SENTENCIA — Tribunal Administrativo de Arauca

Footnotes · 8

1. 4.Las impugnaciones 3.4.1. La demandante en el recurso (i. 11) refuta la decisión del A quo en cuanto a que nunca se hizo el trabajo de campo para lograr determinar el nivel de riesgo y que la entidad en su afán de desmontar esquemas de seguridad sin importar el respeto a la vida de los beneficiarios asigna una calificación de 52,22%; además que no se aportó la matriz de ponderación y riesgo. Añade que anexó material probatorio que la Juez no tuvo en cuenta como fueron las denuncias en la fiscalía, los atentados y los mensajes de chats que claramente muestran que tenía cita para evaluación de riesgo por parte del analista de la UNP el día 11 de septiembre de 2023. Insiste que su riesgo es extraordinario y que su vida corre peligro, pues fue objeto de atentados terroristas y a la fecha los autores no han sido capturados ni sentenciados, lo que indica que siguen libres y están a la espera de la oportunidad para lograr su cometido. Página 5 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP CONSIDERACIONES
2. 1.Competencia Es competencia del Tribunal Administrativo de Arauca decidir el recurso que se interpuso de conformidad con los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que modificó el Articulo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015.
3. 2.El problema jurídico Consiste en: ¿Procede revocar la sentencia cuestionada, conforme lo pide la demandante en su escrito de impugnación?
4. 3.Principales pruebas recaudadas y valoradas - Resolución 00008230 del 12 de septiembre de 2022, de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, “Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad, y la Seguridad de personas, grupos y comunidades”, con oficio No. OFI23- 00031007 de 27 de junio de 2023 de notificación electrónica (i.3). - Resolución No. 6304 del 14 de agosto de 2023, por la cual se resuelve un recurso de reposición, suscrita por el Director General de la Unidad Nacional de Protección –UNP- (i.3). - Oficio de 06 de septiembre de 2023, emitido por la Fiscalía General de la Nación, dirigido al Comandante de la Policía de Engativá de la ciudad de Bogotá, sobre protección policiva para evitar afectaciones futuras en la vida de Luz Estella Quenza Becerra (i.3). - Oficio de 08 de agosto de 2023, emitido por la Defensora Regional de Arauca, dirigido Luz Estella Quenza Becerra, sobre requerimientos a la Unidad Nacional de Protección –UNP- y al Comandante del Departamento de Policía (i.3).
5. 4.Criterios jurisprudenciales sobre el derecho a la seguridad personal Dentro de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se encuentra el derecho a la seguridad personal, la Corte Constitucional (Sentencia T-224 de 2014) resalta que la noción de “seguridad” se proyecta en tres dimensiones distintas, a saber: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho fundamental. Agrega la Alta Corte que “el derecho a la seguridad, a pesar de que no se encuentra expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, proviene de una Página 6 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP interpretación sistemática de la Constitución2 y de los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “En virtud de lo anterior, la Corte ha señalado que el derecho a la seguridad personal no se ciñe únicamente a los eventos en los que esté comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que por cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan protección por parte del Estado; concretamente, la vida y la integridad personal como derechos básicos para la existencia misma de las personas. “En esta medida, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la función primordial de la labor protectora de las autoridades es la de provisionar efectivamente las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de las personas en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su contra. “La seguridad, entonces, tiene que ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental, teniendo en cuenta que este último aspecto constituye una garantía que debe ser salvaguardada por el Estado sin limitar su ámbito de protección (solo respecto las personas privadas de la libertad), sino por el contrario extenderse a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado necesitan la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física”. Nuestro ordenamiento jurídico permite que se cuestionen en vía de tutela las decisiones que se adopten en ejercicio de la función administrativa, pues al provenir de la acción de una autoridad, puede vulnerar o amenazar derechos fundamentales (C. Po, artículo 86; Decreto 2591 de 1991, artículos 