73001-33-33-003-2023-00056-01 · Administrative Court of Tribunal Administrativo del Tolima

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Apoderado: Jonathan Velásquez Sepúlveda Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Apoderado: Natalia Saiz Botero Tema: Bonificación Judicial La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de febrero del 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La Demanda. (Documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital). La demandante por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (Fls. 4 a 5, documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital).

Como pretensiones solicitó: 1. Declarar la nulidad del Oficio No. DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial. 2. Declarar la nulidad de la Resolución No. RH6490 del 15 de diciembre del 2022, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con ocasión del recurso de apelación interpuesto el 18 de noviembre del 2022 con el Acto Administrativo antes referenciado.

A título de restablecimiento del derecho 1. Que se declare la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad, respecto a los artículos 1 del Decreto 383 de 2013, en especial el aparte del Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial artículo 1° en cuanto a la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por ser violatorio de algunas normas de carácter superior; modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 384 de 2013, 342 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022. 2.

Se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro. 3. Se condene a la entidad demandada a pagar con efecto retroactivo la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas por ella con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, desde el 3 de marzo del 2022 hasta que se haga efectivo el pago. 4.

Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean debidamente indexadas de acuerdo al IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. 5. Se condene a la demandada a que cancele a la demandante los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia, conforme a los artículos 192 y 195 del C. de P.A y de lo C.A. Hechos.

(Fls 3 a 4, documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso: 1. La demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial en la seccional de Administración Judicial de Ibagué, desempeñando los siguientes cargos: • Asistente Administrativo: Desde el 3 de marzo del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. • Asistente Administrativo: Desde el 2 de enero del 2023 hasta la fecha. 2.

El 31 de octubre del 2022, la demandante presentó la reclamación administrativa en la que solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, creada mediante Decreto 383 de 2013, para reliquidar todas las prestaciones devengadas y las que se causen a futuro, percibidas desde el 3 de marzo del 2022, junto con los demás emolumentos a los cuales tiene derecho la demandante. 3.

A través de Oficio No. DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022, la entidad demandada negó las peticiones solicitadas, al considerar que la entidad como autoridad administrativa están sometidos al imperio de la Ley y obligados a aplicar las normas vigentes, manifestando que los Decretos que crean la bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial se presume legal y de obligatorio cumplimiento, por tal razón indicó que no era viable acceder a las pretensiones. 4.

Frente a la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación el 18 de noviembre de 2022, el cual fue resuelto por medio de la Resolución No. RH-6490 del 15 de diciembre del 2022, en el que se confirmó la decisión emitida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué de la entidad demandada Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el Oficio antes mencionado.

Normas violadas y concepto de la violación. (Fls. 4 a 5, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital). Adujo como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83 y 93 de la Constitución Política; las Leyes 54 de 1962, 6 de 1972, 50 de 1990, 4° de 1992, 319 de 1996, 1496 de 2011 y el artículo 127 del C.S del T. De las disposiciones reglamentarias el Acta de acuerdo del 6 de noviembre del 2012 y los Decretos 1950 de 1973, artículo 8, 717 de 1978, artículo 12 y 1042 de 1978, en su artículo 42.

Como concepto de violación, indicó que la Bonificación Judicial se creó para nivelar los salarios de los servidores públicos de la Rama Judicial, y que desde la promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según lo dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales", respetando los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los especiales.

Sostuvo que los efectos de esta bonificación han alterado la base prestacional del demandante. Alegó que el Decreto 383 de 2013 regula la Bonificación Judicial como un emolumento prestacional mensual, constituyendo factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud.

Sin embargo, afirmó que esta normativa vulnera los derechos laborales y prestacionales, por cuanto la bonificación solo se tiene en cuenta para realizar los descuentos de salud y pensión, y no se incluye en la liquidación de las demás prestaciones sociales y salariales. Señaló que se tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en el C.S del T, en su artículo 127, el cual manifiesta que salario lo constituye todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, como lo son primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, porcentajes sobreventas, comisiones, valor de trabajo en días de descanso y otros emolumentos.

Contestación de la demanda. Por auto de 31 de marzo de 2023, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada. (documento 024AutoAdmiteM008AdmitePdf, expediente Digital). Surtida la notificación, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (Documento 7_RecepcionMemorial_011Contestacion3202.Pdf, expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, el apoderado judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló la sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley.

Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es posible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3. Por esta razón, se opone a dicha condena, porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias.

Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional. Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Además, hizo referencia nuevamente a las sentencias C-279 de 1996 proferida por la Corte Constitucional relacionada con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario. Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados, y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989.

Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de 2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002. Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido, propuso como excepciones: i) Prescripción; ii) Inexistencia de perjuicios y cobro de lo no debido; iii) Innominada o genérica. La sentencia apelada.

