SIGCMA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA SALA PRIMERA DE DECISIÓN Magistrado ponente: Pedro Olivella Solano Montería, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300720180013901 Demandante: Nury del Carmen Rubio Daguer.
Demandado: Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tema: Reconocimiento Pensional – Tiempos de Servicio Docente Mediante Órdenes de Prestación de Servicios. I. ASUNTO El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de noviembre de 2022 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería que negó las pretensiones de la demanda.
II.
ANTECEDENTES 1. Demanda La parte actora solicita se decrete la nulidad del Acto Administrativo contenido en el Oficio sin número del 19 de diciembre de 2017, por medio del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó a la demandante el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho solicita la demanda que se condene a la parte demandada a que reconozca y pague a favor de la demandante Nury del Carmen Rubio Daguer una pensión mensual vitalicia de jubilación, retroactivamente desde que cumplió su estatus pensional (55 años de edad y 20 de servicios) de conformidad con la Ley 33 de 1985, tomándole todos los factores salariales percibidos durante el año anterior al cumplimiento del estatus.
Así mismo, que se ordene a FOMAG reajustar la pensión en los términos de la Ley 71 de 1988. El sustento factico del medio de control se contrae así: La demandante nació el 12 de diciembre de 1960, cumpliendo 55 años de edad el 12 de diciembre de 2015. Prestó sus servicios al Municipio de Montería como docente así: I) Mediante OPS No 000001 del 01/01/1997, hasta el 21/05/2003: 6 años, 4 meses y 21 días;
II) Mediante nombramiento provisional (Decreto No 0132 del 23 de abril de 2003), desde el 22 de mayo de 2003, cuando toma posesión, hasta el 18 de julio de 2004: 1 año, 1 mes y 26 días; III) Mediante nombramiento provisional (Decreto No 0295 del 19 de julio de 2004), desde el 19 de julio de 2004, cuando toma posesión, hasta el 7 de agosto de 2006: 2 años y 28 días;
IV) Mediante nombramiento en periodo de prueba (Decreto N177 del 4 de agosto de 2006), desde el 08/08/2006, cuando toma posesión, hasta el 21(03/2007: 7 meses y 13 días.) y V) Mediante nombramiento en propiedad (Decreto No 0182 del 6 de marzo de 2007), desde el 22 de marzo de 2007, cuando toma posesión, hasta la fecha: 10 años 6 meses y 20 días.
Conforme a lo anterior, aduce la demandante que a fecha del 2 de enero de 2017 acumuló 20 años de servicio y que al estar vinculada a partir del 26 de junio de 2003 conforme a los presupuestos de la Ley 812 de 2013 le resulta aplicable el régimen anterior a la Ley 100 de Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 1993, a saber, la Ley 33 de 1985.
Conforme a ello, en fecha del 1 de noviembre de 2017 peticionó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, que le fue negada mediante el Acto Administrativo que ahora se demandada y en cual se argumentó la incompatibilidad de los tiempos laborados a través de OPS. En lo que es propio a las normas violadas y el concepto de su violación, afirma la demanda que el acto censurado es contrario a las siguientes normas: Al artículo 53 de la CPC, al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al parágrafo transitorio 10 del Acto Legislativo 01 de 2005, al artículo 15 de la ley 91 de 1989 y a los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985.
La vulneración a dichas normas se materializa en que la entidad demandada inobservó el principio de supremacía de realidad sobre la formas, en tanto, cualquiera sea la vinculación o la denominación de la vinculación que uniera a mi mandante con la administración pública, lo real es la prestación de sus servicios como docente del Estado colombiano en diferentes entidades territoriales lo que lo hace merecedor una vez acreditado los requisitos de ley 33 de 1985, acceder a su derecho pensional vitalicio. 2.
Contestación de demanda La parte demandada no contestó la demanda. III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Corresponde a la dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería el 23 de noviembre de 2020 y en la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La judicatura de inicio estimó que al expediente se encontraba probado el hecho que la docente se vinculó al magisterio desde día 22 de mayo de 2003, fecha en la que tomó posesión del nombramiento en provisionalidad que le hicieran a través del Decreto No. 0132 del 16 de mayo de 2003.
En sentido, destaca la instancia que, si bien en la demanda la parte actora aporta vinculaciones por órdenes de prestación de servicios con anterioridad a la fecha antes señalada, sobre las mismas no existe prueba que se hayan realizado aportes a seguridad social, es más, en la certificación expedida por el ente municipal, dejan constancia que dichas ordenes de prestación de servicio no generaron relación laboral.
Conforme con lo anterior, para el Despacho de instancia, lo probado en el expediente es que la docente se encontraba vinculada al magisterio desde la fecha antes señalada, esto es desde el 22 de mayo de 2003, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que le es aplicable la Ley 33 de 1985, la cual estableció en el artículo 1° que el tiempo de servicio es de 20 años continuos o discontinuos y la edad es de 55 años.
Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que la demandante nació el 12 de diciembre de 1960 y presta sus servicios como docente desde el 22 de mayo de 2003, estimó la primera instancia, que la señora Nury del Carmen Rubio Dager, al momento de presentar la solicitud de reconocimiento pensional, esto es, el 1° de noviembre de 2017, si bien contaba con 56 años de edad, no cumplía con el tiempo de servicio estipulado en la norma para acceder a su pensión, dado que a la fecha de presentar la misma, apenas llevaba 14 años de servicio como docente, por lo que resultaba evidente que no cumplía con los Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 requisitos previstos por el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de su pensión de jubilación. Conforme a lo anterior, concluyó la primera instancia que era procedente negar las pretensiones de la demanda en tanto el Acto acusado no violentaba las normas invocadas.
IV. LA APELACIÓN Y SU FUNDAMENTO El apoderado de la parte demandante interpuso en tiempo recurso de alzada. Indica el apelante que como bien lo sostiene el A quo, lo que determina el régimen pensional aplicable a la demandante, en su condición de docente, es su vinculación con anterioridad al 26 de junio de 2003 (cuando entra a regir la Ley 812 de ese mismo año).
Ello posibilita la aplicación de la Ley 33 de 1985 como fuente normativa para resolver su situación pensional, por el contrario, lo que no resulta jurídicamente correcto, es el desconocimiento de los tiempos laborados por la demandante, como docente, bajo la figura de órdenes de prestación de servicios, con anterioridad mayo del año 2003.
En ese sentido, precisa que la decisión judicial recurrida, desconoce el alcance de la sentencia de inexequibilidad C-554 de 1994, la cual hace tránsito a cosa juzgada constitucional, prohibiendo la vinculación de docentes al sector público bajo la modalidad contractual y, por lo tanto, desautorizando darle tratamiento de contratistas a los docentes que, contra lo indicado en dicha sentencia, fueron vinculados de esa manera.
Tratamiento que, es el dado en la sentencia que es objeto de alzada. Aunado a lo anterior, indica el recurrente que otro de los errores en que se incurre en la sentencia apelada es confundir los requisitos pensionales que en este caso al estar regidos por la Ley 33 de 1985 hacen referencia a edad -55 años- y tiempo de servicios -20 años-, con las fuentes de financiación del derecho, que hacen referencia a la verificación de cotizaciones para efectos pensionales sobre esos tiempos, lo cual, en todo caso no puede obstaculizar el reconocimiento de un derecho pensional.
La mora o la falta de cotizaciones no se le puede trasladar al trabajador, sino, que debe ser asumida por las administradoras de pensiones, y mucho menos esas situaciones pueden fundamentar la negación de un derecho pensional como lo ha sostenido la Corte Constitucional. No obstante, lo anotado, precisa el recurrente que, los contratistas de prestación de servicios solo tienen la obligación de efectuar aportes al sistema general de pensiones a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, lo cual ocurre el 29 de enero de 2003, cuando se reforma el artículo 15 de la ley 100 de 1993, sobre afiliados al mencionado sistema.
Finalmente, sostiene el apelante que no tiene asidero jurídico la tesis sostenida por la primera instancia, respecto de la no valoración con efectos pensionales de los tiempos laborados por la actora a través de contratos de prestación de servicios antes del año 2003, por no estar probados los aportes realizados correspondientes a ellos, lo anterior, es una carga que no se le puede trasladar al trabajador -la mora u omisión de portes-, y porque durante los años de su vinculación por órdenes o contratos de prestación de servicios, no tenía la obligación de afiliarse al sistema general de pensiones y por lo tanto, de realizar aportes con fines pensionales.
Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 5.1 Competencia Conforme los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer de la apelación propuesta por la parte demandada contra la sentencia del 23 de noviembre de 2022 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería. 5.2 Problema jurídico De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala determinar si es procedente reconocer a la demandante la pensión de vejez bajo los presupuestos de la Ley 33 de 1985 teniendo en cuenta los tiempos laborados como docente a través de ordenes de prestación de servicios. 5.3 Marco normativo La Ley 812 de 2003, dispone en su artículo 81 lo siguiente: “Artículo 81.
Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)” Por su parte, la Ley 33 de 1985, por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público, dispuso: “ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…)” En torno al cómputo de tiempo para reconocer la pensión de jubilación a los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado que en sentencia de 19 de enero de 20231 sostuvo: “Por lo expuesto, en los asuntos de docentes oficiales con acumulación de aportes en el sector privado o como contratistas independientes en su momento, que solicitan el reconocimiento 1 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 o reliquidación de su pensión de jubilación, no modifica la posición adoptada por esta Alta Corte mediante la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
Para el caso de marras resulta necesario entonces remitirse a la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en el sentido de que esta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por el trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional.
Lo anterior, en observancia de los requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33 de 1985, como en efecto se consideró en la mentada providencia. Las negrillas y subrayas son nuestras. De lo anterior, puede concluirse entonces, que la acumulación de tiempos laborados como contratistas o en el sector privado, si resulta aplicable a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, a efectos de ser acreedores de pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985; siendo que el periodo a tenerse en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de dicha pensión por aportes es el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, mientras que los factores salariales corresponderán únicamente a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos, especialmente los que se encuentren enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
Lo anterior, en coherencia con la sentencia de unificación de SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado en materia pensional de docentes. 5.4 Caso concreto Se encuentra acreditado que la señora Nury del Carmen Rubio Daguer, nació el 12 de diciembre de 19602, por lo que cumplió 55 años de edad el 12 de diciembre de 2015; también se encuentra probado mediante la certificación expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba que la demandante no figura como pensionada del Departamento3.
Así mismo, obra en el expediente certificado expedido por Colpensiones en el cual se indica que la demandante no recibe pensión por parte de Colpensiones de dicha entidad4. Está demostrado que la señora demandante, solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación mediante petición del 1 de noviembre de 20175; petición que no fue respondida, configurándose con ello un acto administrativo ficto negativo.
En cuanto al tiempo de servicios prestado como docente al servicio del Municipio de Montería milita certificado, en el que se hace constar que la actora estuvo nombrada en periodo de prueba desde el 8 de agosto de 2006 hasta el 21 de marzo de 2007 para un total de 7 meses y 13 días y que fue nombrada en propiedad desde el 22 de marzo de 2007 hasta la fecha acumulando un total de 18 años con 9 meses y 3 días de vinculación legal y reglamentaria.
Así mismo, consta que la demandante tuvo las siguientes vinculaciones con el Municipio de Montería para desempeñar la función docente. 2 Conforme consta en el registro civil de nacimiento que milita en el expediente electrónico página 21 3 Conforme consta en el registro civil de nacimiento que milita en el expediente electrónico página 23 4 Conforme consta en el registro civil de nacimiento que milita en el expediente electrónico página 24 5 Archivo pdf01expedienteescaneado.
Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 Forma de vinculación Inicio Finalización Total tiempo laborado OPS 01/01/1997 21/05/2003 6 años, 4 meses y 21 días. Nombramiento provisional (Decreto 0132 del 23 de abril de 2003) 22/05/2003 18/07/2004 1 año, 1 mes y 26 días.
Nombramiento provisional (0285 del 19 de julio de 2004) 19/07/2004 7/07/2006 2 años y 28 días. Conforme el material probatorio referenciado, está acreditado entonces, que la demandante nació el 12 de diciembre de 1960, por lo que cumplió 55 años de edad el 12 de diciembre de 2015. Ahora bien, por una parte, suscribió contratos de prestación de servicios con el Municipio de Montería entre los años 1997 a 2003, para prestar sus servicios como docente, obteniendo un total de tiempo de servicios de 6 años, 4 meses y 21 días.
Además, mediante vinculación en provisionalidad acumuló un tiempo de 3 años, 1 mes y 15 días y a partir del 8 de agosto de 2006 y hasta la fecha se encuentra vinculada como docente en propiedad. De acuerdo con las pruebas relacionadas se tiene entonces que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003), la demandante ya se había vinculado como docente – en provisionalidad-, de manera que le es aplicable el régimen pensional dispuesto en la Ley 91 de 1989 la cual en su artículo 15 dispone que la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, será el dispuesto en el régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, que para el caso era la Ley 33 de 1985.
En ese orden, se precisa que la Ley 33 de 1985, exige para el reconocimiento pensional, el cumplimiento 55 años de edad y 20 años de servicios (tanto para hombres como mujeres); encontrándose acreditado el requisito de edad, ya que la demandante cumplió los 55 años de edad el 12 de diciembre de 2015. En cuanto a los 20 años de servicios, encuentra la Sala que, al momento en que la demandante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión – 1 de noviembre de 2017- acumulaba 11 años y 3 meses de vinculación en propiedad y 3 años 1 mes y 15 días en provisionalidad, nombramientos sobre los cuales no existe controversia alguna.
Igualmente, consta un total de tiempo de 6 años, 4 meses y 21 días laborados para el Municipio de Montería a través de contratos de prestación de servicios. En este estado de la providencia debe precisarse que obre la vinculación de personal docente bajo la modalidad de prestación de servicios, el Consejo de Estado señaló en sentencia de unificación CESUJ2 No 5 del 25 de agosto de 20166, lo siguiente: «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes 6 Consejo de Estado.
Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
En este sentido, el Consejo de Estado7 ha sido reiterativo en que “ la labor del docente contratista es personal y subordinada a las exigencias del servicio público de la educación, por lo que los tiempos trabajados en esa condición pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de jubilación.”. De esa manera, teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa estudiada es dable computar los períodos laborados en el municipio de Montería con los otros tiempos en los que estuvo vinculado como docente oficial, lo cual da lugar a consolidar efectos pensionales exclusivamente, sin que con ello se esté buscando generar un reconocimiento de otro tipo prestacional o derecho derivado, que en esta ocasión no es objeto de discusión. En conclusión, se tiene que la demandante al momento en que solicitó el pago de su pensión de jubilación – 1 de noviembre de 2017- acumulaba un total de 14 años, 4 meses y 15 días de servicio bajo relación legal y reglamentaría y un total de 6 años, 4 meses y 21 días laborados para el Municipio de Montería a través de contratos de prestación de servicios término que sumados arrojaría un total de 20 años, 9 meses y 17 días, alcanzando y superando así a los veinte (20) años de servicios públicos que establece la Ley 33 de 1985.
En ese sentido y para los efectos legales la fecha de status pensional – calenda en que se cumplieron los requisitos de edad y tiempo de servicio- corresponde al 1 de enero de 2017, de igual modo de precisarse que de no haberse cotizado el tiempo de órdenes de prestación de servicios, el FNPSM deberá reconocer el derecho pensional con inclusión de dichos tiempos, y posteriormente, adelantar todas las actuaciones interadministrativas tendientes a recobrar la cuota parte de los aportes a que hubiere lugar ante la entidad responsable, en este caso el Municipio de Montería. En razón de lo anterior, para esta Sala la señora demandante, tiene derecho a que la entidad demandada, le reconozca y pague pensión de jubilación conforme a las prescripciones de la Ley 33 de 1985 a partir del 1 de enero de 2017 -, esto es, en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio y teniendo en cuenta los factores salariales que de forma expresa se enlistan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, siempre que los haya devengado y que sobre ellos se hayan realizado aportes, teniendo como fecha de estatus jurídico de pensionado el 1 de enero de 2017, día en que cumplió 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 13 de julio agosto de 2023.
