A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B y el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral.

El origen de la controversia radica en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución por medio de la cual reconoció pensión de invalidez a un ciudadano, por considerar que el reconocimiento de la prestación económica se realizó a partir de “documentación fraudulenta”, por lo que solicita además el reintegro de lo pagado con ocasión al reconocimiento de la pensión.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena reitera la regla de decisión del Auto 316 de 2021, en el que se señaló que los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, en virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad), incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.

Lo anterior, por tres razones.

Primero, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en principio, no comprende la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos.

Segundo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer todas las acciones de lesividad contra actos administrativos que estén sujetos al derecho administrativo, con independencia de la materia sobre la que estos actos versen, dado que en estas acciones se debaten intereses propios de la administración.

Tercero, la acción de lesividad no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales deben ser tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En virtud de lo expuesto, la Corte asigna la competencia a dicha jurisdicción y resuelve remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral.