SENTENCIA — Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Footnotes · 10

1. 002.Explicó que en la casilla 17 del comparendo, se consignó la misma información dada por la agente de tránsito en su declaración pues fue escrito lo siguiente: “transporta al señor [ilegible] Carvajal Rico cc 1.073.709.456. quien manifiesta pagar al conductor valor monetario de $20.000”; y en relación con la presunta incongruencia de la prueba testimonial, no evidenció que el demandante hubiese esgrimido algún razonamiento en el que explicara por qué la declaración tendría falencias, adicionado al hecho que tuvo la oportunidad de contrainterrogar y de elevar otra solicitud probatoria dirigida a controvertirla. Sostuvo que en el presente asunto no se desconoció el principio de “indubio pro administrado”, dado que este cargo se sustentó sobre la premisa que las pruebas recaudadas por la Administración no resultaron suficientes y serían contradictorias; aspectos, que no fueron acreditados en forma alguna. Sobre la violación al debido proceso relacionado con la orden de comparendo y sus irregularidades, recordó que dicho documento constituye un mero acto de notificación, para que el presunto contraventor acuda a la respectiva audiencia pública, en la que será acreditada o desvirtuada la infracción endilgada y que como el demandante compareció y agotó el procedimiento administrativo en su totalidad, se cumplió la finalidad del comparendo y que un incorrecto diligenciamiento del mismo resulta inocuo para desvirtuar la comisión de la falta. Finalmente, condenó en costas y fijó agencias en derecho.
2. 4.El recurso de apelación El demandante insistió (i.02) en el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos demandados porque en su sentir, para la configuración de la infracción D-12 debió demostrarse la contraprestación 4 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez económica propia del servicio público de transporte; señaló la existencia de una discrepancia total entre la orden de comparendo No. “110010000000 23562556” y la declaración rendida por la agente de tránsito, pues el funcionario no advirtió de manera directa los hechos que circunscribieron la falta endilgada; cuestiona a la agente por su declaración y por lo consignado en la casilla 17, pues aduce que resulta incierto, incongruente e impreciso. También expresa que es un desacierto que se exija desvirtuar una prueba que no acreditó de manera suficiente los supuestos fácticos y elementos esenciales de la conducta endilgada y que el fallador al momento de emitir pronunciamiento debía que ir más allá de toda duda razonable. Se refirió al debido proceso, al respeto del principio de legalidad en todas sus dimensiones, la prohibición de presumir responsabilidades, el deber de probar la comisión de la falta y el derecho a no declarar en contra, y que no existía prueba que comprometiera su responsabilidad, que existe un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en relación con la versión libre del demandante y la declaración de la agente de tránsito, e insistió en la falsa motivación, el desconocimiento al debido proceso, cuestiona a la testigo y controvierte la condena en costas.
3. 5.Trámite surtido en la segunda instancia Se admitió el recurso de apelación (i. 04).
4. 6.Alegatos de conclusión No se presentaron por las partes.
5. 7.Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público no emitió pronunciamiento en esta instancia procesal. CONSIDERACIONES Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, pasa la Sala a decidir de fondo el presente proceso judicial.
6. 1.El problema jurídico Consiste en: i) ¿Procede revocar la sentencia de primera instancia, por las razones que se exponen en el recurso de apelación? Se analizarán los cargos de la impugnación, confrontados con el acervo probatorio que se aportó al expediente, las consideraciones del Juzgado en la providencia, y la normativa y la jurisprudencia aplicables. 5 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez
7. 2.Análisis de aspectos procedimentales 2.1. Sentencia de fondo. El proceso cumple con el cometido encargado a la Administración de Justicia de dirimir la disputa puesta a su consideración2. 2.2. Las excepciones. En el recurso de apelación no se planteó reclamo en este tema, por lo que no procede pronunciamiento sobre el particular. Y sobre excepciones de oficio, no se encuentra probada alguna para declarar (Artículo 187, CPACA)3.
8. 3.Pruebas recaudadas Del acervo probatorio allegado y valorado, se destaca el expediente administrativo número 7328, correspondiente a la Orden de Comparendo No. 11001000000023459418, del cual se destacan: a. Resolución proferida el 13 de enero de 2020, a través de la cual la Secretaría Distrital de Movilidad declaró a Sergio Alberto Llanes Velásquez responsable de cometer la infracción D-12 del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. b. Resolución No. 4829-02 del 30 de diciembre de 2020, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión. c. Orden de Comparendo No. 11001000000023459418, elaborada por la agente de tránsito Adriana Padilla.
