A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Calarcá, Quindío y el Juzgado 1 Civil Municipal de Calarcá, Quindío.

La controversia surge por causa de un proceso verbal de imposición de servidumbre, instaurado por Empresas Públicas de Calarcá E.S.P., contra unos ciudadanos determinados y cualquier otra persona indeterminada que alegue propiedad en los predios donde se construyó El Colector La Gran Vía en el Municipio de Calarcá Quindío, como prestación de un servicio público esencial, para toda la comunidad en general del sector y se determinen las indemnizaciones pertinentes.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena menciona el precedente de los Autos 1045 de 2021 y 2970 de 2023 y resuelve, en reiteración de la regla contenida en este último que, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conocer de los procesos de imposición de servidumbre de la Ley 56 de 1986 que promuevan las entidades públicas que presten servicios públicos domiciliarios, en tanto que no ha surgido de ningún (i) acto, (ii) contrato, (iii) hecho, (iv) omisión u (v) operación por parte de la entidad, pues de ser así correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, haciendo claridad que, pese a que la regla usualmente se aplica para empresas prestadoras del servicio público de electricidad y de forma usual para la imposición de una servidumbre o el reconocimiento de perjuicios por parte del propietario del bien, la regla resulta lo suficientemente amplia para ser aplicable a este caso por cuanto concluye, el demandante no busca controvertir una actuación administrativa del Estado orientada a la imposición de la servidumbre que pudiera ser demandada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que, por el contrario, la empresa busca la constitución de una servidumbre sin haber generado una imposición para su establecimiento.

En este sentido la demanda debe seguir el procedimiento definido en la Ley 56 de 1981 y el artículo 57 de la Ley 142 de 1994.

Por consiguiente, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado 1 Civil Municipal de Calarcá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.