de acuerdo a las ritualidades de la Ley y al debido proceso, toda vez que la parte demandada fue notificada en debida forma y le fueron garantizados los derechos a ejercer su defensa y contradicción, es así que presentó oportunamente los recursos ordinarios contra la decisión del despacho judicial, cuya apelación se encuentra en segunda instancia pendiente por resolver.
Por tal motivo, solicitó que se declare la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 6 improcedencia de la acción de tutela y las demás que llegaren a presentarse sobre estos hechos. CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO 2023-00090-00 El agente del Ministerio Público, en el concepto emitido precisó que la accionante pretende por medio de esta acción constitucional especial cuestionar decisiones adoptadas por una autoridad judicial a través de una providencia que fue proferida dentro de un proceso de Simple Nulidad, la cual fue recurrida a través de los medios de defensa establecidos para tal fin y que se encuentran en pleno trámite, esto es, pendiente de surtirse ante el superior funcional el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de 11 de septiembre de 2023 que decretó medida cautelar.
En atención a lo expuesto, resaltó que se cuenta con medios ordinarios de defensa judicial dentro del proceso de simple nulidad debatido y en ese sentido no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción, siendo improcedente el amparo de los derechos deprecados, en tanto que con la misma se estaría sustituyendo las vías ordinarias jurisdiccionales existentes para atacar las decisiones judiciales, máxime si se tiene en cuenta, que el recurso interpuesto contra la decisión impugnada se encuentra en trámite de ser resuelto por el juez natural.
En tal sentido, el agente del Ministerio Público solicitó que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la tutela declarando que no hubo vulneración a ninguno de los derechos fundamentales alegados y por tanto el amparo deviene en improcedente. II. TRÁMITE PROCESAL La acción de tutela 2023-00090-00 fue repartida al despacho 02, el 25 de octubre de 2023 (Consecutivo 005); el 26 de octubre de la presente anualidad, la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz se declaró impedida para conocer del proceso, se declaró infundado el impedimento antes enunciado y la titular del despacho 02 admitió la acción de tutela.
(consecutivos 007, 010 y 013); el 1 de noviembre de 2023 se profirió auto de pruebas (consecutivo 028). La acción de tutela No. 2023-00096-00 fue admitida el 26 de octubre de 2023; con autos proferidos el 27 de octubre de 2023 por el despacho 02, se admitieron de manera individual, las siguientes radicaciones: 2023-00091-00, 2023-00092-00, 2023-00093-00, 2023-00094-00, 2023-00095-00, 2023-00096-00, 2023-00097-00 2023- 00100-00, 2023-00101-00, 2023-00103-00, 2023-00103-00, 2023-00104-00, 2023- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 7 00105-00, 2023-00106-00 y 2023-00107; el mencionado despacho en providencia del 1 de noviembre de la presente anualidad, profirió auto de pruebas.
Posteriormente, el despacho 02 acumuló las acciones siguientes acciones de tutela: 2023-00108-00, 2023-00109-00, 2023-00110-00, 2023-00111-00, 2023-00112-00 y 2023-00113 y admitieron mediante auto del 30 de octubre de 2023. Por auto del 2 de noviembre de 2023, el despacho 02 remitió las referidas acciones constitucionales al despacho 03 para acumulación en cumplimiento de la decisión de la Sala Mayoritaria integrada por los Despachos 1 y 3 del Tribunal Administrativo de Casanare, puesto que el Despacho 2 sólo rotó para fallo la radicación 85001233300020230009000, sin acumular las demás. Esa situación se discutió en Sala de Plenos y de Decisión llevada a cabo el 2 de noviembre de 2023, donde los titulares de los Despachos mencionados señalaron, en resumen, que, al pretender fallar individualmente cada tutela, a sabiendas de que todas tenían idénticas pretensiones y hechos, salvo los relacionadas con los aspectos subjetivos de cada tutelante, se violaban el artículo 4 de la Constitución y algunos de los principios previstos en el artículo 19 de la Carta (igualdad, eficiencia y economía), así como claras directrices dadas por la Corte Constitucional en sentencias T-1017-99 y SU150/21; y que igualmente el análisis gramatical del artículo 2.2.3.1.3.3. del Decreto 1834 de 2015 hecho por la titular del Despacho 2 durante la rotación del proyecto referido y en la Sala de decisión mencionada, era insuficiente, pues dicha norma debía interpretarse conforme a los criterios, lógico, histórico, sistemático y finalista.
Se precisa que en todos los expedientes se vincularon como terceros con interés al señor Jorge Leonardo Infante Tovar, al municipio de Yopal y al Concejo Municipal De Yopal. En providencia del 2 de noviembre de 2023, el despacho 03, avocó el conocimiento de las 22 acciones de tutela antes relacionadas, ordenó desagregar las identificadas con los números 85001-2333-000-2023-00108-00, 85001-2333-000-2023-00109-00, 85001-2333-000-2023-00110-00, 85001-2333-000- 2023-00111-00, 85001-2333-000-2023-00112-00 y 85001-2333-000-2023-00113-00, que estaban acumuladas al proceso No. 85001-2333-000-2023-00108-00 y dispuso la acumulación de los expedientes Nos. 2023-00092-00 a 2023-00097-00, 2023- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 8 00100-00 y 2023-00113-00 a la acción primigenia No. 2023-00090-00 y en esa misma fecha, se ordenó la acumulación de estos procesos, decisión que fue comunicada a todos los sujetos procesales.
Cumplido este trámite ingresó el expediente acumulado para fallo. III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia De conformidad con el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela dirigidas contra los jueces, serán repartidas al respectivo superior funcional. Como en este caso, las tutelas acumuladas de la referencia se interponen contra la providencia judicial proferida el 11 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, dentro del medio de control 85001-33-33-002-2023-00156-00, se colige que esta Corporación es competente para conocer del presente asunto. 3.2.
Inmediatez Este principio ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional y con él se busca determinar el periodo prudencial entre la vulneración a los derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela. Al respecto se evidencia que la providencia objeto de las tutelas acumuladas, fue proferida el 11 de septiembre de 2023, por tanto, se cumple este requisito. 3.4.
Problema jurídico ¿Los accionantes de las 22 tutelas acumuladas, cumplieron el requisito de subsidiariedad para interponer la acción de amparo constitucional contra la providencia judicial emitida el 11 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal? 3.5. Tesis de la Sala La Sala advierte que en el presente asunto no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes interpusieron las tutelas acumuladas contra el auto que decretó una medida cautelar de urgencia, proferido el 11 de septiembre de 2023 dentro del medio de control de nulidad No. 85001-3333-002- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 9 2023-00156-00 adelantado por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, pasando por alto que contra dicha providencia se interpuso el recurso de apelación, cuyo trámite se está surtiendo en el Tribunal Administrativo de Casanare, sin que hasta el momento se haya proferido una decisión de fondo.
Igualmente se precisa que ninguno de los accionantes acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Por tanto, la acción de amparo resulta improcedente. 3.6. Premisas Jurídicas 3.6.1. Requisito de subsidiariedad Para que proceda la acción de tutela se deben cumplir varios requisitos, entre ellos el de subsidiariedad, según el cual no es posible acudir a este mecanismo constitucional cuando el accionante tiene otro mecanismo de defensa a su disposición. Al respecto, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela es improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensas judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En cuanto al principio de subsidiariedad, la Corte Constitucional explica: “En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el proceso judicial se encuentre en curso. Lo anterior constituye un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para cuestionar las decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de amparo como una instancia adicional.
De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales.”.1 En pronunciamiento posterior la citada Corporación, analiza: “En síntesis, “el principio de subsidiariedad del amparo contra providencias judiciales implica establecer que el actor haya agotado diligentemente todas las 1 Corte Constitucional; sentencia T-103/14;
Expediente T-3.286.505; MP JORGE IVÁN PALACIO PALACIO; 26 de junio de 2014. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 10 herramientas y recursos puestos a su disposición, sin que sea necesario valorar el tipo de detrimento que se esté ocasionando y sin que exista la posibilidad de proteger los derechos invocados transitoriamente”.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela, por no encontrarse cumplido el requisito de subsidiariedad. Estos son: que el asunto se encuentre en trámite, que no se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios y que se pretenda usar la acción de tutela como un mecanismo para revivir etapas procesales cuando no se interpusieron los recursos en el proceso ordinario.”2 Por su parte el Consejo de Estado expone: “La jurisprudencia constitucional ha señalado que los cuestionamientos contra los autos interlocutorios deben expresarse por medio de los recursos ordinarios que ofrece el ordenamiento jurídico, y no a través de la acción de tutela, a menos que: i) la afrenta o la puesta en peligro de los derechos fundamentales no pueda ser enmendada a través de los medios ordinarios de defensa, ii) los recursos judiciales ordinarios no sean idóneos y eficaces en la protección del patrimonio constitucional del accionante, y iii) cuando se pruebe la existencia de un perjuicio irremediable; en estos tres supuestos habrá lugar a estudiar el fondo de la cuestión constitucional para establecer si el accionante tiene razón al exigir la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, al amparo de la acción de tutela.
(…) Corolario de lo anterior, pese a que para la Sala el presente asunto no ameritaba un estudio del fondo por las razones de improcedencia que se esbozaron en líneas anteriores, en atención a que el pronunciamiento de primera instancia, en todo caso, resulta desfavorable a las pretensiones de la parte actora, se confirmará la decisión del a quo a través de la cual se negó la solicitud de amparo.
(…)”3 (Negrilla fuera de texto) De conformidad con lo anterior, se advierte que la acción de tutela contra providencias judiciales es improcedente, cuando no se cumple el requisito de subsidiariedad, porque el accionante dejó de interponer los recursos de ley o los mecanismos procesales habilitados para impugnar o cuestionar las decisiones judiciales y tampoco cuando el asunto objeto de amparo se encuentre en trámite como sucede cuando dentro del proceso ordinario se interpone recurso contra la providencia judicial y está pendiente de resolver, resaltando que se puede hacer uso de manera excepcional de este mecanismo constitucional, cuando tales medios de defensa no garantizan los derechos del tutelante o para evitar un perjuicio irremediable. 2 Corte Constitucional; sentencia T-001/17;
Expediente T-5751613; MP LUIS ERNESTO VARGAS SILVA; 16 de enero de 2017. 3 Consejo de Estado; sentencia proferida el 29 de noviembre de 2021 dentro del expediente 11001-03-15- 000-2021-07509-00; C.P. Martín Bermúdez Muñoz. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 11 2.7 Premisas Fácticas En el expediente, se encuentra probado lo siguiente: ✓ Dentro del proceso de nulidad No. 85001-3333-002-2023-000156-00 que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, por auto del 11 de septiembre de 2023 se admitió la demanda y en el numeral quinto se ordenó informar a la comunidad de los asentamientos humanos ilegales de los sectores La Pedrera, La Ceiba, Mi Nueva Esperanza, Cimarrón y Villa Rita (consecutivo 005, c. principal expediente 2023-000156-00). ✓ El aviso a la comunidad se surtió el 13 de septiembre de 2023 (consecutivo 011, c. principal expediente 2023-000156-00). ✓ Mediante auto del 11 de septiembre de 2023, en el medio de control de nulidad No. 85001-3333-002-2023-000156-00, instaurado por el señor Jorge Leonardo Infante Tovar, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal decretó medida cautelar de urgencia, consistente en la suspensión provisional del Decreto 213 de 2023 «Por medio del cual se adopta el plan parcial de Desarrollo “ALAMEDA MARTHA MOJICA” ubicado en el suelo de expansión del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones» y los efectos jurídicos para este caso específico de los artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 002 de 2021 «Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del Municipio de Yopal para celebrar operaciones de crédito publico hasta un cupo de treinta y cinco mil trescientos millones de pesos M/cte.»; expedido por el Concejo Municipal de Yopal.
(consecutivo 01, cuaderno de medidas cautelares dentro del medio de control de expediento ordinario). ✓ Contra la citada decisión, el municipio de Yopal interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (consecutivo 07, c. medidas cautelares, proceso de nulidad 2023-00156-00. ✓ A través de providencia del 9 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal decidió no reponer el auto del 11 de septiembre de 2023 y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo (consecutivo 011, c. medidas cautelares, proceso de nulidad 2023-00156-00). ✓ El 19 de octubre de 2023, la secretaria del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Casanare, para que se resuelva el recurso de apelación (consecutivo 015, c. medidas cautelares, proceso de nulidad 2023-00156-00).
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 12 ✓ El 19 de octubre de 2023, el expediente fue repartido en segunda instancia, correspondiéndole al despacho 02 del Tribunal Administrativo de Casanare (consecutivo 16, c. medidas cautelares, proceso de nulidad No. 2023-00156- 00). ✓ Revisado el aplicativo SAMAI, se observa que el medio de control de nulidad 85001-3333-002-2023-00156-01, ingresó al despacho por reparto, el 20 de octubre de 20234: 3.
CASO CONCRETO: En el presente asunto, todos los accionantes de las tutelas acumuladas, señalan que el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, vulnera sus derechos fundamentales a la vida digna y a una vivienda digna, al decretar la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión provisional del Decreto 213 de 2023 y los efectos jurídicos para este caso específico de los artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 002 de 2021, por cuanto dicha decisión contenida en el auto proferido el 11 de septiembre de 2023, dentro del medio de control de nulidad No. 85001-2333-000-2023-00156-00 retrasa el proyecto de vivienda denominado “ALAMEDA MARTHA MOJICA” y pone en riesgo el futuro de tener vivienda propia, no solo a los tutelantes, sino a 2.580 familias inscritas en el proyecto de vivienda.
Como se indicó en el acápite de premisas jurídicas, la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para cuestionar las decisiones del juez natural, por ello, 4 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=850013333002202300156018500123 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 13 para que proceda, los accionantes deben cumplir el requisito de subsidiariedad, esto es, agotar los mecanismos de defensa judicial o los recursos que estén a su alcance o acreditar que se configura un perjuicio irremediable porque los mismos no resultan idóneos para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Revisado el expediente de nulidad No. 850001-3333-002-2023-00156-00, se observa que mediante providencia emitida el 11 de septiembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal decretó la suspensión provisional de Decreto 213 de 2023 «Por medio del cual se adopta el plan parcial de Desarrollo “ALAMEDA MARTHA MOJICA” ubicado en el suelo de expansión del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones» y los efectos jurídicos para este caso específico de los artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 002 de 2021 «Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del Municipio de Yopal para celebrar operaciones de crédito publico hasta un cupo de treinta y cinco mil trescientos millones de pesos M/cte.»; expedido por el Concejo Municipal de Yopal, decisión que fue notificada por estado el 12 de septiembre de la presente anualidad.
Se advierte también que el municipio de Yopal interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la mencionada providencia, el primero de los cuales se resolvió auto del 9 de octubre de 2023 y el segundo se encuentra pendiente de decisión por parte del Tribunal Administrativo de Casanare. De tal manera que la Sala comparte el concepto emitido por el Ministerio Público, porque las tutelas acumuladas contra la providencia judicial no cumplen el requisito de subsidiariedad, pues el asunto está en trámite del recurso de apelación ante su Juez natural en sede del medio de control ordinario, el cual no se puede pretermitir por este mecanismo constitucional y los accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales que aducen trasgredidos.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Casanare, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la improcedencia de las acciones de tutela acumuladas interpuestas por Adela Condía García, Adriana Isabel Cachay Soler, Alcira Ramírez Cárdenas, Aleida Patricia López, Ana Ludys Rincón Rodríguez, Ana TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE 85001-2333-000-2023-00090-00 y 2023-00091-00 a 2023-0097-00 y 2023-00100-00 a 2023-00113-00) 14 Yasulen Rojas Cachay, Dayler Andrea Castellanos Hernández, Ruth Yeny Andrea Moreno Cañisales, Andrés Fernando Patiño Vargas, Bernarda Sandoval Niño, Blanca Mireya Robles Corredor, Brenda Zuley González Sierra, Claudia Liliana Chaparro Lozano, Dahicy Yuliza Bautista Mendoza, Daisy Magalvi Vianchá Benítez, Daniela Fernanda Fonseca Rodríguez, Debra Katalina Rivera Vargas, Derly Liliana Silva Rodríguez, Diana Paola Cerón Gómez, Diana Milena Vanegas Martínez, Diego Adolfo Ortegón Corredor y Dioselina Holguín contra el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a los sujetos procesales y personalmente al agente del Ministerio Público.
TERCERO: De no ser impugnada la decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez cobre ejecutoria la presente providencia, como lo dispone el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. (Aprobado en Sala extraordinaria del 7 de noviembre de 2023, acta No. 62)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente - SAMAI AURA PATRICIA LARA OJEDA Magistrada Firmado electrónicamente - SAMAI Firmado electrónicamente - SAMAI INÉS DEL PILAR NÚÑEZ CRUZ JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO Magistrada Magistrado CECP/KETC