T-089 de 2025

En este caso se cuestionó la decisión judicial adoptada en el marco de una acción de repetición que declaró responsable patrimonialmente a la accionante, con fundamento exclusivo en la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que anuló el acto administrativo que ella profirió con base en la jurisprudencia vigente para la época, la cual le permitía la desvinculación sin motivación de los funcionarios nombrados en provisionalidad.

Se adujo que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y fáctico, además de desconocimiento del principio de congruencia.

Se verificó el cumplimiento de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizó temática relacionada con la acción de repetición y la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado.

Así mismo, se hizo referencia a la jurisprudencia sobre la estabilidad de los funcionarios vinculados en provisionalidad y la motivación de los actos administrativos de insubsistencia.

Concluyó la Sala que la sentencia censurada sí incurrió en los defectos alegados y recordó que la acción de repetición es un mecanismo civil de carácter patrimonial orientado a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, y que la atribución de responsabilidad a los agentes del Estado debe efectuarse bajo un estándar estricto, esto es, a título de dolo o culpa, como lo ha señalado el precedente constitucional.

Igualmente, precisó que la accionada no tuvo en cuenta la evolución jurisprudencial sobre la necesidad de motivar los actos administrativos que separan del cargo a los funcionarios provisionales, no analizó la incidencia que este criterio interpretativo en la conducta de la demandante y desconoció el precedente jurisprudencial en la materia.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó a la autoridad judicial expedir el fallo de reemplazo respectivo, en el que (i) valore la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la obligación de motivación de los actos administrativos de los funcionarios provisionales, como un elemento determinante que incidió en el actuar de la accionante; (ii) aplique la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de la responsabilidad subjetiva para la procedencia de la pretensión de repetición, y (iii) efectúe un estudio completo de las pruebas aportadas por la peticionaria, con el fin de que exista una valoración probatoria integral en el proceso de repetición mencionado.