A- de 2023

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Ibagué, la sección tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de la misma ciudad.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente, en a medida en que la primera autoridad estimó que la competencia para conocer del asunto en primera instancia recaía, en principio, en el Consejo de Estado, por resultar aplicable lo dispuesto en los numerales 11º y 12º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Art. 1º del Decreto 333 de 2021.

Por su parte, la precitada Corporación dispuso remitir el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Ibagué, porque aplicara era lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021 ya que al ser la OACP una entidad del orden nacional, el competente para conocer de dicha acción es el juez del circuito.

La Corte Constitucional determinó que la autoridad que debe dar trámite a la acción de tutela es el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Ibagué, a donde remitió el expediente para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y profiera decisión de fondo a la que haya lugar.

Se le hizo una advertencia a este operador jurídico para que, empre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de simple reparto, en tanto ese comportamiento se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de esta Corporación.

Por consiguiente, debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550/18.