(Documento 022SentenciaDePr202300056SentenciaDeMerito.Pdf, expediente digital). Es la proferida el 23 de febrero del 2024 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i). Inaplicar por inconstitucional e ilegal la palabra “Únicamente” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales; ii).

Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022, expedido por la entidad demandada y la Resolución No. RH-6490 del 15 de Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial diciembre del 2022 que resolvió el recurso de apelación en contra del acto administrativo demandado; iii).

Condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar a la demandante, las diferencias derivadas de la liquidación de todas las prestaciones sociales pagadas y causadas, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 3 de marzo de 2022 (Fecha de vinculación a la entidad); iv). Condenar a la entidad demandada a actualizar el valor de los dineros adeudados en términos del artículo 187 del C. de P.A y de lo C.A; v) A la sentencia se le dará cumplimiento de acuerdo con lo previsto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; vi).

Condenar en costas a la Rama Judicial, se fija como agencias en derecho la suma de Un Millón de Pesos ($1.000.000). Para llegar a la anterior decisión, el Juez de instancia concluyó que se accedería a las pretensiones demandadas que iban dirigidas a obtener la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial, inaplicando para el caso en concreto y en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, la expresión “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, teniendo en cuenta que la referida bonificación judicial reúne todos los requisitos de salario, debido a que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones judiciales.

En el análisis factico del caso, consideró que, de acuerdo con los medios de prueba aportados al proceso, como las certificaciones laborales y el contenido del acto administrativo demandado, se acredita que desde el 2013, la entidad demandada no consideró la bonificación judicial como parte del salario de la demandante. La administración liquidó sus prestaciones sociales y salariales con un salario básico reducido al no incluir dicha bonificación como factor salarial, desconociendo así lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

Recurso de apelación -parte demandante. (Documento 024RecursoDeApelaciónParteDemandante.Pdf, expediente digital). El apodero judicial de la demandante, en desacuerdo con la decisión del Juzgado de primera instancia, manifestó que, a pesar de que el Juez de instancia accedió a las pretensiones casi en su totalidad, resolvió ordenar que se realizara los descuentos por concepto de aportes a salud y pensión, siendo este único aspecto del cual se difiere en relación con el fallo dictado, así las cosas, su fundamento tuvo como base el artículo 1 del Decreto 383 del 2013, el cual indica que, “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, de esa manera, señaló que lo correspondiente a la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial al momento de efectuar las correspondientes cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, son derechos que han sido garantizados a la demandante.

Por lo tanto, no es dable realizar descuentos por concepto de aportes a pensión y salud por concepto de la bonificación judicial que ello ha sido efectuado por la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 383 de 2013. Recurso de apelación – parte demandada. (Documento 027RecursoDeApelaciónDeLaRamaJudicial.Pdf, expediente digital).

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3; por esta razón, se opone a dicha condena, porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias.

Además, hizo referencia nuevamente a la sentencia C-337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario. Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados, y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989.

Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de 2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002 en sus artículos 22 y 23. Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido y solicitó analizar si el Juez de instancia pudo incurrir en un fallo extra petita, de ser así, que se negara todo derecho que no sea congruente con lo negado en el oficio por el cual se niega la reclamación administrativa, toda vez que en el numeral sexto se están reconociendo derechos futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Documento 22_AutoAdmiteRec_730013333300320230005_0_20250221102733961.Pdf, expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Durante el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso. El apoderado judicial de la parte demandante solicitó que se considerara su inconformidad con el numeral 3° de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el que se ordenó que se debían realizar descuentos por concepto de aporte de salud y pensión, aspecto del cual difirió, puesto que, manifestó que la bonificación judicial que perciben los servidores de la Rama Judicial, solo se tuvo en cuenta como factor salarial para los aportes al Sistema general en Salud y Pensión, la cual fue objeto de la demanda para que fuese tenida en cuenta como factor salarial al momento de liquidar la totalidad de las prestaciones percibidas por la demandante.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión. Ministerio público. No presentó concepto. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar, si la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquidar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidor de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 23 de febrero del 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1. 1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA;

Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”. número: 81001-23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-23- 31- 000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia. Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA;

Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001-23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO;

Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000-23-27-000-2007- 00024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ;

Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000-23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ;

Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001-23- 31-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA;

Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000- 23- 24-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN;

Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00- 000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7. 4 Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-2002- 01834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación- Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular. 6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.” 7 Sentencia T-389-09. Referencia: expediente T-1400804, Acción de tutela instaurada por ADRIÁN ESTEBAN LÓPEZ JIMÉNEZ contra Tribunal Superior de Valledupar -Sala Penal-, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO;

Sentencia del 28 de mayo de 2009. Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª. de 1913, Demandante: Ramón Esteban Laborde Rubio, Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA; Sentencia del 26 de enero de 2000. Sentencia SU-132-13. Referencia: expediente T-3.536.944, Acción de tutela instaurada por Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA;

Sentencia del 13 de marzo de 2013. Sentencia T-178 de 2012. Véase también en Sentencias como la T-172 de 2012, T-118 de 2012, SU-448 de 2011, T-018 de 2011, T-786 de 2011, T-033 de 2010, T-217 de 2010, T-976 de 2008, T-808 de 2007, T-047 de 2005, SU-159 de 2002, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ;

Sentencia del 18 de julio de 2018, Radicación número: 73001- 23-33-000-2014-00580-01 (4961-15) CE-SUJ2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, Trámite: Asunto: Sentencia de unificación sanción moratoria por pago tardío de las cesantías – Aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial.

Consejo de Estado en providencia del 11 de noviembre del 2010, proferida dentro del Expediente con Rad. No. 66001-23-31-000- 2007-00070-01, Consejera Ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. En ésta Corporación, Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por ello se sabe, “EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto y alcance La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”.

En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política. DEFECTO SUSTANTIVO POR INAPLICACIÓN DE EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental.

Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la misma.”8.

Marco normativo y jurisprudencial De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 16, literal e) de la Constitución Política, el Congreso de la República a través de la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, entre otros.

En uso de las referidas atribuciones el Gobierno Nacional expidió el Decreto 057 de 19939. De ello se desprende que en la Rama Judicial coexisten dos regímenes salariales y prestacionales que regulan la situación laboral de sus trabajadores, a saber10: - Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ;

Sentencias de marzo de 2024, Radicación: 73001-33-33-011-2018-00185-01, Excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad, Interno: 2022-00302, Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Demandante: Diego Alexander Galicia Virviescas, Demandado: Nación – Rama Judicial, Referencia: Apelación de sentencia. - 73001-33-33-005-2018-00119-02 del 13 de diciembre de 2024, Magistrado Ponente: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA. 8 Sentencia SU-132-13.

Referencia: expediente T-3.536.944, Acción de tutela instaurada por Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA;

Sentencia del 13 de marzo de 2013. 9 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar…”. 10 Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado ponente: Luis Eduardo Collazos Olaya; Sentencia del 22 de julio de 2020, radicación número: 73001-33-33-752-2015-00203-02, Demandante: Dilia Oviedo Gutiérrez y otros, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de la bonificación judicial contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013.

El régimen salarial y prestacional adoptado a partir de la expedición del Decreto 057 de 1993, el cual se aplica de manera obligatoria para quienes se vincularon a la Rama Judicial a partir del primero de enero de 1993, o para quienes habiendo ingresado antes de dicha fecha, decidieran acogerse al nuevo régimen. Ahora, con la expedición del Decreto 383 de 2013 se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en los siguientes términos: “Artículo 1°.

Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.” Por su parte, el artículo segundo de la misma disposición, establece: “ARTÍCULO 2°.

Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

Ahora bien, el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en diversas sentencias judiciales11 se justificó porque cumple con los elementos constitutivos de salario al ser un pago habitual y permanente. En efecto, la 11 Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, Conjuez Ponente: Carmenza Elvira Ramírez Cruz;

Sentencia del 24 de octubre de 2024, Radicación número: 73001-33-33-001-2020-00058-02, Demandante: Marleny Susa de Tocora, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué -Tolima, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de bonificación judicial.

Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, Conjuez Ponente: Benjamín Cárdenas Cruz; Sentencia del 6 de noviembre de 2024, Radicación número: 73001-33-33-009-2019-00042-00, Demandante: Orlando Rozo Duarte, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué -Tolima, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de bonificación judicial.

Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, Sentencia del 28 de abril de 2023, radicación número: 73001-33-33-002-2019-00054-00, Demandante: Luis Carlos García Aranda, Demandado: Nación -Rama Judicial, Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: Bonificación Judicial de que trata el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; Magistrada Ponente: María Eugenia Clavijo Aristizábal; Sentencia del 28 de septiembre de 2023, Radicación: 73001-33-33-008-2018-00167-01. Tribunal Administrativo del Valle, Magistrado Ponente: Gonzalo Perdomo Cabrera; Sentencias del 17 de octubre de 2023, Radicaciones: 73001-33-33-008-2018-00369-01; 73001-33-33-007-2018-00170-01; 73001- 33-33-008-2018-00002-01; y 73001-33-33-008-2020-00141-01.

Tribunal Administrativo del Valle, Magistrado Ponente: Diego León Gómez Martínez; Sentencias del 30 de octubre de 2023, Radicaciones:73001-33-33-008-2019-00027-01 y 73001-33-33-008-2019-00108-01. Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial bonificación fue creada por el Decreto 383 de 2013 para los empleados de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, estableciendo su pago mensual desde el 1 de enero de 2013.