9. 4.Caso concreto El proceso se ocupa de determinar si los actos administrativos demandados, deben declararse nulos y en esta segunda instancia, si se debe revocar la condena en costas. Para el Juzgado de primera instancia, las decisiones adoptadas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá son legales; decisión que controvierte el demandante en el recurso que aquí se decide. 2 Significa que se controló en forma exitosa la legalidad procesal en todos sus aspectos, como jurisdicción, competencia, demás presupuestos exigidos, y sin nulidades u otros trámites por decidir. 3 CPACA hace referencia al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que reemplazó al C.C.A, lo que a su vez, corresponde al Código Contencioso Administrativo, vigente hasta el 2 de julio de 2012 pero que se aplica en los procesos iniciados antes de esa fecha. Cuando se escriba C. Po, se hace alusión a la Constitución Política de Colombia; C.P.C es Código de Procedimiento Civil; CGP es Código General del Proceso; al mencionar C.C, es Código Civil, CST es Código Sustantivo del Trabajo, C. Co. es Código de Comercio y E. T. Estatuto Tributario. C. P. es Código Penal y CPP se refiere al Código de Procedimiento Penal. M. P. es el Magistrado Ponente en sentencias que se citan; de otra parte, “i” indica el número del índice de registro en Samai donde se encuentra la prueba o documento mencionado. 6 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez 4.1. Los cuestionamientos a la providencia de primera instancia4. Del recurso de apelación, se extrae que cuestiona lo siguiente: - La interpretación y aplicación de las normas realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para imponer la infracción D-12, así como la valoración probatoria efectuada y el trámite realizado por la agente de tránsito que impuso la orden de comparendo. 4.2. En cuanto al reproche de una indebida aplicación normativa pues correspondía interpretar la infracción D-12 junto con los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, referentes a la definición del servicio público de transporte y su elemento distintivo de contraprestación económica, se encuentra que el Juzgado estableció que la infracción D-12 contenida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, referente a “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”, es clara y no requiere ser interpretada con las normas que desarrollan y definen el servicio público de transporte, porque lo que se reprocha en la disposición en comento, es el uso o destinación que se le da a un vehículo, situación que es ajena a la retribución económica que distingue el servicio público de transporte. Aunque la parte demandante pretende que la destinación de un vehículo particular al servicio público solo pueda ser verificada cuando se demuestra la contraprestación económica, ya que ese es el elemento distintivo del servicio público de transporte según los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, esa interpretación no tiene respaldo jurídico, por cuanto el verbo rector de la infracción D-12 se refiere es a la destinación que se le da al vehículo, lo cual es independiente de la eventual retribución económica que podría recibirse por la prestación del servicio de transporte. Además, de interpretarse que el cambio en la destinación o uso del vehículo solo puede configurarse cuando se demuestra el pago de una contraprestación económica, se estaría desconociendo el efecto útil de la norma jurídica, pues incentivaría la ilegalidad, permitiría que quedara impune la destinación de un vehículo particular al servicio público, con la mera alegación de no haberse efectuado el pago o retribución económica. De otra parte, es claro que la norma jurídica no exige la contraprestación económica, ni la aplicación de las disposiciones propias del servicio público 4 Cuando se trata de resolver un recurso de apelación, y teniendo en cuenta que el principio tantum devolutum quantum apellatum (cuanto apela, tanto se decide) descansa sobre dos pilares: la congruencia y la facultad de disposición, significa que la segunda instancia -ad quem- deberá pronunciarse solo sobre aquellos cargos expresamente invocados contra la decisión del a quo (la primera instancia), pues frente a lo que no se cuestiona en la apelación, se tiene por aceptado y consentido; vale decir, que sólo es dable decidir y conocer aquellas circunstancias a las que ha limitado en forma concreta y expresa la apelación del recurrente, excepto cuando se trata de nulidades (art. 145, C.P.C; 137 del CGP), excepciones de oficio (art. 164, CCA; 180.6, 187 inc.2, CPACA), y sentencias inhibitorias o ilegales que se revocan y pueden ser desfavorables al apelante único, pues son temas que deben abordarse así no se planteen en el recurso de apelación; hay otras excepciones a la regla general (M. P. Danilo Rojas Betancourth, 17 de noviembre de 2016, exp. 1999-0200801) derivadas (i) de la facultad del ad quem para manifestarse sobre aspectos implícitos de los argumentos de la apelación y, (ii) de los cuerpos normativos que le imponen el deber de pronunciarse de oficio sobre un asunto en específico; también deben observarse principios de convencionalidad sobre el tema. 7 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez de transporte, ya que se reitera, el acto que se sanciona es el uso o destinación ilegal dado al vehículo, sin considerar beneficios económicos al conductor o propietario. Y no puede obviarse que la indebida destinación de un vehículo puede ser constatada en diversas fases o eventos, según el caso, toda vez que podría presentarse desde el ofrecimiento efectuado (anuncio público o privado del servicio a prestar) hasta la ejecución o concreción del servicio por cumplimiento del traslado o uso convenido (uso no autorizado), de ahí que sea irrelevante si hay contraprestación. De ahí que se respalda la interpretación adoptada por la Juez de primera instancia, en tanto no solo coincide con el verbo rector de la infracción (destinar), sino que respeta el efecto útil pretendido por el legislador con su expedición, el cual no es otro que evitar que vehículos con destinación específica sean utilizados o destinados para otros propósitos o fines diferentes a los autorizados por la respectiva autoridad de tránsito. Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad no infringió las normas en que debía fundarse para imponer la infracción D-12; y se procederá a establecer si existió una indebida valoración probatoria y si se presentaron irregularidades en el procedimiento adelantado por la agente de tránsito que atendió el caso, que ameriten declarar la nulidad de los actos administrativos objeto del presente proceso. Así, del material probatorio obrante en el proceso, se demostraron las siguientes circunstancias relevantes: i. El 23 de julio de 2019, la agente de tránsito Adriana Padilla le impuso a Sergio Alberto Llanes Velásquez, la Orden de Comparendo No. 11001000000023459418, por la infracción D-12, prevista en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. ii. En la Orden de Comparendo impuesta se dejó la siguiente constancia en la casilla número 17: “Transporta al señor Bryan Carvajal Rico CC 1073704456 quien manifiesta pagar al conductor valor monetario de 20.000$”. Con firma del aquí demandante con cédula No. 1.010.207.149. iii. En declaración rendida en el trámite contravencional, la agente de tránsito Adriana Padilla indicó en resumen, que se encontraba por orden de servicio en el terminal de transporte de El Salitre, dónde le hace la señal de pare al hoy demandante, le solicita documentos y el acompañante inmediatamente se baja del vehículo manifestando que no tiene ningún vínculo familiar con el conductor, que tomó un servicio y pagó por el mismo la suma de $20.000. iiii. En el expediente, Sergio Alberto Llanes Velásquez pidió dos pruebas en el proceso contravencional adelantado ante la Secretaría Distrital de Movilidad: a. la declaración de la agente que atendió el caso y b. certificado de estudios técnicos en seguridad vial de la misma agente de tránsito. 8 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez Aunque la parte demandante pretende mostrar que la decisión adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad no gozaba de respaldo probatorio y que la valoración de las pruebas no había sido adecuada, toda vez que la agente de tránsito que impuso la Orden de Comparendo supuestamente no presenció de manera directa la infracción, entre otras situaciones, luego de analizarse la documental obrante en el expediente, en especial la declaración rendida por la agente de tránsito que atendió el caso, se establece que dicho funcionario sí presenció de manera directa la conducta objeto de reproche por la infracción D-12. Ahora bien, el demandante en el recurso de alzada indica que en versión libre sostuvo que: “No estaba realizando transporte ilegal al encontrarse transportándose con su hijo y un acompañante en su vehículo de uso particular”; sin embargo, revisado el expediente 7328 el demandante no indicó lo reseñado ahora en el recurso, pues en el relato de los hechos acontecidos el 23 de julio de 2019, declaró que estaba por la zona del terminal cuando “se baja una persona de vehículo” y luego, es abordado por la agente de tránsito y que dicho procedimiento policial concluye con la orden de comparendo y la inmovilización del vehículo. En relación con la contraprestación del servicio, si bien la agente no estuvo presente en el momento exacto en el que el usuario canceló al demandante –conductor del vehículo– la suma de $20.000, sí se demostró que el usuario probó que el vehículo que lo transportaba con placas UGU330 (de uso particular), le había prestado el servicio de transporte con una retribución económica. De igual forma, consta en el expediente que la agente de tránsito recopiló el nombre del usuario del servicio junto con su número de cédula, y que esa información quedó consignada en la Orden de Comparendo No. 11001000000023459418 del 23 de julio de 2019. Ahora, el hecho que la agente no hubiera presenciado de manera directa la transacción económica o el acuerdo de transporte celebrado con el usuario del servicio, no significa que su decir carezca de valor o no pueda ser apreciado, porque en materia de infracción por