A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira y la comunidad indígena Umbra Guaqueramae de Quinchía, Risaralda.

La controversia entre las precitadas autoridades tuvo su origen en un proceso penal adelantado en contra de un ciudadano indígena, por la comisión de los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y extorsión en grado de tentativa, con circunstancia de agravación por consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro de las víctimas y sus familiares.

Al adelantar el ejercicio de ponderación requerido para la activación de la jurisdicción especial indígena, la Corte encuentra que, en el caso objeto de estudio se acreditó el factor personal, sin embargo, la conclusión es distinta en relación con los demás factores.

El factor territorial no se verifica porque las conductas punibles habrían tenido lugar fuera del territorio indígena.

No se satisface el factor objetivo en razón a la especial nocividad social que revisten tales conductas para la sociedad mayoritaria y debido a la ausencia de elementos que indiquen tan nocividad para la comunidad indígena.

Finalmente, tampoco se cumple el factor institucional porque las normas de la comunidad no dan cuenta de una institucionalidad que permita garantizar los derechos de las víctimas ni de la predecibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales y la nocividad de las conductas.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional remitió el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.