2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA Ibagué, veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-012-2021-00004-01 MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho DEMANDANTE: César Tafur Vargas DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil REFERENCIA: Prescripción cuatrienal 20% e indexación Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 10 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, dentro del proceso promovido por César Tafur Vargas en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil.
ANTECEDENTES. La demanda El demandante por conducto de apoderado judicial, instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el fin de que se despachen las siguientes: - Declaraciones y condenas (fls. 1 a 2 del documento 03 demanda y anexos, expediente Samai) como pretensiones solicitó: 1.
Se declare la prescripción cuatrienal del 20% de la partida computable del sueldo básico sobre las mesadas causadas a favor del soldado profesional César Tafur Vargas, por concepto de la asignación de retiro anteriores al 9 de octubre de 2017. 2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo expedido por la entidad demandada, mediante la cual negó el pago del excedente, intereses e indexación dejados de pagar en la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018 proferida por la Dirección General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
A título de restablecimiento del derecho. 1. Condenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reliquidar la asignación de retiro del demandante, con inclusión del incremento del 20% contenido en la hoja de servicios No. 3 – 00093364507 del 13 de noviembre de 2008 como partida computable. 2. Condénese a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante las diferencias existentes entre lo pagado y lo que debió pagar de acuerdo 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil a lo ordenado en la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018, a partir del 9 de octubre de 2013 hasta el 9 de octubre de 2017. 3.
Que dicho reajuste se descuente de lo que ordenó pagar la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018. 4. Se reconozca intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y se condene en costas a la parte demandada. Hechos (fls. 2 a 3 del documento 03. demanda y anexos, expediente Samai) Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso: 1.
El señor César Tafur Vargas prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado profesional por un lapso de 20 años 6 meses y 9 días, reconociéndosele la asignación de retiro mediante acto administrativo No. 16 del 8 de enero de 2009. 2. Mediante hoja de servicios militar No. 3 - 00093364507 allegada el 9 de octubre de 2017 por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional a Cremil, se incrementó el sueldo básico del demandante como partida computable dentro de su asignación de retiro, liquidándose así: un (1) salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%. 3.
Mediante Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil, ordenó el pago del 20% en la asignación de retiro del demandante, y declaró prescritas las mesadas causadas con 3 años de anterioridad al 8 de septiembre de 2017. 4. El 30 de julio de 2020, el demandante César Tafur Vargas solicitó a la entidad demandada i.) la aplicación de la prescripción cuatrienal, ii.) el pago de intereses moratorios, el pago del excedente dejado de pagar en la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018 que incrementó el 20% del sueldo básico en la asignación de retiro, iii.) reajuste de las prestaciones sociales que fueron tenidas en cuenta en la asignación de retiro y iv.) la aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 25 de agosto de 2016. 5.
A la fecha de presentación de la demanda, la entidad demandada no había dado respuesta a la solicitud elevada, motivo por el cual se configuraba el acto administrativo ficto o presunto negativo. Normas violadas y concepto de la violación (fls. 7 a 10 del documento 03. demanda y anexos, expediente Samai). Adujo como normas quebrantadas el artículo 4 de 1992, la Ley 923 de 2004, artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, Ley 1211 de 1990 y artículo 53 de la Constitución Política.
Como concepto de violación dispuso que hay un quebranto ostensible al principio de legalidad, en la medida que su poderdante se vinculó al Ejército Nacional como soldado voluntario desde el 18 de noviembre de 1992 al 31 de octubre de 2003, y que como consecuencia de ello y a la luz del Decreto 1793 de 2000, para efectos de su asignación básica, tenía derecho al pago equivalente de un salario mínimo legal 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil vigente incrementado en un 60%, conservando el reconocimiento económico de la Ley 131 de 1985 por la que fue vinculado; sin embargo, el demandante en su servicio recibió un incremento de tan solo 40% en aplicación del Decreto 1794 de 2000.
Sobre la prescripción adujo que, con base en la sentencia del Consejo de Estado citada con precedencia, dicho término debía contabilizarse teniendo en cuenta la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y no desde la ejecutoria de la sentencia de unificación, atendiéndose a las reglas de prescripción contenida en los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990.
Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 16 de abril de 2021 (documento 04 auto admite demanda, expediente Samai) el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda ordenando notificar a la entidad. Surtida la notificación a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo ordenado en el auto en mención, el traslado de 30 días para contestar la demanda corrió desde el 23 de julio hasta el 3 de septiembre de 2021, término durante el cual la entidad demandada se pronunció. Nación – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil (documento 05. contestación demanda Cremil, expediente Samai).
Durante el término concedido, el apoderado del extremo pasivo contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, argumentando para tal fin que el reconocimiento de la asignación de retiro se realizó en armonía con las disposiciones legales y jurisprudenciales vigentes, motivo por el cual no era dable predicar la existencia de alguna causal de nulidad del acto administrativo demandado.
Así mismo, adujo que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en cumplimiento de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, realizó el complemento de la Hoja de Servicio No. 3- 00093364507 de Fecha 22 de septiembre de 2017, por medio del cual realizó el incremento del 20% adicionado al salario básico mensual del militar, quedando aumentado del 40% al 60% tal como lo dispone el inciso 2° del artículo 1° del decreto 1794 de 2000.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que no había lugar al pago de intereses moratorios, ni excedente y tampoco a aplicar la prescripción cuatrienal, como lo solicitaba el demandante; ya que el reconocimiento del 20% se realizó de oficio, y la prescripción aplicada fue con fundamento en lo ordenado por el Consejo de Estado en su sentencia de unificación del 2019.
Por último, como medio exceptivo propuso la prescripción del derecho, indicando para tal fin que la norma que debe aplicarse en el sub lite es la prevista en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, así como la providencia del 10 de octubre de 2019 que aclaró la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 proferida el día 25 de abril de 2019, en la que se previó que la regla sobre prescripción que debe aplicarse para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales es la trienal.
La sentencia apelada (documento 016 sentencia accede parcialmente, expediente Samai). 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil En sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, resolvió: i Declarar probada la excepción de prescripción, frente a los derechos causados con anterioridad al 9 de octubre de 2013, ii.) declarar la existencia del acto ficto negativo surgido de la no respuesta de Cremil, iii.) declarar la nulidad parcial del acto ficto negativo la regla sobre prescripción que debe aplicarse para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, iv.) condenar a Cremil a reconocer en favor del demandante las diferencias del reajuste de la asignación de retiro de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, a partir del 9 de octubre de 2013, v.) sobre el reajuste de la asignación de retiro, la parte demandada deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción correspondiente, por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar.
Para llegar a la anterior conclusión, el despacho de origen adujo que el demandante ostentó la calidad de soldado voluntario a partir del 15 de octubre de 1989 hasta el 31 de octubre de 2003, iniciando como soldado profesional desde el 1° de noviembre de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2008, siéndole reconocida la asignación de retiro mediante Resolución No. 016 del 8 de enero de 2016; por lo tanto, el demandante tenía derecho a que la liquidación de su asignación periódica se realizara de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.
Por otro lado, declaró probada la excepción de prescripción planteada por el extremo pasivo anteriores al 9 de octubre de 2013 y ordenó que Cremil debía liquidar y pagar al demandante las diferencias salariales que resultaren de la aplicación del inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, durante los períodos comprendidos desde el 9 de octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Sobre los intereses a sufragar, manifestó que estos deberán ser reconocidos como lo señala el inciso 3º y 5º del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y las sumas reconocidas deberán ser debidamente indexadas. La apelación (Documento 018 recurso de apelación, expediente Samai). Inconforme con el fallo de primera instancia, la apoderada judicial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó revocar el fallo emanado del Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, manifestando para tal fin que en el presente caso existía una carencia actual del objeto, debido a que la entidad en sede administrativa reconoció de oficio el reajuste de la asignación básica mensual del demandante en un 60%.
Bajo ese entendido y a voces de la recurrente, la orden de liquidar y pagar al demandante las diferencias salariales no estarían llamadas a prosperar, ya que el acto administrativo acusado liquidó, reconoció y canceló el reajuste a partir del 9 de octubre de 2014 en adelante, con base en la prescripción trienal de que trata el artículo 43 Decreto 4433 de 2004, y la sentencia expedida de unificación SUJ-015-CE- S2-2019 proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019.
Sobre el pago de intereses e indexación, señaló que no había lugar a su reconocimiento, toda vez que la liquidación de dicho incremento no se realizó como consecuencia de un fallo condenatorio en contra de la entidad, sino por la radicación de un complemento de hoja de servicios del militar que realizó la Fuerza a la que prestó sus servicios el demandante.
Por último, señaló la falta de coherencia entre lo solicitado por el demandante y lo fallado por el juez de instancia, ya que lo pretendido por el extremo activo era el 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil reconocimiento de la prescripción cuatrienal entre el 9 de octubre de 2013 al 9 de octubre de 2017; sin embargo, el juzgado lo reconoció hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que considera la parte demandada que dicha apreciación hace parte de todo un debate del cual, la entidad no pudo hacer pronunciamiento alguno, al no estar contemplado desde un principio en la materia del litigio fijado por las partes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 16 de septiembre de 2022 (índice Samai 4) se admitió el recurso de apelación; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia. Alegatos de conclusión. De la parte demandante. Guardó silencio. De la parte demandada. Guardó silencio.
Ministerio público. No presentó concepto. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 1.-, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.
Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de prescripción cuatrienal de que trata el Decreto 1211 de 1990, así como la reliquidación de su asignación de retiro con inclusión del 20% que está a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil.
Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si el demandante tiene derecho a que se le reconozca y aplique la prescripción cuatrienal prevista en el Decreto 1211 de 1990 respecto al reajuste del 20% de la partida computable del sueldo básico en la asignación de retiro; o si, por el contrario, tal y como lo afirmó la entidad demandada en su escrito de alzada, se debe aplicar la prescripción trienal contenida en el Decreto 4433 de 2004.
Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 10 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, en tanto solo le está dado al ad quem 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.
Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.
Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA;
Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001-23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN;
Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-23- 31- 000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia. Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA;
Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001-23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO;
Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000-23-27-000-2007- 00024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ;
Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000-23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ;
Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001-23- 31-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA;
Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000- 23- 24-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN;
Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00- 000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.
Marco Normativo y Jurisprudencial. Del régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales La Ley 131 de 1985 “Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario”, estableció esta nueva modalidad de prestación del servicio militar, en los siguientes términos: “Artículo 2º. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.
Parágrafo 1º. El servicio militar voluntario, se prestará por un lapso no menor de doce (12) meses. Parágrafo 2º. La Planta de Personal de soldados que preste el servicio militar voluntario será establecida por el Gobierno. Artículo 3º. Las personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley.” De acuerdo con lo expuesto, quienes venían prestando su servicio militar obligatorio, y hubiesen manifestado su intención de continuar en el desempeño de dichas labores, siendo aceptados por el respectivo comandante, podrían continuar prestando el servicio militar de forma voluntaria por un lapso no menor a doce (12) meses, momento a partir del cual quedan sujetos a las disposiciones que regulan a los soldados de las fuerzas militares.
En lo que se refiere a su forma de remuneración, el artículo 4º de la mentada normatividad refiere lo siguiente: “Artículo 4º. El que preste el servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar los haberes correspondientes a un Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto.” Ulteriormente, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley 578 de 2000, a través del cual el legislador facultó al presidente de la Republica para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía, se expidió el Decreto 1793 del 2000 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”, en el que se regula lo concerniente a la condición de soldado profesional, su selección e incorporación a las fuerzas militares, así como lo referente a su régimen salarial y prestacional.
En lo que tiene que ver con la incorporación de los soldados profesionales, los 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil artículos 3º, 4º y 5º del Decreto Ley 1793 de 2000,4 preceptúan lo siguiente: “Artículo 3. Incorporación. La incorporación de los soldados profesionales a las Fuerzas Militares de Colombia, se hará mediante nombramiento por orden de personal de los respectivos Comandos de la Fuerza, atendiendo a las necesidades de las fuerzas y a la planta de personal que haya sido aprobada por el Gobierno Nacional.
(…) Artículo 5. Selección. Los aspirantes que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo anterior, se someterán a un proceso de selección previa realizado por un comité multidisciplinario, el cual será nombrado por el director de Reclutamiento de cada Fuerza. En la selección a que se refiere el presente artículo, tendrán prelación los reservistas de primera clase a los cuales se refiere el literal f) del artículo anterior.
Parágrafo. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses.
