T-210 de 2025

Los actores, una pareja de campesinos, alegaron que la CAR vulneró sus derechos fundamentales al imponerles una multa monetaria más una medida de compensación consistente en la siembra de cien árboles, como consecuencia de un procedimiento sancionatorio ambiental por la tala de cuatro árboles sin el correspondiente permiso, a pesar de las circunstancias en los que los hechos tuvieron lugar y sin atender la condición de pobreza extrema en la que viven.

Se analizó temática relacionada con el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección; los derechos de los campesinos y su armonización con la protección de la naturaleza, el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio ambiental y el principio de proporcionalidad.

La Corte concluyó que, luego de constatar que la capacidad socioeconómica de los infractores era insuficiente, la entidad tenía la posibilidad de reemplazar la mula por trabajo comunitario en materia ambiental.

Así mismo, consideró que en casos como el analizado en esta oportunidad es aconsejable que se adopten medidas orientadas a la capacitación y acompañamiento de la población campesina, aliada fundamental en materia de protección ambiental, en lugar de un enfoque puramente sancionador.

En su criterio, la aproximación que promueve esta sentencia busca contribuir al cambio de patrones de exclusión y discriminación que profundizan los déficits de reconocimiento, participación y redistribución que el campesinado ha enfrentado históricamente; así como una visión más integral de la protección a la naturaleza, de la cual el ser humano también hace parte.

Se CONCEDIÓ el amparo, se dejó sin efectos la decisión que impuso la multa mencionada y se ordenó a la accionada sustituirla por la sanción de servicio comunitario.