A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, ocasionado por el medio de control de reparación directa interpuesto por una ciudadana, en contra de la empresa Laos Seguridad Ltda. y el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, con la cual solicitan que se declare la responsabilidad solidaria por los perjuicios sufridos por el fallecimiento, de manera violenta, de un familiar, quien murió asesinado por desconocidos, mientras se desempeñaba como guarda de seguridad en las instalaciones del Instituto, por considerar que hubo falla en el servicio.

Cumplidos los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo que configuran un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena encuentra que en el presente caso, los demandantes enfocan sus pretensiones en dos personas jurídicas una de las cuales es un establecimiento público del orden departamental, al que los demandantes imputan una conducta omisiva por no disponer de un espacio seguro para la ejecución de las labores desempeñadas por el causante.

Existen entonces elementos fácticos y jurídicos que, razonablemente, permitirían deducir la posible responsabilidad solidaria de la entidad pública en la controversia planteada por los demandantes.

Se concluye, conforme a la regla de decisión establecida por la Sala Plena en el auto 647 de 2021, que cuando una demanda se dirija de forma concomitante, contra personas de derecho privado y público, se aplicará el fuero de atracción y, en consecuencia, se reconocerá competencia a la jurisdicción contencioso administrativa, únicamente, en los eventos donde, a partir de un análisis conjunto de los hechos, las pretensiones y las pruebas que obren en el expediente, logre advertirse que: (a) es posible inferir razonablemente la existencia de una probabilidad mínimamente seria de que las entidades públicas sean condenadas; (b) el demandante imputó acciones u omisiones por parte de entes públicos y particulares, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos; y, (c) los hechos que dieron origen a la demanda sean los mismos, de modo que, se pueda evidenciar que los dos sujetos, eventualmente, contribuyeron con su conducta a generar el resultado, y esta es la concausa eficiente del daño que se reclama o que fundamenta la responsabilidad solidaria.

La Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva para lo de su competencia.