A- de 2023

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal y la jurisdicción especial indígena Comunidad U’WA Sabanas de Curipao de Tame, Arauca.

La controversia se ocasiona por imputación, de la legalización de captura y de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía Cuarta Especializada del municipio de Santa Rosa de Viterbo en contra de unos ciudadanos, miembros de comunidad indígena, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que el factor personal se encuentra acreditado por cuanto se comprobó que los imputados pertenecen a la comunidad indígena del Resguardo.

Acerca del factor territorial, se tiene que los hechos ocurrieron por fuera del área geográfica del cabildo, sin que hubiera sido posible verificar que la cultura y cosmovisión de la comunidad se extiendan a este lugar; Sobre el factor objetivo, para la comunidad indígena, las conductas que se le imputan al comunero afectan la armonía del resguardo y son objeto de sanción y reproche por parte de la comunidad y además, se encuentra que, para la sociedad mayoritaria estas conductas contemplan una nocividad importante sobre diversos bienes jurídicos tutelados por la ley penal, por lo que se considera que existe concurrencia de intereses entre la comunidad indígena y la sociedad mayoritaria y en razón a la especial nocividad de las conductas objeto de investigación, debe realizarse un análisis riguroso del elemento institucional del Resguardo para establecer si se activa su jurisdicción y sobre este elemento, no fue posible acreditar una institucionalidad lo suficientemente sólida como para permitir que la comunidad juzgue el caso sin que esto perjudique los derechos del procesado y de las posibles víctimas.

Asi, la Corte considera que la decisión que mejor satisface los intereses ponderados en este caso es la de asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria en la especialidad penal, para que, a través de esta jurisdicción, se garantice, por un lado, el derecho al debido proceso del imputado y, por otro, los derechos de las víctimas de los delitos presuntamente cometidos por él.

Por consiguiente, se resuelve remitir el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente providencia a los interesados.