A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.” (Subrayado fuera de texto). De acuerdo con las disposiciones trascritas, además de los que ingresaban por primera vez, también podían ser enlistados como soldados profesionales, los uniformados que venían vinculados en los términos de la Ley 131 de 19855 con anterioridad a 31 de diciembre de 2000, esto es, los soldados voluntarios; pero para ello, debían expresar al comandante de Fuerza su intención de incorporarse como soldados profesionales y obtener su aprobación. Esta dicotomía entre soldados profesionales que ingresaron por primera vez y los que siendo voluntarios fueron posteriormente enlistados como profesionales, es reconocida por el mismo Decreto Ley 1793 de 2000, cuando en su artículo 42 señala: “Artículo 42.
Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará tanto a los soldados voluntarios que se incorporaron de conformidad con lo establecido por la Ley 131 de 1985, como a los nuevos soldados profesionales.” (Subraya la Sala). Régimen salarial para el personal de soldados profesionales6 En lo que tiene que ver con el régimen salarial y prestacional del personal de soldados profesionales, el Decreto Ley 1793 de 2000 en su artículo 38, autorizó al Gobierno Nacional para su expedición, en los siguientes términos: “Artículo 38.
Régimen salarial y prestacional. El Gobierno Nacional expedirá los regímenes salarial y prestacional del soldado profesional, con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos.” Es del caso precisar, que la Ley 4ª de 1992, a la cual debía ceñirse el Gobierno Nacional para expedir los regímenes salariales y prestacionales de los soldados 5 Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario. 6 El marco normativo se extrae de la sentencia emanada del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda CE-SUJ2-003-16, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ;
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-2015), Demandante: Benicio Antonio Cruz, Demandado: Ministerio de Defensa - Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional, Asunto: asignación salarial mensual de los soldados profesionales que se desempeñaban como soldados voluntarios - reglas / reajuste salarial del 20 por ciento - procedencia / prescripción del reajuste salarial / sentencia de unificación. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil profesionales, consagra el principio de respeto de los derechos adquiridos en su artículo 2º, literal a), en los siguientes términos: “Artículo 2.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;(…)” (Se destaca). Teniendo en cuenta las normas reseñadas, el Gobierno Nacional procedió a expedir el régimen salarial y prestacional para el personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, mediante el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 cuyos artículos 1º y 2º definieron las condiciones y el monto de la asignación salarial mensual que devengarían los soldados profesionales, tanto de los que iban a ingresar por primera vez, como los que venían de ser voluntarios.
Sobre este particular, estima la Sala conveniente trascribir los artículos 1º y 2º del referido Decreto Reglamentario 1794 de 2000: “Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán 1 salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. Subraya la Sala). Artículo 2. Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al 6.5% de la asignación salarial mensual básica.
Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un 6.5% más, sin exceder del 58.5%. Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses.
A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.” (Se resalta). Las referidas disposiciones del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 distinguen claramente que en relación con el primer grupo de soldados profesionales, es decir, quienes se vincularon a partir del 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a devengar mensualmente un salario mínimo, más un incremento sobre el mismo en porcentaje igual al 40% y, en lo que respecta al segundo grupo, esto es, quienes venían como soldados voluntarios, se dispuso que los mismos devengarían mensualmente un salario mínimo, más un incremento del 60% sobre el mismo salario.
Por lo expuesto, se tiene entonces que el Gobierno Nacional, lo que intentó a través de esta disposición, es conservar los derechos adquiridos de quienes, habiendo prestado sus servicios como soldados voluntarios, resultaron posteriormente incorporados como soldados profesionales, para lo cual mantuvo la asignación salarial que se previó para ellos, en la Ley 131 de 1985. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia de unificación7, precisó que la asignación de retiro de los soldados voluntarios que se encontraban vinculados al 31 de diciembre del año 2000 y que posteriormente fueron incorporados como profesionales, debía liquidarse conforme la asignación a la que tenían derecho en servicio activo de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60% teniendo en cuenta que los aportes debían efectuarse sobre dicho valor; además, como regla de unificación, adujo que la sentencia no era constitutiva del derecho por lo que las reclamaciones que se hicieren con fundamento en ella, quedarían sujetas a las reglas de prescripción, y lo allí decidido debía aplicarse de manera retroactiva a todos los casos pendientes de discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial.
Del término de prescripción. Advirtiéndose que el fondo del asunto se contrae principalmente en determinar cuál es el término de prescripción aplicable a la asignación de retiro de los soldados profesionales, esta sala prevé la necesidad de traer a colación el proveído del 10 de octubre de 2019, mediante la cual el órgano de cierre aclaró la sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19, y llegó a la conclusión de que para asuntos como los debatidos en el sub lite, la regla de prescripción aplicable es la contenida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004; esto es, de tres (3) años, de conformidad con lo previsto por la sentencia del 10 de octubre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado8, dentro de la cual se señaló que la norma que adujo el término de prescripción debía mantener su presunción de legalidad, pues fue expedida acorde con la competencia del Gobierno Nacional para reglamentar la Ley marco 923 de 2004 y por ende no había razón para inaplicar tal término. Caso en concreto.
Dentro del presente caso, el demandante a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo expedido por la entidad demandada, mediante la cual negó el pago del excedente, intereses e indexación dejados de pagar en la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018, así como la declaratoria de prescripción cuatrienal del 20% de la partida computable del sueldo básico con anterioridad al 9 de octubre de 2017.
Por reparto, el proceso le correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, quien mediante sentencia del 10 de junio de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y ordenó a la entidad demandada reconocer en favor de César Tafur Vargas las diferencias del reajuste de asignación de retiro a partir del 9 de octubre de 2013 – prescripción cuatrienal –, ordenándose además el reconocimiento de intereses moratorios conforme el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, así como la debida indexación de las diferencias resultantes entre lo pagado y 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda CE-SUJ2-015-19, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ;
Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16), Demandante: Julio César Benavides Borja, Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Asunto: Asignación de retiro de los soldados profesionales. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ;
Sentencia del 10 de octubre de 2019, Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00582-00 (2171-12 y 1501-15), Demandante: Anderson Velásquez Santos, Sandra Mercedes Vargas Florián Y Álvaro Rueda Celis, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil lo que debió cancelarse durante los períodos comprendidos desde el 9 de octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Lo anterior se ordenó, teniendo en cuenta que el juzgado de instancia encontró probado que al demandante por haber ingresado como soldado voluntario y luego hacer tránsito a soldado profesional, debió reconocérsele su asignación de retiro no sobre el incremento del 40%, sino con base en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó la revocatoria de la sentencia, ya que en su sentir se estaba frente a una carencia actual del objeto, pues la entidad a la que representa había reconocido de oficio el incremento del 20% reclamado por el extremo activo en su escrito de demanda; por lo tanto, la condena referente al reajuste, el pago de intereses e indexación no estaba llamada a prosperar, por la potísima razón que las sumas reconocidas fueron sufragadas como consecuencia de una reliquidación voluntaria que hizo la misma entidad en sede administrativa Sobre la prescripción, recordó que debía dársele aplicación al artículo 43 Decreto 4433 de 2004, y la sentencia expedida de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, esto es, una prescripción trienal.
Hechos probados: Como circunstancias fácticas, esta sala se atendrá a la información contenida documentalmente en el expediente que no fue tachada de falsa y encuentra probado lo siguiente: • Reclamación administrativa enviada por correo electrónico el 30 de julio de 2020, por medio de la cual el apoderado judicial de César Tafur Vargas, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la aplicación de la prescripción cuatrienal, el pago de intereses moratorios, la indexación de los valores reconocidos y el pago del excedente dejado de cancelar en la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018 (fls. 16 a 18 del documento 03. demanda y anexos, expediente Samai). • Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018 expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil, a través de la cual se ordenó el aumento de la partida del subsidio básico en un 20% dentro de la asignación de retiro del demandante.
Así mismo, se indicó una prescripción de 3 años con anterioridad al 9 de octubre de 2017, fecha en la cual la dirección de prestaciones del Ejército Nacional allegó a Cremil el complemento de la hoja de servicios militares distinguida con el No. 3-93364507 del 22 de septiembre de 2017 (fls. 22 a 26 del documento 03. demanda y anexos, expediente Samai). • Tarjeta de liquidación titulares expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el periodo de novedad 9 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2017, a través de la cual se prevé que la entidad demandada al momento de realizar el incremento del 20% del sueldo básico como partida computable en la asignación de retiro del demandante, no incluyó la indexación de los valores reconocidos entre el año 2014 a 2017 (fl. 27 del documento 03. demanda y anexos, expediente Samai). • Resolución No. 016 del 8 de enero de 2009, en virtud de la cual se observa que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil, ordenó el reconocimiento y pago en favor de César Tafur Vargas la asignación de retiro, efectiva a partir 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil del 29 de diciembre de 2008 (fls. 30 a 32 del documento 05.
