A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Laboral y la Sala de Decisión Constitucional, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

La Corte encontró que en el presente caso solo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que las autoridades judiciales involucradas aplicaron indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 333 de 2021, otorgando un alcance inexistente a estas disposiciones normativas, contrariando la jurisprudencia constitucional según la cual estas reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela, con lo cual desconocieron los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales.

Concluyó la Sala Plena de la Corporación que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán es quien tiene la obligación de resolver en primera instancia la acción de tutela, por cuanto fue la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto.

Con base en lo anterior se le remitió el expediente para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

A los dos operadores jurídicos se les hace una advertencia para que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

De manera especial se le advierte a la Sala de Decisión Constitucional que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.