A- de 2024

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de la misma ciudad.

Se causa la controversia por una demanda inicial de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por una ciudadana, en contra de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG-, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó la solicitud del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías y otros valores generados por dicha causa.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena refiere que, inicialmente, el Auto 943 de 2021 estableció que cuando se pretenda el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías pero la pretensión no se encuentre contenida en un título ejecutivo claro, expreso y exigible, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para adelantar la controversia, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto aplica el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Caso diferente es si para dicha pretensión se acude a una demanda ejecutiva, porque, conforme la regla fijada por el Auto 063 de 2021, será la Jurisdicción Ordinaria laboral la competente, conforme lo establecido en el artículo 104.6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.4 de la Ley 712 de 2001, tal como sucede en este caso pues, la demanda ejecutiva expone que existe un título ejecutivo complejo, el cual consagraría una obligación clara, expresa y exigible de pagar una suma de dinero que presta mérito ejecutivo, esto es la Resolución 1065 del 4 de junio de 2012 y el certificado de pago expedido por la Fiduprevisora S.A., en donde consta la cancelación tardía de las cesantías y, el último medio judicial elegido en 2015 por la parte demandante fue una demanda ejecutiva laboral y no una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como inicialmente lo planteó en 2014.

La Corte asigna la competencia a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y en consecuencia, dispone el envío del expediente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, para lo de su competencia.