destinación distinta a la autorizada, es necesaria e indispensable la indagación previa a fin de constatar si en efecto ocurrió la infracción con el vehículo involucrado, labor que le corresponde efectuar al servidor público encargado de velar por el cumplimiento de las reglas de tránsito. Además, debe recordarse que en materia de infracciones de tránsito, la labor de la agente es de vital importancia, porque en la gran mayoría de casos es por su verificación personal que se constata la comisión de una falta, lo que significa que su testimonio e informe constituyen la prueba más importante o de mayor relevancia al momento de adelantar el respectivo proceso contravencional. Se impone destacar que así como los actos de los particulares ante las autoridades se encuentran revestidos de la presunción de buena fe (Artículo 83, C.Po), en el caso de los servidores públicos encargados de asegurar el cumplimiento de reglas o disposiciones que contienen obligaciones de hacer 9 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez o no hacer, el actuar y decir de estos funcionarios igualmente goza de esa prerrogativa de índole constitucional, pues mal haría en establecerse un cargo con funciones de verificación y no conferirse valor alguno a sus pruebas en caso de advertir faltas o incumplimientos5. De manera que no se encuentra irregularidad alguna en el testimonio ni en el informe de la agente de tránsito Adriana Padilla, en tanto es evidente que constató de manera directa y personal la comisión de la infracción D- 12 al ejercer su labor de indagación directa ante el propio usuario del servicio prestado por el vehículo de placas UGU330, el cual se individualizó e identificó en la respectiva Orden de Comparendo, no son contradictorias y no fueron desvirtuados en el proceso, con lo que gozan de plena credibilidad y demuestran la comisión de la falta endilgada. Frente a otras presuntas irregularidades que el apelante endilga sobre el trámite adelantado por la agente de tránsito, referidas al interrogatorio al usuario del servicio y a que desconoció los requisitos previstos en la normativa aplicable, se establece que la indagación efectuada por la servidora pública al ocupante del vehículo no constituye un interrogatorio, pues solo se trata de la constatación de una situación que puede demostrar como generadora de la imposición de una infracción de tránsito. Y se corrobora que se consignaron datos suficientes de esta persona, solo que el afectado no planteó en la debida oportunidad probatoria la necesidad de convocarla para cuestionarle sus afirmaciones, omisión que le corresponde asumir en sus consecuencias procesales administrativas y judiciales. Y en cuanto a los requisitos que debe contener la Orden de Comparendo, se encuentra que el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 regula el procedimiento, se encuentra que, la ordena de comparendo deberá estar firmada por el conductor, situación que ocurrió, pues Sergio Alberto Llanes Velásquez firmó con su número de cédula. La parte demandante alega que lo consignado en la orden de comparendo y la declaración de la agente resulta incierto, incongruente e impreciso, sin embargo, al verificar el proceso contravencional 7328 se evidencia que la orden de comparendo y la declaración de la agente resulta congruente pues confirmó y ratificó los hechos que dieron origen a la imposición del comparendo. No se acreditó en el expediente la endilgada irregularidad dentro del trámite adelantado por la agente de tránsito Adriana Padilla. Lo que a su vez, descarta que se haya tratado de un caso de responsabilidad objetiva, toda vez que la autoridad administrativa constató y verificó el incumplimiento de las reglas vigentes sobre tránsito y transporte, hecho que se reitera, no se desvirtuó en este proceso. También se pone de presente, que si se hubiera demostrado alguna -Lo que no ocurrió en este expediente-, no toda irregularidad en un procedimiento administrativo da lugar a invalidar o anular los actos 5 En cuanto a la presunción de buena fe de los actos provenientes de servidores públicos en ejercicio de sus funciones ver: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, sentencia de 29 de agosto de 2023, expediente número: 25899 333 3001 2015 00203 02, M.P. Luis Norberto Cermeño. 10 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez administrativos definitivos, ya que corresponde establecer si el error o defecto cometido tuvo el carácter de sustancial6. Y se establece que en el presente asunto no existen irregularidades en el trámite de elaboración y expedición de la Orden de Comparendo que den lugar a considerar que se vulneró el derecho de defensa y contradicción del conductor afectado, máxime cuando el comparendo solo constituye una citación7 tendiente a que el presunto infractor de una norma de tránsito acuda a pagar la correspondiente sanción o adelante un trámite de impugnación, opción que se cumplió en este caso, por cuanto Sergio Alberto Llanes Velásquez tuvo conocimiento oportuno de la infracción que se le endilgó, participó en el procedimiento, se le presentaron las pruebas aducidas en su contra y pudo controvertir las decisiones adoptadas por la autoridad de tránsito en este caso, la Secretaría Distrital de Movilidad. Conforme con lo expuesto, se establece que el Juzgado acertó y se le respalda, al indicar que en el presente caso no se configuraron las causales de ilegalidad que se le endilgaron a las resoluciones que encontraron responsable al hoy demandante de cometer la infracción D-12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, ni se demostraron los cargos presentados contra la sentencia cuestionada, pues se probó más allá de toda duda, que Sergio Alberto Llanes Velásquez destinó el vehículo de placas UGU330 a un servicio diferente de aquel para el cual se encontraba autorizado. 