A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Ibagué y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, en la medida en que, el primer despacho tomo las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

Adicionalmente, analizó de manera preliminar la admisión de la demanda y decidió respecto de la conformación del contradictorio, con el fin de declarar su incompetencia.

En contraste, el otro operador jurídico invocó las normas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y señaló que las normas de reparto no pueden ser invocadas por un juez constitucional para apartarse del conocimiento de un asunto que les fue asignado.

Concluyó la Sala Plena que la autoridad competente para resolver la tutela es aquella a la que se repartió en primer lugar la solicitud, esto es, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Ibagué.

Se ordena enviar el expediente a esta autoridad para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

Se hace una advertencia a este operador jurídico para que, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia del proceso de tutela, en lo sucesivo, observe la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto en relación con la prohibición de invocar normas de reparto para declararse incompetente y se abstenga de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que deben adoptar como juez constitucional.