Contestación Cremil, expediente Samai). Una vez revisados los aspectos fácticos más relevantes, así como las probanzas allegadas al plenario, para efectos de estudiar el fondo del asunto, esta Corporación analizará en primer lugar el término prescriptivo que debe aplicarse en el caso concreto, y acto seguido se realizarán unas breves consideraciones frente a la indexación de las sumas que por vía administrativa fueron reconocidas. 1.
Del término de prescripción aplicable. En el caso que ocupa a la Sala, se prevé que el demandante instaura el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando que se ordene a CREMIL que dentro del reconocimiento y pago de la inclusión del 20% adicional, se le aplique la prescripción cuatrienal contenida en el Decreto 1211 de 1990, atendiendo que ingresó a laborar antes de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 que previó el término prescriptivo de 3 años.
Como se revisará a continuación, esta controversia atinente al fenómeno jurídico de prescripción frente a la asignación de retiro de los soldados profesionales, fue abordada en un primer momento por el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2 del 25 de agosto de 20169; la cual en su cuarta regla jurisprudencial previó que dicha postura no era constitutiva de derecho a reclamar el reajuste salarial y prestacional del 20% y, por lo tanto, el trámite de la solicitud tanto en sede administrativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción de derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artículos 10 y 174 de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente.
Sin embargo, aquella postura fue reevaluada por el órgano de cierre en proveído del 10 de octubre de 2019 que aclaró la sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del 25 de abril de 201910, aduciendo sobre el término prescriptivo que la regla aplicable a la asignación de retiro de los soldados profesionales es la trienal, contenida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
Conforme al criterio jurisprudencial expuesto en precedencia, queda claro para esta corporación que la postura asumida por el juzgado de instancia no solo desconoce la norma vigente y aplicable en el caso concreto – Decreto 4433 de 2004 –; sino que, además, omite dar cumplimiento a las decisiones jurisprudenciales de carácter erga omnes que sobre la materia ha expedido de manera reciente el máximo órgano contencioso administrativo.
El anterior lapsus cometido por el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué conllevó a dar aplicación a una postura que si bien de antaño era utilizada por el Consejo de Estado, lo cierto es, que en torno a la reliquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, dicha tesis fue modificada por la sentencia de unificación 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda CE-SUJ2-003-16, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ;
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-2015), Demandante: Benicio Antonio Cruz, Demandado: Ministerio de Defensa - Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional, Asunto: asignación salarial mensual de los soldados profesionales que se desempeñaban como soldados voluntarios - reglas / reajuste salarial del 20 por ciento - procedencia / prescripción del reajuste salarial / sentencia de unificación. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda CE-SUJ2-015-19;
Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16), Demandante: Julio César Benavides Borja, Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Asunto: Asignación de retiro de los soldados profesionales. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil CE-SUJ2-015-19 del 25 de abril de 2019 y por lo tanto, se hace imperioso recordar que para casos como el aquí debatido, es la aplicación de esta última sentencia lo que prevalece, y no a la ilustrada en proveído del 25 de agosto de 2016 como equivocadamente lo plasmó el juzgado de origen.
Si bien para el momento en que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del demandante, la posición jurisprudencial en torno al tema en comento era la señalada en el Decreto 1211 de 1990; es decir, un término prescriptivo de 4 años, lo cierto es que para el momento de debatirse en sede judicial el cuestionado termino prescriptivo, ya se había reorientado tal posición y por ende el Juzgado de instancia debió sujetarse a las precisiones jurisprudenciales que para el momento lideraban la materia, más aún cuando en las mismas reglas de unificación de 2019 se expresó claramente que los efectos de la decisión eran de índole retroactivo frente a aquellos casos que estuviesen pendientes de decisión en vía administrativa o judicial.
Con fundamento en lo expuesto, encuentra razón esta sala en los argumentos esgrimidos por la apoderada judicial del extremo pasivo al indicar la contravención que supone la reviviscencia de un término cuatrienal prescriptivo, no solo por cuanto ello conlleva a reconocer un derecho prestacional y unas sumas dinerarias que no le corresponde percibir al demandante; sino porque además, dicho reconocimiento ordenado por el juez de instancia aumenta de forma ilegal la temporalidad admitida por la ley y la jurisprudencia en cuanto a prescripción del derecho se trata.