4.3. Por último, cuestionó el apelante la condena en costas, y se determina que en este tema sí prospera el recurso y se revocará la impuesta en la sentencia de primera instancia, ya que conforme con el artículo 188 del CPACA y la sustentación del acápite 5 siguiente, la obligación de condenar a la parte vencida no lo es en forma inexorable u objetiva, y por cuanto desde el punto de vista de apreciación subjetiva, no se encuentra conducta reprochable del demandante en el proceso para aplicarlas, como acciones temerarias o dilatorias que dificultaran el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento. En consecuencia, se determina que el recurso de apelación prospera solo en cuanto a la condena en costas que cuestionó. 4.4. Por lo tanto, y de conformidad con lo que se expuso y demostró, se responde ante el problema jurídico planteado, que procede revocar en forma parcial, la sentencia apelada, esto es, solo en lo concerniente a la condena en costas que se le impuso al demandante. En lo demás se confirmará.
10. 5.Costas No se produce condena en costas por el trámite en esta instancia, ya que conforme con el artículo 188, CPACA, no hay obligación de condenar a 6 Sobre el particular, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de agosto de 2015, expediente número: 11001-03-28-000-2014-00128-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 7 En cuanto a la naturaleza de la orden de comparendo, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente número: 11001 03 15 000 2013 02588 01 (AC), M.P. Susana Buitrago Valencia. 11 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez alguien por este concepto, toda vez que la expresión “dispondrá” no significa condenar ni imponer sino “Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse”, “preparar”, “Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ello” (DLE). Es decir, lo que manda dicha norma jurídica es analizar y decidir si se impone o no; lo que a su vez, implica que no es jurídico condenar a la parte vencida en forma inexorable u objetiva. Y menos, cuando el artículo 365, CGP, también exige incluso en caso de su numeral 1, que “8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, y aquí ni aparece que se causaron ni hay comprobación alguna, ante lo que el Juez no puede suponer ni asumir. Y desde el punto de vista de apreciación subjetiva, no se encuentra conducta reprochable de alguna de las partes en el proceso para aplicarlas, como acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, que si fuera el caso, ahí sí podría operar la remisión a los artículos 365 y 366 del CGP, como lo ha indicado el Consejo de Estado (Entre otras sentencias, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, 19 de enero de 2017, rad. 76001-2333-000-2013-00015-01; y M. P. Carmelo Perdomo Cuéter, 17 de febrero de 2017, exp. 81001 2333000 2013 00116 01; M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, 12 de agosto de 2019, rad. 81001-2333-000-20130003301, 2346-14; M.P. Gabriel Valbuena Hernández, 21 de mayo de 2020, rad. 81001-23333-000-2014- 00002-01, 0966-2015). Y tampoco procede la aplicación del artículo 188, CPACA, cuando prescribe de nuevo desde la Ley 2080 de 2021, -“dispondrá”- que “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, por cuanto si bien la demanda al final no fructificó, no se presenta esta reprochable circunstancia en el escrito inicial. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E PRIMERO. REVOCAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, en cuanto condenó en costas y fijó agencias en derecho al demandante; y CONFIRMAR lo demás que decidió dicha providencia. SEGUNDO. DECLARAR que no hay condena en costas en esta instancia. 12 Proceso: 11001 33 34 002 2021 00347 01 Demandante: Sergio Alberto Llanes Velásquez TERCERO. ORDENAR que en firme la providencia, se devuelva el expediente al Despacho de origen, previas los registros de rigor. La presente providencia fue aprobada por la Sala en sesión de la fecha. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firma electrónica LUIS NORBERTO CERMEÑO Magistrado Firma electrónica FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA Magistrado Firma electrónica ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES Magistrada CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma electrónica del Consejo de Estado denominada SAMAI, en consecuencia, se garantiza autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.