A- de 2022

Conflicto positivo de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima) y el Cabildo Indígena Espinalito del mismo municipio.

Existe una controversia entre los precitados despachos, respecto del juzgamiento de dos ciudadanos por la presunta comisión del delito de daño en bien ajeno.

Al realizar el estudio ponderado de los cuatros factores que activan la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena aplicado al caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que el elemento personal se cumple porque los acusados pertenecen al Cabildo Indígena Espinalito de Ortega (Tolima).

Pero no existe certeza sobre la acreditación del elemento territorial, en la medida en que, aún en aplicación del concepto expansivo que establece la jurisprudencia, no puede determinarse con certeza que la conducta investigada fue aparentemente cometida en un espacio geográfico en donde los miembros de la comunidad indígena desplieguen su vida cultural y desarrollan sus usos y costumbres.

Tampoco se verifica el cumplimiento del elemento objetivo, toda vez que la comunidad indígena reclamante no logró demostrar interés en la judicialización del bien jurídico del patrimonio económico presuntamente afectado.

Y, finalmente, no se cumple el elemento institucional puesto que la autoridad indígena no demostró la existencia de un andamiaje institucional que le permita llevar a cabo, bajo sus usos y costumbres, la investigación y el juzgamiento de la causa penal a la que fueron vinculados sus comuneros.

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó remitir el expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima) y comunicar la decisión a los interesados.