A- de 2024

Conflictos entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, suscitados por unas demandas ejecutivas de mínima cuantía presentada por el Instituto Financiero del Casanare (IFC), contra unas ciudadanas, para que se libre mandamiento de pago a su favor según los pagarés que suscribieron favor de la entidad.

Cumplidos los requisitos del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena observa que en los casos de estudio, se tiene que no hay certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar, no solo por el hecho de que la parte demandante no lo mencionó en las demandas, sino porque tampoco fue aportado un documento con dichas características como anexo de estas, con lo que se configura el supuesto de hecho contenido en el Auto 1209/24 sobre la duda de la existencia o inexistencia de un contrato celebrado entre las partes.

Se advierte además que, según ha señalado esta Corporación, el IFC es una entidad de naturaleza pública que no cuenta con la calidad de entidad financiera y tampoco se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que sus actos o contratos no se encontrarían incursos dentro de la excepción del artículo 105.1 del CPACA.

A partir de la aplicación de las consideraciones y regla de decisión del Auto citado, la Sala concluye que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las demandas objeto de la presente providencia.