A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado 8 Civil del Circuito de Medellín.

Encontró la Corte que en el presente caso solo se presentó un conflicto aparente en la medida en que el primer despacho declaró su falta de competencia para adelantar el trámite de la acción de tutela, con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, que modificó lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015.

Se dirimió la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Se hizo una advertencia a esta autoridad para que, en lo sucesivo, observe detenidamente la jurisprudencia constitucional en materia de conflictos de competencia y se abstenga de suscitar conflictos de esta índole a partir de las reglas de reparto.

Así mismo, se le advirtió que, en lo sucesivo se abstenga de realizar análisis a priori sobre las entidades que podrían ser responsables de la vulneración de derechos fundamentales a efectos de justificar su falta de competencia.

Al otro operador jurídico involucrado se le advirtió que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.