C-443 de 2025

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 314 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

El actor adujo que la expresión “estado grave por enfermedad” incurrió en una omisión legislativa relativa, en tanto excluyó de la posibilidad de sustitución de la detención preventiva a las personas cuya enfermedad, si bien no es calificada como grave desde una perspectiva médica, es objetivamente incompatible con la vida en reclusión.

La Corte concluyó que la norma acusada introduce un trato discriminatorio entre personas que, en condiciones equivalentes de salud, por enfrentar una incompatibilidad con el régimen de detención intramural, son excluidas del beneficio por no cumplir el estándar terminológico de gravedad exigido por la ley.

Consideró, además, que dicha exclusión desconoce los principios de igualdad, dignidad humana y los deberes reforzados del Estado frente a las personas privadas de la libertad.

Por lo anterior, la Sala Plena optó por declarar EXEQUIBLE CONDICINADA la frase demandada, en el entendido de que también incluye las condiciones de salud que, aun sin calificarse clínicamente como graves, sean objetivamente incompatibles con la permanencia del imputado o acusado en reclusión.

Se precisó que, si bien el dictamen médico oficial es un presupuesto necesario para activar la posibilidad de sustitución de la medida de aseguramiento, le corresponde al juez de garantías, a partir de una valoración autónoma conforme con las reglas de la sana crítica, determinar si la condición de salud certificada resulta objetivamente incompatible con la permanencia del imputado o acusado en reclusión.

Finalmente, la Sala Plena precisa que la medida sustitutiva tiene carácter temporal y se mantiene únicamente mientras persistan las circunstancias que justifican su concesión.