1 y 2). Sin embargo, se debe tener en cuenta el carácter subsidiario de la acción de tutela, pues en casos como el presente, también se ha consagrado un medio de control ordinario para impugnar en vía judicial contencioso administrativa, los actos administrativos; es el de nulidad y restablecimiento del derecho, prescrito en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el tema, y ha expuesto (M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, 16 de diciembre de 2015, rad. 81001-23-31- 000-2015-00055-01) sobre la improcedencia de la acción de tutela para impugnar actos administrativos: 2 El Preámbulo y los artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 73 superiores. Página 7 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP “El Consejo de Estado se ha ocupado de definir el concepto de acto administrativo y la improcedencia de la acción de tutela para atacar los mismos, salvo que se acredite un perjuicio irremediable. De esta manera, en Sentencia del 21 de abril de 2005, expediente 06987, dijo la Corporación: “Según esta Corporación, el acto administrativo es definido “...la expresión de voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de funciones administrativas, que modifique el ordenamiento jurídico, es decir, que por sí misma cree, extinga o modifique una situación jurídica...” “El control de legalidad que se ejerce en contra de los actos administrativos, por un lado corresponde primeramente a la administración cuando el administrado hace uso de los recursos de la Vía Gubernativa, y solo procede para los actos administrativos de carácter personal e individual; y en segunda medida a la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando el administrado inconforme con la decisión de la administración hace uso de las acciones contenciosas para controvertirlas, o cuando siendo actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, el administrado utiliza la acción de nulidad cuando observe que el acto es violatorio de normas legales. “…De manera que la acción de tutela no puede ser utilizada para subrogar las funciones que la Constitución y la Ley imponen a las jurisdicciones y a los jueces para la resolución de las controversias, eso conllevaría a crear inseguridad en el ordenamiento jurídico, porque cualquier persona que se le haya violado o sienta amenazado un derecho fundamental constitucional, instaure para la protección inmediata de sus derechos la acción de tutela, y no el mecanismo que por ley debería utilizar.” En igual sentido la Corte Constitucional, ha considerado la regla según la cual, la acción de tutela contra actos administrativos tiene un carácter excepcional, debido a la existencia de otros medios judiciales de defensa. En la Sentencia T–214 de 2004, se dijo al respecto: “Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental, ello no significa que la tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que la normatividad nacional contempla. “El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de Página 8 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP protección de todos los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable” (Resaltos intencionales). Una vez definidos los lineamientos constitucionales respecto a la improcedencia de la tutela, cuando existen otros medios de defensa judiciales, el Despacho analizará el caso sometido a estudio, con fundamento en estos criterios”. Conforme con la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales expuestos, se establece que en el presente caso y en principio, la acción de tutela no sería procedente, ya que se dispone de un medio de control ordinario que puede ser utilizado por la demandante en caso que persista en su criterio de cuestionar las decisiones de la entidad, mecanismo que es el idóneo para controvertir los actos administrativos de los cuales discrepa, y que también resulta oportuno y de gran eficacia, ya que el procedimiento judicial contiene el instrumento de las medidas cautelares que permiten desde la primera actuación del Juez contencioso administrativo, la suspensión provisional de ese tipo de decisiones (Artículos 229 a 241, CPACA). De ahí que como también lo expresó el Consejo de Estado en la sentencia transcrita, “reiterando la posición de esta Sección, la acción de tutela no es el remedio judicial para discutir las inconformidades de la parte demandante contra un acto administrativo, ya que dicho mecanismo constitucional se caracteriza por ser un remedio residual y excepcional, que no reemplaza los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador para la efectiva protección de derechos, so pena de desconocer los principios de legalidad y juez natural, que aseguran que cada controversia sea decidida por un juez especializado”. No obstante, la Corte Constitucional (Sentencia T-210 de 2014) ha considerado que si bien en principio la acción de tutela resulta improcedente cuando se utiliza para controvertir las decisiones de la administración, en atención a que el ordenamiento jurídico ha delineado un sistema de control judicial mediante acciones y recursos especiales que admiten el cuestionamiento de actos de esa naturaleza, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, también ha reconocido su procedencia excepcional para controvertirlos, siempre que en tales eventos se acredite que puede ocurrir un perjuicio irremediable frente a la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales invocados. Dicha postura también ha sido la del Consejo de Estado, entre otras, M.P. César Palomino Cortés, 14 de diciembre de 2016, rad. 810012333000 201600110
6. 01.En ese aspecto, la demanda respaldada en la calidad que invoca la solicitante y en su insistencia de reconocer el riesgo que enfrenta, la acción de tutela -se reitera que bien podría tenerse como improcedente-, en este caso resultaría un Página 9 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP mecanismo propicio para discutir una posible vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. Además, la evolución jurisprudencial que sobre la materia ha desarrollado la Corte Constitucional (ver, entre otras, la sentencia T-124 de 2015), resalta “el deber que tiene el Estado de proteger la vida y la seguridad personal de quienes por sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, se exponen a un nivel de riesgo o amenaza mayor”. Como se explicó en la providencia, dichas personas gozan de una presunción de riesgo que debe ser de inmediato activada por la autoridad pública competente para adoptar medidas y elementos de protección eficaces, oportunos e idóneos y tanto fáctica como temporalmente adecuados para amparar la vida, la integridad y la seguridad personal, los cuales solo pueden desvirtuarse luego de haberse adelantado las correspondientes valoraciones técnicas de seguridad. Por esas razones, el criterio jurisprudencial vigente establece que pese a que la decisión de la administración pueda ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no puede pasarse por alto la condición especial que ha planteado la aquí demandante, por lo que en este caso particular y concreto se supera el carácter subsidiario, y la acción de tutela se erige como el mecanismo de protección idóneo de sus derechos fundamentales, razón suficiente para aplicar y decidir en este evento, que resulta procedente la acción constitucional como mecanismo de protección. Sin perjuicio como se reiterará más adelante, de las decisiones que correspondan, toda vez que aceptar que se realice el análisis de fondo no conduce de manera obligada a decidir en forma favorable sus pretensiones, pues lo que se resuelva dependerá del resultado que arroje el estudio fáctico, jurídico, probatorio y jurisprudencial del expediente.
7. 5.Caso en concreto De los planteamientos de inconformidad que contiene el recurso de impugnación, se establece: i). En la Resolución 00008230 del 12 de septiembre de 2022, de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, “Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad, y la Seguridad de personas, grupos y comunidades” (i.3), se estableció lo siguiente, que por ser relevante se cita en extenso: Página 10 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP Página 11 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP Página 12 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP (…) Como se observa, la UNP en esta resolución, sí expresó extensas, suficientes y detalladas razones de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la adopción de las medidas de protección que se le recomendaron el 12 de agosto de 2022. Y contrario a lo que expone la tutelante, dicha resolución y la evaluación de 2022 son producto del análisis anual que se le debe realizar a los protegidos. Y es necesario precisar que la evaluación realizada al riesgo es por primera vez, teniendo en cuenta que las medidas de protección de carácter provisional implementadas se determinaron en razón al trámite de emergencia reglado en el artículo 2.4.1.2.9, del decreto 1066 de 2015, por acreditase su candidatura a la Cámara de Representantes. Así mismo, se demostró que frente a la Resolución 00008230 del 12 de septiembre de 2022 se le dio la oportunidad a la hoy tutelante de impugnarla, a lo que procedió, y se acreditó que el recurso se resolvió de manera oportuna; decisiones que bien pudo controvertir en vía judicial mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De manera que no se probó la violación del derecho al debido proceso que planteó la impugnación de la tutelante. El recurso también se refiere al material probatorio que la Juez no tuvo en cuenta como fueron las denuncias en la fiscalía y el atentado contra la sede del Partido Liberal Colombiano en Corinto- Cauca. Sin embargo, el oficio de 06 de septiembre de 2023, emitido por la Fiscalía General de la Nación, dirigido al Comandante de la Policía de Engativá, sobre protección policiva para evitar afectaciones futuras en la vida de Luz Estella Quenza Becerra, el oficio de 08 de agosto de 2023, emitido por la Defensora Regional de Arauca, dirigido Luz Estella Página 13 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP Quenza Becerra, sobre requerimientos a la Unidad Nacional de Protección – UNP- y al Comandante del Departamento de Policía y del atentado a la sede de Corinto- Cauca de 06 de septiembre de 2023, se emitieron y se ejecutaron con posterioridad a la evaluación que adoptó la Resolución 00008230 de 2022 y la que resolvió el recurso. Y se le recuerda que precisamente, ante la menor evidencia que detecte de una circunstancia por leve que parezca con la que se pretenda atentar contra su vida o integridad personal, la normativa aplicable le permite solicitar incluso sin necesidad de esperar un año de la actual evaluación, ante la UNP una nueva revaluación de su situación personal, individual o familiar, que se debe tramitar mediante un procedimiento abreviado (Artículo 2.4.1.2.40, Decreto 1066 de 2015), y frente a cuyas decisiones si las considera desfavorables, puede acudir a la vía judicial ordinaria para cuestionarlas, ya que se reitera, esta contiene mecanismos ágiles y oportunos para que el Juez adopte las medidas que puedan ser aplicables. De hecho, respeto del chat que refiere sobre la citación a una nueva evaluación del riesgo del día 27 de agosto, se considera que era un momento pertinente para poner en conocimiento a la Unidad para su nuevo análisis dentro de la evaluación del riesgo del año 2023 o pedir una nueva reevaluación. También sé cuestiona que la UNP está en la obligación constitucional de brindarle las garantías para su vida, máxime si la entidad calificó su riesgo como extraordinario. En cuanto a este reproche, se encuentra que la entidad demandada no ha suprimido o levantado las medidas de protección que le han otorgado a Luz Estella Quenza Becerra, quien muestra es una inconformidad porque considera que las recibidas no son las que esperaba. Pero es indudable que la UNP ha adoptado las que en sus análisis y procedimientos administrativos estima pertinentes al nivel de riesgo que se le ha asignado a la activista de grupos políticos- integrante del Directorio Departamental del Arauca por el Partido Liberal Colombiano, pero no se planteó en este proceso que se le hayan retirado en su totalidad. Se debe tener en cuenta que aún dentro de los tres niveles de riesgo que se han establecido (Ordinario, extraordinario y extremo), las medidas de protección pueden variar según el porcentaje que en cada caso particular y concreto se establezcan para los protegidos, pues en el caso del segundo, no puede aspirarse las mismas medidas para quien está con 79% de riesgo extraordinario que el que se encuentra en el 50% si bien este también se cataloga como extraordinario. De esta manera no se acreditó que las decisiones de la UNP constituyen una vía de hecho o son arbitrarias de manera manifiesta o le violaron su derecho al debido proceso. Ni que la UNP tiene pendiente asuntos suyos sin resolver o que ha faltado a su obligación constitucional de brindarle las garantías para su vida, Página 14 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP con las medidas de protección que le mantiene, a pesar de que las considera débiles, ni demostró que ha pedido una nueva revaluación. Y si bien en los procesos de acción de tutela la actividad probatoria se flexibiliza y no se requiere la exigencia estricta que se produce en los procesos ordinarios, ello no exime al demandante de la labor de probar los hechos de la demanda, como bien lo ha requerido la Corte Constitucional (Sentencia T-074 de 2018): “Por regla general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos”. Dicha Alta Corte también se pronunció sobre el tema para este tipo de acción constitucional en las sentencias T-131 de 2007 y T-620 de 2017; en esta última determinó: “La jurisprudencia constitucional ha establecido que, en principio, la informalidad de la acción de tutela y el hecho de que el actor no tenga que probar que es titular de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Política, no lo exoneran de demostrar los hechos en los que basa sus pretensiones. En efecto, la Corte ha sostenido que quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que funda su pretensión, porque quien conoce la manera como se presentaron los hechos y sus consecuencias, es quien padece el daño o la amenaza de afectación. “Del mismo modo, esta Corporación ha establecido que el amparo es procedente cuando existe el hecho cierto, indiscutible y probado de la violación o amenaza del derecho fundamental alegado por quien la ejerce. Por consiguiente, el juez no puede conceder la protección solicitada simplemente con fundamento en las afirmaciones del demandante. Por consiguiente, si los hechos alegados no se prueban de modo claro y convincente, el juez debe negar la tutela, pues ésta no tiene justificación. Resaltado fuera del original. “En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que la decisión judicial “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela”. Resaltado fuera del original. De manera que aunque aquí se aceptó que se superaba el principio de subsidiariedad, se procede a adoptar una decisión de fondo, y en el caso se encuentra que en este expediente no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección invocó la tutelante. Página 15 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP Se agrega que por parte de la UNP se evaluó el respectivo nivel de peligro de la tutelante como extraordinario, y ante esa realidad se hizo necesario asignarle un esquema de seguridad acorde para su caso, lo cual obedeció al estudio técnico que para ello se efectuó por los órganos competentes adscritos a la UNP; en este asunto de carácter eminentemente técnico, no puede pretenderse que incursione el Juez constitucional, pues “(…) el estudio de nivel de riesgo sólo puede tener un resultado confiable cuando se hace por las autoridades encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Por ello, el juez de tutela, cuya función no es la seguridad personal de los ciudadanos colombianos, no podría de manera confiable y eficaz determinar quién necesita medidas especiales de protección y quién no” (Sentencia T-092 de 2012). Ello sí se adoptaría en casos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ahí sí es viable dilucidar si las medidas asignadas son proporcionadas e idóneas para el caso y si falló la recomendación del CERREM; entonces, resultaría desbordado para el Juez de tutela emitirle órdenes a la UNP que impliquen la alteración del procedimiento administrativo legalmente establecido, máxime cuando como en el presente caso, la tutelante no probó que se amerite la intervención inmediata del Juez constitucional. En consecuencia y de conformidad con lo que se expuso y demostró, no prospera el recurso que radicó la demandante. De ahí que ante el problema jurídico que se planteó, se responde que no procede revocar la sentencia impugnada. En su lugar, será confirmada.
8. 6.Otras decisiones La sentencia se les notificará con inmediatez y por el medio más expedito, a las partes y a sus apoderados (Artículo 16, Decreto 2591 de 1991). Ejecutoriada la presente sentencia, se ordena que con inmediatez se remita el expediente por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca a la Corte Constitucional para su eventual revisión. También se le remitirá copia al Juzgado de origen. Teniendo en cuenta el tema de seguridad que se aborda en el presente proceso y los documentos y datos que de la tutelante se aportaron al expediente, se ordena que en lo que corresponda y por Secretaría, se adopten las medidas de reserva que el caso requiera y se restrinja el acceso y conocimiento público a los mismos. R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 21 de septiembre de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo de Arauca, de conformidad con lo que se expuso en la parte motiva. Página 16 de 16 Proceso: 81001-3333-005-2023-000016-01 Demandante: Luz Estella Quenza Becerra Demandado: Unidad Nacional de Protección UNP SEGUNDO: NOTIFICAR con inmediatez a las partes y a sus apoderados. TERCERO: ORDENAR por Secretaría, en lo que corresponda se adopten las medidas de reserva que el caso requiera y se restrinja el acceso y conocimiento público a los documentos y datos que de la tutelante se aportaron al expediente. CUARTO: REMITIR copia de la sentencia al Juzgado de origen. QUINTO: ORDENAR que ejecutoriada la presente sentencia, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta sentencia fue aprobada en sesión extraordinaria de la fecha. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO Magistrada GLADYS TERESA HERRERA MONSALVE Magistrada YENITZA MARIANA LÓPEZ BLANCO Magistrada