Aunque el decreto limitó su naturaleza salarial únicamente para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, esta disposición fue considerada contraria a la Constitución y a las leyes laborales, ya que desvirtúa el principio de que todo ingreso habitual forma parte del salario para efectos prestacionales.

De tal manera, argumentó que la exclusión de la bonificación judicial de las prestaciones sociales desconoce principios fundamentales como la igualdad y la protección de los derechos laborales; resaltó que esta bonificación es una retribución directa por el trabajo, lo que refuerza su carácter salarial. Asimismo, consideró ilegal que el Decreto limite su reconocimiento únicamente a ciertos efectos, dado que su naturaleza habitual implica que debe ser incluida en la liquidación de prestaciones sociales, como primas, cesantías y demás emolumentos laborales.

Por lo tanto, la restricción impuesta por el decreto no se ajusta a los principios de legalidad y favorabilidad establecidos en el ordenamiento jurídico. Por otra parte, este Tribunal Administrativo12 en un caso similar al que nos ocupa ya que se discutió la procedencia de la bonificación judicial, reiteró que a la fecha no existe una postura unificada sobre la controversia relativa a si esta bonificación constituye o no factor salarial para liquidar prestaciones sociales; sin embargo, consideró que no existe un argumento fuerte para desestimar las pretensiones de la demanda.

Aunado a ello, si bien el legislador goza de cierta libertad para determinar qué elementos constituyen el salario, tal libertad no es absoluta, es decir, que la misma se encuentra restringida por los principios constitucionales generales y por unos elementos estructurales de la noción de salario que reposan en la Constitución. De tal manera, avizoró que el Gobierno Nacional cercenó los efectos salariales a la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, limitando el factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema de seguridad social en pensiones y salud.

Tal limitación contrasta directamente con el concepto de salario desarrollado de manera concordante por la jurisprudencia de las altas cortes y el Convenio 95 de la OIT, pues estos han sido claros en manifestar que la naturaleza salarial de un emolumento se deriva del carácter retributivo o remuneratorio del servicio prestado por el empleado, independientemente del título o la forma en que se estipule, pues en virtud del principio de realidad sobre las formas, tanto el legislador como el Gobierno Nacional deben atender a la finalidad de la acreencia laboral que se va a desarrollar.

Adicionalmente, se precisa que el Honorable Consejo de Estado13 refirió que existe una sólida línea jurisprudencial creada por nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha bonificación al analizar el concepto de salario, la noción 12 Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado Ponente: José Aleth Ruiz Castro;

Sentencia del 21 de febrero de 2021, Radicación número: 73001-33-33-003-2016-00296-02 (0037-2020), medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, Demandante: José Ignacio Barbosa Pérez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Asunto: reconocimiento y pago de prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala de Conjueces, Conjuez ponente: Sol Marina De La Rosa;

Sentencia del 21 de noviembre de 2022, radicación número 76001-23-33- 000-2016-01332-01 (66117), Demandante: Diana Patricia Guerrero Zapata y otros, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Referencia: medio de control de Reparación de los perjuicios Causados a un Grupo, Asunto: Decisión de reemplazo en cumplimiento de sentencia de tutela con radicación 11001-03-15-000-2022-05113-00 / Bonificación judicial.

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana, y la jurisprudencia de las altas cortes, indicando que, el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador.

Por ello, tuvo que la Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, pues es una retribución directa por sus servicios, incluidas las bonificaciones habituales.

Bajo esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia del Consejo de Estado14, Sala de Conjueces se ha pronunciado en asuntos similares al presente, cuyo análisis se orientó a establecer la naturaleza jurídica del Decreto 382 de 2013 que reconoció una bonificación salarial en favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, y si dicha bonificación es constitutiva o no de factor salarial, realizando precisiones relevantes: La Ley 4 de 1992 estableció las normas, objetivos y criterios que el Gobierno Nacional debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, como lo señaló en los artículos 14 y 15.

El parágrafo del artículo 14 dispuso que se revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. De manera que al establecerse que la revisión se haría en esos términos, el Gobierno Nacional debió sujetarse a lo establecido en la ley, nivelación o reclasificación, que conlleva el incremento salarial, y no solo a crear una bonificación ajena a salario y restringida como factor salarial para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud15.

La bonificación judicial se creó para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, por lo que desconocer esa finalidad, implicaría ignorar los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y los principios constitucionales como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados en el artículo 53 de la Constitución Política16.

De acuerdo con la ley laboral colombiana, salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual, incluidas las bonificaciones judiciales, y no por mera liberalidad del empleador. La bonificación judicial es continua, permanente y una retribución directa al trabajo, y reúne todos los requisitos para constituirse como salario, por lo que no se puede sustraer como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los empleados17.

Caso Concreto. Dentro del presente caso, la demandante interpuso medio de control de nulidad y 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala de Conjueces, Conjuez ponente: Sol Marina De La Rosa; Sentencia del 21 de noviembre de 2022, radicación número 76001-23-33- 000-2016-01332-01 (66117), Demandante: Diana Patricia Guerrero Zapata y otros, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Referencia: medio de control de Reparación de los perjuicios Causados a un Grupo, Asunto: Decisión de reemplazo en cumplimiento de sentencia de tutela con radicación 11001-03-15-000-2022-05113-00 / Bonificación judicial. 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem.

DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022, y de la Resolución No. RH6490 del 15 de diciembre de 2022. A título de restablecimiento, exigió reconocer y reliquidar la bonificación judicial como factor salarial, integrándola en las prestaciones sociales y demás emolumentos prestacionales; también solicitó actualizar las sumas insolutas conforme al IPC, el pago de intereses legales y moratorios.

Por su parte, en sentencia del 23 de febrero del 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, declaró la nulidad del oficio Nro. DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022 y de la Resolución No. RH6490 del 15 de diciembre de 2022. A título de restablecimiento del derecho, declaró la nulidad de dichos oficios y condenó a la Rama Judicial a reconocer, reliquidar y pagar a la demandante la bonificación judicial como factor salarial a partir del 3 de marzo de 2022 fecha de vinculación laboral a la entidad hasta que perdure la misma con la Rama Judicial, así como a actualizar las sumas conforme al IPC.

El juez concluyó que el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 vulnera el principio de legalidad al limitar indebidamente el concepto de salario. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló la sentencia, argumentando que reconocer la bonificación como salarial contraviene la ley, según lo regulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales además no han sido declarados nulos, y, por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad.

Señaló que la Dirección Ejecutiva ha aplicado correctamente dichas normas y se opone a lo pretendido, para evitar desacato al ordenamiento legal vigente y sus consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Destacó la imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones de la demandante, pues los valores solicitados no están presupuestados y podrían contravenir el Decreto 111 de 1986 y la Ley 38 de 1989, concluyendo que sin disponibilidad presupuestal la administración judicial no puede generar pagos adicionales.

Hechos probados: Como circunstancias fácticas, la Sala de Decisión se atendrá a la información contenida documentalmente en el expediente, que no fue tachada de falsa, y encuentra probado lo siguiente: • Reclamación Administrativa interpuesta por la demandante el 31 de octubre de 2022, dirigido a la Rama Judicial para solicitar el pago de la bonificación judicial y que se le reliquide desde el 1 de enero del 2013 hasta que perdure su vinculación laboral con la demandada y se reliquide las prestaciones sociales y demás emolumentos a los cuales tiene derecho (Documento Pruebas, Subcarpeta Reclamación.Pdf, expediente digital). • Oficio DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre de 2022, expedido por la entidad demandada, en este se da respuesta negativa a la solicitud elevada por Vivían Lizeth Camargo Montiel por medio de apoderado el 31 de octubre del 2022 frente a la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, afirmando que, esta prestación solo constituye factor salarial para efectos de determinar la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social.

(Documento Pruebas, Subcarpeta OficioDesajibo22-1159de2022RespuestaPeticiónVivianLizethCamargoMontiel.Pdf, expediente digital). Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial • Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante el 18 de noviembre del 2022, contra el Acto Administrativo DSAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022 por medio del cual se denegó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial; lo anterior, prueba que la demandante recurrió el acto administrativo proferido por la demandada, alegando que la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 constituye factor salarial, no se aportó al expediente acto administrativo que resolviera el recurso de apelación señalado (Documento Pruebas, Subcarpeta RecursoApelación.Pdf, expediente digital). • Resolución No. RH6490 del 15 de diciembre del 2022, expedida por la entidad demandada, en el cual se revuelve el derecho de petición ya referenciado que elevó la demandante, en el que se confirma las decisiones que se emitieron por parte de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de la Rama Judicial de no acceder a las pretensiones (Documento Pruebas, Subcarpeta Res.No.RH-6490-2022.Pdf,expediente digital). • Certificado laboral emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Seccionales de la entidad demandada, en el cual se hace constar que la demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 3 de marzo del 2022, los cargos desempeñados y el valor que devengaba como asignación básica.

(Fl. 10 a 16, documento 6_RecepcionMemorial_012ContestacionyExce.Pdf, expediente digital). El litigio propiamente dicho. La apelación interpuesta por la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de fundamento jurídico, y debe ser desestimada en su totalidad tal y como se entrará a explicar. Si bien es cierto que la Ley 4 de 1992 otorgó al Presidente de la República las facultades para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, también lo es que los actos administrativos proferidos en virtud de esa ley deben estar encaminados a cumplir con los fines y propósitos de la Constitución Política y la ley.

En ese sentido, el Decreto 383 de 2013 al regular derechos laborales, debió estar sujeto a los principios normativos que desarrollan expresamente los elementos constitutivos de salario y los pagos que no constituyen salario, y no como se hizo, simplemente disponer del derecho por mera libertad. Se recuerda que los decretos reglamentarios, como lo es el 383 de 2013, tienen la función de desarrollar y permitir la ejecución de las leyes, o de la regulación, teniendo por lo mismo sus enunciados fuerza vinculante inferior a la de la ley.

De esa manera, cuando un acto administrativo de carácter laboral (i) omite seguir los principios constitucionales referidos a la construcción de un orden justo, (ii) desobedece el bloque de constitucionalidad y los preceptos referidos a la protección del trabajador, y (iii) restringe el contenido y alcance de lo que se entiende por remuneración para todos los fines prestacionales, se está ante normatividad que debe ser considerada ilegal y, por ello, susceptible de control judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con miras a hacer prevalecer la Constitución y la ley.

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Aquí se hace necesario explicar que el Honorable Consejo de Estado18 en un caso distinto al que nos ocupa, pero en el que abordó el concepto de salario, puso de presente que salario constituye no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su denominación, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentaje sobre ventas y comisiones.

Así, se puede inferir que la bonificación judicial que aquí se discute no puede tener una doble connotación, esto es, la de constituir parcialmente salario. Aunado a lo anterior, la bonificación judicial creada por el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 constituye salario en su integralidad, pues esta bonificación remunera el servicio como contraprestación del trabajo, razón que defiende la ilegalidad que deviene de la restricción del elemento constitutivo de salario en el caso particular.

El estudio del artículo 1 del Decreto 383 de 2013, expedido en virtud de la Ley 4 de 1992, permite establecer que la bonificación judicial allí prevista, al limitar su alcance como salario solamente para las cotizaciones que se hacen al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que afecte la liquidación de las prestaciones sociales, torna dicha normatividad violatoria del principio de legalidad por desconocer que el salario, para todos los efectos legales y prestacionales, incorpora remuneraciones permanentes como la prevista en el aludido decreto.

Y es que la norma transcrita creó una bonificación judicial que constituye salario de forma restringida, pues para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud es constitutiva de salario, pero para la liquidación de las prestaciones sociales no lo es, razón que convierte en ilegal dicha restricción. La Constitución Política también dispuso que los convenios internacionales del trabajo, previamente ratificados y aceptados en debida forma, serían parte de la legislación interna.

De esa manera, según la teoría y la composición del bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son también aplicables y de obligatorio cumplimiento como parámetro de legalidad de las actuaciones del Estado, de tal forma que si no se aplican se estaría vulnerando la propia Constitución Política, pues la forma en la que se legitiman estos tratados y convenios internacionales es a través de la Norma Fundamental, visto que para que las normas supranacionales puedan ser convalidadas debe haber una compenetración jurídica donde los principios y valores constitucionales se vean salvaguardados.

Ahora bien, como convenio internacional relevante en el tema bajo estudio, entre otros, se encuentra el Convenio sobre la protección del salario (Convenio núm. 95, 1949), adoptado en Ginebra en la 32ª reunión CIT, que tuvo su entrada en vigor el 24 de septiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 196319, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que el salario es todo aquello que percibe el trabajador por causa directa del contrato de trabajo por el servicio que se preste o deba prestar.

Por otro lado, mediante ley expedida por el Congreso de la República de Colombia (Ley 50 de 1990, artículos 14 y 15), hoy vigente, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 18 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO;

Sentencia del 18 de julio de 2024, Radicación número: 17001-23-33-000- 2017-00147-01 (28616), demandante: Caja de Compensación Familiar de Caldas -CONFA, Demandado: UGPP, Referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: Contribuciones al Sistema de la Protección Social / Determinación del IBC. 19 Ley 54 de 31 de octubre de 1962.

La Sala de Decisión no pierde de vista que la parte demandada apelante alegó que el Decreto 383 de 2013 es producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional, amparada por el principio de legalidad; entre otras cosas, porque este Decreto y demás concordantes, no fueron demandados en la presente causa, no han sido declarados nulos y se encuentran vigentes, impidiendo que sean desconocidos por las autoridades de la república.

Frente a lo anterior, la Sala destaca que la Corte Constitucional como salvaguarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, y teniendo en cuenta que la Constitución Política es la encargada de asegurar a los integrantes del Estado Social de Derecho, entre otros, el trabajo, debe ser la predominante en este análisis en aras de establecer lo que ha dispuesto en materia salarial.

Se puede concluir que la disposición plasmada en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 es violatoria de la Constitución, pues nació a la vida jurídica incurriendo en una violación directa de los principios establecidos en la norma de rango superior y de los tratados internacionales, teniendo en cuenta que desobedece el Convenio sobre la protección del salario (Convenio núm. 95, 1949), adoptado en Ginebra en la 32ª reunión CIT, y de la ley conforme lo expuesto con antelación. En conclusión, el acto administrativo que creó la bonificación judicial para los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, esto es, el Decreto 383 de 2013 en su artículo 1, es violatorio del principio de legalidad, si tenemos en cuenta que el referido principio comprende el apego al ordenamiento jurídico de todas las actuaciones administrativas, y la referida disposición no se sometió al derecho vigente.

Por esa razón, se logra demostrar que la bonificación judicial allí prevista restringe el concepto de salario determinado por la ley, las normas internacionales ratificadas por Colombia, pues el acto administrativo del Gobierno Nacional determinó que la bonificación judicial para las cotizaciones que se hacen al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, sí constituye salario, pero para el pago y liquidación de las demás prestaciones no lo será. La bonificación, por tanto, está legalmente creada; luego entonces, ella constituye un derecho adquirido que se ha radicado en cabeza de los servidores judiciales que son sus destinatarios y no podía ni puede ser desconocida por la administración judicial, por mandato expreso del artículo 58 de la Constitución, y porque su supresión implica regresar y desproteger el salario de los servidores beneficiarios, principios que no se pueden quebrantar, según los artículos 5, 25 y 53 de la Constitución Nacional.

Por tales razones, es procedente inaplicar por inconstitucional las expresiones “únicamente” y “para la base de cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenidas en el artículo 1 del Decreto 383, y sus decretos modificatorios, y demás normas que los modifiquen o sustituyan, por cuanto la bonificación judicial sí constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales.

Lo anterior, recordando que esta jurisdicción está facultada para inaplicar por inconstitucional y por ilegalidad20, tal y como lo ha 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ; Sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, Radicación número: Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial determinado el Honorable Consejo de Estado, aquellas disposiciones que no se ajusten al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo expuesto, en armonía con las pretensiones de la demanda y su contestación, y el principio de congruencia de la sentencia, se precisan las órdenes de la sentencia de primera instancia como i. inaplicar por inconstitucional e ilegal el artículo 1 (parcial) del Decreto 383 de 2013; ii. declarar probada la excepción de prescripción; iii. declarar la nulidad del acto administrativo demandado; iv. ordenar la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; v. reliquidar los salarios y prestaciones sociales, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; vi. indexación de las sumas reconocidas; vii. el pago de las diferencias por aportes pensionales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial a cargo del empleador; viii. el descuento a la parte demandante para el mismo efecto.

Respecto a la afirmación del apelante sobre una supuesta incongruencia o imposibilidad jurídica, al considerar que la decisión es ultra y extra petita, es preciso señalar que no se especifica en qué consiste dicha incongruencia. El apelante se limita a afirmar sin explicitar fechas, valores o cargos, cuáles son los emolumentos que no se causaron y que se están ordenando, como si se tratara de un servidor que no ha estado vinculado a la Rama Judicial de forma continua, ignorando el propio certificado laboral aportado.

Por lo tanto, no existe violación al principio de congruencia. Por otra parte, no tiene justificación clara que se argumente que las órdenes impartidas impliquen violación a la Ley 734 de 2002, pues ignora el apelante que existe un nuevo Código General Disciplinario, el cual es la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, e incluso actualizado con la expedición de la Sentencia C-030 de 2023.

Además, cumplir con las obligaciones constitucionales y legales no puede generar responsabilidad disciplinaria para los funcionarios. En cuanto a la presunta imposibilidad material y presupuestal, se aclara que la falta de previsión presupuestal no puede ser una excusa válida para no reconocer derechos laborales que son legítimos y que ya han sido adquiridos por los empleados; la normativa constitucional protege los derechos laborales, y el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos independientemente de las limitaciones presupuestales.

Cualquier ajuste necesario debe ser realizado para cumplir con los derechos adquiridos por los empleados judiciales, respetando el principio de favorabilidad en la interpretación de los derechos laborales. El artículo 53 de la Constitución Política establece que los convenios internacionales ratificados sobre derechos laborales hacen parte de la legislación interna, y el artículo 25 consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

En atención a lo expuesto, aparece patente que la Rama Judicial ha menoscabado las prestaciones sociales y laborales del demandante, excluyéndole de su base liquidatoria la bonificación judicial, como un valor adicional al salario legalmente establecido en el Decreto 383 de 2013 dictado por el Gobierno Nacional, con lo cual incurre en violación de los principios constitucionales relacionados en precedencia, que le impiden desmejorar el salario de sus empleados y afectar sus garantías mínimas. 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019), demandante: Orlando José Jiménez Cerra, Demandado: Nación – Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: Asunto: Sentencia de unificación / Fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial -Reconocimiento y pago de diferencia salariales.

La Sala encuentra que es una apelación genérica; sin embargo, se realizó precisión jurídica y pedagógica para explicar la procedencia de las pretensiones en este asunto de puro derecho. Por consiguiente, el recurso no aporta motivos válidos que justifiquen revocar la sentencia impugnada. En consecuencia, la bonificación judicial bajo estudio debe ser reconocida como factor salarial en su integralidad para todos los efectos prestacionales; y la sentencia emitida el 23 de febrero del 2024 debe ser confirmada.

Costas. Resuelto el recurso de apelación de manera desfavorable a la parte demandada, corresponde analizar la procedencia de la condena en costas de la segunda instancia. El artículo 188 del C. de P.A y de lo C.A, sobre condena en costas, establece que la sentencia que emita en esta jurisdicción “dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”; por ello, el Consejo de Estado21, enfatizó que el legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” -C.C.A.- a uno “objetivo valorativo” -C. de P.A. y de lo C.A. Por consiguiente, así en el proceso no se haya acreditado que la parte demandada hubiera actuado bajo parámetros de mala fe o deslealtad procesal, también es cierto que la parte demandante22 debió constituir apoderado, lo que sin duda acarrea gastos, como el de pagar honorarios a un abogado que le proporcione defensa técnica, en esa medida, se encuentra que está dado el presupuesto de orden económico para la concesión de costas a favor de la parte demandante, además las agencias en derecho también están soportadas en la medida en que ante esta jurisdicción debe comparecerse por conducto de apoderado y así lo hizo el extremo activo, según consta en el expediente.

El C.G. del P. sobre costas, tiene dicho que están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho (artículo 361), por lo que en la decisión que resuelva una controversia total o parcial, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación o queja o súplica, etc., que haya propuesto (artículo 365, numerales 1 y 2); de tal manera que se explicite en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia, condenando al recurrente en las costas de la segunda (numeral 3), o cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias (numeral 4). 21Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ;

Sentencia del 7 de abril de 2016, Radicación número: 13001- 23-33-000-2013-00022-01(1291-14), Demandante: José Francisco Guerrero Bardi, Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP - Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE, En Liquidación, (Hoy Liquidada), Referencia: Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 22 El extremo activo debió comparecer por intermedio de abogados y además, la presencia de los profesionales se desplegó a lo largo de todo el proceso y en cada acto procesal, desde la presentación de la demanda misma.

Por su parte, el Acuerdo Nro. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, determina en el artículo 5, numeral 1, que, en los procesos declarativos en general, en segunda instancia la condena en costas oscila entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Teniendo en cuenta lo anterior, a la parte demandada se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia se confirmó totalmente la providencia del juez de primera instancia, por lo que se encuentran acreditados los elementos contenidos en el artículo 361 y 365 del C.G. del P. Esta Sala condenará en costas y fijará agencias en derecho a su cargo y en favor de la parte demandante, atendiendo a que hubo actuación procesal de las partes (alegatos de conclusión de la parte demandante) en la segunda instancia. Así, fijará la suma en 1 salario mínimo legal mensual vigente como agencias en derecho a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 23 de febrero del 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Circuito, que ordenó reconocer, reliquidar, reajustar y pagar al demandante la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. Fíjense agencias en derecho de segunda instancia por la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente en favor de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese la presente providencia personalmente a las partes y a los intervinientes -Agentes del Ministerio Público y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-, en atención a lo dispuesto en el artículo 203 el C. de P.A. y de lo C.A.

CUARTO: En firme la presente decisión devuélvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia, previa las respectivas anotaciones en el sistema de información judicial SAMAI. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, (Firmado electrónicamente por Samai) (Firmado electrónicamente por Samai) JOHN LIBARDO ANDRADE FLÓREZ JOSÉ ALETH RUÍZ CASTRO Magistrado Magistrado (Firmado electrónicamente por Samai) JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA Magistrado Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial NOTA ACLARATORIA: En cumplimiento de la Ley 2213 de 2022 y el acuerdo PCSJA22-11972 del 20 de agosto de 2024, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, y el cúmulo de normativa que regula la conectividad en la Administración de Justicia; esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala de Decisión mediante la utilización de medios electrónicos.

Esta providencia fue firmada en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI; de manera que se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, según el artículo 186 de la ley 1437 de 2011. El documento puede validarse en el siguiente link: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx