SU- de 2024

Como antecedentes de este caso se tiene que la accionante y sus hijos iniciaron una acción de reparación directa en contra de la Nación/Rama Judicial/ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitando la reparación de los daños que sufrieron como consecuencia de los actos de discriminación en razón del género que sufrió la actora, en su calidad de magistrada del Consejo de Estado, por hechos enmarcados en un proceso de pérdida de investidura que decidió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo dicha Corporación.

En dicho trámite, un consejero presentó un impedimento para conocer la causa judicial y la Sala Plena de esa Corporación declaró infundada esa proposición.

De la anterior decisión se apartó la accionante y otro consejero.

Antes de que la sentencia hubiera sido publicada formalmente por el alto tribunal, el sentido de los votos disidentes de los consejeros se dio a conocer al público.

Primero, el magistrado, dio a conocer su posición a través de la publicación de una nota periodística; luego, la consejera, la hizo pública mediante una entrevista que dio a un diario.

A pesar de que los dos magistrados difundieron los fundamentos de su salvamento, sólo frente a la tutelante se realizó una sesión con el propósito de cuestionar y reprochar su actuación.

Desde entonces, ella sufrió actos de discriminación en el seno del tribunal, lo que le produjo daños a ella y a su entorno familiar.

El fallo cuestionado en sede de tutela revocó el que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad extracontractual del Estado, bajo el argumento de no haberse comprobado el daño antijurídico alegado.

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que, en efecto, la providencia incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

El primero, porque al resolver el recurso de apelación se abstuvo de aplicar las normas de nuestra Carta Política y de tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque constitucionalidad tales como, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará, que ordenan la adopción de un enfoque de género en los casos en los que la mujer enfrenta tratos discriminatorios.

El segundo defecto se configuró cuando no se valoraron las pruebas que demostraban que el otro consejero divulgó, antes que la actora, su salvamento de voto.

Igualmente, porque no valoró de forma adecuada las actas de otras sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado que demostraban las recriminaciones que enfrentó la tutelante en dichas reuniones.

Para la Corte, lo anterior supuso una actuación abiertamente contraria al principio de igualdad y a la prohibición de discriminación contra la mujer.

Se CONCEDIÓ el amparo, se dejó sin efectos el fallo censurado y se ordenó dictar una decisión de reemplazo.

La Sala Plena hizo un llamado general a los administradores de justicia para que garanticen la igualdad de género y para que observen la prohibición de discriminación por razones de sexo en el análisis y en la resolución de las causas judiciales que conozcan en desarrollo de sus labores.

Se concluyó que, la remoción de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a cargos de poder y el reconocimiento de prejuicios sobre su capacidad son pasos cruciales para la igualdad de género.

Advirtió que, en cualquier caso, no basta con que las mujeres accedan a estos cargos; sino que es igualmente fundamental, asegurar que una vez estén en esa posición de poder, puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro y libre de discriminación.