Así las cosas, esta Corporación revocará parcialmente la sentencia recurrida en tratándose de la prescripción reconocida por el despacho de origen - cuatrienal - y la adecuará a una de índole trienal como acertadamente lo solicitó la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; la cual, deberá contabilizarse entre el 9 de octubre de 2014 al 9 de octubre de 2017 – fecha en la cual la Dirección de Prestaciones del Ejército Nacional allegó a Cremil el complemento de la hoja de servicios del demandante –.
Por lo tanto, todo derecho prestacional causado con anterioridad al 9 de octubre de 2014, se encontrará prescrito. Como consecuencia de lo anterior, se revocará el numeral 4° de la parte resolutiva del fallo acusado, haciéndose énfasis en que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 2873 de 2018, reliquidó de forma acertada la asignación de retiro del demandante César Tafur Vargas con el incremento sueldo básico en un 20% como partida computable. 2.
De la indexación de las sumas reconocidas en sede administrativa. Predica la apoderada judicial del extremo pasivo en su escrito de alzada que no es dable reconocer intereses moratorios e indexación a las sumas reconocidas en sede administrativa por parte de Cremil, pues su causación no deviene de un fallo condenatorio en contra de la entidad, sino de un aumento y reliquidación voluntaria que realizó la entidad.
Pues bien, esta colegiatura debe recordar que la indexación sirve como un instrumento para equilibrar el fenómeno de la depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del país. Si bien es cierto no existe en el ordenamiento jurídico una norma expresa que ordene la actualización o indexación de sumas reconocidas en vía administrativa, lo cierto 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil es que el Consejo de Estado11 ha señalado que en acatamiento del artículo 230 de la Constitución Política, así como de los principios de equidad y justicia, es procedente ordenar la indexación en la medida que actualizar el pago de las sumas que la administración debe y que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que su acreedor se vea obligado a percibir un ingreso devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su pago efectivo; por ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del deterioro inflacionario.
Lo contrario implica desconocer no solo el hecho palmario de la inflación, sino desoír claros principios de equidad. Por su parte, en un reciente pronunciamiento emanado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia12 frente a la actualización del ingreso base de liquidación que sirve de base para calcular la primera mesada pensional, aquella corporación concluyó que tal indexación procede respecto de todas las pensiones, independientemente de su origen, fecha de causación o exigibilidad, puesto que se trata de un derecho de todos los pensionados que se deriva de postulados y pilares fundamentales del Estado social de derecho, que promueven el mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales, en garantía de los principios de equidad, igualdad y justicia social.
Teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial del órgano de cierre, es dable concluir por parte de esta colegiatura que al tenor del principio de equidad como criterio auxiliar contemplado en el artículo 230 de la Constitución, es procedente que por vía judicial sea ordenado el reconocimiento y pago de la indexación sobre sumas reconocidas en sede administrativa cancelada de forma morosa por las entidades públicas.
Siendo ello así y al revisarse con detenimiento la tarjeta de liquidación titulares para el periodo entre el 9 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2017, observa la sala de decisión que si bien se realizaron los ajustes del salario básico del demandante, se previeron las diferencias resultantes por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y se calcularon los descuentos aplicables; lo cierto es que brilla por su ausencia la operación aritmética correspondiente a la indexación de los valores reconocidos a César Tafur Vargas, por lo que se concluye que al momento de efectuarse el reconocimiento del retroactivo, la entidad demandada lo hizo llanamente por los valores de las mesadas desde el 9 de octubre de 2014.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no reconoció la indexación de los dineros pagados frente a las mesadas retroactivas, la sala de decisión acompaña parcialmente la tesis que sostuvo el despacho de instancia frente a la indexación de las sumas reconocidas por concepto del reajuste del 20%; pero únicamente sobre los valores percibidos por concepto de incremento del sueldo básico en un 20% como partida computable de la asignación de retiro, desde el 9 de octubre de 2014 al 9 de octubre de 2017 – prescripción trienal –, debiéndose aplicar la siguiente fórmula: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER; sentencia del 16 de agosto de 2018, Radicación número: 23001- 23-33-000-2014-00158-01(2888-15), Demandante Diego Simón Covo Urango, Demandado: Departamento de Córdoba, asunto: indexación - factor de equidad y de justicia / mesada pensional - indexación / indexación pensional - vía judicial y en sede administrativa / indexación - primera mesada pensional. 12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez; sentencia del 14 de agosto de 2024, SL2639-2024 Radicación No. 98530 Acta 29, demandante: Vicente Ángel Molina Alcántara, Demandado: Almacenes Generales de Depósito de Café – Almacafe S.A, Referencia: indexación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil R = RH Índice Final Índice Inicial En la que el valor R se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma liquidada en favor del demandante por concepto de mesadas retroactivas, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, dividido por el índice inicial de precios vigente para la mensualidad en que se causó cada mesada.
A partir de la ejecutoria de la presente providencia, las sumas de dinero reconocidas devengarán intereses moratorios, en los términos previstos en el inciso 3° del artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A. Costas. Resuelto el recurso de apelación y accediendo parcialmente a las pretensiones de este, es menester hacer el correspondiente análisis de la condena en costas de la segunda instancia. El artículo 188 del C. de P.A. y de lo C.A., sobre condena en costas, establece que la sentencia que se emita en esta jurisdicción “dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”; por ello, el Consejo de Estado13, enfatizó que el legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” -CCA- a uno “objetivo valorativo” -C. de P.A. y de lo C.A. El C.G del P., sobre costas, tiene dicho que están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho (artículo 361), por lo que en la decisión que resuelva una controversia total o parcial, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación o queja o súplica, etc., que haya propuesto (artículo 365, numerales 1 y 2); de tal manera que se explicite en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia, condenando al recurrente en las costas de la segunda (numeral 3), o cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias (numeral 4).
La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley; no obstante, en el presente asunto no se condenará en costas a la parte demandante, atendiendo a que no hubo actuación procesal de las partes en segunda instancia. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ;
Sentencia del 7 de abril de 2016, Radicación número: 13001- 23-33-000-2013-00022-01(1291-14), Demandante: José Francisco Guerrero Bardi, Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP - Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE, En Liquidación, (Hoy Liquidada), Referencia: Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, únicamente en lo referente a la declaratoria de existencia y nulidad parcial del acto administrativo ficto negativo, originado del silencio de la entidad demandada frente a la petición elevada por el demandante el día 30 de julio de 2020, respecto a la solicitud de indexación de los valores ya reconocidos.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 1, 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 10 de junio de 2022, atendiendo las consideraciones realizadas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de derechos propuesta por el apoderado judicial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, no desde el 9 de octubre de 2013 como lo dispuso el juez primogénito; sino desde el 9 de octubre de 2014 en atención al acaecimiento de la prescripción trienal de que trata el Decreto 4433 de 2004.
CUARTO: ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil-, a reconocer y pagar en favor del demandante César Tafur Vargas, la indexación de los dineros pagados en cumplimiento de la Resolución No. 2873 del 18 de enero de 2018; esto es, únicamente desde el 9 de octubre de 2014 al 9 de octubre de 2017, con fundamento en la prescripción trienal que opera en el presente asunto.
QUINTO: Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos dispuestos en el artículo 192 del C. de P. A. y de lo C.A.
SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme se expuso en el acápite considerativo de esta decisión SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas y fijar agencias en derecho de la segunda instancia.
OCTAVO: Notifíquese la presente providencia personalmente a las partes y a los intervinientes -Agentes del Ministerio Público y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-, en atención a lo dispuesto en el artículo 203 el C. de P.A. y de lo C.A.
NOVENO: En firme la presente decisión devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previa las respectivas anotaciones en el sistema de información judicial Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, (Firmado electrónicamente por Samai) (Firmado electrónicamente por Samai) JOSÉ ALETH RUÍZ CASTRO JOHN LIBARDO ANDRADE FLÓREZ Magistrado Magistrado (Firmado electrónicamente por Samai) JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA Magistrado 2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-012-2021-00004-01 Demandante: César Tafur Vargas Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil NOTA ACLARATORIA: En cumplimiento de la Ley 2213 de 2022 y el acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, y el cúmulo de normativa que regula la conectividad en la Administración de Justicia; esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala de Decisión mediante la utilización de medios electrónicos.
Esta providencia fue firmada en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI; de manera que se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, según el artículo 186 de la ley 1437 de 2011. El documento puede validarse en el siguiente link: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx