SIGCMA-SGC Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Mag. Ponente. LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES Bucaramanga, seis (06) de mayo de dos mil veinticinco (2025) TUTELA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Link expediente digital: 680013333007-2025-00050-01 Radicado: 680013333007-2025-00050-01 Accionante: Alexander Gómez González, identificado con la c.c. No. 91.180.984 de Girón E – mail: cartera9515@gmail.com Accionada: Nación –Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Ejército Nacional e-mail; disan.juridica@buzonejercito.mil.co; direccion.dmbug@gmail.com; dmbug@buzonejercito.com; autorizacionesdmbug@gmail.com; archivocentral.dmbug@gmail.com; registrocoper@buzonejercito.mil.co; notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co Acción: Tutela Tema: Solicita la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y a la seguridad social, ante la negativa de expedir un acta de la auditoria adelantada en la Junta Medicó laboral / se confirma la sentencia de primera instancia por cuanto no se advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida en el asunto de la referencia, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025), allegada al despacho ponente de esta providencia el 28/03/2025 según muestra la actuación No. 2 aplicativo SAMAI.
I. LA DEMANDA A. Pretensiones (Samai índice 03 gestión en otras corporaciones) Solicita la parte accionante la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social. En consecuencia, solicita se ordene a la Nación –Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Ejército Nacional: Tribunal Administrativo de Santander.
Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 2 SIGCMA-SGC «(…) expedir y levantar acta de la etapa de auditoría y/o revisión conforme el procedimiento descrito en la Directiva 00215 del 2021 realizado a mi junta médico laboral No. 222926, en donde conste la intervención de los miembros de la junta médica y el médico revisor con sus respectivas firmas» B. Hechos Como fundamentos de sus pretensiones, la parte aquí accionante manifiesta en síntesis que, el 23.05.2024, le fue practicada la junta médico laboral militar de retiro para evaluar la disminución de su capacidad laboral.
Señala que, posterior a la Junta médica efectuada, se adelantó etapa de auditoria en virtud de la Directiva No. 00215 del 2021 del Ejercito Nacional que faculta a los médicos de corregir las decisiones de los miembros de la junta médica. Advierte que, en el lapso de 8 meses, no se dejó constancia ni acta respecto de la auditoria efectuada.
Refiere que, los resultados definitivos fueron notificados el día 21.02.2025, mediante Acta de Junta Medica No. 222926, sin que a la fecha conozca las actuaciones que se adelantaron en esta etapa de auditoría. Que, que, el 22.01.2025, radicó petición ante la entidad accionada, solicitando el levantamiento de acta de auditoría que plasme la intervención de los médicos revisores con sus respectivas firmas, a fin de conocer sus actuaciones en dicha etapa.
La petición fue resuelta en forma negativa, mediante oficio del 11.02.2025. razón por la cual considera que, se incumplió la Directiva No. 00215 de 2021, al no dejar constancia de las novedades encontradas en el acta de Junta Médica adelantada. II. INFORME DE LA AUTORIDAD ACCIONADA La Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad – Ejercito Nacional– índice 06 Samai gestión en otras Corporaciones- presenta el informe solicitado, en el cual indica que, no ha efectuado vulneración alguna a los derechos fundamentales del aquí accionante.
Explica que el señor Gómez González cuenta con una Junta Médico Laboral No. 116119 del 19 de mayo de 2020, notificada el 21 de febrero de 2025. La accionada explica que su actuación está enmarcada en la normatividad vigente, específicamente en los decretos 1795 y 1796 de 2000, que regulan la evaluación psicofísica del personal militar.
Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 3 SIGCMA-SGC Respecto a la solicitud del accionante sobre el levantamiento de las actas de auditoría de la Junta Médico Laboral, aclara que dichas actas no se registran en los sistemas digitales en uso y que los comentarios y recomendaciones realizadas en el proceso de auditoría son socializadas únicamente entre el cuerpo médico de la sala de juntas y los auditores.
Enfatiza que la función del médico revisor es verificar el cumplimiento del marco legal vigente, sin modificar las decisiones adoptadas por la Junta Médico Laboral. Refiere que la decisión de la Junta Médico Laboral es un acto administrativo definitivo que involucra una terna médica y auditores, por lo tanto, no es posible modificar sus decisiones sin el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
Alega la improcedencia de la presente tutela por la existencia de otros mecanismos judiciales idóneos. Por ello, solicita su rechazo y, en caso de haberse emitido un fallo adverso, se considere este escrito como recurso de impugnación. III. LA SENTENCIA IMPUGNADA (índice 09 Samai de origen) Es proferida el 18 de marzo de 2025, y se resuelve no amparar los derechos fundamentales invocados.
El juez de primera instancia concluye que según la Directiva Permanente No. 00215 de 2021 y la ficha técnica del 21.09.2021, sobre Juntas Médicas de Retiro, la auditoría tiene como fin verificar y corroborar lo decidido por la Junta Médico Laboral, permitiendo correcciones formales sin alterar el fondo de la decisión. Asimismo, establece que, en caso de hallarse novedades, estas deben ser anotadas para su validación por las autoridades médico-laborales, sin que sea obligatorio levantar un acta específica dentro de dicha fase.
Refiere que, no se evidenciaron novedades durante la auditoría que justificaran una anotación, por lo que no existe omisión alguna por parte del Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, ni se vulneraron los derechos fundamentales alegados. Además, se aclara que la auditoría no tiene competencia para modificar las decisiones de la Junta Médico Laboral ni para sugerir cambios sustanciales.
Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 4 SIGCMA-SGC Por último, se indica que, si el accionante no está conforme con la decisión de la Junta, tiene la posibilidad de objetarla ante el Tribunal Médico Laboral, conforme al Decreto 1796 de 2000.
IV. LA IMPUGNACIÓN (índice 09 Samai de origen) El accionante en su escrito recursivo sostiene que, la falta de expedición de un acta o constancia sobre la etapa de auditoría de la Junta Médico Laboral de Retiro practicada el 23.05.2024, vulnera sus derechos fundamentales al acceso a la información, al debido proceso y a la seguridad social.
En primer lugar, afirma que, se le impide conocer información clave del procedimiento, como posibles correcciones del médico auditor, lo que afecta su derecho a acceder a datos relevantes del proceso. En segundo lugar, la imposibilidad de conocer detalles del trámite restringe su derecho al debido proceso, ya que limita su capacidad de controvertir y ejercer defensa frente a las decisiones tomadas por la Junta.
Finalmente, se afecta su derecho a la seguridad social, dado que cualquier modificación no informada en la evaluación de su capacidad laboral impacta directamente en el reconocimiento de prestaciones e indemnizaciones derivadas de su servicio en las Fuerzas Militares. En consecuencia, solicita se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar, ordenar a la entidad accionada, expedir el acta correspondiente a la etapa de auditoría y/o revisión realizada sobre la Junta Médico Laboral No. 222926, conforme al procedimiento establecido en la Directiva 00215 de 2021..
V. CONSIDERACIONES A. Acerca de la competencia Recae en esta Corporación, según lo previsto en el art. 1° del Decreto 1382 de 2000 y el art. 37 del Decreto 2591 de 1991. De otra parte, el recurso fue interpuesto oportunamente por la parte accionante. B. El Problema Jurídico en esta instancia Con base en la reseña que antecede y, especialmente, en el escrito de impugnación presentado, esta Sala plantea y resuelve el siguiente punto jurídico: PJ1.
¿La entidad accionada vulnera los derechos fundamentales de acceso a la información, al debido proceso y a la seguridad social del señor Gómez Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 5 SIGCMA-SGC González, al negarse a acreditar, mediante el acta correspondiente, la auditoría practicada a la Junta Médico Laboral de Retiro, identificada con el número 222926? Tesis: No Fundamento jurídico: La Sala no advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que no se establece ninguna obligación por parte de los revisores de consignar formalmente la auditoría efectuada sobre las Juntas Médico Laborales.
Tal actuación no está contemplada en el procedimiento normativo aplicable, el cual se limita a verificar la conformidad de las actuaciones con las disposiciones legales pertinentes, sin que sea requisito formal la elaboración de un acta que documente dicha auditoría. Debido proceso administrativo en la emisión de dictámenes y calificaciones de pérdida de capacidad laboral Se parte desde la base del art. 29 de la Constitución Política, que prevé como regla general que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
La Corte ha definido la calificación de pérdida de capacidad laboral como la evaluación técnica realizada por expertos para establecer el grado de afectación física o mental de una persona, ya sea por enfermedad o accidente, sin importar su origen. Esta valoración debe basarse en criterios científicos y técnicos, y reflejar fielmente el estado de salud del evaluado.
Los dictámenes no pueden ser formularios genéricos; cada aspecto evaluado debe estar debidamente justificado con fundamentos médicos o técnicos. Cuando estos dictámenes vulneran el debido proceso o los derechos fundamentales, la Corte ha anulado sus efectos o ha ordenado una nueva valoración adecuada y fundamentada. Además, la H. Corte Constitucional en sentencia T -399 de 2020, reitero los parámetros fijados para la validez de estos dictámenes, y sin la observancia de estos constituye una vulneración al debido proceso: «(…) 43.1.
Deben contener los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión. 43.2. La fecha de estructuración debe establecerse con base en las pruebas respectivas. Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 6 SIGCMA-SGC 43.3.
Deben fijar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de acuerdo con el procedimiento de calificación de invalidez establecido y deben tener en cuenta todas las patologías relevantes. 43.4. La valoración del estado de salud del calificado debe ser completa e integral, por lo que las autoridades médico laborales están obligadas a sustanciar y elaborar la respectiva ponencia del dictamen, en la cual deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica del paciente. 43.5.
El interesado debe tener derecho a controvertir la calificación o valoración de su pérdida de capacidad laboral.» Del derecho de petición y derecho al acceso a la información. El artículo 23 de la Constitución de 1991, consagra el derecho de petición como un derecho fundamental, donde cualquier persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta.
El H. Consejo de Estado, respecto a los eventos en que se incurre violación al derecho de petición, ha manifestado que: “La Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular.
Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta (i) debe ser oportuna, (ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición1”.
Por su parte, y en lo que respecta al derecho al acceso de la información la H. Corte Constitucional ha sostenido que; «tendrán el carácter de documentos públicos aquellos que estén relacionados con el cumplimiento de la prestación del servicio público que le corresponda por ley, al igual que los que sean producto del ejercicio 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla, Sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003), Radicación Número: 25000-23-26-000-2003-1582-01.
Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 7 SIGCMA-SGC de prerrogativas propias de una entidad pública. Respecto de estos documentos el ciudadano tendrá la posibilidad de acceder a ellos en cuanto son de público conocimiento, salvo que exista una reserva expresa consagrada en una norma legal.2» negrilla fuera de texto Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha destacado la conexión entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, señalando que la Constitución reconoce explícitamente ambos como derechos fundamentales: el derecho al acceso a la información pública (artículo 74 de la Constitución) y el derecho de petición (artículo 23 de la Constitución).
Estos derechos son herramientas cruciales para garantizar los principios de transparencia y publicidad de las acciones del Estado. La Corte ha enfatizado que estos derechos son mecanismos esenciales para asegurar la publicidad y transparencia, sirviendo además como una protección fundamental contra la arbitrariedad estatal y como bases para el ejercicio de los derechos políticos.
Por ello, las limitaciones a estos derechos deben cumplir con estrictos requisitos constitucionales, y cualquier norma que busque restringirlos debe ser evaluada con un rigor constitucional extremo. De la seguridad social en relación con la junta médica laboral fuerzas militares. La H. Corte Constitucional en sentencia T-249 de 2021, indico que, el artículo 48 de la Constitución reconoce la seguridad social como un derecho fundamental y un servicio público obligatorio, bajo control del Estado, que debe prestarse con eficiencia, universalidad y solidaridad.
Su finalidad es proteger a las personas frente a riesgos sociales, asegurando una subsistencia digna. La calificación de pérdida de capacidad laboral es clave para acceder a prestaciones relacionadas con otros derechos fundamentales como la salud y el mínimo vital, ya que determina los beneficios a los que una persona puede acceder tras una enfermedad o accidente.
En el caso de los miembros de las Fuerzas Militares, la Constitución establece un régimen especial prestacional y salarial, fuera del Sistema General de Seguridad Social. Este régimen no vulnera el principio de igualdad, ya que responde a las condiciones particulares de sus funciones y busca proteger sus derechos adquiridos. 2 Corte Constitucional sentencia T -181 de 2014 Tribunal Administrativo de Santander.
Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 8 SIGCMA-SGC En conclusión, la seguridad social y la calificación de pérdida de capacidad laboral están estrechamente ligadas, especialmente en el régimen especial que protege a los integrantes de la Fuerza Pública. C. Análisis de las Pruebas de cara a la normatividad reseñada en el acápite anterior 1.
El derecho de petición presentado por la parte accionante; el 22 de enero de 2025, – índice 03, doc. 03 Samai de origen-; «(…)
PRIMERO: Solicito respetuosamente a los señores DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL y JEFE DE MEDICINA LABORAL DEL EJERCITO NACIONAL, en virtud de la auditoria de junta medica contemplada en la directiva permanente 00215 del 2021, se levante acta de auditoría de junta medica que me fue practicada el día 23 de mayo del 2024, en la cual intervengan los miembros de la junta medico laboral y los médicos revisores con sus respectivas firmas, con el propósito que la misma repose en mi expediente medico laboral y me permita conocer las actuaciones que se adelantaron en esta etapa del proceso, en la cual existen claras facultades para corregir las decisiones que la junta medico laboral haya determinado con respecto a mi calificación de disminución de perdida de la capacidad laboral. » 2.
Que, mediante oficio No. 2025325000325211: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.10 de fecha 11.02.2025, la Nación- Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Dirección de Sanidad da contestación a la petición elevada por el accionante– índice 03 Doc.03 folio 5 a 6 Samai - textualmente responde; «(…) se informa que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1796 del 20001, el Acto Administrativo de Junta Medica Laboral, corresponde a un análisis acucioso por parte de tres (3) médicos de la Dirección de Sanidad del Ejército (Autoridad Médico Laboral), quienes de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable)2, realizan una valoración de la aptitud psicofísica del personal uniformado bajo criterios laborales y de salud ocupacional.
Por cuanto, atendiendo a la particularidad del proceso medico laboral, (el cual no se trata de la expedición de un simple concepto médico, si no de un verdadero acto administrativo en el que se expresa la voluntad definitiva de la administración; y crea o extingue obligaciones), todas las actuaciones y decisiones adoptadas, en pro de emitir acta de junta médico laboral, no solo están en cabeza de la terna médico laboral sino también de otras autoridades especialistas.
Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 9 SIGCMA-SGC Así las cosas, se informa que de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 00215 del 2021, la función del médico revisor corresponde, a realizar un proceso de auditoria médica a las juntas medicas realizadas en salas, para verificar y corroborar que lo determinado y calificado en dichas juntas, se encuentre ceñido al marco legal vigente (Decreto 1796 del 2000), respetando la decisión de la Junta Medica; lo cual no implica realizar modificaciones a las decisiones adoptadas.
En consecuencia, las decisiones adoptadas en junta medico laboral, por parte de las autoridades médicas (terna médica que realiza la junta y médicos revisores), son concertadas y finalmente plasmadas en el acta definitiva de junta médico laboral; por lo cual, no es posible acceder favorablemente a su solicitud, como quiera que los comentarios y recomendaciones realizadas en el proceso de auditoría de junta médica, no son registradas en ninguno de los sistemas digitales en uso de esta gestión, únicamente son socializadas entre el cuerpo médico de sala de juntas y los auditores» 3.
De la Junta médico laboral de retiro realizada al aquí accionante: obra Acta de Junta Médico Laboral No. 222926 de fecha 23 de mayo de 2025, notificada el 21 de febrero de 2025. Se advierte además que, el acto administrativo de la referencia se encuentra suscrito por la My. Yohana Patricia Castaño Pretelt, en calidad de Revisora del Acta de Junta Médica Laboral.
(índice 03 Doc.03 folio 7 a 16 Samai gestión en otras corporaciones) De las pruebas analizadas y de cara al fundamento jurídico expuesto en el acápite anterior, advierte la Sala que no se configura vulneración alguna a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y a la seguridad social del accionante, con ocasión de la negativa dada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, respecto de la elaboración de un documento que consigne las actuaciones adelantadas en la etapa de auditoría practicada sobre la Junta Médico Laboral de Retiro consignada en el Acta No. 222926 del 23 de mayo de 2024.
Al respecto, la Sala concuerda con el a quo al señalar que no existe una disposición legal que establezca, como requisito, la elaboración de actas en el marco del procedimiento de auditoría aplicado a las Juntas Médico Laborales del Ejército Nacional. Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 10 SIGCMA-SGC En la mencionada Directiva Permanente No. 00215 de 2021, se establece que: […] Se realiza auditoría médica por un equipo de profesionales Especializados, a las juntas médicas realizadas en salas, para verificar y corroborar lo determinado y calificado al usuario y generar las correcciones necesarias, respetando la decisión de la Junta.» Lo anterior indica que la auditoría para las Juntas Médicas Laborales, debe ser llevada a cabo por un equipo especializado, y tiene como objetivos verificar, corroborar y, en caso necesario, corregir lo determinado por la junta, respetando la decisión adoptada por la Junta médico laboral.
Ahora bien, en la ficha técnica directiva del 21 de septiembre de 20213, que alude el aquí accionante como inobservada, se establece de manera inequívoca que, en caso de identificarse novedades durante la auditoría, deberá dejarse constancia mediante la anotación correspondiente. Por lo tanto, en el caso bajo análisis, al no haberse detectado irregularidades que debieran ser informadas, no se generó anotación alguna en el acta, lo cual no contraviene disposición legal alguna ni constituye vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
No obstante, lo anterior, es pertinente advertir que, en caso de no estar conforme con la decisión proferida por la Junta Médico Laboral, el accionante podrá hacer uso del recurso de solicitud de convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, conforme a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Séptimo Administrativo de Bucaramanga En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. 3 […] Procedimiento: Revisión junta médico laboral y notificación. I. Tener en cuenta que si se encuentran novedades en el acta de junta médica laboral se procederán a anotar las observaciones y que sean validadas por autoridades médico laborales de la sala de juntas donde se realizó la respectiva junta médica.» Tribunal Administrativo de Santander.
Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333007-2025-00050-01 11 SIGCMA-SGC Segundo. Notificar el presente fallo por el medio más expedito o en la forma señalada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Comunicar la presente decisión al juzgado de origen. Cuarto. Remitir por la Secretaría de la Corporación el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez ejecutoriada esta decisión, en concordancia con lo establecido en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 y PCSJA20- 11521 del mes de marzo de 2020, proferidos por el Consejo Superior De La Judicatura.
Notifíquese y Cúmplase. Aprobado virtualmente en herramienta Teams. Acta No. 00/2025 Los Magistrados, [Firma electrónica] LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES Ponente [ausente con permiso] IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA Magistrado [Firma electrónica] CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE Magistrada Constancia: Esta providencia se firmó electrónicamente en el Tribunal Administrativo de Santander, SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el art. 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 46 de la Ley 2080 de 2021.