Expediente: 15001-23-33-000-2020-02520-01 (5696-2022). C. P. Carmelo Perdomo Cuéter Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 el último de los requisitos para adquirir el derecho, esto es, los 20 años de servicio que exige la ley. Reconocimiento y pago que no está condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio, dada la prerrogativa de que gozan en la materia los docentes.
Se destaca que los factores salariales a tener en cuenta para efectos de dicha liquidación, corresponden a los devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, es decir, entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017, que se encuentren enlistados en la Ley 33 de 1985 modificada por la ley 62 del mismo año, y sobre los cuales se hayan efectuado cotizaciones, más no la totalidad de los devengados; esto en atención a sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado, que debe ser tenida en cuenta para tales efectos.
La condena se impondrá a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, teniendo en cuenta que la actora se encuentra afiliada a dicho fondo de previsión, por lo que es la última a la que se ha realizado las correspondientes cotizaciones, por lo menos desde el año 2003, conforme los certificados laborales aportados; por lo que la orden en cita se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, regulatorio de la Ley 71 de 1988, que dispone: «ARTICULO
10. ENTIDAD DE PREVISION PAGADORA. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes. […]».
Lo anterior, sin perjuicio de que FOMAG como ya se indicó en precedencia reclame las cuotas partes que correspondían al Municipio de Montería y por los tiempos en que la actora laboró mediante OPS. De otro lado, se tiene que no hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir del 1 de enero de 2017, cuando la actora consolidó el estatus jurídico y la petición de reconocimiento se hizo el 1 de noviembre de 2017 y finalmente la demanda se presentó el 21 de marzo de 2018.
La suma por reconocer deberá ser indexada en los términos del inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y la siguiente fórmula, utilizada para estos eventos por el Honorable Consejo de Estado: ÍNDICE FINAL R= RH X ---------------------- ÍNDICE INICIAL En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por la demandante hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente mes por mes. 5.5 Costas Según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 188) en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, no se impondrá condena en costas ya que no aparece prueba de su causación en esta instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley FALLA:
PRIMERO: Revocar la sentencia del 23 de noviembre de 2022 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería que negó las pretensiones de la demanda, conforme se motivó.
SEGUNDO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el Oficio sin número del 19 de diciembre de 2017, por medio del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó a la demandante el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación; por las razones expuestas en la motivación.
TERCERO: En consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a la señora Nury del Carmen Rubio Daguer, una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, desde el 1 de enero de 2017, en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus jurídico (entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017) y teniendo en cuenta los factores salariales que de forma expresa se enlistan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, siempre que los haya devengado y que sobre ellos se hayan realizado aportes; sin estar condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio.
CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca y pague a favor de la señora Nury del Carmen Rubio Daguer, el retroactivo pensional causado desde el 1 de enero de 2017.
QUINTO: Ordenar que la suma a reconocer sea indexada en los términos del inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme se explicó en la parte considerativa.
SEXTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Tribunal Administrativo de Córdoba N y R Radicado: 23001333300720180013901 Segunda instancia CO-SC5780-99 SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones, conforme lo expuesto.
OCTAVO: Sin condena en costas conforme se motivó.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior sentencia fue estudiada, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha8. Los Magistrados, Firmado electrónicamente PEDRO OLIVELLA SOLANO Firmado electrónicamente LUZ ELENA PETRO ESPITIA Firmado electrónicamente EDUARDO JAVIER TORRALVO NEGRETE 8 Providencia firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.